miércoles, 17 de enero de 2018

La fusión de Bankia y BMN pone en jaque 400 puestos de trabajo en Baleares


IBIZA.- La fusión de Bankia y el Banco Mare Nostrum (BMN) -donde se integró en su día Sa Nostra- amenaza alrededor de 400 puestos de trabajo en las islas, según cálculos de la Unió Obrera Balear (UOB), sindicato mayoritario de la entidad en Balears, y que hoy publica el Diario de Ibiza.

El cierre de 35 sucursales en Baleares -es la comunidad autónoma donde más oficinas echarán el candado- deja en el aire la continuidad de 187 empleados. También corre peligro otro centenar de trabajadores de los denominados servicios centrales. Y otros 124 correspondientes a plantilla 'no activa'. Es decir, personal que a día de hoy está en excedencia y que Bankia quiere incluir en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se negocia desde la semana pasada en Madrid.
Son despidos "potenciales", matizó Joan Torrens, de UOB. El sindicato confía en que en el transcurso de las negociaciones para definir el ERE esta cifra se rebaje considerablemente y el grueso de las salidas acaben siendo voluntarias.
"Expresaremos nuestra oposición a estos números de amortizaciones de lugares de trabajo y a criterios que no casan con la realidad de Baleares, donde una gestión directiva competente tendría que ver oportunidades para hacer crecer el negocio, no para recortarlo", indicó Torrens.
En total, Bankia pretende suprimir 2.510 puestos de trabajo en todo el Estado. En la segunda reunión de la Mesa Negociadora entre la empresa y los trabajadores celebrada el lunes, la entidad aceptó rebajar de los 57 a los 56 años la edad para acceder a la prejubilación. Una concesión "insuficiente" para Marga Menéndez, de la agrupación del sector financiero de CCOO en Baleares.
"Es un paso adelante, pero muy pequeño. Pelearemos para que la bajen al menos hasta los 55 años. Nuestro planteamiento es que haya un sobrante de bajas incentivadas lo suficientemente amplio para que no tengan que producirse salidas forzadas", indicó Menéndez.
CCOO prefiere no dar una cifra de posibles trabajadores afectados en las islas "por prudencia" y porque "la empresa todavía no nos ha facilitado toda la documentación necesaria para hacernos una idea aproximada del número de afectados".
También Torrens lamentó la "opacidad" de la empresa en este inicio de las negociaciones. "Bankia pretende amortizar 1.082 puestos de trabajo en los servicios centrales en todo el Estado, que incluyen auditorías y gabinete jurídico. En las islas este departamento ocupa a un centenar de trabajadores y no sabemos cuántos de ellos pueden quedar afectados por el ERE", subrayó Torrens.
Los sindicatos también han criticado que las negociaciones coincidan con el cierre de sucursales de Bankia y BMN. En diciembre se cerraron siete y el pasado lunes otras quince. Las trece restantes para alcanzar la cifra de 35 bajarán la barrera el 3 de febrero. El grueso de los cierres, 21, los soportará Palma.
De momento estas clausuras no se han traducido en despidos y todos los trabajadores afectados han sido derivados a otras sucursales o departamentos a la espera de conocer el desenlace de las negociaciones del ERE.
Hoy mismo se celebrará una nueva reunión de la Mesa Negociadora en Madrid y los sindicatos esperan dar pasos significativos de cara a minimizar los efectos del ERE en el archipiélago.
"Lo que Bankia debe tener muy claro es que CCOO se mantiene firme en sus planteamientos iniciales. La pretensión de Bankia de aprovechar un ERE por causas organizativas para recortar las condiciones laborales de la plantilla es inasumible. Como es inadmisible el discurso triunfalista del presidente de la entidad y, a la vez, cargar en la plantilla el coste de un ERE que, según dice, es beneficioso para Bankia por la complementariedad de las dos entidades. Así no vamos a ningún lado", indicó Menéndez en un comunicado.
Una de las posibles soluciones planteadas por la empresa para los trabajadores de las islas es la movilidad geográfica. En este sentido, los sindicatos reclamarán incentivos especiales que contemplen lo costoso que resulta para un empleado trasladarse desde el archipiélago a la Península.
El número total de empleados de ambas entidades en las islas ronda el millar (877 de BMN y unos 120 de Bankia).

Javier Celdrán: AVE y aeropuerto de Corvera "darán un empujón al turismo" aportando 250 millones al PIB


MADRID.- El consejero de Turismo de la Región de Murcia, Javier Celdrán, ha dicho hoy en Fitur tras inaugurar el pabellón regional que este año "se aprovechará la llegada del AVE y la puesta en funcionamiento del Aeropuerto de Corvera, que darán un empujón definitivo al turismo y se estima que puedan aportar unos 250 millones adicionales al PIB regional".

La Región de Murcia recibió de noviembre a octubre pasado a 1.228.474 turistas nacionales, lo que supone un 7,6 por ciento más que el año anterior "y un ritmo de crecimiento de cinco puntos por encima de la media nacional, lo que evidencia el buen trabajo realizado", aseguró.
Por su parte, indicó Celdrán, "el turismo extranjero en alojamientos reglados creció al mismo ritmo que el nacional", con un 7,6 por ciento de incremento, hasta llegar a 364.939 personas.
Considerando el alojamiento reglado y el privado, la Región recibió un total de 77.000 turistas extranjeros más, o lo que es lo mismo, un 8,6 por ciento más respecto a 2016, hasta contabilizar 966.021.
Estos viajeros gastaron un total de 975 millones, un 14,5 por ciento más que el año anterior, "lo que se traduce en el mayor gasto registrado nunca en la Región por turismo internacional y en unos ingresos adicionales de 123,6 millones de euros para la Región".
Celdrán confirmó que "estas buenas cifras son el resultado de lo marcado en el Plan Estratégico Turístico regional 2015-2019, "una hoja de ruta producto del mayor consenso alcanzando hasta la fecha entre administraciones, empresarios y organismos públicos y que ha servido para conocer la capacidad real de crecimiento de la Región y para facilitar la toma de decisiones de cara a aprovechar todo su potencial".
El estand de la Región de Murcia en Fitur inició su programa de actividades tras la inauguración por parte de los Reyes Don Felipe y Doña Letizia de la feria madrileña. En total se programaron para este primer día nueve presentaciones institucionales en torno a la cultura, las fiestas y los festivales.
El programa comenzó con la celebración del aniversario del Museo de la Huerta de Alcantarilla. Acto seguido, Puerto Lumbreras dio a conocer sus atractivos turísticos y culturales y se presentó también el proyecto 'Lorca, Judía, Cristiana y Califal'.
Murcia se promocionó asimismo como destino patrimonio del Mediterráneo, y Los Alcázares presentó el cartel de las XIX Incursiones Berberiscas en el Mar Menor.
Por la tarde, a las 16:30 horas, se anunció el Festival de Música Antigua de Sierra Espuña y, posteriormente, se presentó la iniciativa 'Mula Suena 2018' y las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y Bombo.
A las 17:30 horas, Pliego mostró el 'Descubrimiento de una Civilización', refiriéndose al antiguo asentamiento argárico de La Almoloya, mientras que Alcantarilla puso el punto final a la jornada con sus Fiestas de la Bruja.
Durante la jornada también se llevaron a cabo actuaciones por parte de Puerto Lumbreras, que presentó la canción del nuevo vídeo promocional, y de Los Alcázares, con una representación de lucha con espadas de las Incursiones Berberiscas en el Mar Menor.
Por la tarde, el destino Sierra Espuña protagonizó una actuación de música antigua del siglo XVI, Mula una tamborada y Alcantarilla una 'mini falla' con motivo de las Fiestas de la Bruja.
Además, a lo largo del día los visitantes al expositor murciano pudieron asistir a talleres de artesanía, practicar windsurf en el Mar Menor a través de simuladores virtuales, participar en sorteos y disfrutar de degustaciones de productos típicos como crespillos lorquinos y torta de pimentón de Puerto Lumbreras, además de quesos y cervezas de la tierra, así como dulces de las Hermanas Clarisas.
Mañana jueves, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, presentará 'Región de Murcia. Legado Vivo', el producto estratégico que la Región lleva este año a Fitur para promocionar su patrimonio cultural como uno de los grandes atractivos para el turismo.

La Junta de Gobierno nombra a Angeles López Cánovas coordinadora de Desarrollo Sostenible del Ayto. de CT


CARTAGENA.-La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana, a propuesta de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, el nombramiento de Ángeles López Cánovas, como nueva coordinadora general de Desarrollo Sostenible, en sustitución de Jesús Giménez Gallo.

López Cánovas, nacida en Murcia en 1977, es doctora en Derecho y abogada en ejercicio. López Rejas hasta 2009 y como abogada en ejercicio desde el año 2007. Es experta en Derecho Civil y Administrativo, y especialista en derecho urbanístico, derecho bancario, derecho inmobiliario y registral, contratos, derecho de familia y sucesiones.

Como bien ha destacado la alcaldesa, en su amplio currículum figura la realización de numerosos cursos multidisciplinares, tanto en Derecho Mercantil (Concursal), Civil, Penal, y Administrativo; y una amplia experiencia profesional como directora de los Servicios Jurídicos del Grupo.
También destaca su actividad docente como profesora asociada del Departamento de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, contando en su haber con la publicación de artículos y libros referidos a aspectos de la ordenación territorial y urbanística y la propiedad inmobiliaria, entre otros.

CINCO TENIENTES DE ALCALDE
La alcaldesa ha dado cuenta en la Junta de Gobierno del nombramiento de los tenientes de alcalde, que guardarán en su orden una paridad entre hombres y mujeres. Así tras Ana Belén Castejón, el primer teniente de alcalde será Juan Pedro Torralba; seguido de Carmen Martín del Amor, Francisco Aznar, Obdulia Gómez y David Martínez Noguera.
Los cinco, junto con la alcaldesa, componen la actual Junta de Gobierno Local.

SEIS ÁREAS MUNICIPALES
Como ya anunció la alcaldesa hace unos días, las áreas de Gobierno municipal son las siguientes:

Área de Gobierno de DESARROLLO SOSTENIBLE Y FUNCIÓN PÚBLICA, cuyo titular es Francisco Aznar García. Integran esta área las materias de Recursos Humanos, Nuevas Tecnologías e Innovación, Seguridad Ciudadana, Vía Pública, Urbanismo y Portal y Oficina de Transparencia.
Área de Gobierno de SERVICIOS PÚBLICOS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FESTEJOS, al frente de la cual se sitúa Juan Pedro Torralba Villada. Son materias de su competencia: Infraestructuras, Litoral, Descentralización, Participación Ciudadana y Festejos.
Área de Gobierno de ESTRATEGIA ECONÓMICA Y HACIENDA, que corresponde a María del Carmen Martín del Amor, con competencia en las materias de Hacienda Local, Contratación, Patrimonio, Comercio, Industria y Turismo.
Área de Gobierno de CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR, cuya titular es Obdulia Gómez Bernal y abarca las materias de Sanidad, Consumo, Deportes, Medio Ambiente, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.
Área de Gobierno de CULTURA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, que corresponde a David Martínez Noguera,y está integrada por las materias de Cultura, Educación, Juventud y Patrimonio Arqueológico.
Área de Gobierno de SERVICIOS SOCIALES, EMPLEO E IGUALDAD, a cuyo frente se sitúa la alcaldesa, Ana Belén Castejón.

Además la Junta de Gobierno ha aprobado la designación de los representantes municipales en los diferentes organismo públicos y entidades en los que tiene participación el Ayuntamiento así como la delegación de algunas de las competencias de la Junta de Gobierno en los concejales de área, entre las que destaca la facultad de éstos de aprobar gastos y la contratación de servicios y obras por un importe inferior a 18 mil euros más iva, con el objetivo de agilizar la gestión y evitar la actual sobrecarga de trabajo de la mesa de contratación. Este límite se situaba hasta ahora en seis mil euros.

Los cinco agujeros negros en la explicación de Luis de Guindos de la crisis financiera

MADRID.- De los periodistas se dice, erróneamente, que "valen más por lo que callan que por lo que cuentan". Algo así sucede con el ministro de Economía, Luis de Guindos, que en el relato que hace sobre la crisis financiera suele caer siempre en los mismos olvidos, pese a que le hacen explicar este capítulo negro de España una y otra vez, analiza hoy el.diario.es

La última fue este martes en la Comisión de Investigación de la crisis financiera, en la que tuvo que recorrer de nuevo la reciente gran recesión española el día en el que cumplía 58 años. El ministro volvió a dejar en su explicación las mismas lagunas y agujeros negros de las que ya trufó sus memorias. La organización de la Comisión, que permitía contestar en bloque a los diputados, facilitó que el ministro saliera vivo, incluso después de las duras acusaciones que su exjefe, Rodrigo Rato había vertido en ese mismo sitio una semana antes.

 "Las teorías de la conspiración son de perdedores", dejó caer el ministro en su intervención. Un recado para su otrora colega, que le acusó de querer meterle en la cárcel, y también para los portavoces parlamentarios que le azuzaron con cuestiones sobre su intervención en la caída de Bankia y Popular. Pero poco lograron arrancar el actual ministro y eterno candidato a alto cargo en las Instituciones Europeas (ahora aspira a un sillón en el BCE). Estas son algunas de las principales pérdidas de memoria del político popular:

El innombrable

Luis de Guindos se olvidó del nombre de Rodrigo Rato. O si lo recordaba no lo pronunció ni una sola vez durante sus tres intervenciones. Las referencias eran "al expresidente de Bankia" pero no salieron de sus labios el nombre y apellidos de su antiguo mentor y colega. Algo tan complicado no puede ser más que deliberado. Ese olvido vino acompañado de casi cualquier referencia a su relación y a cómo interactuaron en las últimas horas antes de la dimisión de Rato y la nacionalización de Bankia. 

De Guindos concretó que Rato dimitió de Bankia y horas después amagó con aplazar la decisión, punto al que De Guindos se opuso porque el cambio ya estaba comunicado a la CNMV. Pero ni una referencia a toda la trama que según Rato tenía como objetivo final llevarle a la cárcel. Esto es, la filtración de que el servicio de blanqueo de capitales estaba bajo su pista, que se había acogido a la amnistía fiscal y el informe de la Onif sobre los movimientos de rentas entre sociedades del exgerente del FMI.

Currículo en blanco

El ministro es uno de los pocos banqueros que tiene como tentación recurrente no hablar de su pasado profesional. Este pasa por haber sido la mano derecha de Rato; por ser el representante de Lehman Brothers en España o por haber sido consejero de una entidad que terminó siendo nacionalizada (BMN). 

Ya casi en el descuento de la comisión (pasadas las nueve de la noche), De Guindos aseguró que estaba "muy orgulloso" de haber sido consejero de la entidad (que ahora se ha fusionado con Bankia) porque cuando él pasó a estar del lado del Ejecutivo fue una de las pocas a la que no hubo que bajar los sueldos del consejo. 

Ya en sus memorias, Luis de Guindos prefería remontarse a su etapa de docente que sacar pecho de lo que una vez le había puesto en pequeño círculo de los banqueros en España. Ayer no fue diferente, hasta el punto de que prefirió explicar la crisis sin referirse a la situación en EEUU.

Ley del suelo y burbuja inmobiliaria

El exbanquero tuvo diversos cargos en el ministerio de Economía cuando se hicieron cambios regulatorios que liberalizaron el suelo. De Guindos los obvió en su primera exposición y tras las numerosas preguntas, en el turno de réplica sí aseguró que los principios de la liberalización del suelo eran los correctos (cuanta más oferta, más barato, en su opinión), pero que no se lograron aplicar por una sentencia del Tribunal Constitucional. Acto seguidos, el ministro trasladó el nacimiento de la burbuja justo a los primeros años de Gobierno socialista, nada más abandonar el cargo el tándem Rato-De Guindos. 

Su papel protagonista

De forma poco habitual en él, De Guindos exprimió un relato de los acontecimientos en el que él mismo aparece como un actor secundario. En sus memoria, él desde luego es un actor principal, pero como esta comisión va de buscar culpables, el ministro optó por hacer suya la máxima de que es mejor ser esclavo de los silencios que preso de sus palabras, y prácticamente no se dio otro papel en el rescate que el de mejor transmisor entre el Banco de España y la troika. 

Este relato choca además frontalmente con el que Rodrigo Rato había hecho de él una semana antes, en el que había descrito a un De Guindos como un manipulador que manejaba el rescate de Bankia a espaldas de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, entonces gobernador del Banco de España.

La liquidación de Banco Popular

La última (por ahora) réplica del terremoto financiero ha sido la liquidación y venta por un euro de Banco Popular a Banco Santander. Bajo el mandato de De Guindos se decidió no incluir a Popular en la transferencia de activos al banco malo (otro de los puntos negros, por cierto, de la gestión del rescate), y la toxicidad de sus activos acabó finalmente conduciendo a la entidad al desastre. 

El oscurantismo con el que la Junta Única de Resolución europea tomó la decisión de liquidar el banco hace que aún se le pidan constantes explicaciones al ministro, que se escuda en que el Estado español ya no tiene competencias en esta área dentro de la configuración de la Unión Bancaria. Con todo, una referencia más clara en su mandato se hubiera agradecido por parte de los bonistas y accionistas que están inundando con sus demandas los tribunales españoles y europeos.

... la vida a todo tren de dos militares comisionistas

MADRID.- Los altos cargos castrenses responsables de asuntos económicos del Ejército de Tierra y del Ministerio de Defensa E. R. R. y C. P. R. vivían a todo tren. Ambos tenientes coroneles se daban opulentos homenajes gastronómicos en los restaurantes más lujosos de Madrid, acudían al palco del estadio Santiago Bernabéu a ver los mejores partidos de fútbol o al Open de Tenis de la capital de España a presenciar los encuentros de los grandes maestros mundiales del deporte de la raqueta. Les gustaban estos espectáculos y los disfrutaban. Sin embargo, nunca eran ellos quienes pagaban la factura, revela hoy El Confidencial.

La cuenta corría a cargo de los responsables de las empresas que posteriormente contrataban con el Ministerio. Así lo explica el fiscal jefe (coronel auditor) del Tribunal Militar Central en su escrito de acusación previo a la vista oral que está celebrándose estos días en la mencionada institución castrense. 
El representante del ministerio público destaca que ambos altos mandos se dejaban agasajar "en numerosas ocasiones" en restaurantes como La Manduca de Azagra, Casa Nemesio, El Asador Molinero, Jay Alay, Imanol o Pedro Larumbe por los responsables de las mercantiles, entre las que el escrito fiscal destaca a Seguridad Integral Canaria, TRC Informática, Galilea Correduría de Seguros o Grupo Olmata.
Asimismo, aceptaban regalos, algunos de gran valor, e incluso sobres con dinero y transferencias, según asegura tener constatado el ministerio público. El coronel auditor relata a modo de ejemplo que, en una comida en el restaurante San Mamés (situado en la madrileña calle de Bravo Murillo), el director general de la mercantil Proman Servicios Generales, Lázaro B. M., también imputado en la causa, "hizo entrega de forma disimulada al teniente coronel R. R. de dos sobres de color marrón" que el alto cargo miliar guardó inmediatamente en el bolsillo de su chaqueta.
Tras el banquete —al que acudió igualmente el teniente coronel P. R.—, los tres comensales salieron del establecimiento y se marcharon en el vehículo del empresario. A las 18:15, agentes de la Policía Municipal de Madrid los pararon en un control rutinario a la altura de la calle de Joaquín Costa. 
Ante el "nerviosismo de los ocupantes" cuando los funcionarios les reclamaron la documentación, relata el escrito fiscal, estos decidieron cachearles de forma superficial. Al hacerlo, encontraron los dos sobres. Los abrieron y sacaron 2.000 euros de cada uno.
El mismo directivo de Proman, continúa el ministerio público, recomendó a los responsables de la mercantil Easy Sea East —con la que el empresario mantenía buena relación— que contrataran al hijo del teniente coronel R. R., y "en alguna ocasión" costeó las entradas del alto cargo militar y de su acompañante al Bernabéu, un concepto que la acusación enmarca dentro de esas dádivas concedidas para lograr adjudicaciones públicas.
Una operativa similar detectó el fiscal castrense en relación a la mercantil Unión Castellana de Alimentación, que contrata con el Ministerio de Defensa desde 2002 por "varios millones de euros" y para la que trabaja el hijo del otro teniente coronel. 
En concreto, el director general y consejero de esta sociedad, Manuel R. A., igualmente procesado en esta causa, ordenó el 26 de noviembre de 2013 una transferencia por importe de 20.000 euros bajo el concepto de 'préstamo simple' a una cuenta del teniente coronel R. R., que inmediatamente utilizó ese dinero para adquirir un Audi A5 Sportback.
Unión Castellana, asimismo, se unió a la mercantil Tecnove —que contrata con Defensa desde 2005— para presentarse a un concurso del ministerio. Según el coronel auditor, que pide un año de prisión para los responsables de estas dos sociedades, Manuel R. A. y Eusebio R. G. O., este último era administrador de Tecnove y "amigo" de Cruz P. R. desde 2010, cuando ambos se conocieron en Afganistán, y los dos mantuvieron conversaciones por correo electrónico que "evidencian la vulneración del principio de imparcialidad" por parte del funcionario, que "se prevaleció de la información que le facilitaba tanto su destino como jefe de la sección económica como de su experiencia en materia de contratación para influir en el proceso de adjudicación y favorecer a las empresas mencionadas".
En ese contexto, la Guardia Civil —responsable de la investigación— encontró un reloj Hublot en el domicilio de este último teniente coronel que había sido adquirido por Tecnove en la joyería Durán de Madrid por 2.870 euros. No en vano, según el ministerio público, ambos altos mandos actuaban como facilitadores de acceso a la contratación para las empresas con las que contactaban a cambio de comisiones. C. P. R., por un lado, participaba como vocal técnico en la elaboración de los pliegos y era "gestor" de los contratos adjudicados. E. R. R., por otro, era "el punto de contacto para las consultas y aclaraciones de las empresas relativas a los expedientes en tramitación".
"Ese acceso privilegiado a la información contenida en los pliegos permitía [a este último] influir en el proceso de adjudicación posterior, concretamente en los casos de expedientes de procedimientos negociados, lo que fue aprovechado por este" para intentar reconducir el concurso a cambio de "contraprestaciones" como "comidas con contratistas", "regalos" o invitaciones a eventos deportivos.
El tándem que formaban los dos tenientes coroneles —que se conocen desde hace 25 años—, según la Fiscalía del Tribunal Militar Central, provocó que en realidad ambos —que se repartían los beneficios de su actividad ilegal a partes iguales— desarrollaran en paralelo a su cargo en el Ejército "labores de asesoramiento a empresas en materia de contratación" relativas a aspectos administrativos, documentación que tenían que presentar los aspirantes, recursos que podían poner contra los pliegos, criterios de clasificación, etc. 
Esta tarea la llevaban a cabo a lo largo del tiempo, "a cambio de una retribución fija" que abonaban las sociedades incluso haciendo gala de ella, dado que el teniente coronel R. R. incluso entregaba a sus 'clientes' tarjetas de visita en las que se daba a conocer como "asesor".
No en vano, en las reuniones que ambos altos cargos —que se enfrentan a seis años de prisión cada uno— mantenían con los responsables de las empresas que pretendían adjudicarse los contratos, los primeros se comprometían a lograr "una rápida satisfacción" de las facturas derivadas de la ejecución de las adjudicaciones "a cambio siempre de recibir retribuciones", que —según el ministerio público— se embolsaban hasta "por la simple preparación de la documentación administrativa".
La causa se encuentra actualmente a la espera de que el tribunal decida sobre la petición de nulidad sobre toda ella realizada por la defensa de uno de los dos tenientes coroneles, ejercida por el abogado Antonio Suárez Valdés, quien ha argumentado que la grabación realizada a los dos altos cargos castrenses por un responsable de Seguridad Integral Canaria en connivencia con la Guardia Civil durante un encuentro de los militares con el empresario en Casa Nemesio fue ilegal, pues los dos mandos "fueron conducidos de forma subrepticia mediante engaño y sin control judicial" para "provocar que estos realizaran manifestaciones que pudieran ser utilizadas en su contra".
La solicitud de nulidad se basa en la declaración realizada por el propietario del Grupo Ralons, vinculado a Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, que aseguró que fue la Guardia Civil la que contactó con el responsable de la mercantil y le dio el dispositivo de grabación. Ramírez es conocido por grabar también al juez Salvador Alba, expedientado por el Poder Judicial e instructor de una causa que pretendía apuntar a su antecesora en el cargo, la que fuera diputada de Podemos, Victoria Rosell.

El Gobierno pretende acabar con el reparto 'obligatorio' de dividendos

MADRID.- El Gobierno está dispuesto a acabar con el llamado reparto obligatorio de dividendos. Para ello, el Partido Popular ha presentado una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados, que pretende modificar el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, publica hoy elEconomista.

La normativa actual otorga al socio un derecho de separación en caso de falta de distribución de un dividendo mínimo, siempre que se cumplan determinados requisitos, como lograr un año de beneficios.
La intención del Gobierno es proponer una nueva redacción que trate de alcanzar un equilibrio entre las posiciones de los socios mayoritarios y minoritarios con el interés social de la empresa.
En la actualidad, la redacción del artículo 348 bis pretendía convertirlo en una medida de protección para los accionistas minoritarios. La existencia de grupos de control podía impedirles obtener un rendimiento económico, un extremo que se produce en numerosas ocasiones en las empresas familiares de segunda o tercera generación.
Así, la Junta, amparándose en la posición mayoritaria, puede optar por reinvertir la totalidad del beneficio y oponerse al dividendo. Además, los mayoritarios ya obtienen generalmente retribuciones de la sociedad como administradores o salarios.

Poder de los minoritarios

Según el texto presentado por el PP "si antes los mayoritarios resolvían sobre la aplicación de los resultados y decidían el reparto de dividendos, ahora se han cambiado las posiciones y los minoritarios han sido investidos de un gran poder".
Por ese motivo, en opinión del PP, la normativa actual puede poner en peligro la situación financiera de alguna sociedad, al verse obligada a destinar sus recursos, bien al reparto del dividendo o a recomprar las participaciones de los minoritarios.
La propuesta incluso va más allá y asegura que en la situación económica actual muchas sociedades, pese a obtener beneficios, carecen de liquidez para satisfacer el dividendo mínimo legal o para restituir las aportaciones a sus socios, pudiendo abocarlas a la necesidad de solicitar el concurso.
Con esta incertidumbre sobre la mesa, ERC ya pidió el 14 de marzo del año pasado que se suspendiera su aplicación. De hecho, la Comisión de Economía, Industria y Competitividad llegó incluso a aprobar una Proposición no de ley en este sentido, que instaba al Gobierno a impulsar una nuevo redactado, un extremo que se resuelve con este planteamiento presentado por el Partido Popular, que aunque no supone la suspensión de la medida sí la modifica notablemente.
Como principal novedad que plantea la propuesta presentada hay que destacar la posibilidad de que los estatutos de la sociedad excluyan la aplicación del polémico artículo, si bien la introducción de dicho pacto estatuario deberá aprobarse por la junta general, con unos requisitos especiales.

Más plazo y menos dividendo

El PP plantea también la exigencia de un periodo más prolongado de obtención de beneficios. La sociedad tendrá que lograr beneficios consecutivos durante tres años para que el socio pueda ejercitar el derecho, frente a la situación actual que requiere únicamente la obtención de beneficios en el ejercicio anterior. Si durante uno de estos años se vuelve a incurrir en pérdidas, el plazo volverá a comenzar de nuevo.
Otra de las medidas destacadas es la reducción del porcentaje mínimo de dividendos a distribuir, que pasa de un tercio a un cuarto de los beneficios logrados en el año anterior, moderando así el impacto del reparto sobre la liquidez de la empresa. Además, se introduce una cautela que permite cumplir con dicho porcentaje en términos de la media ponderada de los últimos cinco años, de manera que el reparto pueda ser menor en algunos ejercicios en los que existan mayores necesidades de inversión.

Derecho de separación

Ambas medidas suponen suavizar la norma, ya que el derecho de separación -la potestad de forzar la recompra de la participación o la recuperación de las aportaciones- no surge cada ejercicio en el que no se reparta dividendo y la cuantía mínima a repartir será menor.
La nueva redacción del artículo, además, propone eliminar la referencia a los "beneficios propios de la explotación del objeto social" para evitar la inseguridad jurídica atribuyendo al minoritario el derecho de participar en el conjunto del resultado del ejercicio, incluidos los resultados extraordinarios. se mejora también la redacción al cambiar la expresión "a partir del quinto ejercicio" por "transcurrido el quinto ejercicio" para evitar que pueda reclamarse al principio del quinto año sobre las cuentas del cuarto.
La norma no es aplicable en ciertas situaciones de dificultad (sociedades en concurso o con acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, entre otras).
El artículo entró por primera vez en vigor el 2 de octubre de 2011 (Ley 25/2011) y se suspendió su aplicación el 24 de junio de 2012 (Ley 1/ 2012); posteriormente se prorrogó esta suspensión hasta el 31 de diciembre de 2016 y, finalmente, volvió a entrar en vigor el 1 de enero del pasado año.
España es el cuarto país -tras Grecia, Italia y Portugal- con mayor proporción de pequeñas y medianas empresas no cotizadas. Las sociedades deberán provisionar en sus cuentas anuales las posibles cantidades que puedan ser reclamadas por los posibles socios que puedan querer ejercer su derecho de separación. La vigencia del derecho de separación de los socios ante la falta de dividendo cogió por sorpresa a la totalidad de las sociedades españolas a principios del año pasado con la entrada en vigor en la Ley de sociedades de capital.
El Consejo General de Economistas recomendó, en ese momento, a las empresas vigilar el equilibrio patrimonial y prevenir la salida de socios minoritarios.

El juez Castillejos pone a la UCAM y a Mendoza en su sitio

MURCIA.- El titular del juzgado de instrucción nº 8 de Murcia, David Castillejos, ha inadmitido la querella por un delito de prevaricación presentada por la Fundación San Antonio contra altos funcionarios de la Dirección General de Bienes Culturales al considerar que no es la vía penal la adecuada.

En un auto fechado el pasado lunes conocido hoy, archiva la demanda de los propietarios de la Universidad Católica San Antonio, de Murcia (UCAM), contra esos funcionarios de la Consejería de Cultura por su supuesto bloqueo en la obtención de licencias para edificación de una zona deportiva y un aulario en la pedanía de Guadalupe, donde esa institución tiene su campus principal.
El auto destaca que se trata de un conflicto "jurídico técnico" e sin tipos penales, por lo que "la parte querellante puede acudir a la vía contencioso-administrativa contra las decisiones de Cultura o del Ayuntamiento de Murcia", cuya Concejalía de Urbanismo multó a la UCAM por el derribo ilegal de El Corralazo, bien catalogado.
Según resume el juez, para la UCAM los denunciados, entre ellos, la exdirectora general de Bienes Culturales, María Comas, y el jefe del Servicio de Patrimonio Histórico, Miguel San Nicolás, "realizaron de manera grosera y deliberada actuaciones muy perjudiciales para la fundación, hasta el punto de venir a fijar en 15 millones de euros la posible responsabilidad civil".
"Se citan unas inversiones elevadas en los terrenos de casi 135.000 metros en base a unos derechos edificatorios que ahora no pueden ejercitar pasados varios años y ante un bloqueo que les impide la obtención de las pertinentes licencias", añade.
Se ha producido durante años, concluye el juez su resumen, "una actuación conjunta y deliberada de esos funcionarios, primero por omisión y permisión en la caducidad de un expediente de 2009 y después con el expediente sancionador y medidas cautelares derivadas del derribo de El Corralazo" por el que Cultura ordenó la suspensión inmediata a la UCAM de las autorizaciones para construir.
En opinión de Castillejos, este relato es "endeble", "flaquea notablemente y no se sostiene" al ser "un plan insostenible que demuestra la creación puramente artificial de la querella".
Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el mismo juzgado o de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.

MC denuncia una nueva maniobra de Castejón y el PSOE para evitar resolver sobre el recurso vecinal contra la ampliación del servicio de aguas de Cartagena


CARTAGENA.- Esta mañana ha tenido lugar, en el edificio administrativo de San Miguel, sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Cartagena, convocada de manera urgente por el gobierno socialista ante el escrito remitido ayer por la concejal de MC y viceportavoz del Grupo municipal, Isabel García, a la alcaldesa, Ana Belén Castejón.

García transmitió a Ana Belén Castejón, mediante la citada comunicación oficial, la sorpresa del Grupo municipal MC ante la eliminación del segundo punto del orden del día del Pleno extraordinario sobre la trama del agua y que se celebrará mañana jueves, a iniciativa de la formación cartagenerista y CTSSP.
En ese punto, se insta a la resolución del recurso presentado por una treintena de vecinos, entre ellos el concejal socialista y presidente de la Comisión de Hacienda, Francisco Aznar, contra la ampliación del contrato del servicio municipal de aguas hasta 2042.
Esta mañana, el Gobierno del PSOE, dirigido por Ana Belén Castejón, a propuesta del concejal socialista, Juan Pedro Torralba, con el voto favorable de Ciudadanos y la abstención del PP, ha posibilitado que se elimine esta cuestión del próximo Pleno extraordinario y los vecinos sigan sin conocer la respuesta a su recurso.
Al finalizar la Comisión, Isabel García ha denunciado "estas maniobras torticeras para que no se resuelva el recurso, porque estamos convencidos de que tienen la seguridad de que dicho recurso tiene que estimarse".
En la comunicación emitida ayer por Isabel García a Castejón, la edil cartagenerista requirió "en mi condición de miembro de la Comisión de Hacienda y el Pleno", la restitución del orden del día del punto 2 al vulnerar "nuestros derechos constitucionales a la participación en la vida pública", recordando, por último, "la obligación ineludible del Ayuntamiento de Cartagena de resolver de forma expresa el recurso de los ciudadanos", además de la posibilidad de emprender acciones judiciales para hacer frente a estas arbitrariedades.
García ha adelantado asimismo que MC Cartagena presentará una moción al próximo Pleno ordinario para instar a que se resuelva expresamente sobre este recurso presentado por una treintena de vecinos en 2004 contra la ampliación del contrato del servicio municipal de aguas hasta 2042, acuerdo plenario adoptado en 2003 a iniciativa del Gobierno del PP, que ahora encuentra en el actual Ejecutivo del PSOE el aliado necesario para evitar que se resuelva.

C's propone en la Comisión de Hacienda de CT que MC o Podemos presida la Comisión de Investigación a 'Hidrogea'


CARTAGENA.- Tras asistir a la nueva sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda e Interior para debatir de nuevo la propuesta sobre la resolución del recurso de reposición por Asepucar en 2004, contra el acuerdo plenario de 2003 en el que se solicita extinguir el contrato de servicio de abastecimiento de los suministros de agua potable y saneamiento del municipio de Cartagena con Hidrogea, el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha explicado: 

"Entendemos que esta nueva convocatoria se ha realizado porque según remitió el partido MC, en la anterior sesión se había vulnerado el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno en el que se indica que la retirada de un expediente requiere la votación expresa.Por lo que vemos correcto que se haya convocado de nuevo pero hay que recordar que tampoco se votó de manera expresa el primer punto, el que consistía en crear la Comisión de Investigación a Hidrogea, pero se ha dado por bueno por MC y Podemos".
El portavoz de la formación naranja ha querido que el acta recoja la indignación su Grupo por las manifestaciones de Podemos tras la última Comisión de Hacienda en la que afirmaron que consideraban que la 'nueva derecha' compuesta al parecer por PP, PSOE, Cs, estaba impidiendo debatir un recurso vecinal para 'salvar' a Hidrogea, "la demagogia en las declaraciones públicas tiene que tener un límite, no podemos pasar por alto esas interpretaciones falsas e interesadas sobre hechos claramente contrastables, censuramos esas burdas y torticeras injurias". 
"La decisión que ha tomado Ciudadanos, como en tantas otras ocasiones, ha seguido estrictamente el criterio técnico de la jurídico y secretaria del Pleno y de la Comisión de Hacienda que fue la que razonó con argumentos coherentes los motivos por los que esta propuesta debía retirarse del orden del día, ¿tenemos que entender que CTSSP-Podemos está calificando también a la secretaria del Pleno de 'nueva derecha' o que busca 'salvar' a Hidrogea? ", se pregunta Manuel Padín, quien lamenta que "Podemos no respete el criterio de los funcionarios del Ayuntamiento a pesar de que hipócritamente asegure defenderlos, y haga de todo asunto una oportunidad para seguir vendiendo su populismo político a costa de la honorabilidad de los trabajadores públicos de este Ayuntamiento".
Y precisamente para favorecer que MC y Podemos, la nueva alianza populista, no vuelva a lanzar estas infundadas acusaciones, el portavoz de C's Cartagena ha propuesto hoy en la Comisión de Hacienda que la alcaldesa delegue a MC o Podemos la presidencia de la Comisión de Investigación a Hidrogea, "ya que ellos han sido los proponentes de este órgano fiscalizador, y al parecer -ha ironizado Padín- son los únicos que pueden hacerlo porque si es cualquier otro todo es corrupción y problemas, sólo ellos pueden, los autoproclamados y únicos garantes de la regeneración".

La Comision de Hacienda de CT aplaza el dictamen de la resolucion del recurso sobre la ampliacion del contrato del agua


CARTAGENA.- La Comisión de Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Cartagena, reunida este mediodía con carácter extraordinario para votar el dictamen de la propuesta sobre la resolución de recurso de reposición interpuesto por Asepucar el día 9/01/2004, contra el acuerdo plenario de 12/11/2003, planteado por los grupos municipales de MC Cartagena y CTSSP, ha acordado retirar este asunto del orden del día y posponerlo a la próxima reunión de la Comisión.

La retirada, propuesta por el PSOE, ha sido secundada por Ciudadanos, mientras que MC Cartagena y CTSSP han votado en contra y PP se ha abstenido. Ello ha provocado un empate, que se ha resuelto en una segunda votación por el voto de calidad del presidente, Francisco Aznar.
La Comisión se había vuelto a reunir hoy a instancias de MC Cartagena al comprobar que el asunto no había sido incluido en el orden del día del pleno del jueves, 18 de enero, ya que en la anterior reunión no llegó a dictaminarse tras la argumentación jurídica realizada por la secretaria de la Comisión.

'Cambiemos Murcia' pide al Ayuntamiento que exija la paralización de los trabajos con maquinaria pesada en el río Segura


MURCIA.- Cambiemos Murcia ha solicitado hoy al equipo de Gobierno que exija a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la "detención inmediata" de la limpieza de cañas con maquinaria pesada que se efectúa desde el pasado mes desde el interior del cauce del río Segura, en el tramo situado entre La Contraparada y la fábrica Santa Bárbara.

La formación municipalista ha hecho esta petición después de que la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) denunciara los daños que estos trabajos, realizados con una máquina giratoria de gran tonelaje en el lecho del río, están generando sobre las orillas en forma de erosión y compactación, y las comunidades biológicas acuáticas.
Ginés Mirón, vocal en San Ginés y miembro del grupo de Huerta y Modelo de Ciudad de Cambiemos Murcia, ha señalado que a esta actuación, que es "totalmente invasiva" de los ecosistemas de la zona y no cuenta con un estudio de impacto previo, se suman las consecuencias que tienen los "dragados injustificados" en el tramo del río a su paso por la ciudad de Murcia.
Ambos trabajos demuestran, en palabras de Mirón, "que nos encontramos ante una forma de entender el río por parte de determinadas administraciones y sus responsables no como cauce natural sino como un simple acueducto que carece de vida sobre el que se puede actuar de cualquier manera".
Además, ha llamado la atención sobre la "contradicción" que supone que "a pocos metros de donde está actuando esta maquinaria se estén llevando a cabo proyectos encaminados a devolver su riqueza ambiental al río mediante la reforestación de meandros y taludes con vegetación autóctona".
Frente a este tipo de "acciones descoordinadas y hasta contradictorias", Cambiemos Murcia ha considerado que todas las actuaciones que se desarrollen en el entorno del Segura se hagan conforme a un proyecto de recuperación ambiental del cauce, consensuado entre las administraciones y la ciudadanía.

MC Cartagena lamenta que la deslealtad y falta de principios de la alcaldesa la paguen los cartageneros al paralizar el Ayto.


CARTAGENA.- Esta mañana, en la Junta de Gobierno local, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, con ocho días de retraso, ha consumado el incumplimiento del pacto de gobierno que mantenía con MC, al darse cuenta de los ceses de competencias de los concejales de la formación cartagenerista, así como del coordinador general de Desarrollo Sostenible, paso previo a la creación de las nuevas áreas de Gobierno y delegación de competencias.

También ha informado del nombramiento del coordinador de Desarrollo Sostenible y de la composición de la Mesa de Contratación.
Tras tener conocimiento de esta circunstancia, la viceportavoz de MC Cartagena en el Consistorio, Isabel García, ha lamentado que "la deslealtad y falta de principios de la alcaldesa la hayan tenido que pagar los cartageneros". 
"El cese de los concejales de nuestro Grupo municipal, realizado desde las vísceras y la improvisación, ha provocado un escenario caótico en los servicios municipales, paralizando proyectos, trámites e iniciativas. En definitiva, una situación de desgobierno que ha evidenciado la atrevida incapacidad de a quien el 'traje' le queda varias tallas grandes", ha argumentado la edil.
"Esta paralización tiene su ejemplo más claro en el hecho de que, entrados en la segunda quincena del mes de enero, los Grupos municipales no dispongan ni de un borrador del Presupuesto General para 2018. Nos tememos que la velocidad de crucero que impusimos desde nuestros ámbitos competenciales quede en nada por la insolvencia intelectual de la alcaldesa y ese afán de anteponer su falta de principios al bien general", ha argumentado la viceportavoz de MC Cartagena.
Isabel García ha añadido que, entre otras consecuencias, "durante esta semana se han paralizado los pagos y no se ha celebrado la Mesa de Contratación, mientras los contratos y obras adormecen. Al menos se ha quitado una preocupación de encima: el periodo medio de pago, que ya no parece su prioridad".
García ha concluido añadiendo que "los actos irresponsables suelen acarrear secuelas. En este caso, los de siempre; los que anteponen su ego, placer viajero e inquietudes laborales vuelven a perjudicar a quienes les dieron su confianza".

El PSOE-Murcia reclama la ampliación de plazas en centros de día para facilitar la vida a los mayores y sus familias

MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia defenderá en el próximo Pleno una moción para exigir una ampliación del número de plazas en centros de día con el fin de facilitar una mejor calidad de vida a los mayores del municipio y también a sus familias.

La portavoz socialista, Susana Hernández, considera que "el estado de bienestar tiene que hacer honor a su nombre y para ello los responsables políticos tienen que poner todo el esfuerzo para garantizar los recursos necesarios que permitan que los ciudadanos vivan hasta el final en las mejores condiciones, sobre todo, si se trata del sector de la población que ha contribuido con sus ingresos a lo largo de su vida laboral al mantenimiento de ese estado del bienestar".
Asimismo, precisa que ampliar el número de plazas de los centros de día es una demanda de las juntas municipales desde hace años y "solo contamos con tres centros de titularidad municipal, que se quedan cortos para atender a nuestros mayores".
Al respecto, recuerda que España, con una media de 83 años, es el segundo país con mayor esperanza de vida al nacer entre los países de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según su último informe, publicado el pasado mes de noviembre, solo después de Japón. 
Sin embargo, tal y como advierte el citado estudio, este indicador no significa que estos años se vivan en condiciones de salud óptimas.
Por tanto, teniendo en cuenta que "este aumento de la longevidad de nuestros ciudadanos no va acompañado de las mejores condiciones ni de una calidad de vida óptima al impedirlo algunas enfermedades y dolencias, que conllevan un aumento del número de dependientes en diferentes grados, se hace urgente ampliar el número de plazas en los centros de día, de manera que nuestros mayores estén bien atendidos".
Por todo ello, Hernández solicita al equipo de Gobierno que, en colaboración con la Comunidad Autónoma, amplíe el número de plazas en los centros del día del municipio.

Meca (C's): '"Lorca Taller del Tiempo' presenta unas pérdidas anuales de más de 300.000 euros"


LORCA.-En la reunión de la Junta de Gobierno del Consorcio para el desarrollo turístico y cultural de Lorca, celebrada el pasado día 4 de diciembre de 2017, se aprobó el presupuesto del Consorcio del que forma parte la sociedad Lorcatour, Lorca Taller del Tiempo S.A.U.

En el presupuesto consolidado previsto para 2018 se observa una transferencia corriente de este Ayuntamiento de 321.654 euros para cuadrar el déficit que presenta la sociedad.
Antonio Meca ha solicitado el "acceso a los datos económicos desglosados de -gasto de personal- y -gasto de bienes corrientes y servicios-. 
Especialmente en lo referente a personal, convencidos de que deben ser públicos al igual que lo son los demás trabajadores de este Ayuntamiento y sus empresas públicas".
Esta petición fue confirmada y comprometida por el Sr. Alcalde y la gerencia de la empresa pública Lorcatour para facilitarlo en los próximos días.
El concejal en el día de hoy informa que "hemos presentado un escrito al Sr. Alcalde solicitando el desglose detallado del capítulo -gastos de personal- y el desglose y máximo detalle posible del capítulo -gastos de bienes corrientes y servicios-".
El portavoz de Ciudadanos quiere saber "el sueldo de la gerente, detalles de su contrato y condiciones laborales. Vamos a hacer propuestas sobre el modelo de funcionamiento de esta empresa pública, ya que presenta unas pérdidas anuales de más de 300.000 euros anuales desde hace años".

El PSOE de Lorca exige al alcalde del PP explicaciones por la indemnización que recibirá el ex gerente de 'Limusa'


LORCA.- El viceportavoz segundo del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Isidro Abellán ha mostrado su desacuerdo por ciertos aspectos que "no aceptan" en relación a la indemnización que, el ya ex gerente de Limusa, recibirá de las arcas municipales tras su cese.

Abellán ha denunciado que el ya ex gerente recibirá en concepto de "vacaciones no disfrutadas" un total de 3.618,98 euros. Teniendo en cuenta que el despido ha tenido lugar a finales de año, desde el PSOE entienden que "si a lo largo de todo el año, este señor no ha querido disfrutar de sus vacaciones fue su problema, y no de los lorquinos", por lo que desde el PSOE ven "fuera de lugar" que se le indemnice con esta cantidad que "acabará saliendo del bolsillo de todos los contribuyentes".
Otro de los conceptos que aparecen en la indemnización y que el PSOE "no acepta" es el relativo al preaviso. En concreto, el ex gerente recibirá la cantidad de 2.427,08 €, como consecuencia de la "falta de preaviso", es decir, por no haberle comunicado el despido con un plazo previo de tres meses.
En este sentido, teniendo en cuenta las propias palabras del alcalde, en las que insiste que se trata de "una decisión tomada por él mismo", ya podría el alcalde haber comunicado "con tiempo" al gerente con anterioridad para ahorrar esta cantidad a todos los contribuyentes, ya que, insiste "hasta el último céntimo de esta indemnización que se lleva el ya ex gerente de Limusa, correrá a cargo de todos los lorquinos".
Abellán insiste en que "si el alcalde lo tenía tan claro como asegura, por qué no se lo comunicó con el tiempo suficiente para evitar que la indemnización fuera mayor", y así "ahorrárselo a todos los lorquinos".
El concejal del PSOE asegura que se trata de "un claro ejemplo de lo poco que le duele a este alcalde y a estos concejales el dinero público".
Por todo estos aspectos que hoy denuncian, y que quieren que salgan a la luz pública, Abellán ha pedido que, en aras de la máxima transparencia y del máximo rigor posible, sean técnicos de este Ayuntamiento y no de la propia empresa de Limusa, los encargados de estudiar y ordenar la liquidación de la indemnización que deberá recibir el ya ex gerente de Limusa.


Contestación desde el Equipo de Gobierno

La indemnización que recibe el Sr. González Sánchez ha sido calculada siguiendo escrupulosamente la normativa vigente al respecto, además de haber sido revisada por el Servicio de Personal del Ayuntamiento de Lorca y por un experto en derecho laboral
Fuentes municipales han querido responder así a las acusaciones vertidas esta mañana por el Sr. Abellán en relación a la indemnización que ha percibido el gerente de la empresa municipal de limpieza, Limusa, tras su cese.
El PSOE no puede dar lecciones de ética y moralidad sobre la empresa municipal de limpieza, todos los lorquinos conocemos la Limusa previa al año 2007 y la Limusa de hoy en día. El Partido Socialista fue responsable con su gestión de los años más negros de la empresa municipal, con cuestiones que han sido juzgadas y condenadas y de las que aún a día de hoy quedan asuntos pendientes que continuarán resolviendo los tribunales de justicia.
Santos González durante sus diez años de trabajo ha saneado las cuentas, Limusa es a día de hoy una empresa solvente que atiende sus compromisos en tiempo y forma, a la vez que ha modernizado la flota de vehículos y ha emprendido proyectos tan estratégicos como la construcción de la tercera celda del Centro de Gestión de Residuos, una instalación moderna y referente para toda la Región de Murcia.
El Sr. Abellán vuelve a dar muestra de su torpeza política refiriéndose a este asunto.
La indemnización que recibe el Sr. González Sánchez ronda los 19.000 euros y ha sido calculada siguiendo escrupulosamente la normativa vigente al respecto, además ha sido revisada por el Servicio de Personal del Ayuntamiento de Lorca y por un experto en derecho laboral.
El Sr. Abellán miente intencionadamente al afirmar que la cantidad relacionada con el preaviso es de 3 meses cuando la legislación la reduce a tan sólo 15 días, un aspecto que debería haberle trasladado el portavoz de su grupo municipal y representante en el Consejo de Administración de Limusa pues consta en la misma comunicación que en aras de transparencia se le facilitó hace unos días.
El Ayuntamiento de Lorca ha cumplido fielmente con la legalidad, no se puede decir lo mismo de aquellos gastos que toda España conoce cuando el PSOE gestionó esta empresa municipal: comilonas, viajes, partidos de fútbol., por no hablar de las visitas a un conocido prostíbulo de Sevilla cuyos cargos, con fondos de Limusa, eran sensiblemente superiores a la indemnización que va a percibir el anterior gerente por su cese. Esto sí que constituye una auténtica estafa y deslealtad al pueblo de Lorca.

Ciudadanos exige un plan estratégico para evitar el colapso en los hospitales durante los periodos de epidemia gripal


CARTAGENA.- Ciudadanos ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional, en la que ha solicitado la puesta en marcha de medidas destinadas a reforzar los servicios de urgencias para evitar el colapso en los hospitales durante los periodos de epidemia gripal.

Entre las propuestas figuran la mejora de la coordinación entre los profesionales de Atención Primaria para que puedan flexibilizar voluntariamente su jornada laboral o prestar apoyo fuera del horario ordinario con un sistema de compensación adecuado y el establecimiento de puntos de atención de 24 en los centros de salud en los que sea necesarios durante los picos epidémicos.
La formación naranja también ha pedido una mayor difusión educativa a las medidas higiénicas de prevención y reiteración en las campañas de vacunación antigripal para los colectivos que la comunidad científica considere más oportunos, el refuerzo del papel actual de la Farmacia Comunitaria, y que se reviertan los recortes realizados en los últimos años por el Servicio Murciano de Salud.
Juan José Molina, diputado regional de Ciudadanos, ha denunciado que “la falta de prevención del Gobierno regional propicia que los profesionales de la sanidad se vean desbordados durante los periodos de epidemia gripal, que los servicios de urgencias de los hospitales se saturen de pacientes y que haya que colocar camas en los pasillos, con los inconvenientes y riesgos que conllevan estas actuaciones”.
“Consideramos que es fundamental que se lleve a cabo este plan estratégico, comenzando por reforzar la Atención Primaria para evitar que estas situaciones, que son inadmisibles, se produzcan en el futuro”, ha finalizado Molina.

IU-Verdes apoya las acciones de la Plataforma "Cuenca del Segura libre de Fracking"


MURCIA.- La dirección regional de IU-Verdes Región de Murcia ha manifestado, a través de su responsable de Medio Ambiente, Ricardo García, su apoyo y compromiso con las acciones que desde la Plataforma "Cuenca del Segura libre de Fracking" se planifiquen para frenar el último intento de la empresa Oil and Gas de llevar a cabo exploraciones destinadas a comprobar la existencia de gas en el subsuelo de Calasparra, exploraciones que implicarían la utilización de técnicas de fractura hidráulica.

En este sentido, IU-Verdes va a apoyar la presentación y debate de una moción en los ayuntamientos del Noroeste murciano, impulsada por dicha Plataforma en la que se instará al compromiso de todos los grupos políticos para frenar la iniciativa de fracking que puede autorizar el gobierno regional en breve.
De igual manera, IUVRM insta a la movilización ciudadana como forma de expresar el rechazo del conjunto de la sociedad hacia técnicas como el fracking que plantean graves problemas relativos a la salud pública y el medio ambiente como la contaminación de acuíferos, emisiones de gas, y alto nivel de utilización de recursos hidráulicos.
La formación de izquierdas insta al gobierno de la región a no autorizar el permiso de exploración solicitado por Oil and Gas y a oponerse a los distintos proyectos impulsados por la misma empresa, Leo y Aries-2.
Sobre estos mismos proyectos Izquierda Unida, a través de su diputado Ricardo Sixto, ha solicitado en el Congreso de los Diputados, al Ministerio de Industria copia de la documentación e informes existentes relacionados con la otorgación de estos permisos de investigación, con el fin de mantener acciones de control al gobierno central sobre esta cuestión, ya que son proyectos que abarcan también a otras CCAA.

La consejera Arroyo acusa a la oposición de tomar medidas «innecesarias» para el Mar Menor

MURCIA.- La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, acusó a los tres grupos de la oposición en la Asamblea Regional, formada por PSOE, Podemos y Ciudadanos, de adoptar medidas "innecesarias, que no van a mejorar ni van a impulsar una mayor recuperación del Mar Menor" y que, sin embargo, "criminalizan" al sector agrícola.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Arroyo hizo así referencia a las enmiendas formuladas por los tres grupos de la oposición al proyecto de ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor.
En concreto, Arroyo contestó de esta manera al ser preguntada por si el Plan Anual Normativo de la Comunidad, aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno y que incluye las iniciativas legislativas cuya tramitación y aprobación se llevarán a cabo durante 2018, contempla la aprobación de una ley integral de medidas para el Mar Menor.
En este sentido, Arroyo recordó que el Ejecutivo murciano trabajó en un decreto ley que "favorecía las medidas que necesitaba el Mar Menor para su recuperación, tanto de la laguna como del entorno", y lo hacía "compatible además con un sector estratégico en la Región como es la agricultura".
En concreto, destacó que las medidas hacían "compatible" la recuperación de la laguna con una agricultura "sostenible" y, además, "fueron pactadas con el sector" agrícola y se trasladaron a la Asamblea Regional con el fin de obtener el respaldo del resto de los grupos parlamentarios.
Sin embargo, lamentó que, en los últimos días, los grupos de la oposición en la Asamblea, integrada por PSOE, Podemos y Ciudadanos, adoptaron una serie de medidas que el Gobierno regional cree "firmemente" que "son innecesarias y que no van a mejorar ni van a impulsar una mayor recuperación del Mar Menor".
Por el contrario, lamentó que estas medidas de la oposición "criminalizan" a un sector que desde el Gobierno regional creen que "está con la recuperación del Mar Menor y no es el culpable de cómo está la laguna".
Por todo ello, Arroyo cree que "ahora hay que pedir explicaciones a esos grupos políticos y partidos que, de forma irresponsable, no ofrecen soluciones realistas y efectivas para la recuperación del Mar Menor y, sin embargo, criminalizan a aquellos agricultores que están formando parte de la solución y de la recuperación del Mar Menor".
A su juicio, estos grupos de la oposición "demuestran un gran desconocimiento" y cree que "se han tomado a la ligera una cuestión fundamental en la que trabaja este Gobierno desde el máximo rigor desde el primer momento".
Recordó que el Ejecutivo murciano hizo un decreto ley que "permitía recuperar el Mar Menor y apoyar la agricultura sostenible", pero "hay tres partidos que han evitado que salga adelante y que han criminalizado a un sector fundamental para la Región de Murcia".
A este respecto, señaló que un Gobierno que "está en minoría" no puede "estar siempre solucionando lo que pactan tres grupos parlamentarios, Podemos, POSE y Ciudadanos, que consiguen un escaño más que el PP". 
Ahora, cree que hay que pedirles explicaciones a quienes "han generado un problema. Nosotros tenemos la solución", aseveró.

Aumenta la confianza empresarial en la Región un 1,2% para el primer trimestre de 2018

MURCIA.- La confianza empresarial en la Región de Murcia ha subido un 1,2 por ciento para el primer trimestre de 2018, el cuarto mayor aumento por comunidades, sólo inferior a los registrados por Aragón (4,6 por ciento), Madrid (2,2 por ciento) y País Vasco (1,7 por ciento), frente al descenso del 0,4 por ciento de la media nacional, según el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE).

El balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en 5,5 puntos, con un 58,7 por ciento de opiniones normales, el 23,4 por ciento favorables y el 17,9 por ciento desfavorables.
Mientras, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) se situó en los 12,7 puntos en la Región.

El yacimiento de La Almoloya, entre Mula y Pliego, ya es BIC


MURCIA.- El Consejo de Gobierno aprobó hoy la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del yacimiento de La Almoloya, en los términos municipales de Mula y Pliego, un asentamiento de unos 3.000 metros cuadrados que data de la Edad del Bronce, entre los años 2.200 y 1.500 antes de Cristo.

También se delimitó el entorno del molino de viento Colorado, en la población cartagenera de Los Beatos, que está catalogado como BIC con la categoría de monumento y fue construido en torno a 1920, y que consta de una torre de mampostería, un pozo, una balsa circular, una noria adosada y restos de la maquinaria interior.
Además, se aprobó una inversión de 5,7 millones de euros para la limpieza y desinfección de centros sanitarios y ropa y uniformes hospitalarios. 
En concreto, se destinarán 3 millones a la limpieza y desinfección de centros sanitarios del área de salud del Altiplano, y otros 2,7 a limpieza y desinfección de uniformes y ropa para pacientes del área del Mar Menor.

 Se delimitará el entorno de protección del Molino Colorado en Los Beatos

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, delimitar el entorno de protección del Molino de viento Colorado en Los Beatos, catalogado como Bien de Interés Cultural con categoría de monumento.
El entorno de este molino, situado en el paraje conocido como Casa Conesa de Cartagena, a 800 metros de Los Beatos, es una torre de mampostería enlucida con almagra, con pozo sobre plataforma circular o andén y balsa circular. Cuenta con una noria adosada y conserva restos de maquinaria en el interior.
El molino, construido en los años 20 del siglo pasado, cesó su actividad en los años 40 y se le conoce como molino Colorado por el color de la torre, debido a la aplicación de almagra al enlucirlo.
El molino ha quedado situado junto a la autovía de La Manga y la Autopista AP-7 de Almería y posee una gran visibilidad, tanto desde la propia carretera como desde los campos que lo rodean. El entorno de protección el entorno del molino estará constituido por el espacio y por los elementos en él comprendidos, cuya alteración pueda afectar a los valores propios del bien, su contemplación o su estudio.
En España el uso de los molinos de viento se fue adaptando a las peculiaridades de cada lugar, con la aparición de tres tipos bien diferenciados: el molino manchego, el andaluz y el del Campo de Cartagena.
El del Campo de Cartagena se caracteriza por pertenecer al tipo de molino mediterráneo de torre, eje horizontal atravesado por cuatro o cinco pares de varas, techo giratorio y velas, generalmente ocho triangulares. Esta tipología es similar a los de Andalucía, los de las islas griegas de Creta y Miconos y los de vela de El Algarve portugués.


La Casa del Mar en Cartagena tendrá más habitaciones para trabajadores del sector náutico y pesquero


CARTAGENA.- La Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina invierte desde hace un mes 587.000 euros en la rehabilitación de parte de la Casa del Mar, donde se construyen 18 habitaciones. Estas servirán de alojamiento a los trabajadores que realizan cursos de formación relacionados con la rama marítima y sanitaria.

El delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, y el director provincial de Instituto Social de la Marina, Julián Pedro Paredes, visitaron las instalaciones, donde se trabaja desde el pasado 11 de diciembre. La obra, que se alargarán durante nueve meses, responde a la obligación de la administración de proporcionar la formación a los trabajadores de mar.
Estos profesionales mantienen y aumentan su cualificación de manera continua para adaptarse a las nuevas necesidades del sector. Al mismo tiempo, la administración cumple con su obligación de proporcionar la formación necesaria para quienes buscan su primer empleo y desean trabajar en el sector marítimo-pesquero.
Durante su visita, Bernabé señaló que estos trabajos son ejemplo del «compromiso» del Gobierno central con Cartagena. Recordó que la gestión y la labor del Instituto Social de la Marina es «importantísima» para la ciudad y para el resto de la Región por la protección social integral que realiza de los trabajadores del sector.
Este trabajo es realizado por profesionales del Instituto Social de la Marina mediante la formación profesional marítima y sanitaria. También realizan labores de atención sanitaria preventiva en tierra a través de reconocimientos médicos previos al embarque, además de la atención asistencial a bordo.
En el centro de formación de Cartagena se impartió durante el año pasado una veintena de cursos y se formó a 427 trabajadores. De estos cursos, cinco fueron para todo el ámbito de la Coordinadora del Mediterráneo. También se les facilitó a los asistentes el alojamiento y la manutención.

La AIReF ve «muy improbable» que la Región cumpla con el objetivo de estabilidad de 2017

MADRID.- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera «muy improbable» que la Región de Murcia cumpla el objetivo de estabilidad para 2017, una consideración que hace extensiva a Extremadura, Cantabria, Comunidad Valenciana y Aragón. 

En su último informe mensual, publicado ayer, la AIReF cree que se confirman y acentúan los riesgos para las comunidades que en indicadores anteriores presentaban baja probabilidad de cumplimiento.
Junto a las citadas regiones, la Autoridad Fiscal, a partir de los datos de ejecución de octubre, considera «improbable» dicho cumplimiento en Castilla-La Mancha, mientras que cree «factible» que Cataluña cumpla el objetivo; «probable» en el caso de Andalucía, Madrid, Castilla y León y Cataluña; y «muy probable» en las cinco restantes. 
Asimismo, la AIReF empeora la probabilidad de cumplimiento para Aragón, mientras Navarra mejora sustancialmente su valoración, pasando a considerarse «muy probable» el cumplimiento del objetivo.

La guerra fiscal entre CCAA solo beneficia a Madrid y a las rentas altas

MADRID.- La competencia fiscal entre comunidades autónomas no ha dejado de crecer desde que en 1997 el modelo de financiación permitió a los parlamentos regionales modular la presión fiscal de los tributos cedidos. Y desde entonces, el resultado es inequívoco. Las rentas más elevadas y la Comunidad de Madrid son los más beneficiados de la guerra fiscal desatada entre regiones por atraer contribuyentes mediante el expeditivo método de bajar los impuestos, se escribe hoy en El Confidencial.

Lo demuestra un trabajo académico realizado por los hacendistas Julio López Laborda y Fernando Rodrigo, ambos de la Universidad de Zaragoza, que llegan a una primera conclusión: las diferencias en los impuestos autonómicos “influyen significativamente” en la elección de la comunidad de residencia por los contribuyentes ubicados “en la parte más alta de la distribución de la renta”.
La segunda conclusión a la que llegan los autores del estudio es que la movilidad ocasionada por las diferencias aplicadas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) “parece dirigirse solo a la región de Madrid”.
El estudio se ha hecho a partir del panel de declarantes del IRPF que pone Hacienda a disposición de los investigadores, y que excluye País Vasco y Navarra por su singular régimen fiscal. El resultado muestra que el 4% de las rentas altas seleccionadas, equivalente a 877 contribuyentes, cambió de región de residencia entre los años 2006 y 2012 al calor de la competencia fiscal.
Según el estudio, de esos 877 contribuyentes que cambiaron de residencia fiscal, nada menos que 493 se fueron a la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno fue el más agresivo a la hora de rebajar la presión fiscal. Es decir, el 56,2% de todos los que se mudaron. La ley obliga a que cuando un contribuyente modifica el domicilio, debe ponerlo en conocimiento de la Administración Tributaria mediante declaración expresa, sin que el cambio de domicilio produzca efectos frente a la Administración hasta que se presente la comunicación.
No es menos significativo que casi la mitad de quienes se mudaron de residencia fiscal —el 46%— procediera de Andalucía y Cataluña, precisamente dos de las comunidades con presión fiscal más elevada. De hecho, y como subrayan los autores del estudio, tan solo tres regiones mantienen un saldo positivo en su diferencia entre entradas y salidas de contribuyentes de renta alta en el periodo analizado: Baleares, Comunidad Valenciana y, por su supuesto, Madrid. En el caso de Cataluña, lo significativo es que dos regiones próximas, Baleares y Valencia, se aprovechan también de esa pequeña diáspora fiscal.

Migración de las rentas altas

El resumen que hacen López Laborda y Rodrigo es que la competencia fiscal, es decir, la posibilidad de que cada región pueda ofrecer tipos impositivos distintos, “permite vislumbrar que la migración de las rentas altas es un comportamiento cuyo destino está espacialmente concentrado, particularmente en la región madrileña”. Los límites que impone la legislación vigente a las CCAA para imponer su tipos impositivos son el respeto al tramo estatal y que, en el caso del IRPF, se mantenga la estructura progresiva de la tarifa.
Hay que tener en cuenta que mientras en Cataluña las rentas superiores a 175.000 euros al año tributaron, en 2017, al 25,50% en el IRPF autonómico (la otra mitad corresponde al tramo estatal), en Madrid lo hicieron al 21%. Se da la circunstancia, además, de que Madrid, al contrario que Cataluña, no exige tributar por el impuesto sobre el patrimonio que, como se sabe, grava a las rentas más elevadas.
El estudio de López Laborda y Rodrigo extiende la investigación no solo al impuesto sobre la renta, sino también a sucesiones y donaciones y a patrimonio, por tratarse de tributos de carácter personal y no societario.
Como se sabe, desde principios de los años ochenta, las comunidades autónomas perciben, en concepto de impuestos cedidos por el Estado, el 100% de los ingresos devengados en su territorio por ambos impuestos, concediéndoles, asimismo, determinadas competencias de gestión. Pero solo a partir de 1997 las comunidades autónomas han dispuesto de competencias para poder fijar el tipo impositivo de estos impuestos, además de algunas reducciones en la base y deducciones en la cuota tributaria.
El resultado ha sido una amplia divergencia entre tipos impositivos. En patrimonio, por ejemplo, mientras que Madrid aprobó una exención total en la cuota a pagar, en La Rioja es del 50%. El resto de regiones se rige por una horquilla que va del 2,50% al 3,75%, con mínimos exentos que van de 400.000 a 700.000 euros. Algo parecido sucede en el caso del impuesto de sucesiones.
Los autores del estudio no han tenido únicamente en cuenta el nivel de presión fiscal como la única variable que explique el cambio de residencial fiscal. Por el contrario, han incluido variables como las rentas salariales y su influencia sobre la renta total del contribuyente, el atractivo residencial y las oportunidades que ofrecen determinados territorios, el precio de la vivienda o el nivel de Estado de bienestar (educación, sanidad o servicios sociales). 
En todo caso, esta última variable, según el estudio, no es tan relevante. En su opinión, “las diferencias en el gasto público en los servicios fundamentales no influyen sobre la elección de la comunidad de residencia”. Lo que influye de forma determinante es, por el contrario, la presión fiscal.
La propuesta que hacen para evitar las distorsiones es bien simple. Si se quiere evitar que la competencia fiscal acabe conduciendo a la eliminación de estos impuestos, y si se pretende que los mismos continúen cumpliendo un papel en la redistribución nacional de la riqueza, “debería introducirse algún límite a la reducción de los tipos de gravamen” en patrimonio y sucesiones para garantizar “un mínimo de tributación común en todo el Estado”.
El cambio de domicilio fiscal no es una decisión libérrima del contribuyente. En el caso del impuesto sobre la renta, la residencia en una determinada comunidad autónoma depende de la permanencia física en ella y, en su defecto, de la situación del centro de intereses económicos, definido como el lugar donde el contribuyente obtiene la mayor parte de sus rendimientos del trabajo, de actividades económicas o del capital inmobiliario. Es decir, que los asalariados, al contrario de quienes tienen su principal fuente de ingresos en las rentas del capital, tienen unas dificultades casi insalvables para cambiar de domicilio fiscal.

El Gobierno promoverá en febrero la reforma para que instruyan los fiscales


MADRID.- El Gobierno está decidido a impulsar en los próximos meses una profunda reforma del proceso penal, con un cambio radical de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, por ejemplo, suponga dar a los fiscales la capacidad de instrucción. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, pretende impulsar el anteproyecto en el mes de febrero para que se inicie su larga tramitación, según El Confidencial.

Para ello, quiere contactar con PSOE y Ciudadanos para lograr los apoyos necesarios. El responsable de Justicia de Ciudadanos, Ignacio Prendes, asegura que aún no ha tenido ningún contacto con Justicia, que en principio está dispuesto a buscar un acuerdo, aunque asegura que está pendiente también la reforma de la Ley Orgánica del Judicial para eliminar lo que considera "politización de la Justicia". 
Y el ministro está dispuesto a abordar en esta legislatura la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pero en este caso es consciente de la dificultad de lograr un acuerdo con el PSOE y de la imposibilidad de aprobarlo antes de que durante 2018 se proceda a la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
El impulso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una de las reformas más complejas y más aplazadas de la democracia, no es estrictamente nuevo porque ya se han producido varios intentos en las últimas legislaturas, pero sí es nueva la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de presentar proyectos de ley. En el primer año de legislatura, el Ejecutivo se ha limitado a frenar de diferentes maneras las iniciativas de la oposición, pero sin enviar al Parlamento más proyectos de ley que los estrictamente indispensables como, por ejemplo, los de Presupuestos.
Ahora, La Moncloa pretende dar impulso a la legislatura y una de las leyes afectadas será la que regula el proceso penal. Desde hace meses funciona en el Congreso una subcomisión sobre reformas de la Justicia, en la que ha habido comparecencias de expertos, que está a punto de terminar sus trabajos y de la que se ausentó recientemente Unidos Podemos. Celebrará su última reunión el 15 de enero y no es probable que de ahí salga un informe con acuerdos concretos, pero el Gobierno está dispuesto a actuar en todo caso.
La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal procede del siglo XIX, aunque ha sufrido cientos de reformas parciales. La última incluyó los polémicos plazos para la instrucción de los sumarios, que están pendientes de recurso ante el Tribunal Constitucional.
El modelo de Fiscalía que no instruye no existe en ningún país europeo y eso provoca problemas de cooperación judicial con estados de nuestro entorno. La idea básica sobre la que hay cierto consenso es la de fiscales que instruyen, sometidos al control de un juez de garantías. Por eso, es necesario un cambio notable en el Estatuto Fiscal que regula el funcionamiento del ministerio público, para dotarlo de mayor autonomía y cambiar su estructura.
En la última etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Francisco Caamaño como ministro de Justicia, se elaboró un anteproyecto que llegó a tramitarse en el Parlamento, pero que decayó por el fin de la legislatura. Fue elaborado, entre otros, por el entonces secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, hoy portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, y tenía el aval del entonces fiscal general del Estado y hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
Luego el PP, con Alberto Ruiz-Gallardón, constituyó una comisión de juristas de la que formaron parte, entre otros, Manuel Marchena, hoy presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y posible futuro presidente del Consejo General del Poder Judicial, que hizo otra propuesta que coincidía en el papel instructor de los fiscales.
El actual ministro de Justicia se inclina por un modelo más parecido al elaborado por el Gobierno de Zapatero, a falta de que inicie sus conversaciones con el resto de partidos.
El Gobierno espera lograr por ello el acuerdo con el PSOE y con Ciudadanos, aunque durante 2017 el proyecto fue frenado, entre otras cosas, por los escándalos que afectaron a la Fiscalía y que terminaron con la reprobación en el Congreso del ministro de Justicia, el entonces fiscal general del Estado y el fiscal anticorrupción, que luego tuvo que dimitir. 
El pacto de investidura del PP y el partido de Albert Rivera se limitaba a proponer "modernizar nuestras leyes procesales".
 Y antes el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos para la investidura de Pedro Sánchez se comprometía a "aprobar con el mayor consenso una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías". 
Ese texto permite deducir la posibilidad real de un acuerdo entre los tres partidos.
Unidos Podemos no hacía referencia en su programa electoral a la reforma del proceso penal y se limitaba a proponer la derogación de los plazos de instrucción y establecer "una reforma integral de la Fiscalía". El Gobierno ve más complicado un acuerdo con el partido de Pablo Iglesias.