lunes, 21 de mayo de 2018

C's-Murcia acusa al Ayuntamiento de actuar con improvisación ante el cierre del paso a nivel de Senda de los Garres

MURCIA.- El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, ha vuelto a lamentar que el PP de La Glorieta actúe, una vez más, de forma improvisada y sin facilitar información a los vecinos y a los grupos de la oposición sobre el corte del paso a nivel de la Senda de los Garres que se va a producir mañana por la noche.

“Es otro ejemplo más de la falta de planificación al que nos tiene acostumbrados el Gobierno local”, ha denunciado Gómez, “sobre el que además”, ha añadido, “nadie nos han informado, a pesar de tratarse de un asunto muy serio que va a afectar al día a día de cientos de vecinos de la zona”.
“Con un tema de esta envergadura no se puede actuar con esta improvisación, de un día para otro, sin haber señalizado con tiempo suficiente los desvíos alternativos, ni haber previsto las medidas preventivas que se van a tomar para desviar el tráfico, y sin notificar a los vecinos los cambios que se van a producir en las líneas de transporte afectadas por el corte”, ha señalado el portavoz de C's.
“Una vez más nos enfrentamos a un corte del paso a nivel sin falta de planificación y de información de un Gobierno que actúa de espaldas a los vecinos sobre lo que mañana exigiremos explicaciones”, ha finalizado.

Ayuntamiento y vecinos de Cartagena coinciden en la necesidad de mejorar los trenes de cercanías


CARTAGENA.- El Ayuntamiento de Cartagena y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC) coinciden en la importancia de que Cartagena cuente con una buena red de trenes de cercanías. Ambos están también de acuerdo en la importancia de la implicación de la Autoridad Portuaria en las infraestructuras ferroviarias de mercancías, además, de igual forma las dos entidades confluyen en que la estación de trenes debe mantenerse en su actual ubicación.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y el concejal del Área de Desarrollo Sostenible, Francisco Aznar, han mantenido una reunión este lunes, 21 de mayo, con representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, entre ellos su vicepresidente, Francisco Rodríguez, para compartir con ellos la información sobre las estructuras ferroviarias en la ciudad.
“Estoy contenta porque el Gobierno y la Federación de Vecinos, en los temas importantes para el crecimiento y el desarrollo del municipio, vamos de la mano”, ha manifestado Castejón a la salida de la reunión. 
La alcaldesa ha expresado que ambos coinciden en la importancia por conseguir una buena red ferroviaria de cercanías que a criterio de la regidora, “es la asignatura pendiente, y que con ella se va a poder seguir desarrollando y vertebrando el municipio, territorialmente hablando, para estar mejor comunicados con la región”.
Sobre la llegada del AVE, la primera edil ha manifestado que su llegada hará más competitiva a la ciudad, pero no por ello hay que olvidar la importancia de las cercanías.
En esta reunión, ambas entidades también han coincidido en la importancia de que la Autoridad Portuaria se implique más en las infraestructuras, en lo que a mercancías se refiere. 
“Cuando se habla de mercancías la Autoridad Portuaria está llamada a liderar el tema, y ahí vamos a estar de la mano Federación, Ayuntamiento y Autoridad Portuaria a sufragar, y por lo tanto a presupuestar esa actuación tan importante”, ha declarado Castejón.
El tercer punto en el que existe una buena sintonía entre el Ayuntamiento y la FAVCAC ha sido su coincidencia en la importancia de mantener la estación en su ubicación actual. 
La alcaldesa ha recordado a los miembros de la federación el compromiso adquirido y firmado ante notario por todos los grupos políticos, menos el Partido Popular, de que el grupo político que obtuviera la responsabilidad de gobernar se comprometía a mantener la estación en su ubicación actual.
También se han abordado otros temas como el de apoyar todas aquellas ideas que no estrangulen al municipio y que permitan desarrollarlo de una forma ordenada, sostenible y sostenida en el tiempo.
En cuanto al soterramiento del AVE, la alcaldesa sigue manteniendo que "la llegada del AVE a Cartagena a la estación actual y con el trazado vigente debe de ir soterrado". Castejón también ha informado que el Gobierno municipal va a diseñar una campaña de divulgación e información para que no se confunda al ciudadano sobre que "la descontaminación del Hondón es incompatible con el soterramiento del AVE".
Por su parte, el vicepresidente de la FAVCAC, Francisco Rodríguez, ha expuesto el punto de vista de la federación sobre el AVE , “no estamos en contra de la llegada del AVE, pero que venga como un producto más y plantearse si con la llegada del AVE se siguen manteniendo los trenes de cercanías, y si llegará a Murcia antes. Estos son los planteamientos son los que como federación nosotros hacemos”. 
Rodríguez también ha expresado que no hay que hablar del AVE, sino de soluciones urbanísticas de desarrollo en Cartagena.

El ex presidente Garre evidencia su total ignorancia sobre Lorca, según el PP local

LORCA.- El Partido Popular de Lorca ha mostrado su incredulidad ante el alarmante desconocimiento que Alberto Garre y sus adláteres tienen de la realidad de Lorca, y que se ha reflejado en llegar a exigir que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, algo que desde todos los estamentos sociales, empresariales y políticos del municipio están reclamando, puesto que incluyen la bonificación del 50% del IBI y un nuevo convenio de 3 millones de euros para inversiones en pedanías.

"No aprobar los presupuestos generales del Estado obligaría a los afectados por los terremotos a pagar 7,2 millones de euros, ya que perderíamos la bonificación del IBI. Y además los lorquinos perderían otros 3 millones de euros para obras, que precisamente se van a invertir en pedanías, y encima lo dice al presentar un “foro” de pedanías donde al parecer debatirán cómo dejarlas sin inversiones, un auténtico esperpento.
Ese partido ha demostrado una plena ignorancia de Lorca aún a pesar de que su líder presidió la Región durante un año.
Resulta especialmente cínico que el Sr. Garre critique las obras en Juan Carlos I, cuando las promovía y aplaudía fervientemente cuando era presidente, y respecto del pago de las ayudas, cabría también preguntarse qué hizo él al respecto durante su año de gobierno. Parece que al no poder inaugurarlas él, transforma su frustración en una infantil pataleta impropia de un hombre de su edad.
Como colofón del total desconocimiento sobre Lorca de este señor, resulta que no sabe ni quién se sienta a su lado, pues le han "colado" como supuesto presidente de una Federación vecinal a un impostor que además demuestra no conocer tampoco la realidad de las pedanías de Lorca, apoyando fervientemente que les quiten 3 millones de euros de inversiones. Al parecer esto es la “regeneración” política".

El auto judicial de 'Novo Carthago' es una nueva oportunidad para el Mar Menor, según 'Anse'

CARTAGENA.- La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), que ejerce la acusación particular en el 'caso Novo Carthago', opina en un comunicado que el auto judicial apunta, aparte de los principales responsables de una recalificación de suelos que incumplió las normas ambientales, y que hubiera supuesto un enorme impacto ambiental, «probablemente la puntilla», en el entorno de la mayor laguna litoral española, el Mar Menor, gravemente afectada por otros muchos problemas de envergadura.

Anse recuerda que ha estado presente en todos los trámites administrativos y judiciales de este caso, y que advirtió desde el principio de las negativas consecuencias ambientales y sociales de una urbanización masiva (8.000 A 10.000 viviendas, 2 campos de golf, hoteles y diversas infraestructuras) al sur del Mar Menor, manteniendo incluso 4 reuniones sobre este asunto con el expresidente Ramón Luis Valcárcel.
Anse considera que, aunque el archivo de las imputaciones de responsables políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena pudiera parecer sorprendente, «pues han sido cooperadores necesarios de la tramitación de la recalificación de suelos», hace recaer la responsabilidad principal en el Gobierno de la Comunidad Autónoma, «verdadero impulsor de este despropósito, que supuso enormes pérdidas económicas para la extinta CAM o, más recientemente, para el Banco de Santander».
Aunque la investigación se ha prolongado durante varios años, Anse opina que tanto la fiscalía como la jueza han realizado un buen trabajo que facilitará la posible condena de los exaltos cargos regionales del Partido Popular, y podrían terminar con la anulación de la tramitación administrativa, que recientemente ha intentado retomar la empresa promotora, Hansa Urbana, ante el Ayuntamiento de Cartagena.
Valorando la enorme importancia de la imputación de tres exconsejeros del Gobierno Regional, Joaquín Bascuñana, Francisco Marqués y Antonio Cerdá, Anse sigue considerando a Valcárcel como máximo responsable del disparate urbanístico y ambiental de Novo Carthago.
Pedro García, director de Anse, confía en que la resolución judicial del caso Novo Carthago termine de forma parecida al de La Zerrichera, y varios altos cargos sean condenados por prevaricación entre otros delitos, acordándose la anulación definitiva de la recalificación de suelos. 
Las zonas agrícolas al sur del Mar Menor deberían de mantenerse al menos como No Urbanizable de Conservación del Mar Menor, y parte de ellas tendrían que ser restauradas ambientalmente pasando a titularidad pública.
El colectivo asegura que la gran diferencia con el caso de La Zerrichera es que el Gobierno de la Comunidad Autónoma no ha aprovechado la aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 del Mar Menor y su entorno para anular definitivamente la recalificación de suelos de Novo Carthago, en una demostración de que «el nuevo gobierno regional no ha aprendido del pasado, y sigue manteniendo propuestas urbanísticas disparatadas para un espacio natural único y gravemente amenazado».

La Conferencia Episcopal española rechaza la eutanasia por ser un «mal moral»

MADRID.- La Iglesia Católica española considera la eutanasia como un «mal moral y un atentado a la dignidad de la persona, que »nadie es dueño absoluto de su vida« y que »no existe un derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida«. 

Los obispos españoles lo han recalcado después de que el Congreso de los Diputados aprobase hace unos días -con los votos en contra de PP y UPN y la abstención de Ciudadanos- la admisión a trámite de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, que pide una reforma del Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio.
Esta propuesta pide exonerar de responsabilidad penal a quien ayude a morir a una persona con una enfermedad terminal o incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave.
En un comunicado emitido este lunes, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha reiterado que «el Estado tiene la obligación de proteger la vida de todos los ciudadanos» y han subrayado que la eutanasia es ajena al ejercicio de la medicina. 
«Ya el juramento hipocrático afirma: 'no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso'. (...) Las profesiones sanitarias siempre se rigen por el axioma de curar, al menos aliviar y siempre acompañar y consolar», han sostenido los obispos.
La CEE ha asegurado que lo que demandan los enfermos y sus familias es ayuda para asumir los problemas que se suelen presentar en los últimos momentos de la vida, en concreto con los «cuidados paliativos». 
En este sentido, ha precisado que la sociedad española demanda ampliamente los cuidados paliativos y ha lamentado que «se quiera proponer una ley de eutanasia cuando no se ha legislado a nivel estatal sobre la instauración» de estos cuidados.
La Subcomisión Episcopal para la familia y la defensa de la vida ha criticado que se presenten la eutanasia y el suicidio asistido como respuestas viables y aceptables al problema del dolor y el sufrimiento. 
Han destacado que la eutanasia no se refiere en exclusiva a la autonomía del individuo, ya que requiere la participación del personal sanitario.
En ese sentido, los obispos han recordado que el Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial establece que «el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste». 
«El mandamiento de 'no matarás' se encuentra en el fundamento de toda ética verdaderamente humana, y de modo particular, en la tradición cristiana», han defendido.

Descartan, de momento, cerrar playas después de aparecer tres carabelas portuguesas en Pinatar

SAN PEDRO DEL PINATAR.- El jefe de Protección Civil de San Pedro del Pinatar, Vicente Salas, ha confirmado hoy la aparición de tres ejemplares de carabela portuguesa este pasado sábado, en las playas de Punta de Algas, El Mojón y Torre Derribada.

Y ha confirmado también los tres organismos fueron hallados muertos en la orilla y, por el momento, ha descartado la necesidad de cerrar playas. 
«La información es mejor que la prohibición. No dejar a la gente que entre al agua no va a conseguir nada», ha comentado Salas, cuyo equipo se encargará de vigilar las zonas de baño, retirar los posibles restos arrastrados por la corriente, informar mediante banderas y tomar medidas únicamente si se llegara a observar un mayor número de ejemplares.
Para Ignacio Franco, investigador del Instituto Español de Oceanografía, este año su número es un poco mayor de lo habitual debido a los temporales de vientos que tuvieron lugar en la zona del Estrecho antes de Semana Santa. 
Al tratarse de una especie natural del Atlántico que no se reproduce en el Mediterráneo, los cuerpos deberían eliminarse de forma natural durante las próximas semanas. 
Según el experto, en los meses de verano ya no deberían quedar carabelas portuguesas en playas de la Región que pudieran causar problemas.

C's, PSOE y Podemos ponen el grito en el cielo tras conocer el procesamiento de los exconsejeros de Valcárcel

MURCIA.- Ciudadanos ha mostrado este lunes su «hartazgo y hastío» después de conocerse el auto de imputación de la juez encargada del caso Novo Carthago: «De nuevo, los murcianos vamos a tener que soportar la vergüenza de ver nuestro nombre manchado y arrastrado por el fango de la corrupción, y estamos ya cansados», ha lamentado el portavoz regional, Miguel Sánchez. 

«La corrupción en la Región, fruto de los años del todo vale, de la codicia sin límite y del capitalismo de amiguetes, semeja la legendaria hidra. Cortas una cabeza y surgen sin parar nuevos casos. Venimos de Auditorio, Barraca, Biblioteca, Púnica, Pasarelas o La Sal y Nueva Condomina, por citar los casos más mediáticos, y ahora nos encontramos ante Novo Carthago. Es la misma historia que parece no tener fin», ha destacado Sánchez.
«Hoy, el auto hubiera sido más impactante si Ciudadanos no hubiera forzado la salida de Bascuñana como condición imprescindible para alcanzar un acuerdo de investidura para dar estabilidad a la Región, si Ciudadanos no hubiera tenido una postura de firmeza ante la corrupción», ha recordado el portavoz, quien ha lamentado que «ni los murcianos ni las instituciones de nuestra Región se merecen los continuos golpes que les asestan un día tras otro los casos de corrupción, ligados en su inmensa mayoría a la gestión del PP».

Por su parte, el vicesecretario general del PSRM-PSOE y portavoz de la Ejecutiva, Francisco Lucas, ha asegurado, sobre el auto de procesamiento del caso 'Novo Carthago', que: «es una prueba más del daño que el Partido Popular le hace a la Región de Murcia».
Lucas considera que el procesamiento de tres exconsejeros de Valcárcel demuestra, una vez más, que el Partido Popular «ha usado, usa y usará las instituciones para beneficio de sus dirigentes, que se han creído que la Región es su cortijo».
El portavoz de la Ejecutiva socialista ha recordado que tanto la alcaldesa, Ana Belén Castejón, como el concejal Juan Pedro Torralba se personaron en este caso cuando estaban en la oposición. 
Una vez en el Gobierno de Cartagena, en Junta de Gobierno, han paralizado el intento de la empresa Hansa Urbana de reactivar el proyecto, y lo han enviado al juzgado.
«Nos preguntamos qué opinan la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, y su jefe, Fernando López Miras, sobre este nuevo caso que tanto daño nos hace. Seguramente estén a la espera de que el también procesado, y quien aún les manda, Pedro Antonio Sánchez, les diga qué tienen qué opinar».
«Por el bien de nuestra tierra y de la ciudadanía urge un cambio en el Gobierno regional, que apueste por la regeneración, la transparencia y las personas. Algo que solo puede conseguir Diego Conesa», ha concluido.

Finalmente el secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha señalado que el «desfile» de cargos o ex cargos del Partido Popular se está convirtiendo en «el pan nuestro de cada día. Ahora nos encontramos con una de las especialidades del PP, un caso relacionado con el urbanismo y el patrimonio público donde todo apunta a que se hicieron recalificaciones a la carta en perjuicio del patrimonio natural que nos pertenece a todos y todas».
«Nos alegramos de que los que han querido vender esta Región al mejor postor acaben ante la Justicia», ha comentado.
Óscar Urralburu ha afirmado que «son demasiados los casos ya en los que vemos siempre lo mismo. Ha sido y es una forma de hacer política con la que tenemos que acabar».
 Si bien, ha dicho el portavoz parlamentario y secretario general de Podemos, «gracias a que en esta Región han luchado y se han mantenido firmes ONG's, ambientalistas y la sociedad civil organizada, vemos como los que han tratado de esquilmar nuestros recursos están cara a cara con un juez para dar explicaciones.
Ellos han sido los que han peleado muy duro para denunciar estos casos». Además, ha recordado que estas asociaciones fueron las que «tuvieron el coraje de enfrentarse al PP de los años más oscuros y así se pudo parar el proyecto que iba al lado de Novo Carthago por el que había previsto construir más de 10.000 viviendas en la zona natural protegida de Lo Poyo».
Asimismo, ha hecho hincapié que Novo Carthago es también «ejemplo del maltrato sistemático del PP al Mar Menor. Si hoy día está como está, no alcanzamos a imaginar el impacto que hubiera tenido la presión de las dos macro urbanizaciones megalómanas sobre la laguna. Es terrible lo que ha intentado y lo que ha hecho en definitiva el PP con esta Región».
Óscar Urralburu ha subrayado que estos cargos del PP, «máximos responsables de la gestión de lo público durante el Valcarcelato, podrían haber cometido cohecho y blanqueo de capitales relacionados con el caso de Escombreras. Esta Región se merece que tiremos del hilo porque toda la corrupción del PP está conectada y queremos que los que nos han metido en el fango tantos años, y se han aprovechado de nosotros para beneficiarse a sí mismos y sus amiguetes, acaben pagando».
Por otro lado, Urralburu ha criticado que Ciudadanos haya mantenido bloqueada la comisión que se pidió en la Asamblea Regional para abordar este asunto. «Es algo totalmente ilógico en una formación que de cara a los medios dice luchar contra la corrupción» ha dicho Óscar Urralburu, «pero que luego, cuando hay que posicionarse y plantarle cara al PP, prefiere los pactos de despacho con los populares a los que acaba blanqueando».

'Somos Región' pide a C's que no apoye los PGE para provocar elecciones ante la realidad de un PP acabado

TORRE-PACHECO.- El presidente de Somos Región, Alberto Garre, pidió este lunes a Albert Rivera que «si de verdad quiere hacer algo por España, que retire el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y de este modo, provoque la convocatoria de elecciones generales». 

Para Garre, resulta evidente que el proyecto político del PP «está acabado» y que Ciudadanos está recogiendo buena parte de los apoyos que pierde el PP, por tanto si la formación naranja decide mantenerlo en el poder, no será por el interés de los españoles sino por un interés electoralista.
El expresidente regional hizo estas declaraciones esta mañana en Lorca, donde Somos Región presentó el programa de Foros de Pedanías y Barrios. Un proyecto que se desarrollará los próximos meses de septiembre, octubre y noviembre en las ciudades de Lorca, Cartagena, Murcia, Molina de Segura y Alcantarilla.
El objetivo de este programa es conocer de primera mano la problemática real de cada municipio pedanía a pedanía, barrio a barrio, calle a calle porque el compromiso de este partido es el de no hacer política de laboratorio, sino real. Políticas ligadas al ciudadano y a su entorno. 
En este sentido, Garre señaló que «no es coherente que se gasten más de cinco millones de euros en arreglar una calle, mientras todavía hay 12 millones sin llegar a los bolsillos de los afectados por el terremoto».
Para ello, se van a constituir diversos grupos de trabajo en cada municipio que trabajarán en aspectos concretos como infraestructuras, medio ambiente o movilidad y concretarán en qué medida afectan los proyectos nacionales a los vecindarios, como ocurre actualmente con el trazado del AVE en varios municipios de la Región.
Los resultados de estos grupos de trabajo servirán, según fuentes del partido, para obtener un diagnóstico de la situación municipal, que se sumará al diagnóstico que Somos Región ya presentó sobre la situación regional y en el que colaboraron más de 600 personas. 
Estos documentos formarán parte de un programa electoral «coherente» en el que las políticas municipales tendrán «un peso muy importante».
Junto a Garre, participó en esta presentación Rosario Segura, presidenta de Somos Región en Lorca y Antonio Ibarra, secretario general de Somos Región en Lorca y presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de esta ciudad.

El verano se adelanta toda esta semana en la Región excepto en la costa

MURCIA.- Los termómetros de gran parte de la Región rondarán los 30 grados a lo largo de los próximos días en una tendencia que, según la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), se prolongará durante lo que resta de semana. Así, Murcia será la ciudad que más sufrirá este aumento de los registros, con temperaturas de hasta 31 grados para la jornada de mañana martes.

Así, los cielos de la ciudad se mostrarán despejados durante toda la semana. Además, los registros máximos irán aumentando con el paso de los días hasta alcanzar los 32 grados de cara al fin de semana; del mismo modo, las mínimas también subirán hasta los 18 grados.
En esta línea, la previsión de la Aemet recoge un aumento de los registros máximos y mínimos en el Altiplano, donde también se podrá ver nubosidad de evolución que podrá desembocar en chubascos de cara al jueves y el viernes. 
En el Noroeste, los termómetros mostrarán temperaturas más elevadas, con máximas que superarán los 30 grados durante este martes y miércoles. En esta zona, los cielos también podrán dejar precipitaciones a lo largo del fin de semana.
Ajeno a esta prematura entrada del verano se encuentra el litoral regional. En Cartagena, los registros máximos y mínimos también subirán, pero de forma mucho más suave, con temperaturas máximas en torno a los 24 grados y mínimas que alcanzarán los 18.

El PSOE de Murcia quiere que la mitad de las nuevas calles de la capital lleven nombre de mujer

MURCIA.- El PSOE ha pedido hoy al Ayuntamiento de Murcia que al menos la mitad de los nombres que se aprueben para denominar nuevas calles en el municipio sean de mujeres, para dar un paso más hacia la igualdad.

Su concejal Juan Vicente Larrosa ha llevado hoy esa propuesta a la Comisión de Calles para «empujar todos y en todas las direcciones para lograr una igualdad real y palpable, entre otras razones, porque es lo que en estos momentos está reclamando la sociedad, justo y razonable».
Ha subrayado que «no hay más que echar un vistazo al callejero para observar que la inmensa mayoría de nombres corresponde a hombres destacados», cuando existen «mujeres insignes que han despuntado y sido ejemplares, por lo que también son merecedoras de ser recordadas en una calle». 
Actualmente, ha lamentado, en el municipio la mayoría de «los escasos nombres femeninos» del callejero están relacionados con la religión.
En la comisión de este lunes, ha detallado Larrosa, se ha presentado una propuesta con 25 nombres de hombre, 20 de mujer y 62 genéricos, a propuesta de las juntas municipales, a las que el concejal ha pedido que hagan un esfuerzo por buscar también «nombres de insignes vecinas, maestras, matronas, artistas... con el fin de lograr en un plazo de tiempo medio una paridad en el callejero».
«Estamos seguros de que por falta de nombres femeninos no es y que el hecho de que no se planteen también responde a esta tradición arrastrada y perversa de que la mujer siempre aparezca en segundo plano», ha lamentado.

La Región constituye el primer Observatorio para el seguimiento del Plan de Igualdad del Estado

MURCIA.- La Región de Murcia constituyó este lunes el primer Observatorio dedicado a hacer un seguimiento y ver el grado de aplicación del Plan de Igualdad que el Gobierno de la nación aprobó en 2015 en el ámbito de la Administración General del Estado.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, con motivo, precisamente, del I Encuentro Pro-Igualdad del Gobierno de España en la Región de Murcia al que asistieron las directoras territoriales del Estado en la Comunidad.
El objetivo es ver la evolución de las medidas que el Ejecutivo central «pone en marcha en el ámbito de sus competencias». En esta misma línea, desveló que en este mismo trimestre «se aprobará el segundo Plan Estratégico de Igualdad para 2018-2021 a nivel nacional», lo que conllevará la puesta en marcha de medidas centradas en acabar con la «brecha salarial y fomentar la vida personal y profesional».
A modo de ejemplo, precisó que en la Administración General del Estado «hay 42 direcciones generales territoriales en Murcia, 25 ocupados por hombres y 17 por mujeres, lo que supone 60% hombres y 40% mujeres en los puestos de dirección».
«Cuando el porcentaje funcionarial es a la inversa; 58 mujeres y 42 hombres, por lo que algo debe estar fallando cuando no estamos en la misma proporción en los puestos de responsabilidad hombres y mujeres», comentó.
A juicio del delegado del Gobierno, «es necesario constituir este observatorio para llegar a una igualdad real y efectiva». Para Bernabé, por este hecho «es necesario la puesta en marcha de este Observatorio y que se constituya un foco de reflexión en virtud del cual vamos a ver cómo se tienen que ir incrementando y desarrollando todas estas políticas para que nos hagan llegar a una igualdad real y efectiva».
En la mesa de trabajo se ha puesto de manifiesto los avances obtenidos desde la puesta en marcha de este Plan de 2015 que también incluía 82 acciones y un presupuesto de 23,1 millones de euros, para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural, en cinco ámbitos: Economía y Empleo, Participación Conciliación, Igualdad en las políticas de fomento y del medio rural y pesquero, e Impulso del conocimiento sobre las mujeres en este medio.
El Plan 2015, por primera vez incluía un programa de evaluación y seguimiento, con una dotación de 3.127 millones de euros de los que casi el 70% estaban destinados al empleo y la conciliación y que, por primera vez, el empleo era un objetivo prioritario en el que se centraban la mayor parte de sus 224 medidas.
Además, contemplaba actuaciones para mejorar la participación de las mujeres en los ámbitos social y económico, impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, y aplicar las políticas de igualdad en otros sectores, e integrar el principio de igualdad de trato y de oportunidades en todas las políticas del Gobierno.

Solo el 20% de estudiantes de etnia gitana de la Región terminan la ESO

MURCIA.- Solo dos de cada diez alumnos de etnia gitana en la Región de Murcia termina «con éxito» sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), según hizo saber este lunes el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, quien anunció la puesta en marcha de un grupo de trabajo multidisciplinar para detectar y poner solución a los problemas que tienen las personas de esta etnia.

La puesta en marcha de este grupo de trabajo multidisciplinar, integrado por cinco consejerías del Ejecutivo, responde al compromiso que López Miras asumió con el director de la Fundación Secretariado Gitano, Jesús Salmerón, en la reunión mantenida el pasado mes de abril en el Palacio de San Esteban.
Así lo hizo saber López Miras este lunes acompañado por Salmerón y por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, en un contacto de comunicación tras visitar la sede de la Fundación Secretariado Gitano, donde ha firmado la adhesión de la Comunidad a la campaña 'Partir de cero' para sensibilizar contra la discriminación.
López Miras señaló que el motivo de su visita a la Fundación Secretariado Gitano es que se comprometió hace algunas semanas con Salmerón. «Soy un presidente de hechos y, por eso, estoy aquí: para cumplir mi palabra, igual que voy a cumplir todas las palabras que durante este año y el que viene voy a ir dando al millón y medio de murcianos», remarcó.
De la misma forma, justificó su visita porque él solo entiende «una manera de gobernar», que es «para las personas y con las personas». Uno de sus principales objetivos como presidente es que la Región «sea una tierra de libertad y de igualdad de oportunidades, en la que todos tengan las mismas oportunidades».
«Por desgracia, hoy no todos tienen las mismas oportunidades y tenemos que trabajar en que no haya discriminación por razón de etnia, por razón de religión, de sexo, por razones culturales o económicas», según López Miras, quien recordó que en la Región de Murcia hay en torno a 30.000 gitanos que tienen las cosas «un poco más difíciles» que el resto de murcianos.
«De algún modo y, en determinadas circunstancias de su vida, estas personas sufren discriminaciones», tal y como lamentó el presidente de la Comunidad, quien remarcó que el Gobierno regional ya destina cada año 250.000 euros para programas de inserción laboral y para ayudas a familias. No obstante, advirtió que «no nos conformamos con esto y tenemos que avanzar mucho más».
López Miras aprovechó su visita para adherirse a la campaña 'Partir de cero' que pone en marcha la Fundación, para que el resto de murcianos «sean conscientes de las dificultades y de las discriminaciones que sufren muchas personas de etnia gitana».
En este contexto, el presidente del Gobierno regional anunció la constitución del grupo de trabajo multidisciplinar «integrado por representantes de cinco Consejerías para analizar cuáles son los principales problemas que se puede encontrar este colectivo en la Región, sobre todo en lo referente a vivienda, sanidad, familia, empleo y educación».
«Ya se ha puesto en marcha ese grupo multidisciplinar con cinco consejerías en la que se van a analizar los posibles problemas y, sobre todo, cuáles son las soluciones que desde la Administración regional se les van a dar», según López Miras, quien aseguró que el Ejecutivo va a trabajar «en una sola dirección, que es la misma que persigue la campaña de 'Partir de cero': que todas las murcianas y murcianos sean iguales y tengan las mismas oportunidades».
Entre otras cosas, López Miras ratificó su compromiso por que «la mayor parte de los gitanos puedan terminar la Educación Secundaria Obligatoria con éxito», lo que constituye un aspecto «importantísimo para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación». 
Y es que, en la actualidad, solo dos de cada diez alumnos de etnia gitana termina la ESO «con éxito», y cree que «tenemos que dar un paso más».
En este sentido, Salmerón agradeció a López Miras la creación de este grupo de trabajo multidisciplinar, lo que constituye «una satisfacción enorme» y cree que es una «oportunidad histórica para la comunidad gitana». 
Y es que, añade, «las cosas no van a cambiar por generación espontánea; si queremos cambiarlas tenemos que ser conscientes de la realidad y poner medidas, actuaciones, marcar unos objetivos, hacer seguimiento, valorarlo y dotar los programas que hagamos, porque si no, no llegaremos a ningún sitio».
Salmerón recordó que la Fundación Secretariado Gitano «desarrolla programas que ayudan a las personas que así lo desean a buscar empleo, formarse y mejorar esas oportunidades que, a veces, son complicadas porque no hay titulaciones ni formaciones».
En otras ocasiones, lamenta que las personas gitanas «arrastran esos prejuicios y estereotipos que, a veces, conducen a situaciones de discriminación y de no aceptación de una persona gitana a pesar de que tenga experiencia y formación».
En su opinión, hay una «línea clara» que tiene que ver con el empleo y la educación. «Si no se completa la educación y si no hay unos niveles mínimos, dificultan no sólo el bagaje cultural de cualquier persona, sino también el acceso al empleo y a cualquier otro recurso», aseveró.
Para la Fundación, el empleo y la educación son dos elementos «clave» que, junto a la vivienda y la salud, «conformarían la mejora de las condiciones de vida de la comunidad gitana». Como eje transversal, la Fundación atiende mucho la situación de los jóvenes y de las mujeres, en particular.
Insistió en la igualdad de trato, que «muchas veces trunca muchas expectativas y trunca muchas posibilidades de muchas personas que, a veces, tiran la toalla cuando han sufridos dos o tres situaciones de rechazo».
La Comunidad colabora con la Fundación Secretariado Gitano en otras muchas acciones, como la campaña 'Tizas de colores' y el programa de atención integral para evitar la exclusión. En total, destina 250.000 euros a los programas de inclusión laboral para personas de etnia gitana y ayudas a las familias.
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en España y en el ámbito europeo. 
Su actividad comenzó en los años 60 y se constituyó jurídicamente en 1982.
La misión de la Fundación Secretariado Gitano es la promoción integral de la comunidad gitana desde la atención a la diversidad cultural. Está presente en 14 comunidades. 
En la Región tiene implantación en los municipios de Murcia, Lorca, San Javier, San Pedro del Pinatar, Puerto Lumbreras, Calasparra y Cieza.

Los desahucios en la Región se reducen en un 60% desde 2013

MURCIA.- Los desahucios en la Región se han reducido en un 60% desde 2013 gracias al servicio de orientación y mediación hipotecaria y de vivienda que ofrece la Consejería de Fomento, según informó este lunes su titular, Patricio Valverde, en rueda de prensa.

Valverde se reunió con los Colegios de Abogados, Procuradores y Economistas, y con la Federación de Ayuntamientos de Murcia para renovar el servicio de orientación y mediación hipotecaria y de vivienda, que lleva activo cinco años de forma gratuita.
Indicó que desde comienzos de año la cifra sigue en descenso y que pretenden adelantarse tanto a los agentes de la propiedad inmobiliaria como a los bancos para conseguir información y que no lleguen al desahucio final, por lo que difundirán el teléfono de contacto (012) y realizarán una campaña de comunicación con el objetivo de que todos los ciudadanos conozcan este servicio. 
Valverde incidió en la necesidad de que «no solo los colegios sino también los jueces estén implicados, para poder evitar los desahucios».
El decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, Ramón Madrid, insistió en que los ciudadanos acudan con antelación al 012 ya que la mayoría de sus fracasos se producen porque los propietarios llegan ya con el procedimiento muy avanzado y deben «recurrir antes a ese servicio para que sea más fácil el trámite».
Asimismo, el consejero confirmó que se va a reunir con la plataforma para el soterramiento de las vías, para lo que, según confesó, ya se está informando de cara a conseguir soluciones que satisfagan a los vecinos del barrio de Santiago el Mayor.
El decano del Colegio de Abogados de Lorca, Ángel García, al ser preguntado por la huelga de jueces y fiscales, indicó que están de acuerdo con cualquier reivindicación para modernizar y agilizar los procesos judiciales pero que esta huelga también se debe a cuestiones laborales particulares de los jueces.
García explicó que el viernes ya hubo una reunión del Consejero General de la Abogacía Española para tratar asuntos muy concretos que se estaban demandando desde hace tiempo y «están pendientes del resultado», y adelantó que se van a mejorar los turnos de oficio que prestan los abogados para actualizarlos y que a pesar de que la huelga supone la paralización de muchos juicios y que no se celebren otros se van a posponer a la semana siguiente.

La demanda de viviendas en alquiler sigue descendiendo en España

MADRID.- La demanda de vivienda de alquiler ha caído en España un 36% en 2018, dado que actualmente sólo el 9% de las personas mayores de 18 años ha alquilado o está buscando alquilar una vivienda, frente al porcentaje del 14% de 2017, debido a la menor demanda por parte de los jóvenes ante el alza de los precios de alquiler, según el estudio ‘Radiografía del mercado de la vivienda 2017-2018’ realizado por el portal inmobiliario fotocasa con el objetivo de dimensionar y analizar la situación del mercado inmobiliario en el último año.

De acuerdo con este informe, el principal motivo de esta caída de demanda reside en la existencia de una menor proporción de jóvenes entre 18 y 34 años activos en el mercado del alquiler por el lado de la demanda. Los datos expuestos reflejan que entre los 18 y los 24 años hay un descenso de 14 puntos respecto al año anterior y entre los 25 y los 34 años la caída es de 9 puntos.
La directora de Estudios y Asuntos Públicos de fotocasa, Beatriz Toribio, ha explicado que el estudio refleja también que las “fuertes subidas” de precios en los alquileres “han hecho mella” sobre todo en los jóvenes reduciendo “de forma notable” su demanda y, no menos importante, su visión sobre esta forma de vida.
El estudio destaca que pierde apoyo la idea de un cambio de tendencia a favor del alquiler a causa del incremento de precios. En el caso de Cataluña, los datos revelan que el precio de alquiler de la vivienda ha subido más del 40%, mientras que en Madrid la subida ha sido del 30%. Toribio ha afirmado que, respecto a 2017, “gana fuerza la opción de la compra frente al alquiler, sobre todo en el segmento de 25 a 34 años”.
Por comunidades autónomas, la mayor caída del alquiler se observa en Madrid y Cataluña. En Madrid el mercado del alquiler ha caído del 21% al 15% respecto al año pasado, mientras que el mercado compraventa se ha mantenido en el 14%. De igual forma, en Cataluña el porcentaje correspondiente al total del mercado del alquiler ha caído del 15% al 14%.
Además, se observa que en casi todos los rangos de edad hay menos proporción de aspirantes a inquilinos que en 2017. Por el contrario, en el tramo de edad de 25 a 34 años se registra este año una subida de tres puntos entre los que han comprado una vivienda: pasa del 6% de 2017 al 9% en 2018.
En cuanto al mercado de la compra, se mantienen los mismos patrones que en el año 2017 en cuanto al porcentaje de población española interactuando con él. De esta manera, existe un 13% de la población española que ha participado en el mercado de la compraventa este año, respecto al 14% del año anterior. Esta pequeña caída reside principalmente en la subida del precio de la vivienda en un 5%, recuperando niveles de los años del ‘boom’.
De acuerdo al informe, el 66% de los españoles es propietario de, al menos, una vivienda. Analizando los datos al detalle, se observa que el 51% de los españoles mayores de 18 años es propietario de una vivienda, el 12% de dos y un 3% de más de dos. Esto lleva a concluir que un 34% de la población mayor de edad no dispone de vivienda en propiedad frente a un 15% que dispone de dos o más viviendas.
En cuanto a las expectativas sobre el mercado inmobiliario, el estudio determina que hay un 54% de los españoles que piensa que, a causa de las subidas en los precios del alquiler, compensa más pagar una hipoteca que alquilar una vivienda, frente a un 11% que está en desacuerdo sobre esta afirmación. Por otra parte, ha aumentado el respaldo social de que España se aproxima a otra burbuja inmobiliaria, un 36% de la población encuestada lo cree, frente al 23% de 2017.

Uno de cada cuatro contratos tiene una duración menor a una semana

MADRID.- El sector de los servicios concentró 413.232 contratos de menos de siete días de duración, cifra que representa el 23,3 % de los 1,77 millones de contrataciones que se celebraron durante el mes de abril, muestra de una elevada rotación que para los sindicatos evidencia la precariedad del mercado laboral.

El número de contratos registrados en abril supuso un incremento de 125.711 respecto a marzo, alza que se concentró en los temporales (con 129.488 más), ya que los indefinidos disminuyeron (3.777 menos), según se desprende de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
En ese descenso del número de contratos indefinidos, hasta totalizar 189.671, tuvo influencia el hecho de que la Semana Santa se celebrara en abril, lo que por otro lado también influyó en el alza de la contratación temporal, arraigada en el sector servicios.
En este sector, los contratos de menos de un mes de duración alcanzaron los 521.516, es decir, casi uno de cada tres del total de las contrataciones firmadas en abril en España.
Dentro de estas, tiene especial relevancia la modalidad de eventual por circunstancias de la producción, utilizada en 387.043 contratos.
Por subgrupo de ocupación, fueron concretamente los trabajos de servicios de restauración los que aglutinaron el mayor número de contratos temporales, con 242.850, seguidos por los peones agrarios (201.232), la industria manufacturera (125.542) y los servicios de limpieza (108.987).
En función del área de actividad, fue la de servicios de comidas y bebidas la que mayor número de contratos temporales acumuló, con 248.167 en total, seguida por agricultura, ganadería, caza y silvicultura (213.034).
En tercer lugar, la actividad de servicios de alojamiento realizó 89.956 contratos temporales durante abril, por delante del comercio minorista, que fue responsable de 86.173 contrataciones eventuales.
Si se tiene en cuenta el tamaño de la empresa, fueron las de menos de 25 empleados las que mayor número de contratos temporales acumularon, con un total de 747.916, seguidas por las de entre 100 y 500 empleados, con 306.474.
Desde el Ministerio de Empleo señalan que, pese a que el número de contratos indefinidos apenas representa un 10,7 % del total de los registrados el pasado mes, esta tasa se ha incrementado casi un punto y medio respecto a hace un año.
Además, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) el 74 % de los asalariados en España, es decir, 3 de cada 4, tiene un contrato indefinido, tal y como recordó el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, durante la presentación de los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado. Riesgo restó importancia al hecho de que la contratación indefinida disminuyera durante abril, atribuyendo el comportamiento a los efectos estacionales derivados de la Semana Santa.
Asimismo destacó que los contratos indefinidos alcanzaron su mayor cifra en un mes de abril de la serie histórica y que, en términos interanuales, crecieron el 25,2 %, casi el triple que la contratación temporal, que lo hizo un 8,9 %.
Para UGT, el hecho de que el número de contratos indefinidos hayan aumentado en tasa interanual a mayor ritmo que los temporales responde a la evolución del contrato para emprendedores, que asciende un 30 % anual, hasta alcanzar 25.441.
Tanto UGT como CCOO denunciaron que la elevada temporalidad está en máximos e instaron al Gobierno a que les convoque a la mesa de diálogo social para atajar la situación.
Concretamente, CCOO denunció que la elevada rotación laboral del empleo temporal se produce en un número limitado de puestos de trabajo que concentran muchos contratos temporales, en muchos casos de apenas unas horas o días.
Por su parte, desde la CEOE consideran necesaria una rebaja generalizada de las cotizaciones sociales para estimular la contratación y permitir una reducción de los costes laborales que posibilite aumentos salariales y creación de empleo estable.

Las abejas deben estar protegidas para garantizar el futuro de la alimentación humana


ROMA.- Hoy se celebra el primer Día Mundial de las Abejas, celebración declarada por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) con el propósito de concienciar sobre la importancia que tienen estos insectos polinizadores para el ser humano, las amenazas a las que se enfrentan, como el cambio climático, las enfermedades, la acción de los productos fitosanitarios que se emplean en la agricultura intensiva la contaminación o la pérdida de biodiversidad, así como su gran contribución al desarrollo sostenible.

Con motivo de esta celebración, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) lanza el siguiente mensaje: las abejas deben estar protegidas para garantizar el futuro de la alimentación humana. La organización insta a que los países realicen un mayor esfuerzo para proteger a las abejas y otros polinizadores, ya que de lo contrario la humanidad se arriesga a sufrir una caída de la diversidad alimentaria.
En este sentido, recordemos que el año pasado los expertos de la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea) que trabajan en el proyecto MUST-B, advertían que la pérdida de la población de abejas suponía una amenaza para la seguridad alimentaria y la biodiversidad
Según ha explicado la FAO anteriormente, del 90% de los 100 cultivos principales con los que se abastece la Humanidad, hasta un 71% de ellos son polinizados por las abejas, cuya actividad se traduce en seguridad alimentaria y un valor económico que supera los cientos de millones de euros.
La actividad polinizadora de las abejas está estrechamente asociada a la producción de alimentos, siendo esenciales para el desarrollo de numerosas plantas y árboles, además, en muchos casos existe una completa dependencia de las abejas. 
A esto es necesario sumar que producen un alimento muy valorado, la miel. Desgraciadamente, cada año se reduce el número de colonias y, por tanto, su producción en Europa, por lo que no es de extrañar que la producción comunitaria de miel no cubra el consumo interno y se recurra a la miel procedente de terceros países.
La ceremonia oficial de conmemoración del Día Mundial de la Abeja (World Bee Day) se celebró en Eslovenia, país soberano de Europa Central que ha impulsado esta celebración reconociendo a estos insectos por su habilidad para trabajar duramente y requiriendo a la vez muy poca atención. 
La FAO comenta que los países deben cambiar y desarrollar políticas y sistemas alimentarios, que sean amigables con estos polinizadores, recordemos que en Europa se dio un pequeño paso en este sentido al prohibir el uso de tres insecticidas neonicotinoides al aire libre (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam), medida que se hará efectiva antes de que acabe este año.
La FAO explica que no es posible seguir centrándose en el aumento de la productividad en base al uso generalizado de pesticidas y otros productos químicos que amenazan a los polinizadores y a los propios cultivos, por ello, es necesario convertir las palabras en hechos y poner en marcha iniciativas concretas que permitan la conservación de las abejas y otros polinizadores, ya que cuidar su supervivencia es cuidar la supervivencia del ser humano. 
A nivel mundial, más del 75% de los cultivos dependen en mayor o menor medida de los polinizadores, su ausencia eliminaría productos como las almendras, el café, las manzanas, el cacao o los tomates, entre otros.
En este sentido, merece la pena retomar la lectura del post ¿Cómo sería la alimentación humana sin las abejas?, como explicábamos en él, siendo extremistas se podría responder a esa pregunta con la frase atribuida a Albert Einstein: “Si las abejas desaparecieran, a la humanidad le quedarían cuatro años de vida”. 
No sería así, pero la desaparición de los polinizadores supondría cambios profundos que amenazarían seriamente la seguridad y diversidad alimentaria. La perdida de biodiversidad afectaría al equilibrio ecológico, el precio de los alimentos aumentaría considerablemente, no podríamos disfrutar de alimentos tan preciados como la miel, etc.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura explica que todos tenemos la responsabilidad de proteger a las abejas y tomar decisiones que sean favorables a los polinizadores, abejas, mariposas, pájaros, murciélagos, etc. 
Pequeñas decisiones bastan, por ejemplo, cultivar flores que sirvan de alimentación a las abejas. Claro, que en realidad esto sirve de poco si no se acompaña con medidas como la agroecología, recordemos que en este sentido la ONU hace años que apuesta por este modelo de agricultura como el mejor para garantizar el abastecimiento alimentario en las próximas décadas.
La FAO advierte que el número de polinizadores y su diversidad han disminuido en las últimas décadas, las evidencias muestran que las causas principales son las actividades humanas y el cambio climático, de ahí que se abogue por las prácticas agrícolas sostenibles como la agroecología, ya que podría ayudar a proteger a las abejas al reducirse la exposición a los pesticidas y diversificar el paisaje agrícola. 
La organización ha puesto en marcha el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas como un marco para definir las mejores prácticas que pueden ayudar a disminuir la exposición de los polinizadores a los pesticidas.
Sobre la celebración del Día Mundial de las Abejas 2018, la ceremonia oficial se desarrolló en Eslovenia, concretamente en la localidad de Breznica, lugar en el que nació un 20 de mayo del año 1734 Anton Janša, apicultor y pionero de la apicultura moderna, de ahí que se haya elegido el 20 de mayo para la celebración. 
A través de la página oficial del World Bee Day 2018, se pueden conocer más detalles sobre este tributo.

Aumentan un 60% los menores extranjeros que han llegado solos a España

MADRID.- Los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en España bajo tutela del Estado son 6.414, un 60 por ciento más que los registrados en 2016, que fueron 3.997, la mayoría marroquíes y argelinos. Son datos recogidos por la ONG Save the Children en su informe “Los más solos”, en el que advierte de que ese número es superior porque hay niños migrantes que no han sido reconocidos como tales y otros han huido de los centros donde han sido ingresados.

En 2017 España registró 2.417 nuevos menores extranjeros no acompañados, de los que 2.177 llegaron en pateras.
De los tutelados en 2016 por las administraciones, 825 abandonaron los servicios de protección y aparecen “en fuga” porque se desconoce su paradero, ha explicado el director de Save the Children, Andrés Conde.
“Muchos esconden su condición de menor para evitar ser tutelados por una comunidad en la que no desean quedarse” y otros viven en desamparo, como el centenar de niños que se concentran en la zona de los puertos de Melilla y Ceuta con la intención de llegar a la península escondidos en transbordadores.
Más de la mitad de esos menores tutelados por las administraciones se encuentran en Andalucía y Melilla, ha añadido Conde, quien ha reclamado que se impulse el sistema de acogida familiar para estos jóvenes.
“Nuestro país no está preparado para garantizar los derechos de estos niños migrantes”, muchos de ellos acaban en centros de adultos y muchos menores huyen de “un sistema que sienten que no les están protegiendo”, ha explicado Ana Sastre, directora de Sensibilización de Save The Children en la presentación del informe.
A lo largo del documento se exponen testimonios de 65 jóvenes que han pasado por el sistema de protección para menores migrantes, pero también de los que nunca llegaron a ser tutelados.
Como Omar Sylla, un joven senegalés que ha explicado en la presentación del informe, que salió de su país con 17 años y llegó en patera a Tenerife, donde nadie le preguntó si era menor, por lo que fue ingresado en un centro de internamiento de extranjeros, como un adulto más y posteriormente trasladado a Madrid.
“Me preguntan los amigos que quieren venir y les digo que si tengo que volver a mi país en patera para ver a mi familia nunca volvería”, ha dicho este joven, que explica que en Senegal “solo se ve el lado positivo de ese viaje, no que algunas pateras no llegan”.
Omar sigue viviendo en España, gracias al apoyo que recibió en su día de particulares. “Nunca tuve ni formación, ni talleres para integrarme y tener un trabajo, estuve muchos años sin saber por dónde empezar porque las leyes nos impiden entrar en el mercado de trabajo”, ha señalado.
Save the Children reclama que el primer permiso de residencia sea de al menos cinco años y propone establecer criterios iguales que garanticen las condiciones mínimas de acceso y ejercicio a los derechos que deben garantizarles los sistemas de protección.
“La legislación permite que los menores migrantes sean rechazados cuando llegan a los puestos fronterizos, sin conocer su situación particular y su vulnerabilidad”, denuncia la ONG.
Además, la ley permite declarar adultos a los niños “que logran entrar al territorio desafiando todas las adversidades, sin ni siquiera hablar con ellos”, unos niños que han realizado un viaje que puede ser de meses e incluso años.
El informe lamenta que dos de cada tres peticiones de asilo tramitadas por menores sean rechazadas.
La ONG reclama además la reforma de la ley para que ningún niño con un documento que acredite la edad sea sometido a pruebas y que se fije en el futuro reglamento de asilo que los niños puedan pedir protección internacional sin depender de su familia.
Tras la mayoría de edad, propone un plan individualizado de seguimiento y acompañamiento hasta al menos los 25 años.

El Papa Francisco creará en junio 14 nuevos cardenales

CIUDAD DEL VATICANO.- Luego del rezo del Regina Coeli ayer domingo, el Papa Francisco anunció la celebración de un Consistorio para la creación de 14 nuevos cardenales procedentes de 11 países.
«Me alegra anunciar que el 29 de junio tendrá lugar un Consistorio para la creación de 14 nuevos cardenales. Sus orígenes expresan la universalidad de la Iglesia que continúa a anunciar el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra».
«La inserción de los nuevos Cardenales en la Diócesis de Roma manifiesta el inescindible vínculo entre la sede de Pedro y las Iglesias particulares difundidas por el mundo», señaló el Santo Padre.
Entre los nuevos Cardenales están el Patriarca de la Babilonia de los Caldeos, Su Beatitud Louis Raphaël I Sako; el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Mons. Luis Ladaria, el Vicario General de Roma, Mons. Angelo De Donatis; y el Delegado Pontificio para la Soberana Orden Militar de Malta, Mons. Giovanni Angelo Becciu.
Esta es la lista completa de los 14 nuevos Cardenales:
1. Su Beatitud Louis Raphaël I Sako, Patriarca de Babilonia de los Caldeos.
2. S.E. Mons. Luis Ladaria, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
3. S.E. Mons. Angelo De Donatis, Vicario Generale de Roma.
4. S.E. Mons. Giovanni Angelo Becciu, Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y Delegado Especial en la Soberana Orden Militar de Malta.
5. S.E. Mons. Konrad Krajewski, Limosnero Apostólico.
6. S.E. Mons. Joseph Coutts, Arzobispo de Karachi.
7. S.E. Mons. António dos Santos Marto, Obispo de Leiria-Fátima.
8. S.E. Mons. Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo.
9. S.E. Mons. Desiré Tsarahazana, Arzobispo de Toamasina.
10. S.E. Mons. Giuseppe Petrocchi, Arzobispo de L’Aquila.
11. S.E. Mons. Thomas Aquinas Manyo, Arzobispo de Osaka.
12. S.E. Mons. Sergio Obeso Rivera, Arzobispo Emérito de Xalapa.
13. S.E. Mons. Toribio Ticona Porco, Prelado Emérito de Corocoro.
14. R.P. Aquilino Bocos Merino, Claretiano.

La española 'Navantia' parte como favorita para construir nueve fragatas para la Armada australiana

SIDNEY.- La empresa española Navantia parte como favorita en la licitación para construir nueve fragatas para la Armada australiana por los costes más bajos frente a otros dos competidores y su experiencia en el país, indicó hoy un estudio.

El Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI, siglas en inglés) publicó el informe antes de que el Gobierno australiano licite el proyecto en las próximas semanas.
Navantia compite con la británica BAE y la italiana Fincatieri para hacerse con el proyecto SEA 500 Future Frigate, valorado en 35.000 millones de dólares australianos (26.331 millones de dólares o 22.375 millones de euros).
"El diseño de Navantia probablemente será el más eficiente de implementar en los astilleros de Australia debido a la similitud con los AWD (destructores antiaéreos) y es probable que sea la opción menos costosa, a menos que haya cambios significativos en el diseño para lograr ASW (antisubmarinos) de alto rendimiento", señaló el estudio.
La ASPI destacó que "Navantia tiene las ventajas de la experiencia laboral del programa AWD de la clase Hobart y de haber asumido las lecciones de ese programa, además de haber integrado el sistema de combate Aegis en el diseño".
También señaló las coincidencias en la cadena de suministro militar que tiene la empresa española con otros barcos de la Armada australiana.
Navantia participa en el consorcio local AWD Alliance, al que Australia encargó tres destructores, basados en diseños españoles y construidos en los astilleros de Adelaida, el primero de los cuales, el Hobart, fue entregado el pasado septiembre. 
Anteriormente Navantia construyó los buques anfibios HMAS Canberra y HMAS Adelaida, que entraron en servicio a finales de 2014 y 2015, respectivamente.
Con el Proyecto SEA 500 Future Frigate el Gobierno australiano pretende reemplazar los barcos de la clase Anzac a partir de mediados de 2020, así como reactivar el trabajo de sus astilleros en el estado de Australia del Sur.

La banca gana en comisiones el triple de lo que timó con las cláusulas suelo

MADRID.- Las comisiones bancarias están ganando tal peso en el negocio bancario español que su aumento en los cuatro últimos años supera con creces lo que el sector timó a sus clientes con las cláusulas suelo durante la burbuja inmobiliaria: los 9.637 millones de euros ingresados entre 2014 y 2017 sobre el registro de 2013, cuando el Supremo marcó la doctrina sobre el fraude hipotecario que la justicia comunitaria corregiría a favor de los consumidores, triplican los 3.170 que consignaron las principales entidades para hacer frente a las demandas, según Público.

En esos cuatro años, los bancos que operan en España ingresaron por comisiones cobradas a sus clientes 94.891 millones de euros, con un aumento de 9.704 sobre los 21.572 de 2013, a los que se suman otros 13.430 recaudados por las cajas entre 2014 y 2016 (no hay datos de 2017 todavía), en este caso con una pérdida de 67 sobre el nivel del ejercicio de referencia.
El pago de esas comisiones por servicios financieros, cuya creciente cuantía se sitúa ya en el entorno de los 29.000 millones anuales, está resultando clave para un saneamiento, reestructuración y cambio de modelo de negocio del sector financiero cuyos costes soporta el ciudadano tanto de manera directa como indirecta: a los 42.590 millones de euros en dinero público del rescate iniciado en 2012 que el Banco de España ya da por perdidos se les suman los alrededor de 50.000 millones que las entidades financieras han obtenido en intereses de la monumental deuda pública del Estado, consecuencia del desbocado déficit generado por el Gobierno pese al notable incremento de la recaudación tributaria.
En el caso de los bancos, la partida de ingresos por comisiones ha aumentado en más de 5.000 millones de euros al año si se toma como referencia 2010, el ejercicio en el que el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a intervenir en el sector de las cajas de ahorros, cuando la anotación por ese concepto era de 20.207 millones, y 2017, cuando se había disparado hasta 25.361, según indican las cuentas consolidadas de la Asociación Española de la Banca (AEB). La horquilla baja hasta los 3.681 si se toma como punto de partida el 2011, el último ejercicio previo al rescate.
En esos siete años, los bancos españoles ingresaron 160.008 millones de euros por comisiones; 138.328 si el contador se pone a cero en las vísperas del rescate.
Los ingresos por ese concepto se han reducido en las cajas de ahorro, aunque en una cuantía muy inferior al crecimiento que han experimentado en la banca: 803 millones entre 2010 y 2016 (último ejercicio con datos), cuando cayeron de 5.127 a 4.324, y menos de 500 en los dos años anteriores, ya que la recaudación alcanzó los 4.520 en 2014 y los 4.586 en 2015.
A pesar de ese desplome, que coincide con una etapa en la que los bancos han arrebatado a las cajas 100.000 millones de euros en depósitos y casi cinco puntos del pastel del crédito, estas últimas ingresaron 28.476 millones de euros en los seis primeros años de esta década, lo que situará la recaudación conjunta por comisiones en el sector financiero por encima de los 190.000 millones entre 2011 y 2017.
Llama la atención cómo en el caso de los bancos los ingresos por comisiones se dispararon a partir de comienzo de la recuperación de las variables macroeconómicas en 2014. La partida, que ese año creció en 345 millones, lo haría en 1.646, 527 y 1.311 en los siguientes en los bancos. En las cajas, 2014 fue el primer ejercicio en el que se frenó la caída, con un aumento de 21 millones al que le seguirían otro de 66 antes de pinchar con 262 en 2016.
De hecho, las comisiones son hoy uno de los puntales del negocio bancario español tras ganar tres puntos y medio de peso en los ingresos de origen comercial: suponían el 17,74% antes del rescate, con 21.680 millones de 122.162, y ya representan el 21,2%, con 25.361 de 119.619.
El margen que dejan en las cuentas de los bancos se ha incrementado en más de 1.500 millones de euros desde 2011, al pasar de 17.558 a 19.107, mientras el de la otra para principal del negocio, los intereses de los créditos, crecía en más de 8.000 (de 50.726 a 59.009) pese a que el volumen se reducía en más de 6.000 al caer de 100.482 a 93.988.
En ese periodo, el margen bruto de explotación de las entidades bancarias crecía de 75.553 millones de euros a 84.930, mientras las ganancias netas aumentaban de 9.808 a 15.264 y los impuestos pagados por esos beneficios lo hacían de 1.628 a 6.530.
Ese aumento de casi 5.000 millones de euros en la factura fiscal del sector financiero tiene dos causas: la mejora del negocio, por una parte, y, por otra, el progresivo consumo de los descuentos fiscales que las entidades arrastran desde el inicio de la crisis, conocidos como TDA (Activos Fiscales Diferidos, por sus siglas en inglés) y cuya reducción ralentizó el Gobierno al librar a la banca de la rebaja de cinco puntos del impuesto de Sociedades de 2015.

Confrontación entre Bankia y los sindicatos por los cursos de MiFID II

MADRID.- Los cursos que acreditan que los trabajadores de Bankia disponen de los conocimientos necesarios en materia de asesoramiento financiero para cumplir con la directiva MiFID II han despertado un nuevo episodio de tensión entre la dirección de la entidad y los sindicatos, según publica hoy www.vozpopuli.com.

Aquellos empleados del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri que hayan suspendido tres veces la formación de la nueva normativa comunitaria tendrán que pagar de su bolsillo unos 158 euros correspondientes a las tasas de la próxima convocatoria del examen.
Así se lo ha comunicado Bankia a los trabajadores que se encuentran en esta situación, unos 150, según fuentes sindicales. Vía correo electrónico, la entidad les ha avisado de que no serán incluidos en las próximas convocatorias que organiza y les ha informado de que disponen de un plazo de un año para presentar la certificación.
Si los empleados no obtienen el título, Bankia hará constar tal eventualidad en su expediente, por lo que desde UGT entienden que podría tratarse de una amenaza velada de despido. No obstante, los empleados que carezcan de la certificación podrán seguir asesorando y comercializandoproductos financieros, aunque el proceso deberá ser supervisado por un trabajador que sí disponga de tal homologación.
En los últimos doce meses, unos 7.500 trabajadores de Bankia se han presentado a las pruebas de certificación de conocimientos con un 95% de aprobados. El banco dispone de un acuerdo de formación con la Fundación de Estudios Financieros (FEF) para la obtención del título de Asesor Financiero, certificado por la CNMV.
El precio del curso se sitúa en el entorno de los 1.000 euros, a los que se deben sumar 158 euros correspondientes a los derechos de examen. La entidad, de la que el Estado es el principal accionista con una participación del 60% a través del Frob, costea este importe a sus empleados.
Para los que ya hayan suspendido tres veces la prueba, Bankia les permite acceder durante seis meses a la plataforma del curso, pero tendrán que pagar las tasas de la próxima convocatoria a un "precio reducido", en el marco del acuerdo con FEF.
Al aprobar este examen, los empleados de banca acreditan que cumplen con los conocimientos que MiFID II, que regula, entre otros aspectos, la comercialización de productos de inversión, la prestación de servicios de asesoramiento y la gestión de carteras.
Desde UGT exigen a Bankia que los empleados no tengan que abonar nada por la certificación, pues lamentan que sean los propios trabajadores, aunque sean pocos, los que tienen que pagar por su formación.
Por su parte, CCOO critica que no se haya avisado hasta ahora de que el número máximo de convocatorias costeadas por la entidad iba a ser de tres. "Una vez más, la previsión y programación de Bankia brilla por su ausencia", denuncia el sindicato.
Este nuevo episodio de confrontación se produce después de que la entidad y los sindicatos alcanzasen un acuerdo para la salida de 2.000 empleados en el marco del ERE para la integración de BMN. Según informó el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, durante la presentación de las cuentas correspondientes al primer trimestre, está previsto que el proceso se complete este 2018, antes de la fecha prevista inicialmente.
"Cuando diseñamos el plan de integración pensábamos que parte de de las salidas se extenderían a 2019, pero la idea es que esté cerrado, en términos de personas, antes de 2018, lo que permitirá acelerar la reducción de costes”, indicó Sevilla entonces.
Hasta abril, un total de 1.180 empleados abandonaron la entidad, mientras que entre mayo y junio está previsto que salgan cerca de medio millar de trabajadores. Según los sindicatos, el ajuste, movilizaciones incluidas, podría cerrarse después de verano, en septiembre u octubre, un año antes de la fecha inicialmente prevista.

Mercedes Alaya: «PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación»


SEVILLA.- Mercedes Alaya, la juez que «tirando del hilo» destapó numerosos casos de corrupción en España, rompe su silencio y concede a Abc su primera entrevista, que se desarrolló en el Cortijo Torre de la Reina (Guillena, Sevilla), donde durante más de dos horas expuso sus opiniones sobre la independencia del poder judicial, las macrocausas y la necesidad de reformar el Código Penal para casos de corrupción, entre otras cosas. 

La que fuera juez instructora de los casos ERE, Mercasevilla, cursos de formación, avales... asegura que PSOE y PP votaron en el Consejo General del Poder judicial «apartarla» de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde -dice- habían encontrado hechos «sumamente graves».

En sus intervenciones públicas ha hecho bandera de la independencia del poder judicial. ¿Está amenazada esa independencia está en España?
De muerte no, pero sí de grave enfermedad. La independencia judicial es el baluarte y el principal pilar del Estado Social y democrático de Derecho, es la garantía de la libertad de los ciudadanos y de los derechos fundamentales. Nuestra joven democracia tiene un sistema judicial que resulta envidiable en principio para el resto de los países que nos rodean y me refiero a Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos... En esos países, quien lleva la investigación judicial de los delitos es el fiscal, que depende directamente del poder ejecutivo, más concretamente del ministro de Justicia y a veces éste forma parte del poder judicial. Allí quien termina finalmente investigando es la Policía sin apenas control alguno y rige el principio de oportunidad, que es lo mismo que discrecionalidad, que se convierte lógicamente en arbitrariedad porque se persiguen los delitos según, cómo y quién.
En España, en cambio, rige el principio de legalidad, donde se persigue cualquier delito que se cometa, sea cual sea el delincuente o quien gobierne. Por tanto, tenemos en España un sistema judicial que en teoría puede darle veinte mil vueltas al que tienen el resto de países europeos, pero en la práctica ese principio de oportunidad se pretende introducir a través del Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente politizado, y a través del Ministerio Fiscal, que depende directamente del Gobierno porque éste nombra al Fiscal General del Estado.

En los primeros años de la democracia se acordó la elección de parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte del Congreso y el Senado. ¿De aquellos polvos vienen estos lodos?
Claro. La Constitución dice que el CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces, constituido para garantizar la independencia judicial, estaría constituido por un presidente y 20 vocales. Por la desconfianza inicial hacia los jueces y otros cuerpos, como la Policía o los militares, se estableció que 8 de los 20 vocales serían nombrados entre juristas de reconocido prestigio y el resto, entre jueces. Esto hoy no tendría ningún sentido porque los jueces somos juristas de reconocido prestigio y entre nosotros hay muchas figuras de relevancia.
Las Leyes Orgánicas del Poder Judicial establecieron con posterioridad cómo se elegían los otros 12 miembros del CGPJ. Cuando llegó el PSOE al Gobierno, con la Ley Orgánica 6/1985, y al grito del señor Guerra de «Montesquieu ha muerto», fusiló la independencia del poder judicial ya que esos 12 vocales judiciales del CGPJ también iban a ser elegidos por el Congreso y el Senado. Eso no significaría nada si no fuera porque el CGPJ elige los principales órganos jurisdiccionales: el presidente del Tribunal Supremo y a su vez presidente del CGPJ, el vicepresidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de Sala, a los magistrados del Tribunal Supremo y al director del gabinete técnico de dicho Alto Tribunal; al secretario y vicesecretario del CGPJ; a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas; al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de sala de dicho órgano, así como a presidentes de las Audiencias Provinciales... Incluso, un tercio de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas son elegidos a través del CGPJ por los parlamentos autonómicos. ¿Qué han conseguido con eso? Introducir al poder político y a los partidos políticos dentro de los procedimientos judiciales porque esos altos órganos jurisdiccionales sí que intervienen en los procedimientos, creando cuanto menos una apariencia de falta de independencia judicial.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de corrupción acaban en esos altos tribunales, parece difícil que los partidos políticos vayan a renunciar a nombrar a parte de los vocales del CGPJ.
Efectivamente. Y encima nos encontramos con la falta de independencia del Ministerio Fiscal, que es normalmente la única parte acusadora en los delitos contra la Administración o también llamados de corrupción. Así es que la conclusión es que no todos somos iguales ante la justicia. Se aplica la ley a rajatabla en un delito ordinario, pero la situación no va a ser la misma en un delito de corrupción o en el que haya personajes que tengan cierta concentración de poder. Por ello soy una firme defensora de la acción popular, de que los ciudadanos puedan intervenir en esos procesos.
¿Qué opina de la reforma judicial que permitirá a los fiscales instruir las causas, en lugar de hacerlo un juez?
Con eso tendríamos la tormenta perfecta porque esa instrucción por parte de los fiscales se plantea sin que gocen de independencia, sino que seguirían dependiendo del Fiscal General del Estado y, por tanto, del Gobierno. Se plantea esa reforma de una manera muy grosera porque el fiscal irá instruyendo pero al órgano de enjuiciamiento no le llegará lo que ha instruido, es decir, el atestado, la declaraciones de los investigados y de los testigos... algo importantísimo para conocer el contenido de la investigación y hacer valer las contradicciones por las partes acusadoras. Estamos volviendo al sistema de los gobiernos neoliberales de Alemania, Francia y Reino Unido, en los que impera el principio de oportunidad, no de legalidad. Vamos en dirección contraria a Italia, donde se encuentran algunos de los mejores procesalistas del Derecho Comparado, donde el Ministerio Fiscal dependía en un principio del Poder Ejecutivo, pero conscientes de que ello suponía una falta absoluta de independencia, establecieron que el fiscal, integrado en el Consejo General de la Magistratura, como el resto de los magistrados, realizara su función instructora con total independencia. Allí la diferencia es de mera denominación pues todos son magistrados, unos dedicados a la investigación y otros al enjuiciamiento.
Se queja de que la apartaran de las macrocausas, pero fue usted quien pidió irse del Juzgado de Instrucción 6 para ocupar una plaza en la Audiencia Provincial.
Mi decisión de ascender a la Audiencia vino motivada porque tiene cuatro secciones penales y era muy difícil ascender salvo que se diera una circunstancia excepcional, como la que se dio entonces al crearse una quinta plaza de magistrado en cada sección. Con independencia de que esa oportunidad estaba ahí, yo recabé el compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial y de la Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se me iba a mantener la comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción 6 para terminar las macrocausas aunque ganara esa plaza en la Audiencia. Fue una autorización verbal porque hasta que yo no pidiera la plaza esa comisión de servicios no se podía producir. Me dieron la conformidad personas que hasta ese momento me merecían todos los respetos y confianza. Esas personas estaban en contacto conmigo casi a diario para aconsejarme qué pasos tenía que seguir.
El presidente de la Audiencia Provincial o los vocales mayoritarios del CGPJ querían que yo acabara de instruir las macrocausas, dado el conocimiento adquirido después de cuatro años investigando asuntos tan extremadamente complicados. Ese compromiso se me mantuvo en todo momento, incluso después de haber accedido a la Audiencia. De hecho, la sección séptima de la Audiencia Provincial, a la que yo me incorpore, estaba convencida de que mi estancia allí iba a durar días porque tendría la comisión de servicios en el Juzgado de Instrucción 6. ¡Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos! En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer más. La causa real de la denegación de la comisión de servicios fue, desde mi punto de vista, el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas.
¿Por qué al PP no le iba a interesar que se siguieran investigando los cursos de formación?
Porque había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas. En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE. Mi percepción personal, y la del  equipo de investigación que yo había formado con la UCO, es que no querían que investigáramos los cursos de formación, porque lo que estábamos viendo era sumamente grave, como era que una Administración impidiera físicamente a los funcionarios que controlaran el desarrollo de los cursos de formación sin ponerles coches, sin pagarles dietas, sin darles posibilidad de horarios, cursos que en muchísimos casos no se impartían; en otros supuestos, sin seguir el procedimiento expresamente previsto, se utilizaban las subvenciones a formación concedidas por la Junta para con ellas pagar nóminas a trabajadores, que en muchos casos no recibían dicha formación, pero permitiendo con ello que durante el tiempo de la supuesta formación siguieran cotizando a la Seguridad Social, lo que posibilitaba que los trabajadores pudieran acceder nuevamente a prestaciones por desempleo. Asimismo, durante años se concedieron nuevas subvenciones para cursos de formación a cientos de empresas sin haber acreditado previamente los gastos de las subvenciones recibidas el año anterior, que es lo que la normativa exige. Además estaba investigando el tema de la fundación Faffe, de la que podríamos hablar durante largo tiempo con hechos sorprendentes. Insisto en que a mi modo de ver no interesaba la investigación de los Cursos de Formación.

El caso de los avales concedidos por la Agencia IDEA, de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, era presuntamente como el de las ayudas sociolaborales pero con otro ropaje distinto, es decir, conceder avales sabiendo que no los iban a ejecutar a las mismas empresas que habían recibido ya ayudas sociolaborales o a otras diferentes. Estamos hablando de avales que no llegaron a intentar ejecutarse nunca. Cuando abandoné el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la instrucción de esta causa, con el conocimiento adquirido del tema de los ERE, la dejé expresamente ordenada, especificando todas las diligencias de investigación que debían practicarse.

Si hubiera sabido que no le iban a dar la comisión de servicios para acabar las macrocausas, ¿hubiera perdido la oportunidad de ascender a la Audiencia?
No me hubiera movido del juzgado porque tenía un compromiso personal con estas causas y con el equipo de investigación que había formado con la UCO, con los interventores del Estado, los inspectores de Hacienda, inspectores del Consorcio de Compensación de Seguros y los funcionarios de mi juzgado, en especial con Charo, funcionaria a la que la Guardia Civil impuso una medalla por el servicio prestado, que me acompañaron en estos avatares. Yo estaba disfrutando con lo que estaba haciendo, y creía que mi lugar era ese en aquel momento.
Se le ha criticado por querer acaparar toda la instrucción del caso de los ERE y no querer compartirla con otros jueces de refuerzo.
Desde 2011 a 2013 yo había llevado los tres casos de Mercasevilla, el Betis, los ERE, junto al resto de las causas ordinarias de mi juzgado y mis guardias. En 2013 me nombraron un juez sustituto, Iván Escalera, para la llevanza ordinaria de los asuntos, cosa que hizo maravillosamente a fin de que yo pudiera dedicarme a la investigación de aquellas causas complejas. Caí enferma y a la vuelta, el presidente del TSJA me planteó que quería reforzar mi juzgado con dos jueces más para la llevanza de los macroprocesos. Yo me incorporé todavía enferma, cuando todavía tomaba 17 pastillas, y no me podía permitir el lujo de dar clases particulares a jueces que no tenían ni idea de por dónde tenían que coger esos temas. Estamos hablando de millones de folios. Me costaba más trabajo explicarles lo que había instruido, lo que tenían que hacer y luego coordinar todas las actuaciones, que hacerlo yo misma. Por eso no quise aceptar la ayuda de esos dos jueces. No quería aceptar además ninguna ayuda fuera del juez sustituto porque esa ayuda era a cambio de presiones internas del TSJA. Dicho y hecho.

Finalmente, no tuve más remedio que acceder porque se cesó al referido juez sustituto y se me impuso la ayuda de un magistrado titular de refuerzo para que llevara los asuntos ordinarios y además me obligaron a cederle las guardias. Cobrar o no cobrar esas guardias era lo de menos, pero me quitaba la posibilidad de que una vez a la semana tratara otros temas diferentes y estar en contacto con el personal de mi juzgado. Con ese magistrado titular de refuerzo fue cuando el juzgado estuvo en los asuntos ordinarios más retrasado que nunca, lo contaban los funcionarios, y eso puede verse en las estadísticas. Era muy habitual cuando llegaba la una de la tarde, que ese compañero me dijera: me voy al club Pineda a almorzar con mi mujer, o me voy a recoger a mis niñas del colegio... Imagínese la cara que se me quedaba a mí porque todavía me quedaba una larguísima jornada por delante. Sé que hubo alguna llamada de atención y ese magistrado tuvo que ponerse las pilas. Yo tuve que pasar por todo esto, y por muchísimo más que no cuento, circunstancias que poca gente conoce.