jueves, 20 de febrero de 2020

El Consejo de Redacción de EFE defiende la independencia de sus periodistas y se desvincula del Gobierno


MADRID.- El Consejo de Redacción de EFE ha subrayado este jueves en un comunicado que la independencia, la credibilidad, el rigor y la profesionalidad de los informadores de la Agencia son incuestionables, y están y estarán siempre garantizados al margen de quién sea la persona que la presida.

El resto del texto, disponible para todos los medios de comunicación, es el siguiente:

“La destitución sin explicaciones de Fernando Garea como presidente de EFE por parte del Gobierno ha generado críticas lícitas, por cuanto la designación del máximo responsable de esta Agencia aún depende del Ejecutivo, pero también ha suscitado reacciones que ponen en duda sin argumentos la independencia y honestidad de sus periodistas, cuestionamientos que el Consejo de Redacción rechaza y denuncia por su falsedad.
Los informadores de EFE vienen demostrando desde hace décadas su profesionalidad, dedicación y credibilidad en todas partes del mundo, algo que reconocen tantísimos medios de comunicación que confían en sus noticias como garantía de veracidad.
La obligación y razón de ser de nuestros periodistas es garantizar el derecho de los ciudadanos a una información veraz y de calidad por cuanto EFE pertenece a la sociedad española, no al Gobierno. Este Consejo de Redacción recuerda que la agencia carece de línea ideológica.
El mandato de la redacción, articulado a través de su Estatuto, es elaborar y distribuir “información veraz, relevante, de calidad y fiable, no sometida a intereses particulares, ya sean estos de naturaleza política, económica o de cualquier otro tipo”.
La imparcialidad, la exactitud, la carencia de tendenciosidad y la honradez son principios ineludibles del periodismo de servicio público de esta agencia, según se recoge en el Estatuto.
El “rechazo de toda manipulación” es otro de los deberes de los periodistas de EFE, que cuentan con este Consejo de Redacción para defenderlos y ampararlos en caso de que se produzcan presiones, tanto externas como de la Dirección.
Este Consejo de Redacción solicita a los grupos parlamentarios que impulsen la reforma legal necesaria para que la designación del presidente de EFE sea mediante un amplio acuerdo parlamentario y no dependa del Gobierno -algo más propio de otros tiempos-, un cambio legislativo que partidos que suman la mayoría suficiente para hacerlo se comprometieron a promover.
La Agencia EFE es una empresa grande que necesita estabilidad para plantear su estrategia a largo plazo y requiere la desgubernamentalización por higiene democrática.
Este Consejo de Redacción agradece a Fernando Garea la disposición mostrada durante los 19 meses de su mandato así como la recuperación de este órgano, y espera poder reunirse con la futura presidenta, Gabriela Cañas, en cuanto sea nombrada, para transmitirle la determinación de EFE de seguir haciendo un periodismo independiente, riguroso y de calidad”.

Francia y España buscan "mejorar" la financiación agrícola en la UE

BRUSELAS.- Los mandatarios de Francia y España expresaron su voluntad de conseguir una mejora de la financiación prevista para la agricultura en el próximo presupuesto común de la Unión Europea, que los líderes del bloque negocian desde este jueves.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, presentó una propuesta de consenso de un Marco Financiero Plurianual 2021-2024 de 1,094 billones de euros, es decir, un 1,074% de la Renta Nacional Bruta (RNB).
La propuesta presenta no obstante recortes en la Política Agrícola Común (PAC) y los fondos de cohesión, que pasan de representar el 69% del total en el actual MFP 2014-2020 al 59%.
"Seguimos luchando para mejorarla", aseguró el presidente francés Emmanuel Macron a su llegada a la reunión en referencia a la PAC, que se reduciría a los 329.300 millones de euros, la mayoría destinados a las ayudas directas.
La propuesta de Michel es "altamente decepcionante", aseguró por su parte el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cargando contra los recortes en la PAC y los fondos de cohesión, entre otros.
Aunque la oferta del jefe del Consejo es mucho mejor que lo propuesto por la Comisión (342.200 millones de euros) en 2018, sigue lejos del monto dedicado actualmente a esta política: casi 383.000 millones de euros.
Para calmar los temores, Michel propuso introducir más flexibilidad entre el primer pilar de la PAC (consagrado a las ayudas directas a los agricultores) y el segundo (destinado al desarrollo rural).
Sin embargo, los agricultores europeos, muy críticos con los acuerdos comerciales cerrados por la UE con socios como Canadá o el Mercosur, calificaron de "totalmente inaceptable" el proyecto de presupuesto.
"La propuesta no proporciona suficiente apoyo a los agricultores para hacer frente a los retos actuales y futuros y, ciertamente, no les ayudará a contribuir a los objetivos del Pacto Verde Europeo", dijo el principal sindicato agrícola COPA-Cogeca.
El margen de negociación es limitado, máxime cuando países como Austria, Dinamarca, Suecia y Holanda ya expresaron su voluntad de no moverse del 1% del RNB para el próximo presupuesto común.
Un resultado considerado decepcionante en el capítulo agrícola podría dañar la imagen de Macron en Francia, días antes del inicio el sábado del Salón de la Agricultura, una cita política indispensable para los presidentes.
En España, Sánchez se encuentra por su parte bajo presión de los agricultores, que se manifiestan desde hace semanas para pedir precios más justos para sus productos y un mantenimiento de las ayudas europeas.
"Evidentemente, sus reivindicaciones son justas", dijo Sánchez, avanzando que en la reunión de su gobierno el próximo martes se adoptarán medidas para una mayor "transparencia" en la cadena de alimentación.

España asegura que no estará en ningún caso entre los perdedores de la cumbre europea

BRUSELAS.- El Gobierno español ha asegurado esta tarde, al inicio del Consejo Europeo extraordinario que negocia los presupuestos de la UE para el periodo 2021-2017, que España no estará, "en ningún caso", entre los "perdedores" de esta cumbre.

La Política Agraria Común (PAC) y los Fondos de Cohesión son los dos pilares de la negociación española para este marco financiero plurianual.
En este momento España reclama incluso un "recorte cero" de las partidas agrícolas, frente al 14 por ciento de reducción del presupuesto para la PAC, y del 10 por ciento para las ayudas directas, que contiene la propuesta del presidente del Consejo, Charles Michel.
Y en cuanto a la cohesión, España no acepta tampoco el 12,1 por ciento de recorte a estos fondos que propone Michel porque considera que cumplen un "papel fundamental" para lograr la convergencia de las regiones.
España está en el grupo de los "amigos de la cohesión", los dieciséis países del sur y este de Europa que defienden el mantenimiento de estos fondos en la misma medida que el presupuesto anterior.
Estos países apuestan por que el presupuesto europeo se acerque al 1,11 de la renta nacional bruta, frente al 1 por ciento que defienden los denominados países "frugales" -Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca-, que también reclaman se les mantengan los descuentos o devoluciones por los fondos que aportan
Para el Gobierno español, la posición de España que va a defender Sánchez está "sólidamente fundada" y los socios europeos la comprenden, porque a este país la crisis le tocó en mayor medida y redujo el nivel de convergencia de muchas de sus regiones con respecto a la media europea.
Y es que antes de la crisis había, según las mismas fuentes, cuatro regiones españolas con una renta media por debajo del 75 por ciento de la europea y ahora son nueve.
De ahí su empeño en mantener un nivel similar en los fondos de cohesión, como también que no haya un recorte tan pronunciado en la PAC, teniendo en cuenta que el 30 por ciento de la renta de los agricultores españoles procede de los fondos europeos.
España espera que su alianza con Portugal y Francia en la defensa de la PAC -firmaron ayer un documento al respecto- ayude en esta negociación, aunque el Ejecutivo insiste, como ha dicho Pedro Sánchez a su llegada a Bruselas en lo altamente decepcionante que es la propuesta de Michel y en lo complicado que va a ser el acuerdo.
No quieren aún, en cualquier caso, hablar de veto -el Consejo Europeo tiene que aprobar el presupuesto por unanimidad- pero sí insisten en que no van a "consentir" los recortes que Michel ha puesto, de momento, sobre la mesa.
Por otro lado, mientras en el Ejecutivo insisten en que Sánchez peleará "a capa y espada" por que no se reduzca la PAC y también batallará sobre los fondos de cohesión, reconocen que en su "ecuación" de la negociación pueden estar también los reembolsos que reciben los países que más aportan y que, de momento, España quiere que desaparezcan.
Las fuentes del Ejecutivo explican en este sentido que siguen pensando que estas devoluciones se tienen que eliminar, pero entran en el paquete negociador, y al final el acuerdo tiene que ser "equilibrado" para todos.
La negociación, en cualquier caso, se prevé larga. Entre otras cosas porque, según han explicado fuentes del Gobierno español, Charles Michel pretende celebrar a partir de la cena reuniones bilaterales con todos y cada uno de los veintisiete jefes de Estado y de Gobierno europeos.
Dichos encuentros pueden llevar toda la noche. Sánchez estará entre los primeros que tendrá la bilateral con Michel.

Alicante no va a una reunión del Corredor Mediterráneo Ferroviario por excluir a Murcia y Almería

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, del PP, ha defendido no acudir a una reunión convocada hoy en Tarragona sobre el transporte ferroviario en el Mediterráneo con las diputaciones catalanas y de la Comunitat Valenciana por excluir a la Región de Murcia y a Almería, y ha opinado que se trata de una iniciativa a favor de los Països Catalans.

La reunión estaba prevista a partir de las 11 horas en la ciudad catalana y se pedía la asistencia de los presidentes de las diputaciones de Tarragona, Barcelona, Lleida, Girona, Alicante, Castellón y Valencia, aunque Mazón ha evitado ir para "no participar en la estrategia de los Països Catalans".
Entre los puntos previstos en el programa, la participación de las instituciones provinciales en Ferrmed y en la Eurorregión.
Para el popular, el encuentro entre "directivos, presidentes y gobiernos independentistas" tiene por objetivo "hablar de la Eurorregión y el espacio territorial común, que todos sabemos lo que significa".
La ausencia del político del PP ha suscitado las críticas del PSPV-PSOE y de Compromís en la Diputación alicantina, donde el portavoz socialista, Toni Francés, ha acusado a Mazón de "sectarismo" por situarse "por encima de los intereses de la provincia".
En un comunicado, Francés ha señalado que "es lamentable que la silla de la provincia de Alicante se quede vacía cuando se va a tratar un asunto vital como es el del Corredor Mediterráneo, y que además se haga por motivos ideológicos e intereses partidistas".
Por su parte, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha opinado que "confundir una reunión del Corredor Mediterráneo con una fiesta del pancatalanismo responde a la ignorancia o a la paranoia" de Mazón, y ha lamentado dar "la espalda a una realidad como es la de poder formar parte de una de las eurorregiones que más población y nivel de comercio mantiene porque a esa reunión no asiste un gobierno que va aprobando medidas de censura al profesorado", ha dicho en referencia implícita al Gobierno autonómico de Murcia.
Sobre estas críticas, Mazón ha pedido "la misma contundencia" a ambos partidos contra la vicepresidenta de Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, por "aplazar, retrasar y dejar 'sine díe' injustificada y arbitrariamente" el trasvase del Tajo al Segura ya que esto constituye, en su opinión, "un nuevo insulto al futuro de nuestra tierra".

La Plataforma Pro-Hospital de Cieza exige que se atienda de manera urgente a los pacientes

CIEZA.- Tras los últimos acontecimientos que se han ido sucediendo en el Hospital Vega Lorenzo Guirao, referente a la no inclusión en lista de espera de 805 pacientes de rehabilitación, y todas las manifestaciones que se han sucedido, esta Plataforma, tras reunión mantenida de sus miembros quiere aclarar:

1.- Es inadmisible e intolerable que se quiera criminalizar a unos de sus miembros, Juan Ortiz, que de manera casual, al ir a preguntar por la petición de un familiar, haya descubierto y denunciado la situación. Es un hecho objetivo que esos pacientes están sin incluir en lista de espera, pues nadie lo ha desmentido hasta el momento y han estado perdiendo todos los derechos a los que les ampara la ley. Nuestro compañero en la plataforma no se ha inventado nada, solo ha denunciado una situación que consideramos inadmisible, máxime después de los datos de listas de espera que se han ido facilitando. Si no hubiera sido denunciado, los pacientes seguirían sin poder ser atendidos con el consiguiente perjuicio para sus derechos y lo más importante, para su salud.

2.- Esta Plataforma exige de inmediato que se atienda a todos esos pacientes, y que por parte del Servicio Murciano de Salud se asegure que no está sucediendo con ninguna otra especialidad, ni va a volver a suceder nada parecido.

3.- Entendemos que debe abrirse una investigación que aclare lo sucedido, pues no hablamos de una petición de un paciente que se ha podido extraviar, hablamos de 805 pacientes que han quedado desamparados y que cada vez que han preguntado han obtenido por respuesta “está en lista de espera, ya le llamaremos”.

4.- Esta Plataforma va a seguir defendiendo, como en los 25 años que lleva de historia, mejoras y servicios para nuestro hospital, ya que consideramos que es un derecho que tienen los vecinos de nuestra Comarca y nadie, nos va a hacer abandonar nuestro empeño de tener un hospital Comarcal con las condiciones que nos merecemos.

La lucha contra el fraude ingresó 15.700 millones de euros en 2019, un 4,1 % más

MADRID.-  La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que la recaudación de la lucha contra el fraude alcanzó el "récord" de 15.700 millones de euros en 2019, un 4,1 % más que el año anterior, de acuerdo a los datos provisionales disponibles.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, la ministra ha instado a “seguir mejorando” la lucha contra el fraude con medidas como un borrador de IVA o el envío de datos fiscales para la liquidación del impuesto de sociedades, que se prevé poner en marcha en julio.
También se pondrá en marcha un servicio de asistencia digital integral para facilitar la atención al contribuyente, que arrancará con una prueba piloto en otoño en Valencia centrada en el IVA y la asistencia censal.
Además, la futura ley de lucha contra el fraude reducirá a 1.000 euros los pagos en efectivo, bajará a 600.000 euros el umbral de deuda para aparecer en el listado de morosos y prohibirá las amnistías fiscales.
Por lo que respecta al sistema tributario, Montero ha considerado que en España “existe un claro margen para mejorar la recaudación” teniendo en cuenta los ingresos en relación al PIB de otros países europeos.
Por ello, el Gobierno pretende poner en marcha una “profunda reforma” tributaria que se abordará “a lo largo de la legislatura”, con medidas a corto plazo, como los nuevos impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales, y otras a medio plazo, como la revisión del impuesto de sociedades y la fiscalidad verde.
La revisión del impuesto de sociedades incorporará en 2021 las conclusiones de la evaluación del gasto público que actualmente elabora la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y que según indicó ayer su presidenta, Cristina Herrero, estará lista este verano.
En materia de fiscalidad ambiental, ha señalado que “en los próximos días” se pondrá en marcha una serie de consultas públicas con el objetivo de recabar la opinión de empresas, ciudadanos u organizaciones, junto con la de los grupos políticos porque “ha llegado el momento de pasar a la acción”.

Los profesores tendrán que hacer un año de prácticas tuteladas con la nueva ley educativa

MADRID.- En su primera comparecencia en esta legislatura en la Comisión de Educación del Congreso, Celaá ha desgranado sus prioridades educativas, que han sido criticadas por el PP, Ciudadanos, Vox y UPN, los cuales han lamentado que haya problemas para estudiar en castellano en algunas comunidades y existan casos de adoctrinamiento, mientras que el PSOE, Unidas Podemos y los partidos nacionalistas han aplaudido, a la vez que urgido, la derogación de la Lomce.

La reforma de la profesión docente es un tema candente desde hace unos años, y Celaá ha defendido ahora una fase de incorporación progresiva “a una profesión compleja, que, como sucede en el caso de los médicos y los jueces, tiene que realizarse con exquisito rigor y cuidado”.
Sin referirse al llamado “mir docente” por diversos partidos, la ministra ha anunciado la puesta en marcha de un año de prácticas, aunque no se ha dicho si serán remuneradas.
Ha explicado que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, que espera que sea la primera en tramitar por el Ejecutivo, habrá una propuesta normativa que regule la formación, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente.
En la actualidad, para enseñar en secundaria y bachillerato, tanto en centros públicos como en privados, es requisito imprescindible tener un grado y luego hacer un máster, en el que hay prácticas.
Pero para infantil y primaria solo hace falta estudiar el grado de Magisterio y, en el caso de optar a los centros públicos, se requiere aprobar una oposición que conlleva una fase práctica y un mínimo de tres meses (no más de un curso escolar) de prácticas bajo la tutoría de profesores experimentados que regulan las comunidades autónomas.
Con la Lomloe, ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación Loe de 2006, también se actualizará el marco de la formación continua y la evaluación del desempeño docente.
Respecto al currículo, Celaá ha destacado que se creará un Instituto de Desarrollo Curricular, que, en cooperación con las comunidades autónomas, contribuya a la actualización permanente de los currículos y que sean menos memorísticos.
Además, ha recordado el compromiso del Gobierno de incorporar la educación para la ciudadanía global y la sostenibilidad en todas las áreas y materias del currículo, de acuerdo con los compromisos que marcan los objetivos de desarrollo sostenible.
Otros anuncios de la ministra en la Cámara Baja han sido un proyecto de ley para la Formación Profesional y la modificación de los requisitos académicos a las becas de estudios no universitarios y a las cuantías fijas de las becas universitarias, bajando a 5 la nota de acceso; a medio plazo se reducirá la cuantía variable en favor de la cuantía fija.
A preguntas de PP y Ciudadanos sobre una “única” prueba de acceso a la Universidad (EBAU), Celaá ha dicho que no se va a cambiar, porque “no se puede cambiar el caballo en mitad de la carrera” y además las comunidades tienen sus competencias en cuanto a currículo que hay que respetar. No obstante, ha dicho que en general la comunidad educativa está satisfecha con la prueba y ha recalcado que se está trabajando para “acercar posturas” en cuanto a la corrección de los exámenes y la magnitud de materias que se incluyen en cada autonomía.
Sobre el veto parental, Celaá ha reiterado que debe ser retirado porque no incorpora ningún elemento de calidad al sistema y son una objeción de conciencia a materias evaluables. Ha argumentado que no tiene ningún problema en reunirse con la Consejería murciana -está pendiente una cita que fue anulada hace unos días por Murcia– y ha insistido en que precisamente la ley Wert quitó poder de decisión a los padres en los Consejos Escolares y ahora, en cambio, se quiere dar a los progenitores más voz, por encima de los profesionales docentes, en actividades complementarias.

La Junta de Andalucía afirma que el Gobierno está "poniendo chinitas" al trasvase Tajo-Segura sin atender criterios técnicos

ALMERÍA.- La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asegurado este jueves que el Gobierno central está "poniendo chinitas" al "legítimo" trasvase Tajo-Segura, que afecta a unas 24.000 hectáreas de cultivo del norte de la provincia de Almería, al entender que la limitación de las transferencias obedecen a una "decisión exclusiva" de la ministra para la Transición Ecológica sin atender a criterios técnicos.

Así lo ha manifestado la consejera en respuesta a una pregunta oral formulada por el diputado autonómico Pablo Venzal (PP) en la sesión plenaria del Parlamento andaluz, donde la consejera ha insistido en que las limitaciones a los trasvases incrementan los costes de producción de los agricultores, que consumen agua desalada y se ven afectados por la falta de precipitaciones.

"El Gobierno de Andalucía cree en las transferencias y en los trasvases, porque es una cuestión de solidaridad con el agua entre territorios", ha indicado la titular andaluza de Agricultura, quien cree que el Ejecutivo centra trata de que los trasvases vayan "decayendo".

Crespo, quien ha recordado que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite los recursos elevados por los gobiernos autonómicos de Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana por esta cuestión, ha incidido en que la comisión técnica que "decide los trasvases" habrían respaldado las transferencias, por lo que la decisión de no hacerlo es "arbitraria y no está basada en la decisión de los técnicos".

"En noviembre podría haberse transferido 19,2 hectómetros y en diciembre 14,7, y la ministra, por decisión suya exclusiva, solo transfirió 7,5 hectómetros", ha explicado tras criticar que, con estas medidas, se están "cercenando" los derechos de los agricultores del norte de la provincia.

La Comunidad Autónoma convoca casi 65 millones en ayudas europeas a la agricultura y la ganadería

MURCIA.- El titular de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ha informado al Consejo de Gobierno de la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de hoy de la Orden que regula, entre otras cuestiones, los pagos directos a la agricultura y la ganadería y a determinadas medidas de Desarrollo Rural correspondientes al año en curso, por los que unos 12.000 profesionales del sector podrán ser beneficiarios de 50 millones de fondos FEAGA y unos 14,8 millones adicionales por las ayudas cofinanciadas con FEADER.

La solicitud única permite solicitar pagos directos a la superficie o a la ganadería (FEAGA), así como a determinadas medidas de Desarrollo Rural (FEADER), en concreto las de pago de agroambiente y clima y de reconversión a agricultura ecológica y las solicitudes de ayuda de zonas de montaña y zonas con limitaciones naturales del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. El plazo de presentación de las solicitudes únicas 2020 termina el próximo 30 de abril
Se puede pedir mediante solicitud única las ayudas de régimen de pago básico a los agricultores, pagos para los agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, pago suplementario para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola, el régimen de ayuda asociada voluntaria y el régimen simplificado para los pequeños agricultores.
La principal novedad durante esta campaña 2020 es la ampliación de la superficie regional acogida a la monitorización, un sistema de comprobación de las superficies declaradas mediante la utilización de nuevas tecnologías que la Región de Murcia ya inició el pasado año de forma pionera.

La brecha salarial en la Región aumenta 0,13 puntos en 2017, hasta el 24,83%, según un estudio de UGT

MURCIA.- La brecha salarial en la Región de Murcia se sitúo en el 24,83 por ciento en 2017, 0,13 puntos más que en 2016, año en que se estableció en 24,7 por ciento, según se desprende de un informe elaborado por la Secretaría de Política Social, Seguridad Social y Participación Sindical de UGT Región de Murcia.

Este estudio, denominado 'Informe sobre discriminación salarial de género en la Región de Murcia' refleja entre sus conclusiones que aún no ha logrado reconducirse a los niveles existentes en 2008 y sigue manteniéndose por encima de la estatal en 2,91 puntos, siendo la tercera más alta del país.
"Los datos muestran para la Región un empeoramiento de las diferencias salariales entre mujeres y hombres, una situación de discriminación que no puede justificarse con ninguna variable de las analizadas y que solo se explica por la persistencia de la infravaloración del trabajo desempeñado por mujeres", según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.
En concreto, las 214.800 mujeres asalariadas que había en la Región de Murcia en 2017 cobraron de media 18.048,37 euros anuales, 5.960,85 euros menos que los hombres, que percibieron de media 24.009,22 euros anuales. Esa pérdida asciende a 1.280 millones de euros al año que dejan de ganar al año las mujeres, alrededor de un 4,4% del PIB, cifra por la que, además, se deja de cotizar a la Seguridad Social y a Hacienda.
Se trata, según UGT, de una brecha que "disminuye las economías de las trabajadoras y las arcas del Estado". 
Esa cantidad estimada, de 1.280 millones de euros que dejan de percibir al año las trabajadoras murcianas debido a la infravaloración de su trabajo, ascendería a 44.800 millones de euros "si se multiplicara a lo largo de 35 años de vida laboral", según las mismas fuentes.
Por sectores de actividad, las brechas más altas afectan al sector Industria, donde las mujeres se concentran en ramas industriales como la de la manufactura alimentaria, con remuneraciones sensiblemente inferiores a las de otras ramas industriales con mayor presencia masculina.
UGT recuerda que, hace décadas, se justificaba la brecha salarial con la falta de formación de las mujeres. Sin embargo, en el año analizado, 2017, el 41,3% de las mujeres ocupadas en la Región de Murcia poseían estudios superiores, mientras que, en el caso de los hombres con empleo, solo el 29,8% estaban en posesión de un título universitario.
La brecha salarial en la contratación indefinida, que asciende al 25,95% es, en la Región, superior en 2,5 puntos a la media estatal (23,45%), y aunque menos amplia, en la contratación temporal "también existe brecha salarial de género y en mayor medida que en el resto de España".
Asimismo, UGT destaca que las trabajadoras murcianas con contrato temporal "perciben salarios un 17,14% inferiores a los de los hombres, frente al 11,18% que separa en España las retribuciones de los asalariados y las asalariadas temporales".
Por otro lado, el estudio desvelaque las trabajadoras murcianas, entre 45 y 54 años, son las más perjudicadas por la brecha salarial, ya que perciben de media un 29,56% menos que los hombres de esa misma franja de edad. 
"Ninguna variable analizada justifica la existencia de brechas salariales, por tanto, debemos hablar de discriminación salarial", según el sindicato.
En esta situación, UGT exige una Ley de Igualdad Salarial nacional negociada y acordada con los interlocutores sociales, acompañada de presupuesto económico suficiente para implementar las medidas adoptadas.
En el marco de dicha ley, considera necesaria la creación de "Comités de Brecha Salarial de Género a imagen de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la figura de la Delegada de Brecha Salarial".
Además, dicha ley deberá recoger un desarrollo reglamentario exhaustivo de las Auditorías Salariales, contener medidas para equiparar en derechos el trabajo a tiempo parcial e incentivar la promoción de mujeres en todos los sectores de actividad.
De manera complementaria, UGT demanda de las administraciones públicas la creación de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, de carácter público, gratuito y de calidad, así como centros día públicos que aseguren los cuidados de las personas dependientes.
A su juicio, es necesario "implementar y reforzar un sistema de cuidados de calidad, atendido por personas profesionales que atiendan a las personas en situación de dependencia y discapacidad para evitar el abandono del empleo de las mujeres para dedicarse al cuidado de las personas dependientes".
Además, en su opinión también se debería "propiciar el debate sobre la racionalización de los horarios laborales y estimular su traslado al sector privado". Asimismo, apuesta por incorporar la perspectiva de género de manera transversal en las políticas públicas, prestando una atención prioritaria al impacto de género de las mismas.
"Es necesario promover una contratación pública socialmente responsable comprometida con la igualdad salarial y la integración de la igualdad de género en la gestión de los recursos humanos", según UGT, que demanda apoyo al establecimiento de medidas efectivas de igualdad en la negociación colectiva.
Asimismo, cree que se debe intensificar la vigilancia, control y sanción de cualquier forma de discriminación, directa o indirecta, "y debemos, especialmente desde las administraciones públicas, propiciar un cambio cultural y sociológico para erradicar estereotipos de género y prejuicios sobre el trabajo de las mujeres, especialmente en el ámbito educativo".
"Cuestiones como el llamado 'pin parental' no son sino un claro obstáculo para lograrlo, en tanto que socavan de manera grave la garantía de que los menores reciban una educación en valores que integre la igualdad de género", concluye.

Un total de 80 guardias civiles se incorporan a distintas unidades de la 5ª Zona

MURCIA.- Un total de 80 guardias civiles que se incorporan a distintas unidades de la Benemérita en la Región se han presentado este jueves al coronel jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil, Jesús Arribas, y al resto de mandos de la Jefatura de la Zona.

Estos guardias civiles se encontraban destinados en otras comandancias del territorio nacional y, tras el proceso de provisión de destinos, vienen destinados a la Región de Murcia, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.
Los 80 efectivos de la Benemérita han pasado destinados a unidades de la 5ª Zona como especialistas en Prevención de Seguridad Ciudadana -la mayoría-, Seguridad de Edificios Públicos, Fiscal, Policía Judicial, Servicio de Protección de la Naturaleza, Servicio Marítimo y Tráfico.
En concreto, en la 1ª Compañía, en Murcia, se han incorporado siete agentes, dos de los cuales están destinados al Puesto de Beniel; dos al Puesto de Cabezo Torres; uno al Puesto de Torreagüera; uno al Puesto Principal de Molina de Segura, y uno al Puesto Principal de Santomera.
Asimismo, se han incorporado 12 agentes a la 2ª Compañía en Cieza, uno de ellos al Puesto de Archena; uno al Puesto de Fortuna; cinco al Puesto Principal de Cieza; y cinco al Puesto Principal de Jumilla.
En la 3ª Compañía en Caravaca se han sumado 13 agentes, dos de ellos al Puesto de Archivel; cinco al Puesto de Calasparra; cinco al Puesto de Mula; y uno al Puesto Principal de Caravaca de la Cruz.
En la 4ª Compañía en Torre Pacheco se incorporarán cinco agentes, uno de ellos al Puesto Principal de San Javier; dos al Puesto Principal de San Pedro del Pinatar; y dos al Puesto Principal de Torre-Pacheco.
En la 5ª Compañía en Cartagena se sumarán ocho agentes, seis de ellos al Destacamento Seguridad Aeropuerto Corvera; uno al Puesto de La Unión y otro a la Sección Fiscal Alfonso XII de Cartagena.
En la 6ª Compañía en Lorca habrá 18 nuevos agentes, dos de ellos en el Puesto de Lorca; tres en el Puesto de Puerto Lumbreras; dos en el Puesto de Zarcilla de Ramos; cinco en el Puesto Principal de Águilas; uno en el Puesto Principal de Águilas Fiscal; cuatro en el Puesto Principal de Mazarrón; y uno en el Puesto Principal de Totana.
En cuanto a la Compañía Plana Mayor dispondrá de seis nuevos guardias civiles, dos de ellos en el Centro Penitenciario Murcia I Sangonera la Verde; uno en el Centro Penitenciario Murcia II Campos del Río; y tres en el Núcleo de Servicios.
Por su parte, la Jefatura de Operaciones dispondrá de siete nuevos agentes, uno de ellos en la Unidad Orgánica de Policía Judicial; dos en el Equipo del SEPRONA en Murcia; otro en la Patrulla del SEPRONA en Jumilla; uno en la Patrulla del SEPRONA en Alhama de Murcia; uno en la Patrulla del SEPRONA en Águilas; y otro en el Servicio Marítimo Provincial Cartagena.
En cuanto al Sector de Tráfico, dispondrá de cuatro agentes; dos de ellos en el Sector/Subsector Tráfico Murcia; uno en el Destacamento de Tráfico de Caravaca de la Cruz; y uno en el Destacamento de Tráfico de Lorca.

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia aumentan un 0,66% en enero

MURCIA.- El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia alcanzó los 88.640 en enero, lo que supone un aumento del 0,66 por ciento con respecto al mes anterior, según ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

De esta forma, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región registró un crecimiento de 578 personas, mientras que la media nacional descendió un 1,63 por ciento.
En términos interanuales, el número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región creció en 4.249, lo que supone una subida del 5,03 por ciento.
Del total del número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Murcia, 79.957 pertenecen al Régimen General, 8.588 al Régimen de Autónomos, 95 a Trabajadores del Mar y ninguno a Minería y Carbón.
En el caso concreto del Régimen General, está integrado por el sistema especial agrario, con 44.232 trabajadores; el régimen de Empleados del Hogar, con 4.306; y el general con 31.418.

Podemos acusa a Miras de generar con el 'veto parental' "un debate peligroso que da alas a la LGTBI fobia y al machismo"

CARTAGENA.- La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha afirmado este jueves que el 'veto parental' "es una cortina de humo, en mitad del debate de presupuestos, para esconder la falta de modelo de futuro para Murcia". 

A su juicio, el presidente Fernando López Miras "ha generado a sabiendas un debate peligroso, que da alas a la LGTBIfobia y al machismo, para tapar sus vergüenzas y que no se hable del presupuesto".
Considera que la admisión a trámite del recurso del Gobierno Central y el "empecinamiento" del presidente Fernando López Miras "por mantener la medida, pese a carecer de soporte jurídico, demuestra que el Ejecutivo Autonómico sigue una estrategia de propaganda y distracción para desviar el debate sobre los problemas reales y graves de la Región de Murcia".
Durante las últimas tres semanas, y hasta el próximo 23 de marzo, la actividad parlamentaria en la Asamblea Regional "está centrada únicamente en el debate del proyecto de Presupuestos Autonómicos. Se trata del proceso más largo e importante que la cámara regional desarrolla a lo largo del año, ya que consiste en aprobar las partidas de gasto, las inversiones, la distribución de la carga fiscal o la inversión en materias tan fundamentales como Sanidad, Educación, Dependencia o Empleo".
Tal y como ha señalado Marín, "es la plasmación del modelo del Gobierno regional para el próximo año y debería ser precisamente el Gobierno Regional el más interesado en darlo a conocer".
Sin embargo, desde la formación morada lamentan que López Miras esté "mucho más centrado en generar debates absurdos para distraer la atención, con la intención de ocultar su falta absoluta de modelo de futuro para la Región de Murcia".
En ese sentido, Marín ha asegurado que "la admisión a trámite del recurso del Gobierno de España contra la instrucción que impone la censura parental en los centros educativos de la Región demuestra que todo esto no es más que una cortina de humo, porque Miras ya sabe desde el principio que esa concesión a la ultraderecha no es legal".
Por ello, desde Podemos, la portavoz en la Asamblea ha exigido al Gobierno regional que "retire la instrucción de inmediato, centrando el debate en lo que de verdad importa".
La diputada ha recordado que estamos ante un proyecto de presupuestos que supone "recortes en Sanidad, Educación, Servicios Públicos o exenciones fiscales a empresas de amigos muy poderosos".
"Unos presupuestos que ahondarán en la mala gestión del medio ambiente, que siguen condenando al Mar Menor a la catástrofe, que no se preocupan por la generación de empleo de estable y de calidad y que no atienden a sectores económicos clave para nuestro futuro".

La Delegación el Gobierno llama a una manifestación "pacífica" de los agricultores

MURCIA.- El secretario general de la delegación del Gobierno en la Región, Francisco Jiménez, ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos para que se cumplan las normas en la manifestación que las organizaciones sindicales UPA, Asaja y COAG han convocado este viernes, en protesta por la "asfixia" que sufre el campo murciano.

Jiménez ha pedido que la manifestación, que recorrerá el centro de Murcia, sea "pacífica, ejemplo de buena conducta, en la que se puedan lanzar los mensajes que los agricultores tienen que lanzar por los problemas que tienen y que reconocemos".
"Pedimos que sea lo más tranquila posible, para que no se empañe el buen nombre de los agricultores", ha resaltado Jiménez, quien ha explicado que el itinerario de la protesta, que comenzará sobre las 11.00 horas, será el Palacio de San Esteban, como punto de inicio, para continuar por Acisclo Díaz y atravesar Gran Vía hasta Teniente Flomesta para concluir en la Delegación de Gobierno.
Se prevé que participen unos 230 tractores, de la zona del Campo de Cartagena, Guadalentín y Vega Baja del Segura y se desplacen hasta 90 autobuses, principalmente de las zonas del Noroeste y el Altiplano.
Por parte del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, ha señalado, "ya se han dado las instrucciones a los organizadores de la manifestación para que la llegada de los tractores transcurra con normalidad, seguridad y el cumplimiento de las normas".
Así, los tractores se desplazarán por carreteras interurbanas, sin necesidad de utilizar autovías, dado que "sería un peligro y es ilegal que los tractores agrícolas circulen por la autovía".
Se les ha entregado una hoja informativa de las carreteras por las que tendrán que venir y la Guardia Civil de Tráfico "velará por la seguridad de los convoyes de tractores que puedan venir".
Una vez que lleguen a Murcia, ha dicho, "hay un dispositivo especial de la Policía Local y los tractores serán conducidos hasta la Gran Vía, donde esta la Agencia Tributaria, hasta el puente de los Peligros, donde se intentarán colocar, ya que se pretende que sean los tractores la cabecera de la manifestación".

Hacienda espera tener el borrador de reforma de financiación autonómica en noviembre

MADRID.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido este jueves a contar con una primera propuesta de reforma de la financiación autonómica y local en el mes de noviembre.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, Montero ha señalado su intención de iniciar "de forma inmediata" el debate sobre esta reforma, de manera que se pueda contar con unas líneas básicas en noviembre.
La ministra también ha destacado que su departamento avanzará en la autonomía financiera de las comunidades autónomas con una "hoja de ruta clara" para que salgan progresivamente a los mercados para financiarse y ha señalado que trabaja en la puesta en marcha de un valor de referencia que será la base imponible de los impuestos de transmisiones patrimoniales y sucesiones y donaciones.
En materia presupuestaria, las cuentas de 2020 contarán por primera vez con tres ejes transversales, relativos a desarrollo sostenible, impacto de género y políticas de infancia, juventud y familia con el objetivo de "monitorizar los avances" en estas políticas prioritarias.
También se mejorará la transparencia de las cuentas, de manera que la ciudadanía pueda conocer de forma sencilla el destino de sus impuestos o los gastos más relevantes del Estado.
Asimismo, se incorporará la evaluación de las políticas presupuestarias "como manera de ganar legitimidad social" y eficiencia, al tiempo que se incorporarán los resultados de la evaluación del gasto público que desarrolla la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en la reforma fiscal que se impulsará en 2021.
Junto a ello, se flexibilizará la regla de gasto para adaptarla al ciclo económico a través de un informe en el que participarán regiones y corporaciones locales y que estará listo este año.
Para luchar contra el fraude, la Agencia Tributaria pondrá en marcha nuevos servicios de borrador de IVA o facilitación de datos fiscales para la elaboración del impuesto de sociedades.
Como ejemplo de uso de tecnologías limpias, el parque móvil del Estado contará con 74 puntos de recarga para vehículos eléctricos, un proyecto dotado con 490.000 euros que espera estar concluido en primavera.

'Abogados Cristianos' se querella contra Celaá por recurrir el pin parental en Murcia

MADRID.- La Asociación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, por un presunto delito cometido por funcionario público contra los derechos individuales, contemplado en el artículo 542 del Código Penal, por recurrir el 'pin parental' implantado en los centros educativos de la Región de Murcia a principios de curso.

La organización de juristas considera que la postura de Celaá respecto al 'pin parental' "viola el artículo 27.3 de la Constitución que establece que 'los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones'.
Asimismo, dicen que vulnera "el artículo 16.1 de la carta magna que establece 'el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto'; y el artículo 39.3 que establece 'el deber de los padres de prestar asistencia en todo a sus hijos'".
Además, afirman que la titular de Educación, con su posición en contra del 'pin parental', "está actuando en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos" que establece que "el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas".
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha tachado de "inadmisible que la ministra asegure que los hijos no pertenecen a los padres o que intente prohibir el 'pin parental', algo que debería ser un derecho de todos los padres".
Además, Castellanos ha anunciado que la asociación de Abogados Cristianos "se personará en el procedimiento judicial iniciado por Celaá contra el gobierno de Murcia por la instauración del 'pin parental'".

El Tribunal Supremo anula la absolución al exjefe de Policía de Coslada y murciano

MADRID.- El Tribunal Supremo ha anulado la absolución del exjefe de la Policía Local de Coslada, el murciano Ginés Jiménez, de su mujer y de su hijo y ha ordenado a la Audiencia Provincial de Madrid que dicte una nueva sentencia en la que tenga en cuenta pruebas que fueron desechadas durante el proceso.

La Sala de lo Penal del Supremo mantiene la absolución de otros siete acusados en la causa motivada por la denominada operación Bloque, desarrollada en 2008 contra una presunta trama de corrupción policial en esa localidad madrileña por delitos de prostitución, cohecho, omisión del deber de perseguir delito, amenazas, blanqueo de capitales, tenencia y depósito de armas.
En el caso de Ginés Jiménez, su mujer y su hijo, el alto tribunal estima el recurso del Ayuntamiento de Coslada y urge a la Audiencia madrileña a dictar una nueva sentencia en la que valore las intervenciones telefónicas y el resultado de los registros practicados en el domicilio y espacios de control del exjefe de Policía.
Las pruebas fueron anuladas por la Audiencia Provincial de Madrid por falta de motivación de los autos que avalaron tanto las intervenciones telefónicas como las entradas y registros. Y la anulación fue determinante para que el tribunal absolviese al principal acusado y a sus familiares.
El Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente Julián Sánchez Melgar, admite que los autos en los que el juzgado de Instrucción número 21 de Madrid autorizó las escuchas no tuvieron "una motivación muy extensa e intensa" y reconoce que, con la doctrina actual tras el cambio legal de 2015, no habrían podido ser aceptados.
Pero entonces, dado que los autos datan de 2008, la doctrina vigente establecía que bastaba con que el juez se remitiera al oficio policial, y eso es lo que hizo el juzgado.
Porque el Supremo entiende que los indicios que existían en ese informe policial eran suficientes para intervenir los teléfonos, como la denuncia de dos prostitutas de que eran extorsionadas y que abusaba sexualmente de ellas un policía municipal, "un tal Carlos".
"No puede haber mayor indicio que una prueba, y una prueba es la declaración de ambas denunciantes ante la policía judicial poniendo de manifiesto tan horrendos hechos", argumenta el magistrado ponente.
Y, dado que una vez que se iniciaron las escuchas pudieron verse confirmados los indicios iniciales, los posteriores autos por los que se prorrogaron estuvieron "plenamente justificados".
En esas conversaciones, recuerda el Supremo, se ponen de manifiesto las sospechas fundadas de la existencia de una red de extorsión a prostitutas (y eventualmente a hosteleros y comerciantes), en las que aparecían referencias a Ginés Jiménez como "el jefe".
En la nueva sentencia que dicte, la Audiencia Provincial deberá tener en cuenta el contenido de esas conversaciones.
Pero también lo que se halló en los registros efectuados en el despacho, taquilla, armero y en el domicilio de Jiménez, solicitados por la Policía ante la gravedad de los inicios existentes contra él.
En este caso, la Audiencia esgrimió el mismo motivo para anular la prueba: la insuficiente motivación del auto por el que se autorizaron las entradas y registros.
Y, como en el caso anterior, el Supremo responde que el auto es válido porque los indicios aportados por la Policía eran suficientes. En ese registro se encontraron más de 23.000 euros en efectivo y gran cantidad de armas, alguna de ellas sin número de serie visible.
La Fiscalía, a pesar de que inicialmente anunció su intención de recurrir la sentencia, terminó por desistir, si bien apoyó el recurso del Ayuntamiento.
Fuentes próximas a Ginés Jiménez han subrayado que se encuentra "muy tranquilo" y cree que la decisión del Supremo no afectará al fondo de la sentencia absolutoria.

El PP culpa a Zapatero de "99 de cada 100 euros" de la deuda de la Región de Murcia

MADRID.- El senador del PP por la Región de Murcia, Juan María Vázquez, ha asegurado este jueves que "99 de cada 100 euros" de la deuda de la Comunidad es fruto del sistema de financiación autonómica impulsado en 2009 por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con el que se "ha perjudicado gravemente la situación de las arcas regionales".

Vázquez ha reaccionado así en un comunicado tras conocer los datos actualizados de la deuda regional incluidos en el informe de Análisis Financieros Internacionales. Las cifras, según el senador, "son el resultado de haber dejado de percibir 7.969 millones de euros desde que se implantó el modelo de financiación de Rodríguez Zapatero".
"De hecho, la diferencia entre la deuda, cifrada en 7.891 millones, y lo que ha dejado de percibir, es casi la misma, por lo que podemos asegurar con contundencia que si no se hubiera implantado este modelo, la Región de Murcia sería una de las autonomías con mejor estabilidad financiera de España", ha indicado.
El senador ha insistido en que "la Comunidad hace un gran esfuerzo para mantener la calidad de los servicios básicos", al tiempo que ha puesto de relieve que, "a pesar de la difícil situación, el Gobierno regional ha sido capaz de reducir su gasto no financiero tres décimas por encima de la media nacional".
Vázquez ha calificado de "demagógicas" las declaraciones del diputado del PSOE Juan Luis Soto, porque "los socialistas ejecutan las órdenes que se les imponen en Madrid y que perjudican gravemente los intereses de la Región de Murcia".
Al respecto, el 'popular' ha preguntado a Soto "por qué no votaron a favor de devolver los 85 millones que el Gobierno de España no ha reembolsado a la Región, a pesar de que se trata de dinero de todos los murcianos" y "por qué no se ha cumplido con los adelantos a cuenta del año 2019".
"La situación financiera que vive la Comunidad no sería la misma si Pedro Sánchez, en vez de haber permanecido en funciones durante casi dos años, hubiera seguido trabajando en la reforma del sistema que Rajoy tenía casi concluido", ha concluido.

Juan Luis Soto: "El falso victimismo del Gobierno de López Miras no resuelve los problemas de la Región"

El diputado nacional socialista Juan Luis Soto ha criticado que la estrategia del Gobierno regional de confrontación con el Ejecutivo de España es errónea y perjudica a las murcianas y murcianos. "El falso victimismo es el reconocimiento de la incapacidad para afrontar los problemas de la Región".
"Todos sabemos de la pésima situación de las arcas regionales, de los problemas de la economía regional, de las dificultades de miles de murcianas y murcianos para mantener una vida digna, y de la parálisis y el secuestro al que ha sometido la extrema derecha al Gobierno regional", ha señalado.
En este sentido, Soto ha instado a López Miras y su Gobierno a que afronten de manera urgente esta situación con responsabilidad, porque culpar a los demás no es la solución. "El Gobierno de España no es el enemigo sino un aliado".
Ha recordado que jamás un Gobierno de España había apostado tan fuerte por la Región de Murcia. "De cada 100 euros que se invierten en la Región, 90 son del Gobierno de Pedro Sánchez; 7 del regional, y 3 de los ayuntamientos. Más de 1.300 millones de euros licitados entre junio de 2018 y diciembre de 2019, mientras que el Gobierno de Rajoy licitó poco más de 18 millones en el mismo periodo anterior", ha explicado.
El diputado socialista ha afirmado que el Gobierno regional y su presidente tienen que cambiar de estrategia, dejar la confrontación y el victimismo con el Ejecutivo de España y las fake news, y actuar con lealtad. "Lo que espera la ciudadanía de sus gobernantes es que hablen y colaboren para resolver sus problemas".
"Si López Miras persiste en el esta estrategia y no es capaz de anteponer los intereses de la Región a los partidistas, la situación irá a peor para todos y todas, también para su Gobierno", ha añadido.
Soto ha insistido en que el PSOE ha tendido la mano al Gobierno regional para afrontar juntos los retos de la Región. "Lo hicimos en el trámite de aprobación del decreto ley del Mar Menor, lo hemos hecho para la aprobación de los presupuestos y lo ha hecho en varias ocasiones Diego Conesa ofreciendo diálogo y colaboración a López Miras".
Finalmente, ha dicho que la falta de infraestructuras, la recuperación del Mar Menor, la infrafinanciación, la situación de la Justicia, la garantía y seguridad hídrica, entre otros problemas, no se resuelven con la confrontación política y jugando el ficticio papel de víctimas. "Se afrontan desde la lealtad institucional, la responsabilidad, el diálogo y la colaboración de todas las administraciones".

Pedro Sánchez ve "altamente decepcionante" el borrador de presupuesto de la UE por recortar la PAC

BRUSELAS.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tachado de "altamente decepcionante" la propuesta de presupuesto de la UE del presidente del Consejo, Charles Michel, para España porque reduce los fondos en cohesión y política agraria (PAC) y ha pronosticado que la negociación se prolongará "los próximos días y semanas".
En declaraciones a su llegada al Consejo extraordinario en Bruselas, el líder del Ejecutivo ha señalado que no comparte muchos de los aspectos del planteamiento de Michel, tanto en la cuestión cuantitativa como en la condicionalidad basada en el respeto al Estado de Derecho.
"Reduce de manera importante políticas como la cohesión o la PAC y no resuelve los recursos propios de la UE, como un posible impuesto al carbón en frontera", ha señalado el presidente del Gobierno, quien ha apuntado el cambio climático, la educación Erasmus, la PAC, los fondos de cohesión y la garantía juvenil e infantil como las prioridades de España en la negociación.
A juicio del líder socialista, "queda mucho por hacer" tanto en las cuentas generales de la UE como para la contribución a España, por lo que cree que la negociación será "larga y compleja". 
"Se adivina larga, no solo para hoy sino para los próximos días y semanas", ha declarado.
Sobre las nuevas movilizaciones de los productores agrícolas y ganaderos, Sánchez ha querido mandar un mensaje de confianza, recalcando que el Ejecutivo es "consciente" de la problemática del campo. 
"No es sencillo el tema, aborda la cuestión de la PAC, pero también la cuestión de la cadena de alimentación y la transparencia de precios", ha subrayado.
En este sentido, ha avanzado que se iniciarán los trámites de la ley de cadena alimentaria "el próximo martes" en el Consejo de Ministros. "Es una de las demandas del colectivo y de las organizaciones agrarias", ha explicado.
Sánchez ha indicado que el Gobierno es "empático" con las reivindicaciones y estará del lado de los agricultores y ganaderos, por lo que ha pedido "confianza y paciencia". 
Finalmente, el dirigente socialista ha prometido que darán respuesta "cuanto antes" a sus "justas" reivindicaciones.

La ministra Teresa Ribera mantiene que Murcia ya recibió antes las ayudas por las inundaciones

MADRID.- El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que la Región de Murcia ya tenía asignada una partida de 4,6 millones de euros, porque los daños graves se habían producido con los temporales registrados en los meses de septiembre y diciembre, que se consideran los causantes de los mayores destrozos en los municipios de la costa regional. 

La titular de este departamento y vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, que este miércoles compareció en el Congreso para explicar las líneas prioritarias de su departamento e informar sobre el impacto y las medidas previstas ante la borrasca 'Gloria', aclaró que las ayudas de 4,6 millones destinados a los municipios de la Región, desde Águilas a San Pedro del Pinatar, se suman a los 19,5 asignados ahora a Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. Destacó que el objetivo es restablecer las infraestructuras antes de la temporada turística de Semana Santa. 
Fuentes del Ministerio aclararon que si en la relación de municipios en los que se van a realizar obras declaradas de emergencia aparecen poblaciones limítrofes de Alicante, como Pilar de la Horadada, es porque han sufrido daños a causa del temporal de enero diferentes a los que causó la DANA

La ministra de Trabajo anuncia medidas para convertir en fijos discontinuos a los temporeros

MADRID.- La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado medidas para convertir en fijos discontinuos a los temporeros del campo. Durante su intervención en el Pleno del Congreso, la titular de Trabajo avanzó que su equipo ya está trabajando en iniciativas para «mejorar la estabilidad del empleo en el campo», dando derechos a las personas que actualmente son temporeras, entre otras. 

En la Región hay en este momento unos 60.000 trabajadores eventuales en la agricultura y en el sector agroalimentario, según los cálculos de Comisiones Obreras, que podrían beneficiarse de las reformas previstas para los jornaleros.
El secretario general de CC OO, Santiago Navarro, estima que entre las empresas agrícolas y los almacenes de envasado y manipulado de frutas y hortalizas suman entre 110.000 y 115.000 asalariados, el 60% de los cuales trabaja con contratos eventuales a lo largo del año.
Navarro destacó que gran parte de los temporeros son contratados a través de las empresas de trabajo temporal, que firman más de la mitad de los contratos cada año, lo que supone casi medio millón.
Según sus estimaciones unos 50.000 trabajadores tienen un contrato fijo discontinuo que les permite cobrar el paro cuando dejan de trabajar y tener los mismos derechos y prestaciones que los trabajadores con contrato indefinido, cuya presencia es más reducida.
Durante la sesión de control al Gobierno, Yolanda Díaz aludió a las reformas que ha anunciado el Ministerio de Agricultura para evitar que las grandes empresas de la distribución asfixien a los agricultores con precios que no llegan a cubrir los costes de producción, pero también planteó la necesidad de dar mayor estabilidad al empleo agrario.
Yolanda Díaz, que el pasado martes se reunió con los representantes de las organizaciones agrarias Coag, UPA y Asaja para una primera toma de contacto que propicie el desarrollo de medidas que mejoren la situación del sector agrario, recordó que se ha acordado la constitución de una mesa de diálogo específico para abordar los problemas del sector. 
En este encuentro el Ministerio de Trabajo se comprometió a estudiar medidas que puedan aliviar la situación del sector en el marco de sus competencias, incluido el establecimiento de bonificaciones para impulsar la calidad del empleo agrario.
Durante su comparecencia de ayer en el Congreso Díaz indicó que desde su departamento «es poco lo que podemos hacer», aunque se comprometió a ayudar «en la medida en la que podamos dar estabilidad, como la reformulación, racionalización y redefinición de los subsidios».
Fuentes de Trabajo han calificado de «desastre» la situación en la que se encuentran las peonadas y los subsidios en España, mientras que señalaron que en la reunión del martes con las organizaciones de productores agrarios se plantearon bonificaciones condicionadas a cambiar el modelo de trabajo en el campo, incidiendo en el impacto de género, potenciando los contratos fijos discontinuos y devengando prestaciones de empleo, entre otras medidas.
Santiago Navarro destacó que la legislación actual ya obliga a hacer fijos discontinuos a los trabajadores que son contratados todos los años por las mismas empresas durante las campañas agrícolas, dado que se trata de una figura concebida para evitar el encadenamiento de contratos temporales, aunque más de la mitad de los trabajadores del campo y de los almacenes siguen siendo eventuales.

Caen un 2,1% las exportaciones de mercancías de la Región en 2019

MADRID.- Las exportaciones de mercancías de la Región de Murcia en 2019 ascendieron a 10.560,8 millones de euros, un 2,1 por ciento menos que en 2018 (10.782,6 millones), aunque manteniéndose como la sexta provincia que más exporta de España, según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Por delante de la provincia murciana se sitúan en 2019 Barcelona (57.163,2 millones de euros); Madrid (31.178,9 millones de euros); Valencia (17.975 millones de euros); Zaragoza (11.610,6 millones de euros); La Coruña (10.965,5 millones de euros).
Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Aragón (13,1%), Asturias (12%) y Navarra (11,6%). Mientras, los mayores descensos se dieron en Baleares (-8,6%), Castilla y León (-4,6%) y Canarias (-4,1%).
Por su parte, las exportaciones españolas de mercancías aumentaron en 2019 un 1,8% en respecto al año anterior, alcanzando los 290.089 millones de euros (M€), según los datos de comercio declarado de Aduanas presentados este jueves en rueda de prensa por la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez.
"En un entorno complejo y de tensiones comerciales, estos datos vienen a confirmar la resiliencia y potencia de nuestro sector exportador", ha señalado Méndez.
"La economía española ha afrontado la difícil coyuntura internacional desde una posición sólida, con un crecimiento que continúa siendo superior al de nuestros principales socios europeos y que permite seguir creando empleo", ha añadido la secretaria de Estado de Comercio.
Las importaciones aumentaron un 1% hasta los 322.069 M€. Como resultado, el déficit comercial del acumulado anual se redujo un 5,5%, quedando en 31.980 M€. La tasa de cobertura (cociente entre exportaciones e importaciones) se situó en el 90,1% (89,4% en 2018).
Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las exportaciones provinieron del sector de alimentación, bebidas y tabaco (1 punto), bienes de equipo (0,7 puntos), productos químicos (0,5 puntos) y manufacturas de consumo (0,3 puntos).
Las principales contribuciones negativas provinieron de los sectores de productos energéticos (-0,5 puntos), materias primas (-0,2 puntos), sector automóvil (-0,1 puntos) y semimanufacturas no químicas (-0,1 puntos).
Las exportaciones a la UE (65,7% del total) aumentaron un 2%. Las dirigidas a la zona euro (51,5% del total) aumentaron un 1,7%. Las dirigidas al resto de la UE (14,3% del total) aumentaron un 3,2%.
Las exportaciones a terceros destinos (34,3% del total) aumentaron un 1,3%, con incrementos a América del Norte (9,2%), Asia excluido Oriente Medio (7,4%) y África (0,5%). Se redujeron las destinadas a Oriente Medio (-8,5%), Oceanía (-2,7%) y América Latina (-1,1%).

La alcaldesa denuncia que el reparto de efectivos de Guardia Civil no cubre las necesidades de Cartagena

CARTAGENA.-La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha denunciado este jueves 20 de febrero que el reparto de los 80 nuevos efectivos de la Guardia Civil que se han incorporado hoy en la Región es "insuficiente y desde luego no cubre las necesidades más básicas del campo de Cartagena".

Castejón, ha solicitado una reunión con el delegado del Gobierno con carácter de urgencia, ya que a pesar de que, sobre el papel, a la quinta compañía de Cartagena se han destinado un total de 8 guardias civiles, en la práctica 6 van a trabajar en el destacamento del aeropuerto de Corvera, 1 a La Unión y otro a la sección Fiscal del Muelle Alfonso XII. De los efectivos que se han destinado a la Jefatura de Operaciones, uno se hará sumará al Servicio Marítimo Provincial.
"Con este reparto la Delegación del Gobierno ha puesto de manifiesto que no conoce en absoluto la realidad del municipio de Cartagena. Especialmente, cuando hace menos de una semana que se produjo una protesta vecinal en Pozo Estrecho en la que los ciudadanos de nuestros pueblos denunciaban las consecuencias de esta flagrante falta de seguridad", ha afirmado la alcaldesa.
La del pasado domingo no fue la primera manifestación en la que los vecinos, tanto del campo de Cartagena como del litoral, han pedido más efectivos a la Guardia Civil, ya que todos estos pueblos son competencia exclusiva de dicho cuerpo. 
La Palma, La Aljorra, El Albujón, El Carmolí, Los Nietos o Los Urrutias han demandado en varias ocasiones un incremento de las patrullas, lo que ha quedado reflejado en los plenos de las Juntas Vecinales, tanto por robos en sus viviendas como en explotaciones agrícolas y ganaderas.
"Somos conscientes de que en junio de 2019 hubo 2 incorporaciones al Puesto de Cartagena, pero siguen sin ser suficientes para cubrir las bajas y las necesidades de todo el territorio que abarca el municipio", ha concluido Castejón.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular de Cartagena, Álvaro Valdés, ha lamentado que ni uno solo de los agentes de la Guardia Civil que se incorporarán a la Región, irá destinado a reforzar la seguridad ciudadana en Cartagena, a pesar de los problemas de inseguridad que sufren las zonas rurales y de ser el punto de entrada de la inmigración ilegal a nuestra región, según ha informado hoy la Delegación de Gobierno.
Valdés ha criticado que "el Delegado de Gobierno, José Veléz, no sea capaz de redistribuir los efectivos de la Guardia Civil para garantizar la seguridad en nuestras diputaciones y para reforzar la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cartagena en el control de la inmigración ilegal y la llegada de pateras procedentes de Argelia al Puerto", tal y como reclamó ayer el Gobierno regional al Gobierno de España, en la Conferencia sectorial de asuntos de Seguridad Nacional, donde están representadas todas las comunidades autónomas.
Hay que recordar que este último fin de semana llegaron a nuestra costa 67 inmigrantes procedentes de Argelia, dos de ellos menores de edad. El portavoz popular ha recalcado que "la seguridad es problema de todos, por lo que es necesario aunar esfuerzos de todos los cuerpos de seguridad para evitar que Cartagena se convierta en una ruta segura de entrada de inmigración ilegal" y ha criticado que "no se destine a Cartagena ningún guardia civil para garantizar la seguridad, a pesar de la incorporación de 80 agentes a la Región, 8 a la zona de Cartagena".
Por lo que, el portavoz popular ha exigido al Gobierno de España "mayor colaboración y establecer un protocolo de actuación para responder de forma rápida y segura a la llegada de pateras a nuestras costas, sobre todo, en materia social y de seguridad".
"Es necesario reforzar la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil e implicar la colaboración de la Policía local para formar a los agentes en materia de inmigración y la lucha contra las mafias, tan vinculada a la llegada de estas personas a nuestro país".

Más de 30.000 edificios de la Región tendrán que adaptar sus antenas de la TDT

MURCIA.- Alrededor de 31.000 edificios comunitarios de tamaño mediano y grande, en los que residen casi 606.000 personas, tendrán que adaptar en la Región la instalación de la antena colectiva de televisión para poder seguir viendo los canales de TDT.

Esta adaptación para recibir las nuevas frecuencias se tendrá que hacer antes de que finalice junio. No obstante, no se perderán canales de televisión, ya que la oferta televisiva se mantendrá, y todos los televisores y decodificadores continuarán siendo válidos, no siendo necesaria la compra de ningún aparato.
Así lo ha adelantado este jueves en rueda de prensa el subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Antonio Fernández-Paniagua, que ha presentado las actuaciones previstas en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, en relación con la liberación de frecuencias del Segundo Dividendo Digital.
Estas actuaciones afectan a la Región de Murcia, más concretamente serán los municipios de la zona sur de la Comunidad los que tengan que resintonizar los receptores, un total de 27, entre los que se encuentra la capital.
En concreto, son los municipios de Abanilla, Águilas, Alcantarilla, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Cartagena, Ceutí, Fortuna, Fuente Álamo, Librilla, Lorca, Lorquí, Mazarrón, Molina de Segura, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Las Torres de Cotillas, Totana, La Unión, Santomera y Los Alcázares.
En otros 18 municipios de la Comunidad no se tendrán que adaptar las antenas colectivas en los edificios, aunque sí tendrán que resintonizar con el mando a distancia sus televisores con el mando a distancia a finales de junio, cuando acabe el proceso de adaptación.
Este cambio de frecuencias se produce por el mandato europeo para liberar el Segundo Dividendo Digital, que permitirá el próximo despliegue de redes ultrarrápidas 5G en la banda de 700 MHz. La ciudadanía puede informarse en 'www.televisiondigital.es' y en los teléfonos '901 201004' y '910 889879'.
Durante este cambio de frecuencias, con el fin de facilitar la transición y minimizar el impacto para la ciudadanía, las cadenas de televisión que tienen que cambiar de frecuencias emitirán simultáneamente a través de las frecuencias nueva y antigua (simulcast) antes de proceder al cese de esta última a finales de junio de 2020.
El cambio de frecuencias es un proceso que no implica la aparición ni desaparición de canales de televisión, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT.
Tampoco afecta por igual a todos los edificios ya que solo deberán realizar adaptaciones los edificios comunitarios de tamaño mediano o grande que estén equipados con sistemas monocanales o centralitas programables. Por su parte, las viviendas individuales no necesitan hacer esta adaptación.
Por tanto, los administradores de fincas o los presidentes de comunidades de todos aquellos edificios que tengan que realizar estas adaptaciones deben contactar lo antes posible con una empresa instaladora registrada, siendo lo más recomendable solicitar varios presupuestos.
En caso de que en un edificio o vivienda no se realice la adaptación necesaria antes de la fecha límite indicada, los ciudadanos podrán dejar de ver algunos canales. La recepción se recuperaría una vez se acometan dichos ajustes.
Independientemente del tipo de equipo de recepción de señal de los edificios, toda la población de los 45 municipios murcianos deberá resintonizar sus televisores con el mando a distancia para poder disfrutar de la oferta completa de TDT, una vez que finalicen las emisiones en las antiguas frecuencias.
Acompañado del secretario general de la delegación del Gobierno en la Región, Francisco Jiménez, ha recordado que se dispone de ayudas públicas para este proceso para minimizar su impacto.
Para ello, el Consejo de Ministros aprobó la concesión directa de subvenciones a las comunidades de propietarios afectadas, por un valor total de 145 millones de euros, gestionadas por la empresa pública Red.es. La cuantía de la subvención oscila entre 104,3 euros y 677,95 euros por edificación, en función de la infraestructura previamente instalada en el edificio.
Las solicitudes de ayudas se podrán presentar online hasta el 30 de septiembre de 2020, tras haber realizado previamente la adaptación de las instalaciones de recepción de la señal de TDT.
Será necesario presentar la documentación justificativa, incluyendo la factura y el boletín de instalación. Solo se podrán solicitar ayudas para las actuaciones realizadas por empresas instaladoras del Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Los ciudadanos podrán consultar todas sus dudas en la página web 'http://www.televisiondigital.es/' y en los teléfonos '901 201004' y '910 889879'.
El cambio de frecuencias de la TDT se produce a consecuencia del llamado Segundo Dividendo Digital, por el que se debe liberar antes del 30 de junio de 2020, por mandato europeo, la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico para permitir el despliegue de futuras redes de telecomunicaciones 5G. De esta manera, se hace un uso más eficiente del espectro radioeléctrico para que, en menor espacio, se mantengan los mismos servicios y liberar parte para la llegada de otros nuevos.
Se mantiene así la apuesta por situar a España entre los países líderes en el desarrollo de la tecnología 5G, que impulsará la competitividad del tejido empresarial y facilitará la aparición de innovaciones disruptivas

El Gobierno regional no se reunirá con la ministra Celaá hasta que no se resuelva el recurso del pin parental

MURCIA/MADRID.- El consejero de Presidencia y Hacienda de la Región de Murcia, Javier Celdrán, ha descartado este jueves retomar la reunión con la ministra de Educación, Isabel Celaá, prevista para mañana en tanto no se resuelva el trámite judicial impulsado por su departamento para retirar el denominado "pin parental".

"Vamos a ver cómo evoluciona el trámite judicial iniciado, tiene poco sentido reunirnos en fechas cercanas", ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha insistido en que el Ejecutivo murciano acatará cualquier decisión judicial como, según ha dicho, ha hecho en todo momento.
Además, ha lamentado que Celaá se haya dedicado "durante semanas a amenazar" con este asunto a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para acabar llevándola a los tribunales en lugar de tratar de dirimir las diferencias desde el diálogo, pero ha apuntado que el recurso contencioso entra dentro de la normalidad en un estado de derecho.
"Seguimos con la tranquilidad de contar con el informe jurídico y el informe técnico de la inspección, y de que lo que hemos hecho se ajusta a ley", ha destacado, y ha considerado que este debate se está tratando de llevar al plano político para generar una "cortina de humo" y no hablar de otros asuntos de interés nacional.
Los servicios jurídicos de la Región de Murcia estudian el recurso presentado por el ministerio y decidirán cómo articular la defensa de la comunidad autónoma.
Sobre la declaración institucional aprobada ayer por la Universidad de Murcia (UMU) en contra del permiso parental, ha asegurado que el Gobierno autonómico valora de manera "muy positiva" que la institución docente emita sus opiniones sobre temas que afectan a la comunidad autónoma, y ha señalado que sería también oportuno que se pronunciase sobre otros asuntos como la financiación autonómica, que les afecta directamente, el déficit estructural de agua de la región o que todavía no haya un tren AVE.

Celaá no tiene inconveniente en reunirse con la consejera de Educación 


La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado que no tiene inconveniente en reunirse con la consejera del ramo de Murcia para explicarle por qué su departamento ha recurrido el 'pin parental' que se ha aplicado en la Región.
"No tenemos inconveniente como hemos venido demostrando, fue ella la que nos pidió posponer el encuentro", ha asegurado Celaá a la entrada de la Comisión de Educación y FP del Congreso, ante la que ha comparecido este jueves para explicar las líneas de trabajo de su ministerio para esta legislatura.
La ministra se refiere a la reunión que tenía prevista la semana pasada con la consejera murciana y que esta aplazó por falta de "tiempo". Celaá ha señalado que en una futura reunión le explicaría a la consejera "las razones, si es que no las ha entendido" de por qué el Gobierno ha decidido interponer el recurso al 'pin parental'.
En declaraciones a los periodistas, ha indicado que, esta decisión se ha tomado, para cumplir con la "obligación de defender el interés superior del menor".
Aún así, ha señalado que la actitud del Ejecutivo del PP de Murcia --que gobierna en coalición con Ciudadanos y el apoyo de Vox-- no deja de parecerle "una curiosidad antológica" ya que la formación 'popular', con la LOMCE, retiró el derecho a voto de los padres en los Consejos Escolares, dejándolos como "meros órganos de asesoramiento y no de control como dice la Constitución".
"Y ahora están afirmando todo el rato la libertad de las familias", ha apuntado.
En cuanto al futuro del recurso, que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia aceptó a trámite este miércoles, Celaá lo deja "en manos" de la justicia. "Estaremos a lo que nos digan los tribunales", ha concluido.

La Región, a la cabeza en declaraciones que marcan la 'X' de la Iglesia Católica

MADRID.- La cantidad recaudada a favor de la Iglesia creció en 2019 en todas las comunidades autónomas. Las que más marcan la 'X' de la Iglesia son: Castilla-La Mancha (45% de los contribuyentes), Murcia (43,8%), La Rioja (44,9%), Extremadura (44%) y Castilla y León (42,2%). Por el contrario, Cataluña registra el mayor descenso, con un 17,43% de contribuyentes que la marcan, seguida por Galicia (24,9%) y Canarias (25,95%).

La Iglesia recaudó 284,4 millones de euros a través del 0,7% del IRPF, 16,6 millones de euros más que el año anterior (un 6,2% más), alcanzando su máximo histórico, según los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia en la Declaración de la Renta 2019, correspondiente a la actividad económica desarrollada en 2018 y presentados este jueves en rueda de prensa por la Conferencia Episcopal Española (CEE).
En concreto, registraron 7,2 millones de declaraciones a favor de la Iglesia, 26.885 más que el año anterior. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, más de 8,5 millones de contribuyentes destinan a la Iglesia el 0,7% de sus impuestos. Esto supone que el 32,3% de los contribuyentes, 1 de cada 3, marcaron la X de la Iglesia y, de media, cada contribuyente que marca la 'X' aporta 35 euros.
La Iglesia ha celebrado estos datos y atribuye este incremento tanto en el número de declaraciones como en la cantidad recaudada a "la mejora de la situación económica" así como al "aumento del número de declarantes".
"284,4 millones es la cifra más alta desde el inicio de la asignación tributaria, desde el inicio de este nuevo sistema que hace girar la colaboración del Estado con la Iglesia en la voluntad personal de cada contribuyente, y supone 16,6 millones más que el año anterior, un 6,19% más. Se trata, por tanto, de un modelo en claro crecimiento", ha afirmado el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, este jueves, en una rueda de prensa en Madrid.
Barriocanal ha precisado que "es un modelo que estuvo una serie de años estancado por el efecto de la crisis económica y de las bases imponibles que se estaban declarando" pero ha explicado que "la mejora de la situación económica y el incremento del número de declarantes hace la evolución positiva de los últimos años".
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha mostrado su agradecimiento por estos datos y ha subrayado que la posibilidad de marcar la 'X' de la Iglesia católica en la Declaración de la Renta es "un singular ejercicio de democracia fiscal".
"Ojalá en 2020 pudieran ser 9 ó 10 millones de contribuyentes los que quisieran contribuir con su 'X' al sostenimiento de la Iglesia", ha subrayado el portavoz de los obispos, al tiempo que ha añadido que este sistema del 0,7% del IRPF "forma parte de la autofinanciación de la Iglesia", y "reconoce a los creyentes un estatus de ciudadanía".
"Es una España diversa y los porcentajes de asignación a favor de la Iglesia católica son muy dispares", ha analizado el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE.
Por edades, el tramo de edad que más marca la 'X' en la Declaración de la Renta es el de los contribuyentes entre 40 y 60 años. Los jóvenes menores de 19 años también lo hacen por encima del 32,6% y entre los de 20 y 29 años se han incorporado 10.000 nuevas declaraciones, "un indicador de cierto futuro de la asignación tributaria", para Giménez Barriocanal.
En cuanto al sexo del declarante (o del primero en declaraciones conjuntas), las mujeres siguen siendo más proclives a destinar el 0,7% del IRPF a la Iglesia católica --lo hace un 34,9%, frente al 32,6% de los hombres--.
Sobre el proyecto de informe del Tribunal de Cuentas en el que concluye que hay "carencia de información precisa" sobre el destino de fondos que recibe la Iglesia del IRPF, Giménez Barriocanal ha defendido que la Iglesia hace "lo que se pidió" en un intercambio de notas en 2006 que regulaba el nuevo sistema de la asignación tributaria.
"Se establece el compromiso de la Iglesia de presentar una memoria justificativa. Eso es lo que establece el canje de notas, estuve en esa negociación y eso es lo que se nos pidió, una memoria no solo económica sino que pusiera de manifiesto la actividad de la Iglesia en el país", ha añadido.
Además, ha insistido en que en toda la vida del sistema de asignación tributaria, "nunca jamás" han recibido "anotación de ninguna administración diciendo que se deba cambiar el sistema" sino "todo lo contrario"; y ha precisado que tampoco el Tribunal de Cuentas se ha dirigido a ellos para pedir aclaraciones sobre su memoria.
Sin embargo, en dicho proyecto de informe del Tribunal de Cuentas, al que tuvo acceso Europa Press, y que está pendiente de aprobación por el Pleno, se señala que la Administración General del Estado "carece de información precisa" sobre el destino de los fondos que recibe la Iglesia católica a través de la 'X' en la Declaración de la Renta.
En concreto, señala que al no contar con esta información precisa, "no puede distinguir entre los fondos que tienen como destino actividades no económicas de los que tienen como destino actividades económicas".
El Tribunal de Cuentas también precisa que, si bien la Iglesia ha presentado "con regularidad" su memoria ante el Ministerio de Justicia desde el año 1980, no existe "una normativa estatal que regule los plazos, la forma de presentación y el contenido que ha de tener" y, como consecuencia, señala que la Iglesia elabora una memoria "con sus propios criterios, que se corresponden más con una memoria de actividades que con una memoria justificativa".
Giménez Barriocanal ha apuntado que el pasado 25 de noviembre la CEE recibió un escrito en el que "se deja muy claro que la CEE y la Iglesia no son entidades fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas" y ha enfatizado que la "competencia" de este Tribunal es "fiscalizar a la Administración General del Estado y a los partidos políticos".
En cualquier caso, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE ha destacado que las relaciones entre la Iglesia y el Estado están "donde siempre han estado, en un régimen de colaboración y respeto mutuo".
 "Si el Tribunal de Cuentas instara al Gobierno a solicitar a la Iglesia que cambiara el sistema, imagino que se incorporará a los diálogos", ha planteado.