domingo, 29 de octubre de 2017

C's pide al Gobierno que concrete las fechas para acometer la descontaminación de suelos en El Hondón de Cartagena


CARTAGENA.- Ciudadanos ha elevado al Congreso de los Diputados el proyecto de descontaminación de suelos en las parcelas de El Hondón (Cartagena) que ocupaban las viejas fábricas de fertilizantes. 

El diputado José Luis Martínez, vocal de la Comisión de Medio Ambiente, quiere conocer si el Gobierno tiene previsto acometer esta descontaminación siguiendo las últimas directrices marcadas por el Consejo de Seguridad Nuclear. 
“Hay elaborado un estudio bajo el manto de la Universidad Politécnica de Cartagena que destaca la presencia de pirita y fosfoyeso en esta zona. Según el Consejo de Seguridad Nuclear, sería necesario confinar la pirita y encapsular los fosfovesos para garantizar una adecuada descontaminación, y queremos saber si el Gobierno va a seguir estas directrices y sobre todo cuándo podrían iniciarse los trabajos”, ha señalado Martínez.
La pasada semana, el investigador responsable del grupo de investigación de Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos de la UPCT, Ángel Faz, expuso las conclusiones de sus trabajos sobre “Caracterización, diagnóstico y análisis de riesgos de los suelos, balsas y acopios en la parcela de El Hondón”, sobre los residuos existentes en la parcela que en su día ocuparon las fábricas de fertilizantes. 
El estudio determina que los residuos existentes en la zona son principalmente de pirita y fosfoyeso, un tipo de residuos cuya gestión queda bajo la tutela del Consejo de Seguridad Nuclear. Ahora, el anteproyecto de descontaminación deberá realizarse junto a la Dirección General de Medio Ambiente.

La Región de Murcia recibe más de 190.000 euros para proyectos municipales de gestión de residuos


MURCIA.- La Región de Murcia recibe ayudas por importe de 192.289 euros para la puesta en marcha de proyectos relacionados con el compostaje doméstico y la recogida separada de residuos orgánicos biodegradables y aceite doméstico, así como para la adaptación de puntos limpios y el sellado de vertederos. A estas ayudas hay que sumar la cuantía para actuaciones en las líneas 'PIMA Adapta Costas' y 'PIMA Adapta Ecosistemas' por valor de 285.277 euros.

Así se recoge en el informe hecho público por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, integrada por dicho órgano y los titulares de Medio Ambiente de las distintas comunidades, han acordado el reparto de las ayudas del Plan de Inversiones de Medio Ambiente (PIMA), que en el caso de la Región de Murcia suponen un total de cerca de medio millón de euros (477.566 euros).
El director general de Medio Ambiente, Juan Madrigal, explicó que "con esta nueva aportación, desde el Gobierno regional, y en coordinación con el resto de comunidades, continuaremos impulsando acciones de mejora del medio ambiente e integración de las políticas de calidad ambiental con las de lucha contra el cambio climático, para reducir así las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con ello los objetivos en el uso de energías renovables".
Madrigal detalló que "a esta nueva convocatoria habían concurrido diversos proyectos de ayuntamientos de la Región de Murcia que han sido aceptadas casi en su totalidad gracias a su calidad". De este modo, se han recogido dentro de la principal línea de trabajo, 'PIMA Residuos', algunas de las propuestas realizadas por los ayuntamientos de Alhama de Murcia, Alguazas, Molina de Segura, Mula, San Pedro del Pinatar y Cieza, para las que se ha dotado de una partida de 129.741 euros.
Además de estas iniciativas, la Conferencia Sectorial acordó la dotación presupuestaria a la Región de Murcia para trabajar en otras dos líneas de actuación: la puesta en marcha de proyectos relacionados con la adaptación de los puntos limpios y el sellado de vertederos.
El Ministerio ha acordado la concesión de un total de 15.625 euros para la adaptación de puntos limpios a la normativa vigente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES), distribuidos en los municipios de Cieza, Molina de Segura y San Pedro del Pinatar, y de 46.923 euros para la adaptación de puntos limpios y el sellado de vertederos, para proyectos en Cieza, Jumilla, Puerto Lumbreras, San Javier y San Pedro.
La Consejería, añadió Madrigal, "coordinará la transferencia de las ayudas y colaborará en el seguimiento y desarrollo de algunas de las actuaciones como desarrollo de las medidas del Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020, además de trabajar en diferentes campañas para continuar concienciando e implicando a la población en la necesidad de realizar la correcta separación, recogida y tratamiento de residuos".
Para el desarrollo de las actuaciones enmarcadas en la línea de trabajo 'PIMA Adapta Costas', la Región Murcia recibirá 189.737 euros. Su objetivo es la recopilación de información y bases de datos georreferenciadas de recursos, instalaciones, usos del territorio y actividades vulnerables al cambio climático en la costa. 
Se elaborarán nuevas herramientas para evaluar riesgos y ayudar en la toma de decisiones. Asimismo, se contempla la elaboración de planes de adaptación de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre adscritos a las comunidades para hacer frente a los posibles efectos adversos del cambio climático.
Por su parte, a través de la línea de trabajo 'PIMA Adapta Ecosistemas' también se trata de abordar el reto del cambio climático potenciando, en los bosques, pastizales y superficies agrícolas, las sinergias entre las siguientes acciones: medidas de adaptación y preparación de los ecosistemas ante los cambios en temperaturas y precipitaciones, haciéndolos menos vulnerables, y medidas para aumentar la retención de carbono por formaciones vegetales y el suelo. La partida destinada a la Región en este apartado asciende a un total de 95.540 euros.

Las exportaciones del sector regional del plástico aumentan un 16% durante los siete primeros meses del año


LORCA.- Las exportaciones del sector regional del plástico alcanzaron los 489 millones de euros durante los siete primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 16 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento confirma además la buena tendencia de un sector estratégico para la Región que da empleo en la actualidad a más de 2.500 trabajadores y cuyas ventas en los mercados internacionales han experimentado un aumento del 7,4 por ciento en los últimos cinco años hasta situarse el pasado año en 693 millones de euros.

El director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez, destacó la buena marcha de este sector durante una visita a Coopbox, empresa especializada en el desarrollo de nuevas e innovadoras soluciones de 'packaging' y envasado.
"El plástico ha experimentado un importante desarrollo como sector auxiliar de otros ámbitos económicos con gran peso en la Región, como el agroalimentario o el del mueble y el calzado. Este crecimiento y consolidación, a su vez, ha permitido el desarrollo de un sector de materias primas y transformados plásticos basados en la innovación tecnológica, en la investigación y la ingeniería y en el empleo y desarrollo de nuevos materiales, que ha situado a la Región al nivel de los más avanzados competidores internacionales en ámbitos como la fabricación de embarcaciones, de cascos protectores para motos y bicis o de piezas y componentes tecnológicamente punteros para la industria de la automoción", señaló Joaquín Gómez.
En la actualidad, el sector cuenta en la Región con cerca de 175 empresas, lo que representa el 3,7 por ciento del total nacional. Estas 175 empresas de plástico y caucho aportan a la economía regional unos 550 millones de euros en valor de facturación, lo que supone a su vez el 4,5 por ciento de la producción industrial regional.
Durante la visita a Coopbox, el director de la agencia de desarrollo regional estuvo acompañado del director del Centro Tecnológico del Plástico y el Calzado, Rafael Losana, con quien analizó tanto las actuales líneas de investigación conjuntas como los nuevos proyectos de colaboración que contribuyan al desarrollo y a la creación de nuevos puestos de trabajo en este sector. 
El centro, integrado dentro de la red de Centros Tecnológicos de la Comunidad, está formado por más de 70 empresas y es una herramienta clave para el desarrollo de proyectos de I+D, control de calidad de productos y procesos o búsqueda de financiación.
En este sentido, Gómez recordó "el importante esfuerzo que está realizando el Gobierno regional, a través del Info, para incrementar la inversión en innovación en los dos últimos años". 
Así, por ejemplo, el Ejecutivo autonómico ha puesto a disposición de los empresarios regionales más de 35 millones de euros para financiar proyectos de innovación a través de varias líneas de ayudas como la convocatoria de I+D+i; el programa de Habilitadores 4.0 de la estrategia Murcia Industria 4.0 o el programa InfoFinancia.
En la actualidad, la Región de Murcia invierte en activos intangibles un 5,6 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), lo que la sitúa como la quinta comunidad autónoma que realiza un mayor esfuerzo inversor, solo superada por Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco.
Esta apuesta por la innovación y las inversiones en I+D+i están generando un relevante crecimiento industrial en la Región, cuyo índice de cifra de negocio alcanzó un 16,3 por ciento durante los siete primeros meses del año, situándose como la más alta de toda España. En ese periodo de tiempo, el índice de entrada de pedidos de la industria ha sido también, con un crecimiento del 16,5 por ciento, el que más ha aumentado de todas las comunidades autónomas.
Una de las empresas que se caracterizan por aplicar la investigación y las innovaciones a sus procesos y productos es Coopbox, que cuenta con 115 empleados y acaba de abrir una nueva línea de producción en su planta de Lorca. Esta empresa se integra a su vez en el grupo multinacional CCPL, líder en Europa en la oferta de soluciones completas de 'packaging' y a la vanguardia en el ámbito de la innovación de productos para el envasado de alimentos frescos.
Esta búsqueda constante de nuevas tecnologías, materiales y soluciones de envasado han llevado a la empresa a desarrollar gran variedad de productos, desde la bandeja básica de poliestireno expandido a soluciones drenantes con capacidad de absorber líquidos o bandejas más evolucionadas con barrera contra gases para el envasado en atmósferas modificadas.

Comienzan los trabajos para diseñar el Plan de Formación 2018 para empleados públicos de CARM y ayuntamientos


MURCIA.- La Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP) de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha comenzado los trabajos para diseñar el Plan de Formación 2018 que tiene como objetivo mejorar y actualizar las competencias de los funcionarios públicos de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos y ayuntamientos de la Región.

El director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Enrique Gallego, explicó que "en los próximos días finalizaremos una serie de reuniones para recabar las necesidades formativas de los empleados y trabajar de forma conjunta en dicho plan".
Para realizar este proceso, se celebrarán en cada consejería y ayuntamientos encuentros con los responsables de formación y jefaturas de Policía Local para analizar el desarrollo del Plan de Formación 2017 y recabar las propuestas de cursos dirigidos al personal empleado público que configurarán la oferta de acciones formativas del Plan 2018.
Como novedad, de cara al Plan de Formación del próximo año, y con el fin de avanzar en procesos de transparencia y participación, los empleados públicos tienen a su disposición el catálogo inicial con los 300 cursos del Plan para que puedan realizar las propuestas oportunas. Además, para contribuir a la transferencia de la formación se ofrece la posibilidad de que las unidades administrativas puedan presentar proyectos de innovación orientados a añadir valor a la gestión pública.
Gallego destacó "el compromiso del Gobierno regional por mejorar la formación de los empleados públicos para ofrecer a los ciudadanos servicios de calidad", y resaltó "el buen trabajo y la vocación de servicio público de estos trabajadores".
Durante 2017 se celebran más de 300 acciones formativas, distribuidas en 11 áreas y en distintas modalidades de aprendizaje, para que alrededor de 8.000 empleados públicos de todas las administraciones públicas de la Región, especialmente de la autonómica y la local, puedan mejorar su formación.

El PP lamenta que el alcalde de Totana no se retracte sin ambigüedades y pida disculpas directas a la portavoz popular

TOTANA.- El PP lamenta que "el Sr. Alcalde de Totana todavía no se haya retractado de la expresión machista que dedicó a la portavoz municipal del PP, Isabel María Sánchez, ya que solo ha pedido unas disculpas ambiguas, vagas y muy genéricas sin ni siquiera nombrarla después del espectáculo que protagonizó al final del pleno del jueves. De su rueda de prensa se desprende poca convicción y sólo una escenificación para acallar las críticas", dice el PP en un comunicado.

"Desde el PP creemos que el Sr. Alcalde salió en rueda de prensa ante las presiones y críticas que sufrió desde la misma noche del pleno, pero las cuales sabían más a justificación por su propio Equipo de Gobierno, por la nota de prensa del PP y las redes sociales. Sus palabras tenían un doble lenguaje porque en ningún momento se dirige a la portavoz del PP pidiendo una disculpa sincera propia del cargo institucional que tiene y como representante de los hombres y mujeres de este pueblo. En el debate político no cabe todo y menos en una corporación con tantas mujeres como la de Totana.
El Pleno vivió el jueves uno de los momentos más desafortunados de la historia democrática reciente con una actitud intransigente, intolerante, dictatorial y nada dialogante, negando la intervención y el amparo a la portavoz popular que nos obligó a abandonar el pleno como gesto de protesta por el rodillo político y la humillación que sentimos.
Es muy triste que los medios regionales estén publicando noticias estos días que ponen al presidente de esta Corporación, que representa a miles de vecinos y vecinas de Totana, como una persona machista que acorraló con un refrán inapropiado a la concejala del PP de forma humillante y tercermundista. Es una mala imagen de nuestra Institución, de nuestro pueblo y Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde demostró su talante autoritario y poco democrático después del lamentable refrán negándole la palabra y tratándola mal, de una manera impropia del cargo que ostenta.
El Alcalde debe pedir perdón directamente y sin paños calientes a Isabel María Sánchez porque su ofensa es un ataque a todas las concejalas de la Corporación y a todas las mujeres de Totana y de la sociedad. Si no se pide perdón directamente, no a Isabel si no a todas las concejales, no es competente ni merecedor del cargo que tiene.
Reconocer un error es de valientes pero hacerlo con medias tintas es un acto de cobardía añadido al lamentable refrán machista y más después de haberse aprobado una moción contra la violencia de género".
El PP insta a las concejalas del Grupo Socialista a que exijan al Sr. Alcalde una rectificación clara y directa de sus palabras y pida disculpas "sin tiritas" a la persona de Isabel María "porque si no todas serán cómplices de sus palabras".
"Queremos agradecer las numerosas muestras de apoyo que hemos recibido desde el pleno por muchos vecinos y vecinas, concejales y concejalas, asociaciones, partidos políticos etc de Totana y de fuera".

Salud propone armonizar la normativa nacional que regula los establecimientos de tatuajes


MURCIA.- La Consejería de Sanidad ha propuesto armonizar la normativa nacional que regula los establecimientos de tatuajes y piercings para establecer los mismos contenidos en cuanto a autorizaciones, cursos para tatuadores y medidas de higiene.

El director general de Salud Pública y Adicciones, José Carlos Vicente, expuso ante la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "la necesidad de realizar una comparativa de las legislaciones autonómicas sobre centros de tatuaje y piercings para homologar los requisitos de apertura, permisos y licencias, que actualmente se rigen por normas distintas con notables diferencias entre ellas".
En la actualidad, estos permisos se conceden por parte de ayuntamientos en algunas comunidades autónomas o por la Administración regional en otras, como es el caso de la Región de Murcia, y no son coincidentes en los requisitos para su apertura y uso.
Otra de las facetas pendientes de homogeneizar, explicó el director general, es el del control de las tintas que se emplean en estos centros. 
"En nuestro país sólo se permite el uso de las que están autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, lo que supone una mayor garantía para los usuarios", precisó.
El Decreto 17/2003, de 14 de marzo de 2003, regula las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos de tatuaje y de piercing de la Región de Murcia. En él se recogen las características generales que se exigen a los locales, normas generales de higiene y formación de los tatuadores, con el fin de proteger a quienes se someten a estas técnicas, ya que existe un riesgo potencial para la salud de transmisión de enfermedades a través de las heridas o pérdidas de revestimiento cutáneo.
El Decreto regula las características generales de las instalaciones, así como las garantías y responsabilidades, el equipamiento, instrumental y productos, además de las normas generales de higiene y seguridad y la formación de los aplicadores.

'Satse' denuncia riesgo jurídico para las enfermeras por la aplicación del protocolo regional para vacunar en colegios


MURCIA.- El Sindicato de Enfermería SATSE denuncia ante el consejero de Salud, Manuel Villegas, y el gerente del SMS, Asensio López, el riesgo legal que implica el protocolo regional para la administración de vacunas en los centros educativos en la inminente campaña sanitaria.

Dicho Protocolo autonómico recoge que son los profesionales de enfermería los que deben de ir a los colegios a vacunar a los niños pero sin la figura del médico que es el responsable de la prescripción. Esto se opone a lo señalado por el Real Decreto 954/2015 en vigor que tiene un rango superior.
El Real Decreto recoge también que los profesionales de enfermería no pueden realizar el Diagnóstico Diferencial entre Lipotimia y Anafilaxia porque, si bien están cualifiados para ello, se lo impide la actual regulación, al igual que actuar en el manejo de las reacciones vacunales en niños y adolescentes.
También se denuncia que el Protocolo de la Región de Murcia carece de validez ante el Real Decreto nacional ya que no está pasado por el Ministerio de Sanidad y validado como regula el propio RD 954/2015.
"Ante todo este atropello, SATSE aconseja a sus afiliados y a la enfermería murciana que no acudan a los colegios a vacunar si no van acompañados del personal médico requerido".
Para los representantes sindicales, la Administración no puede obligar a que los profesionales de enfermería incumplan la legislación vigente.

La CARM y 'Mapfre' acuerdan un plan para emplear como autónomos a parados

MURCIA.- La Comunidad Autónoma inició una colaboración en la Región de Murcia con la empresa aseguradora Mapfre para derivar desempleados inscritos en las oficinas del SEF a sus procesos de selección, de cara a una posterior formación e incorporación. De hecho, ya se celebró la primera sesión informativa en las dependencias de la empresa en Murcia, a la que asistieron 14 candidatos propuestos por el SEF.

El proceso de selección continúa abierto, y próximamente se celebrarán nuevas 'tandas' encaminadas a la selección de empleados. Por parte de los técnicos del SEF, se deriva a estas entrevistas de trabajo a demandantes de empleo que están interesados en el trabajo por cuenta propia, los cuales, en el caso de ser seleccionados, pasarán a desempeñar puestos relacionados con la venta de seguros.
Los seleccionados pasarán a ser responsables de nuevas oficinas de Mapfre, desde donde se fidelizarán y captarán nuevos clientes para ofrecerles sus servicios aseguradores y financieros. Una vez establecidas las nuevas oficinas, éstas podrán incrementar el potencial de empleo recurriendo a los servicios del SEF para buscar perfiles que, ya como empleadores, puedan necesitar. 
Fue la propia empresa la que se puso en contacto con responsables del SEF para la búsqueda de personas que hubieran declarado su interés en la opción laboral del autoempleo, así como para ofrecer difusión a esta demanda de trabajadores.
Los nuevos trabajadores podrán seguir en la empresa un plan de formación durante cuatro años, con el fin de adquirir las técnicas necesarias para convertirse en profesionales del sector. Durante este periodo dispondrán de una beca mensual, y una vez superada esa fase inicial, optarán a dirigir una oficina delegada de la empresa con una beca adicional y mensual durante otros cuatro años.
El director general del SEF, Alejandro Zamora, resaltó que «son cada vez más las empresas que confían en el SEF para filtrar candidatos porque contamos con personal especializado en esas labores de intermediación, y porque la derivación de candidatos se adapta minuciosamente a lo requerido por cada empresa».

Expertos del Comité Fitosanitario tratan el avance del 'ébola del olivo' y el estado del Mar Menor

MURCIA.- La situación por el avance de la plaga conocida como 'ébola del olivo' ('Xylella fastidiosa'), así como las prospecciones de plagas emergentes en la Unión Europea, fueron algunas de las cuestiones tratadas en la reunión del Comité Fitosanitario Nacional celebrado en Murcia, que estuvo presidida por el subdirector general de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, José María Cobos. En el encuentro participaron 23 representantes de las distintas administraciones.

Los expertos abordaron asuntos relacionados con los acuerdos sanitarios y el control en frontera, entre los que destaca las campañas específicas de exportación y las negociaciones en curso por parte del Ministerio para la apertura de mercados. Los participantes realizaron una visita técnica a explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y de la zona Arco Sur, donde pudieron conocer la problemática del Mar Menor. 
Además, mantuvieron una reunión con responsables de Proexport y visitaron la zona de La Palma, para conocer las actuaciones relativas al control de plagas y enfermedades de los cultivos denominados 'Baby leaf', que cuentan actualmente con una alta demanda por parte de los consumidores de productos vegetales de cuarta gama.

'Operación Mercader' / Joaquín García Cruz *

El tiempo lo cura todo, pero hay heridas que tardan en cicatrizar y otras que nunca sanan. También en política sucede. El desgarro que provocó en el PP la deserción de Alberto Garre es todavía una llaga purulenta de pronóstico difícil. Aún resuena en el alma de los populares el portazo que les dio su viejo camarada de los años duros en la oposición, el diputado que se jugó la soldada desacatando a su grupo parlamentario para proteger el Tajo-Segura y con aquel gesto de arrojo en el Congreso se ganó a los regantes. 

La carta a Mariano Rajoy en la que Alberto Garre se borraba del PP fue televisada en ‘prime time’ por todos los medios nacionales, que tenían el foco puesto sobre Murcia en aquellos días de marzo ante la certeza de que a Pedro Antonio Sánchez estaban a punto de darle las campanadas. Fue una misiva sin la menor concesión a la sutileza, hecha de hiel, en la que Garre acusaba a Rajoy de haber «sepultado bajo las alfombras las inmundicias de la corrupción política», y al PP regional le afeaba haber perdido 147.000 votos, 11 diputados y la mayoría absoluta en la Asamblea. Es pronto para olvidar aquel escarnio. Pero algo ha acontecido. 

La confirmación por Garre de que creará y liderará un partido político de corte regionalista preocupa y mucho al PP ante el escenario electoral novedoso de 2019, que propicia el acceso al Parlamento de formaciones minoritarias, y visto que los regantes (el colectivo social más querido de los populares) están tan cabreados con los gobiernos de Madrid y Murcia, por su incapacidad para sortear la sequía, como agradecidos a Garre por su hoja de servicios y sus contundentes mensajes trasvasistas. 

De ahí que se haya oído salir de la boca de dirigentes del PP, aunque vaporosa, una frase con aires de consigna: «Hay que hablar con Alberto». La misión de tantear al expresidente autonómico y tender puentes con él, ya sea para alcanzar un pacto de no agresión o incluso para neutralizarlo políticamente, no dimana del Comité Ejecutivo o de la Junta Directiva, ni consta como una resolución del partido, donde tampoco se ha debatido, y nadie del PP la reconoce en público. Tampoco se admite -oficialmente- desde la plataforma en la que Garre trabaja. La herida por el portazo de marzo sigue abierta en canal, y tanto el PP como el futuro partido de Garre están obligados a proclamar ante sus seguidores que saldrán a ganar en las urnas, en ningún caso a pactar. 

«Esto ya no hay quien lo pare»

Pero la misión está en marcha, y podría denominársela ‘Operación Mercader’ por su imaginaria similitud con la que la Unión Soviética encargó en 1940 al comunista español Ramón Mercader para deshacerse de León Trotski (al que mató), cuya heterodoxia marxista se percibía en Moscú como una amenaza para los intereses del Politburó. Esto de aquí es más prosaico, más de andar por casa, y se localiza en Torre Pacheco, muy lejos de Moscú. No pasará a la Historia. La ‘Operación Mercader’ hace referencia a Benito Mercader, exconsejero de Desarrollo Sostenible en el Gobierno de Valcárcel, íntimo e hijo político de Garre, pachequero y cazador como él. 

Quizá la sospecha de que la ‘Operación Mercader’ ya está rulando tenga su origen en un aparte que ambos hicieron ante numerosos invitados a la boda de un amigo común, el 1 de julio pasado. El uno y el otro aseguran que no se han visto después. Sin embargo, los contactos (de los que, según la versión apócrifa circulante, habría participado también un influyente empresario), tienen toda la verosimilitud del mundo. Si Alberto Garre se presenta a los comicios, arañará diputados a un PP al que la fragmentación de la Asamblea podría dejar, incluso suponiendo que renovara su alianza ‘de facto’ con Ciudadanos, capitidisminuido y a merced de una mayoría alternativa deseosa de sacarlo del Gobierno a cualquier precio. 

«Hay que hablar con Alberto» no parece, por tanto, una consigna caprichosa. Ahí está el caso de Miguel Ángel Revilla, el de las anchoas, que se ha coaligado indistintamente con populares y socialistas, tanto monta, para auparse al poder de su comunidad autónoma con su minoritario Partido Regionalista de Cantabria (PRC). 

La encuesta de CSA Consultores que publica hoy ‘La Verdad’ arroja al respecto dos conclusiones a tener en cuenta. La primera es la que sitúa a Garre como el tercer político mejor valorado de Murcia, a solo una décima de Fernando López Miras, y con un nivel de conocimiento del 56,1%, únicamente tres décimas por debajo del presidente... y 13 puntos por encima de Miguel Sánchez, la cara visible de Ciudadanos. 

La segunda consideración guarda relación con la aceptación social de un nuevo partido de vocación regionalista. Cierto es que la mitad de la población consultada no ve que haga falta una formación de estas características, pero no debe ningunearse el reverso de la moneda: uno de cada tres encuestados juzga necesario un partido como el que Alberto Garre está amasando con sus colaboradores. 

De la proyección de tales datos sobre el censo electoral resulta un dividendo muy jugoso para un futuro partido regionalista, aun ponderando todas las precauciones propias de una encuesta de estas dimensiones. Si la ‘Operación Mercader’ no existe, algún día existirá, con este u otro apelativo, y se le dará carta de naturaleza. Al tiempo. 

De momento, la plataforma que impulsan Garre y el exconsejero popular José Gabriel Ruiz mantiene unos objetivos maximalistas y aparentemente más voluntariosos que realistas. De seis diputados para arriba, dice Garre, para un total de 45. Sería una buena cosecha, atendiendo al hecho de que Ciudadanos mantiene al Gobierno del PP cogido del cuello con solo cuatro diputados. 

Le pregunto al expresidente si a ratos flaquea en la penumbra, si a sus 65 años presenta síntomas de agotamiento, si cabría aventurar, en fin, que a última hora se apartará a un lado para no enfrentarse a sus excompañeros del PP en una campaña que podría devenir cruenta. 

«No», responde. Y asegura que pasan de 2.000 las personas que se han acercado a su proyecto, que 500 trabajan en las comisiones que cimentarán los futuros estatutos, que decanos y exdecanos figuran entre las incorporaciones más recientes... «Esto ya no hay quien lo pare», concluye.

Ya veremos. Puentes hay tendidos desde el PP, por si acaso, empezando por la ‘Operación Mercader’. ¿Y qué pasa con las heridas abiertas? Llegado el momento, bastará quizá con no echarles sal. 


(*) Columnista



Traición del PP y Ciudadanos a los autónomos

MADRID.- Los pequeños autónomos se sienten "traicionados" por PP y Ciudadanos en la redacción del artículo 11 de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, publicada en el BOE el pasado miércoles. Aunque en general aplauden la nueva legislación, critican que no se haya cumplido el compromiso político existente, aseguran, sobre la desgravación por gastos de suministros de la vivienda afecta a la actividad económica, según publica Voz Pópuli.

"Existía el compromiso inicial de que se desgravaría como máximo el 30% de los gastos de suministros", dice Eduardo Abad, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta). "Pero en la redacción del texto legal lo que se ha escrito es que en realidad se desgravarán el 30% del 30%; es decir, los autónomos se desgravarán como mucho el 9%", señala.
Desde el último trimestre del pasado año se viene negociando entre el Gobierno y el resto de partidos políticos, así como con las principales asociaciones de autónomos, la ATA, y la Upta, la reforma de la ley del trabajo autónomo. A finales de 2016 Ciudadanos presentó en el Congreso de los Diputados la nueva ley de autónomos, con el apoyo de los 137 diputados del PP. La reforma legal formaba parte del pacto de investidura entre PP y Ciudadanos, y en particular pretendía "clarificar la deducibilidad de los gastos en los que incurren los autónomos en el ejercicio de su actividad".
Con anterioridad a la ley publicada esta semana en el BOE, los autónomos se desgravaban por gastos de suministro de la vivienda afectos a la actividad económica –agua, electricidad, teléfono, internet, gas-, de media, entre el 20% y el 30%. Tanto los representantes de ATA y Upta, como los del PSOE y Ciudadanos con los que se ha puesto en contacto este diario, coinciden en señalar que antes de la reforma recientemente aprobada, el tratamiento fiscal de este gasto no estaba correctamente regulado.
Los autónomos se desgravaban de esos gastos de luz, agua, gas, teléfono e internet, un porcentaje ligado al espacio de trabajo de la vivienda ocupado. Es decir, si un trabajador por cuenta propia empleaba el 15% de su vivienda para trabajar, se desgravaba de esos gastos de suministro un 15%. Si el trabajador se desgravaba más de un 30% "lo normal es que recibiera una inspección de Hacienda", indican las fuentes consultadas.
Ciudadanos se propuso regular esta situación. En los contactos con las asociaciones, según el relato de Upta, el compromiso fue el de establecer que como máximo los autónomos se desgravaran hasta el 30% de esos gastos, tomando como habitual que estos trabajadores emplearan como máximo el 30% de la vivienda como lugar de trabajo.
Durante las negociaciones sobre la reforma de la ley de autónomos, todo parecía encarrilado a que finalmente se permitiera hasta un 30% de desgravación. Así incluso lo entendió el diario en internet de la ATA –la mayor organización de autónomos, con un 58% de representatividad- que el pasado 29 de junio publicó una información titulada: Las deducciones por gastos de suministros de los autónomos serán del 30%. También otros medios nacionales publicaron informaciones similares, entendiendo ese mismo porcentaje de desgravación.
Sin embargo, la redacción en el texto legal de esa desgravación, que tras ser votada en el Congreso fue aprobada por el Senado el pasado 11 de octubre, ha sido finalmente la siguiente: "En los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, los gastos de suministros de dicha vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior".
Es decir, que el autónomo se podrá desgravar el 30% del porcentaje de la vivienda usada como lugar de trabajo, por lo que vendrá a ser un 30% del 30%. Desde el Ministerio de Hacienda, con el que también se ha puesto en contacto este diario, ponen el siguiente ejemplo: "Un autónomo que tiene una vivienda de 90 metros cuadrados y emplea el 15% para su trabajo, tendrá un deducción del 5%, el 30% del 15%".  
"Hasta el último momento hemos tratado de hacer ver a PP y Ciudadanos que la redacción del texto no era la acordada, hasta cinco minutos antes de que se votara en el Senado, pero no fue posible", asegura Eduardo Abad, que insiste en que finalmente, si antes los autónomos se desgravaban entre un 20% y un 30% por este concepto, ahora será un 6% de media
Francisco Martínez Aldama, senador del PSOE, ponente de la reforma de la ley de los autónomos, considera como Abad que se ha traicionado el compromiso inicial adquirido con el colectivo. "Defendimos que se diera cumplimiento a la palabra dada, cuando llegó el texto final tenía una redacción distinta de la pactada", afirma. "Lo advertí en la tribuna, esta redacción no cumple con lo comprometido, que la desgravación fuera del 30%", añade.
Desde la ATA se señala a Voz Pópuli que lo principal era "aportar seguridad jurídica" a un asunto mal regulado. 
"Tampoco tiene sentido que el autónomo que vive en un chalet con piscina se desgrave lo mismo que el autónomo que vive en un estudio", indican. Pero desde Upta inciden en que, ya estuviera mal regulado o de forma desigual, el caso es que antes los autónomos se desgravaban de media entre un 20% y un 30%, y que a partir de ahora será de entre el 6% y el 9%.
"La idea desde luego no era empeorar la situación de los autónomos", comenta Sergio del Campo, diputado de Ciudadanos que ha trabajado en el desarrollo de la nueva ley, y que alude también a la necesidad de cuadrar la ley con los presupuestos. "Hay que ver como se va a aplicar", dice. "Y si fuera necesario rectificar, se hará", añade.

La Región de Murcia, presente en la manifestación de Barcelona por la unidad de España


BARCELONA.- Los catalanes no independentistas no están solos. Muchos españoles se han solidarizado con sus paisanos de Cataluña que no están de acuerdo con las últimas decisiones tomadas por su Gobierno y que han tenido como resultado la proclamación unilateral de la independencia en el Parlament.

Hasta 1,3 millones de personas, según el dato de Societat Civil Catalana, se han manifestado este domingo en el centro de Barcelona en contra de la deriva secesionista y a favor de la unidad de España bajo el lema "Todos somos Cataluña", una protesta multitudinaria a la que han acudido los máximos responsables políticos del PPC, C's y PSC.
La Casa Regional de Murcia en la ciudad condal no ha querido perderse la cita y ha estado presente en la marcha por la unidad. El grupo de murcianos han llevado consigo una bandera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

136 personas rescatadas en aguas de la Región de Murcia en tres días

CARTAGENA.- Ocho pateras con 77 inmigrantes en aparente buen estado de salud han sido localizadas hoy en aguas de Cartagena y remolcadas al puerto de Cartagena por la Guardia Civil, con lo que se elevan a 136 las personas rescatadas en esa zona de Murcia desde el jueves por la noche a bordo de 13 pequeños botes. 

De las primeras dos llegadas hoy han informado fuentes de Cruz Roja, cuyo personal, como en todos los casos anteriores, los ha atendido a su llegada al puerto tras ser alertado por el instituto armado.
De las cinco restantes de hoy hasta el momento, se ha sabido algún detalle de fuentes de la Delegación del Gobierno en la comunidad murciana, que han precisado está previsto que las últimas cinco pateras localizadas esta tarde, con 59 personas en total, lleguen a lo largo de esta tarde noche a Cartagena.

26 de ellas, que viajaban en tres pateras, están siendo remolcadas a puerto por Seguridad y Salvamento Marítimo (Sasemar) con su embarcación de rescate Guardamar Calíope tras ser avisados de su posición tanto por la Guardia Civil como por el buque particular Eeendrach y el avión Sasemar 101, han informado fuentes de la sociedad estatal del Ministerio de Fomento.
Solo en lo que va de mes han llegado a la costa murciana 656 inmigrantes en 60 pateras, y en lo que va de año, 1.098 en 106.

El Gobierno hilvana su plan de trasvases en plena crisis por la sequía


MADRID.- "¿Falta alguna infraestructura en el ámbito del Plan de cuenca? ¿Faltan interconexiones en la cuenca para garantizar las demandas, para dar una mayor garantía? ¿Se necesita agua de otra cuenca, por tanto, es necesaria una transferencia desde otra cuenca?". Se lo pregunta el diario progresista Público.

Estas son, según un documento de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente al que ha tenido acceso Público, "las cuestiones más importantes que se plantean" en el Pacto Nacional del Agua que el Gobierno central quiere tener cerrado antes del próximo verano, y cuya negociación política va a coincidir con eventuales factores de tensión: unos de carácter territorial, como el conflicto catalán y el debate sobre el futuro del sistema autonómico tras la aprobación del 155, y otro hidrológico, con una sequía que, además de causar una situación crítica en arco mediterráneo, ha llevado a aplicar restricciones en el Duero y el Ebro, las cuencas más caudalosa del país, y a hacer que capitales de la mitad norte como Teruel cierren sus fuentes.
El documento, que sirve de base para un vertiginoso proceso de participación pública de un mes en el que las confederaciones hidrográficas, a las que el Ministerio de Medio Ambiente ha ordenado cerrar las consultas en octubre, se reúnen, sin contacto ni envío de documentación previos, con agentes del ciclo del agua como regantes, industriales, empresas hidroeléctricas, administraciones y organizaciones ecologistas para sondear sus posturas, revela cómo el Gobierno pretende dejar en un segundo plano los efectos del cambio climático para poner el acento, de nuevo, en las obras públicas y los trasvases.

El primer objetivo

En este sentido, señala que "la ejecución de nuevas infraestructuras, la interconexiones dentro de la misma cuenca y el aporte de recursos de otras cuencas puede ser una necesidad si se quieren mantener las demandas de agua y la estructura socio-económica de algunos territorios".
Propone hacerlo dentro de "una gestión integrada de todos los recursos hídricos, que posibilite un uso sostenible del agua", aunque dejando en un segundo plano medidas como la reutilización de caudales, la desalación y "la optimización y la modernización de los regadíos", que consumen más del 85% del agua del país, y relegando el cambio climático a la categoría de "variable" a tener en cuenta, ya que "podría hacer más vulnerables algunos sistemas".
La "atención de los déficit hídricos", que plantea solucionar "con una visión amplia, a escala nacional, donde se llegue a un entendimiento común", abre el listado de cuatro grandes bloques de ese Pacto Nacional del Agua.

Trasvases e impuestos al agua

Le siguen, como objetivos ambientales y junto con la implementación de los planes de sequía y de riesgos de inundación, el impulso al "saneamiento y depuración en todos los ámbitos competenciales" y la conservación de los humedales; especialmente del Delta del Ebro, Doñana y el Mar Menor, tal y como exige la UE, que tramita un expediente sancionador por su deterioro.
Y, por último, la propuesta incluye una serie de modificaciones en cuestiones de gobernanza entre las que prioriza la puesta en marcha de "nuevas medidas de tributación ambiental que permitan una mayor recuperación de los costes asociados a los servicios del agua".
El Gobierno desliza en el documento que espera tener cerrado el catálogo de trasvases e impuestos, para el que el Ministerio que dirige Isabel García Tejerina comenzó a sondear a las comunidades autónomas en julio, "el próximo verano", tras iniciar "a principios de 2018 las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios, a la vez que se sigue trabajando a nivel técnico".

La política hidráulica de hace un siglo

Esos contactos para el Pacto Nacional del Agua, al que ya han mostrado su oposición 36 organizaciones ambientalistas, irían en paralelo a la tramitación de los nuevos planes hidrológicos. Los primeros documentos de cada cuenca saldrán a información pública a principios de año, mientras que la revisión del nacional (PHN) quedó activada en enero, con el decreto que, al aprobar los de demarcación, ya advertía de "la existencia de una serie de situaciones de necesidad de recursos hídricos que, a decir de algunos planes, no pueden ser atendidas en el ámbito territorial del propio plan; y que por consiguiente deben ser elevadas para una futura revisión del Plan Hidrológico Nacional".
"Abren la puerta a la interconexión de cuencas y a los mercados de derechos de agua, vamos encaminados a la mercantilización del agua, a que las comunidades y los usuarios puedan vender parte de sus concesiones a los de otras cuencas", señala Laura Sánchez, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, una de las entidades que ha participado en las reuniones previas.
"Están justificando que hay un proceso de participación sobre algo que no sabemos lo que es y sobre los que no tenemos unos indicadores de gestión mínimos para estudiar y debatir. Solo hay cuatro puntos genéricos", anota Javier Celma, de Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo), que echa en falta la escasa atención a factores como el cambio climático en los planteamientos del Gobierno.
"Hablar de trasvases en estos momentos sin más ni más parece una locura", anota Celma, "porque es necesario cambiar la gobernanza del agua. No tiene sentido mantener la misma política hidráulica que hace cien años y como si no hubiera pasado nada". "Lo que estamos haciendo ahora no se va a sostener en treinta años", añade.

Bruselas, Tarragona y Toledo

Los planes trasvasistas de Rajoy y de García Tejerina, sin embargo, encuentran obstáculos prácticos de varios tipos, entre los que destacan tres de tipo institucional.
Por una parte, el rechazo de la UE a las grandes transferencias de agua entre demarcaciones hidrográficas y al quebrantamiento del principio de unidad de cuenca.
Y, por otra, la tirantez con dos comunidades autónomas cuyo apoyo resultaría clave para este tipo de proyectos como son Catalunya, en cuya zona sur la oposición a las captaciones del Ebro roza la unanimidad, y Castilla-La Mancha, que ve cómo el Tajo está quedando esquilmado por las transferencias al Segura.

Sin agua por ceder en las grandes cuencas

Por otro lado, los datos de la propia Administración ponen en tela de juicio la viabilidad de los objetivos políticos del Gobierno, ya que el mismo decreto de aprobación de los planes de cuenca recoge como el Ebro, la cuenca que en el último siglo ha sido señalada como principal donante en todos los proyectos trasvasistas (soporta ocho que suman 250 millones de metros cúbicos al año), no tiene agua suficiente para cubrir las demandas de su territorio: "Una vez realizados los ajustes con el modelo de simulación general, los recursos totales asignados para regadío y ganadería se cifran en 7.681 hectómetros cúbicos al año, con un déficit de 875", señala.

Eso, a expensas de que puedan cumplirse las previsiones científicas que apuntan a una merma de los recursos de hasta el 20% como consecuencia del cambio climático.
Paralelamente, la aplicación de la Directiva Marco del Agua comunitaria, que prima la resolución de los déficit hídricos con medidas de ahorro y reutilización de caudales, ha reducido de manera considerable la magnitud de lo que hasta finales del siglo pasado se consideraban carencias estructurales.

Margen de ahorro

En este sentido, el plan hidrológico de la cuenca mediterránea andaluza contempla actuaciones para reducir el déficit de 300 a apenas 100 hectómetros cúbicos anuales, mientras el del Guadalquivir prevé medidas para disminuir el suyo en más de 260 (de 560 a menos de 450 con un aumento de la demanda de 140) y el de las cuencas internas catalanas, que siguen registrando un desajuste de 104, recoge ahorros por 98 en una década.
Eso, a pesar de que las plantas de desalación del litoral, previstas para cubrir el consumo urbano, apenas producen cada año 130 de los 400 hectómetros para los que, teóricamente, tienen capacidad.
Mientras tanto, los planes del Segura y el Júcar cifran la necesidad de transferencias hacia esos territorios, respectivamente y a falta de las medidas de ahorro, en 400 y 265 millones de metros cúbicos anuales. Greenpeace sostiene en un informe que el déficit de la demarcación murciana no existe en realidad, ya que esta dispone de “entre 500 y 800 hectómetros cúbicos de recursos renovables más al año de los que la Administración reconoce”.

Catalunya, fatalidad y destino / Enric Juliana *

Hace 40 años que Catalunya recuperó su autogobierno. Este mes se cumplen cuatro décadas del famoso ‘ja sóc aquí’ del president Josep Tarradellas tras su exilio. No le fue fácil llegar a un acuerdo con Adolfo Suárez, pero consiguió que reapareciera la Generalitat. Hoy esta institución vuelve a ser intervenida. 

A lo largo de este siglo en Catalunya se han producido una serie de grandes aciertos y grandes errores. Fue un éxito rotundo para los catalanes ser los pioneros en la cuestión de autogobierno con la Mancomunitat de 1914. Aquella fue la primera experiencia de gobierno regional en España.

Un error muy grave, sin duda alguna, ha sido la reciente pérdida de este autogobierno en Catalunya. Los acontecimientos de este viernes pasarán a la historia.


(*) Periodista y director adjunto de La Vanguardia


Poder dual, acto II / Ramón Cotarelo *

El conflicto catalán ha entrado en una fase de enfrentamiento institucional y configura lo que Palinuro aventuraba hace una semana (casi un año para tiempos de normalidad) como una situación de poder dual. Más o menos, lo que está configurándose en la actual pugna entre el poder del Estado y el de la Generalitat. 
 
Este parece consistir en realidad en el que ejerzan quienes no acaten la decisión del gobierno de destituirlos. Se perfila un liderazgo fuertemente pesonalizado en las figuras de Puigdemont y Forcadell y que cuenta con una apoyo social generalizado. Solo así entiende el mensaje del presidente pidiendo una oposición pacífica y perseverante al 155. Es un mensaje dirigido a la sociedad en su conjunto.

La suspensión de la autonomía catalana (pues suspensión es, diga Rajoy lo que diga) no va a ser fácil de gestionar. Si las autoridades catalanas se niegan a acatar su destitución y siguen tomando medidas en infracción de la decisión de la autoridad, esta tendrá que emplear medios coercitivos mayores, sin que quepa excluir la detención, el encarcelamiento del Presidente y, quizá otros cargos. En ese momento se habrá acabado la historia del poder dual. Desde la cárcel, se puede poco. 

¿O no? Para quien las toma (el gobierno y sus aliados del triunvirato nacional) las medidas represivas contra las personas en rebeldía, resolverán el problema catalán porque desmovilizarán la resistencia social. De hecho, la permanencia en prisión de los dos Jordis, presos políticos, demuestra que la represión funciona. Insisto. O no. O esas medidas deben ampliarse a otras autoridades y cargos menores en otros niveles que también se nieguen a cooperar. 
 
Por ejemplo, es imaginable que muchos colegios que abrieron el 1/10 para el referéndum prohibido piensen ahora en cerrar para una elección decidida por una autoridad extranjera. Y no serán los únicos casos de desobediencia punible. De los 700 alcaldes independentistas muchos se negarán a acatar otra autoridad que no sea la Generalitat. Habrá que procesar o sancionar a media Cataluña. 

Es el famoso poder de los sin poder, una vez que tienen un objetivo por el que movilizarse y sacrificarse y cuentan además con unos líderes competentes. 

Hoy hay en Barcelona una manifestación por la unidad de España convocada por la Societat Civil Catalana, una organización conservadora con tintes reaccionarios, al menos en su fundación. Se prevé sea multitudinaria, para mostrar la fuerza del nacionalismo español. Acuden representantes de todo el abanico político, desde el extremo comunismo de Paco Frutos a la tibia socialdemocracia, por la izquierda. La asistencia de la derecha está toda garantizada.
 
 A saber hasta dónde, si hasta la extrema derecha, que suele hacerse presente agrediendo a alguien. Eso también dependerá de la cantidad de autobuses que lleguen. Esta vez Borrell no habla, pero llama a participar. Ignoro si, además, se ha pedido que los asistentes no lleven demasiados símbolos franquistas. 

Es un conflicto político y constitucional. Ya se vio que no podía tratarse como un mero problema de orden público, con medidas represivas ordinarias. Ha habido que intensificar la represión y no hay trazas de arreglo sino de lo contrario, de agudización de la crisis. Y eso con un gobierno embadurnado de la corrupción de la Gürtel hasta las entretelas, empeñado en que Cataluña pague el coste de ocultar su implicación y responsabilidad en una trama criminal.

Así que sí, sigue, el poder dual. 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Puigdemont, el president / José Antich *

Carles Puigdemont no ha aceptado la destitución como president de Catalunya llevada a cabo por el Gobierno español después de que el Senado confiriera a Mariano Rajoy potestades excepcionales para suspender la autonomía catalana. El anuncio televisivo de Puigdemont, en la única comparecencia pública que ha realizado este sábado, no es menor ya que supone varias cosas: la asunción del paso dado por el Parlament el pasado viernes al proclamar la República de Catalunya y, en sentido contrario, la ausencia de cualquier legalidad que no pase por respetar la potestad del Parlament para nombrar y cesar a los presidentes de Catalunya

La incógnita es, en estos momentos, en qué se traducirán la presidencia de Puigdemont, la vicepresidencia de Oriol Junqueras y el cargo de conseller en un total de 13 departamentos. Alguno, como el titular de TerritoriSostenibilitat, Josep Rull, incluso ha colgado un vídeo diciendo que piensa acudir el lunes a su despacho "como ministro de la nueva República catalana". Por ahora, es el único que lo ha expresado con tanta rotundidad. Otros dicen que se lo están pensando.

El Govern conserva el relato. Con dificultades, con enormes dificultades, pero lo conserva. Solo hace falta ver la prensa internacional de este sábado. Pero lo tiene que hacer efectivo si no quiere perderlo. En la comunicación moderna, el espacio que tú no ocupas, te lo acaba ocupando otro. Lo que se destaca es la proclamación de la República, no el 155 de Mariano Rajoy.  

En la medida en que Puigdemont, Junqueras, Junts pel, los partidos independentistas, Podem y las asociaciones soberanistas mantengan una hoja de ruta compartida, el relato tendrá vida propia. Y el independentismo conservará, en buena medida, la iniciativa en unas semanas sobre las que existe consenso entre todos los analistas en que van a ser muy complicadas. 

Y, aparte, conserva lo más preciado que existe en estos momentos, una mayoría de la sociedad catalana muy movilizada en defensa de sus instituciones. Se ha visto muy recientemente con la detención de los Jordis, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Eso sin contar con la capilaridad en más de 700 municipios que han dado apoyo a la independencia de Catalunya y se han comprometido a hacerla efectiva.

No es extraño que ante todo ello Rajoy haya querido acortar al máximo su presencia como virrey al 21 de diciembre, en que ha convocado elecciones autonómicas. Difícil dilema entre el independentismo sobre si acudir o no a estos comicios. Mi impresión es que el paso de los días decantará este espacio político hacia el sí para evitar que pase como en el País Vasco, donde un movimiento similar proporcionó la llegada del socialista Patxi López, de la mano del PP, a la presidencia. Pero para esta decisión aún faltan algunos días y han de pasar antes muchas cosas. 

En esta batalla por los símbolos y por conservar la liturgia que está en manos de cualquier poder que se precie, el Govern está asistiendo a la inmovilización de su capacidad para actuar por parte del Gobierno español. A la pérdida de estos últimos tiempos de autonomía política y financiera, el Ministerio del Interior ha asumido con celeridad los Mossos d'Esquadra, ha nombrado un nuevo responsable y ha procedido a ejecutar los ceses en el Govern publicados en el BOE

La primera medida es que los consellers han perdido su escolta y lo mismo sucederá con el coche oficial. Puigdemont conservará un operativo mínimo y Junqueras, otro aún más pequeño. Es obvio que el Gobierno español quiere hacer pasar cuanto antes a las hemerotecas la imagen de un Govern en activo, llegando a los sitios con coches oficiales. Por ello también se ha quejado a TV3 por nombrar a Puigdemont con el rango de president, atendiendo a lo que dispone el BOE de este sábado: "una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial, así como con los valores de la Constitución y el Estatut".

PD. La historia tendrá que reconocer el papel del mayor Trapero en la etapa reciente de consolidación del Cos de Mossos d'Esquadra como la policía de Catalunya. Es cesado por el Ministerio del Interior después de dos inmensos éxitos: dar una respuesta policial enorme a los atentados del pasado mes de agosto en Barcelona y Cambrils, desarticulando la totalidad del comando en tan solo cuatro días. Ocho terroristas fueron abatidos por los Mossos y los otros cuatro, detenidos. La comunicación a la opinión pública fue la propia de una policía moderna y la sociedad catalana tuvo un legítimo orgullo de su policía. 

El segundo éxito policial fue el del 1 de octubre con motivo del referéndum. Los Mossos cumplieron, hasta donde sabemos, el mandato judicial con proporcionalidad y el resultado es que retiraron más urnas que la Guardia Civil y la Policía Nacional. Todo ello, sin que hubiera ciudadanos heridos. Hoy, Trapero está investigado por un delito de sedición en la Audiencia Nacional y se le han impuesto medidas cautelares.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


El mundo es una cacerola / Ángel Montiel *

Así deben surgir las tradiciones, supongo. Algo que, de manera más o menos espontánea, se produce en algún momento y se acaba repitiendo después una y otra vez por alguna fuerza interior que lo anima. La música, o por mejor decir, el ritmo, suele ser un motor fundamental para fijar el impulso que concluye en tradición. 

A los manifestantes de la Plataforma Prosoterramiento los debe mover a estas alturas, más que sus propias reivindicaciones, el sonido de las cacerolas, timbales, bocinas, silbatos y otros elementos de percusión convalidables en cualquier objeto que encuentran a mano. Ese tam-tam de resonancia ancestral arrastra al personal con la fuerza de un mágico mantra persuasorio. Al cabo de los días, desde la romería de la Fuensanta del pasado septiembre, los plataformeros han elaborado, queriendo o sin querer, una melodía insistente, pegadiza y curiosamente armónica que es reconocible ya por el oído de cualquier murciano. 

Los manifestantes de las vías se han convertido en una especie de cuadrilla de Pascua, auroros vespertinos o raperos country (por lo de sureños) que producen, pretendiendo crear estruendo, una melodía tan pegajosa como la de Paquito el Chocolatero, esa modalidad de chinchinpúm que, una vez que alcanza a tus orejas, no te abandona durante horas o días, una persistencia más prolongada que la de Rexona, y te ves a ti mismo sorprendido en cualquier momento recitando inconscientemente, sea cual sea la circunstancia en que te encuentres, «que no, que no, que no queremos muro, que no». 

Lo normal de las caceroladas es el intento de producir ruido, sin más. Pero el ensayo de cada tarde en las vías ha ido creando, por inspiración colectiva, un ritmo, una cadencia, que ya podemos registrar como un estilo, un género popular que algún día los estudiosos añadirán a las canciones de siega, a las de ronda y a otras variantes populares del folclore, quizá, con justicia, con la denominación de sonidos de las vías. Uno de los temas más exitosos de Manolo Tena concluye su estribillo con el verso «y el mundo es una caracola». 

Por hacer pareado, aunque con una imagen menos poética si bien más realista, podríamos añadir que, en Murcia, durante estos meses, «el mundo es una cacerola». Y si hablamos de justicia, habría que decidir desde ya que si alguna vez llega el AVE a Murcia, en vez del clásico hilo musical, por sus altavoces debiera sonar el rasca-rasca-top-top-chin-pun, ras-ras de la cuadrilla de manifestantes que ha ingeniado tamaño hit sin autoría que, de ser descubierto más allá de nuestras fronteras locales, podría romper las estadísticas de demanda en Spotify. 

Y esto es lo que pasa, que la música es tan atractiva y la verbena tan concurrida que no hay partido que se resista a acudir a las celebraciones en el sobreentendido de que son escrache contra el PP. Los partidos se han aficionado tanto a esta música que, en ocasiones, no se sabe si hay más militantes que plataformeros. Pero a éstos tampoco les viene mal esa audiencia después de tantos años desprovistos de apoyos para su reivindicación básica, el soterramiento. Por tanto, es legítimo que ahora todos se apunten a la fiesta, aunque se da la paradoja de que esto se produce justo cuando la Administración del PP, forzada por la presión de los vecinos (en principio, éstos en solitario) ha acabado concediendo el grueso del reclamo: el soterramiento de las vías.

Hasta ahora, la crítica política a la Plataforma de parte del PP, enunciada sobre todo desde los francotiradores que tiene instalados en las redes sociales, es que Podemos se había adueñado de la iniciativa vecinal, algo que, sin duda, ya le gustaría poder hacer a Podemos. No tira tanto este partido como para aglutinar a 50.000 personas en una manifestación en Murcia o a las miles (seamos prudentes en este recuento, aunque da igual que fueran más o menos de las que dicen) que contaba ayer la Plataforma que había reunido en Madrid. Si Podemos pudiera hacer algo así en Murcia, qué duda cabe de que ganaría por mayoría las próximas elecciones. Y no hay previsión objetiva de que algo así vaya a ocurrir.

Pero el PSOE, que pretende aparecer cono renacido con la nueva dirección de Diego Conesa, se ha apresurado a tomar protagonismo en esta batalla, y parece que se propone ´despodemizar´ el posible tinte político adquirido hasta ahora por la Plataforma añadiéndole el propio. No es casual que uno de los cargos de la nueva ejecutiva socialista, el que corresponde a Pedro López, haya sido titulado como secretaría de Plataformas y Movimientos Sociales. La palabra ´plataformas´ es un indicativo indisimulable, y más bien debiera escribirse en singular. 

López ha participado activamente en las concentraciones de la Plataforma, e incluso ha llegado a mitinear en ella acerca de que el PSOE forzaría una moción de censura en el ayuntamiento de Murcia, esto antes incluso del congreso socialista en el que fue elegido y en presencia de la portavoz municipal del PSOE, Susana Hernández, ajena a la existencia de ese propósito que, de llevarse a cabo, la convertiría en la principal protagonista. No cabe duda, pues, de que esa nueva secretaría intentará convertirse en el banderín de enganche del PSOE a la Plataforma, que hasta ahora también recelaba de los socialistas, pues éstos, tanto como el PP, los ha defraudado en el pasado. 

Que la casi totalidad de la cúpula socialista sacara ayer un autobús para participar en la manifestación ante Fomento es un indicio de la intensificación del activismo dictada desde la ´nueva Princesa´. Veremos si en esta fase el PSOE asume al completo las reivindicaciones de la Plataforma, es decir, que el AVE no llegue en superficie hasta la conclusión de las obras del soterramiento. Conesa sólo parece haber advertido que su partido se empleará en vigilar que los planes anunciados por el Gobierno se cumplan escrupulosamente.

A este respecto, el del cumplimiento de las promesas gubernamentales, aparecen algunos elementos de incertidumbre. El primero, relacionado con el presidente de Adif, Juan Bravo, el hombre que ha normalizado las relaciones institucionales y que ha abierto el diálogo, no ya sólo con la Plataforma, sino con el Gobierno y el ayuntamiento de Murcia, después de que sus antecesores parecieran estar más ocupados en cómo saquear u ocultar el saqueo de las obras del AVE en su trayecto hacia la Región. 

Para él se abre también ahora un horizonte complicado, pues podría quedar atrapado judicialmente en el caso del Canal de Isabel II si las investigaciones se prolongan, como parece, a la etapa de Alberto Ruiz Gallardón en la presidencia de la Comunidad de Madrid, de uno de cuyos Gobiernos fue consejero. Si Bravo tuviera que saltar de Adif por este imponderable, sus compromisos tendrían que ser recuperados por un sucesor tal vez menos dispuesto. 

Por otro lado, no es extravagante especular con que la situación de Cataluña pudiera arrastrar, después de Navidad, a una convocatoria electoral anticipada en España, creando otro impasse en las políticas ministeriales ya concertadas. No viene mal estar atentos a la evidencia de que, en esta fase política, todo pende siempre de un hilo. Por tanto, las desconfianzas de la Plataforma todavía tienen consistencia.

Mientras tanto, ahí están, convocados por su propio sonsonete musical, ese ritmo como de cuadrilla de Pascua en aguinaldo perpetuo que se contagia con el virus de una canción del verano. Ras-ras, raca-raca, flu-flu... Cada tarde, cada noche. La música, o lo que sea esto, los lleva antes que el tren.


(*) Columnista





La política suspende / Alberto Aguirre de Cárcer *


A falta de año y medio para las elecciones autonómicas, el estudio de opinión pública que ‘La Verdad’ publica este domingo refleja un toque de atención de la sociedad murciana a sus políticos. Casi la mitad de los encuestados opina que la situación política es mala o muy mala (el 60% cree que es similar a la de los tiempos de Valcárcel) y está sumida en una enquistada inestabilidad. Aunque más del 50% piensa que es positiva la existencia de un gobierno sin mayoría absoluta, tres de cada cuatro personas manifiestan que los partidos regionales no están siendo capaces de colaborar entre ellos por el bien de la ciudadanía. 

Ninguno de los líderes regionales sobresale o alcanza el aprobado. Solo un 10% considera que los políticos actuales son mejores que los de anteriores legislaturas. De hecho, para el 62% son iguales a los de hace unos años. A unos les votarán más y a otros menos, pero en esta fotografía panorámica nadie sale favorablemente retratado. La aparición de dos nuevos partidos (Ciudadanos y Podemos) no ha supuesto a la postre una mejora en la percepción pública. El efecto de la ‘nueva política’ que abanderaban las formaciones emergentes se ha diluido con gran rapidez. Si existe realmente otra forma de hacer política, la gente no la percibe. 

Superado el ecuador de la legislatura, todavía marcada por la grave crisis a causa de la imputación y renuncia del expresidente popular Pedro Antonio Sánchez, este estudio deja un sabor amargo porque, en definitiva, ahí sigue la brecha de desafecto entre los ciudadanos y sus representantes electos, lo cual sigue siendo tremendamente negativo para el bien común e injusto para muchos políticos, de todos los partidos, que han asumido con honradez y voluntad de servicio una tarea que hoy no resulta gratificante (basta con asomarse a las redes sociales), salvo para aquellos que no tienen otra alternativa mejor en sus vidas.

Las razones son múltiples y complejas porque en muchos aspectos la calidad democrática ha experimentado en la Región de Murcia una clara mejoría en muy poco tiempo. Tenemos una Asamblea Regional claramente revitalizada y en el centro del debate público, la lucha contra con la corrupción ha salido reforzada, se han dado pasos (aún insuficientes) en transparencia y participación, y ha habido un innegable esfuerzo de los partidos por abrirse a la sociedad y mejorar sus mecanismos de participación interna (en algunos casos). Pero dicho todo eso, persisten los viejos vicios partidistas y la sensación de que, en términos generales, los mejores y mejor preparados no están presentes en la vida política murciana. 

Los partidos parecen haber olvidado que, estando en franco retroceso los vínculos de identificación ideológica o sentimental, lo que prima hoy en la ciudadanía es una relación instrumental con los políticos. La mayoría social desea simplemente que sus representantes resuelvan los problemas colectivos por la vía del acuerdo y el consenso. Que sean parte de la solución y no generadores de nuevos conflictos que sometan a la vida pública a una tensión adicional a la ya existente por una recuperación económica que dista de haber llegado a todos los murcianos. 

Resulta descorazonador para muchos observar que en algunos asuntos relevantes para la Región haya tanta incapacidad, y voluntad, para alcanzar posiciones comunes y superar desafíos que hasta ahora parecían consensuados. Dado que las elecciones autonómicas asoman ya en el horizonte, no conviene hacerse ilusiones. Al contrario, es muy posible que las posiciones y actitudes se fortifiquen. A estas alturas nadie le regalará nada al adversario. No hay nada peor que una sociedad sin pulso y nervio político que entre en un indeseable adormecimiento. Pero tanto, tanto ruido y tan pocas nueces es igualmente frustrante.

Estos días asistimos, con aflicción, al lastimoso resultado de un proyecto de ingeniería social iniciado hace décadas por los nacionalistas catalanes para desgajar una parte del territorio español. Las aspiraciones de los separatistas, legítimas pero labradas a fuerza de adoctrinamiento, sectarismo y atajos en las leyes, desembocaron a la postre en un golpe ilegal y antidemocrático que ha causado a Cataluña una honda fractura social, ha dañado a su economía y ha terminado por limitar temporalmente su propio autogobierno. 

El Estado de derecho permitirá recuperar el orden constitucional, pero quién sabe si harán falta varias generaciones para restañar las heridas abiertas en el tejido social. La política es una arma poderosa para transformar la sociedad. Hagamos buen uso de ella. A veces produce desastres de incalculables consecuencias.


(*) Periodista y director de La Verdad


Antonio Arcos Ferrándiz, buena gente de Murcia en Alicante / Paco Poveda

Conocí a Antonio Arcos en 1964 cuando ambos teníamos 11 años y nos disponíamos a comenzar el Bachillerato. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Pronto descubrimos todos sus nuevos compañeros el demóstenes que encerraba porque otra cosa no, pero verbo bien estructurado y expuesto le sobraba ya con esa edad. Venía todos los días al colegio con su padre -funcionario del Estado- desde su casa en la pedanía serrana de La Alberca. Aunque había nacido en la plaza de Santa Catalina también llegó a residir luego en el barrio de Santa Eulalia. Así, que más murciano, imposible.

Después de algunos años en el colegio de los PP Capuchinos, Antonio siguió sus estudios secundarios en el Instituto Alfonso X el Sabio pero ya no me lo vuelvo a encontrar hasta el día de comienzo de curso de 1º de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense en octubre de 1971 aunque luego, metido de lleno en el activismo político de izquierdas con Franco aún vivo, no concluyese la carrera obteniendo la licenciatura. 

Decía con frecuencia que era un periodista frustrado desde su condición de alto funcionario municipal muy bien instalado. Pero su vocación política era más que clara desde la discreción y la ausencia de ambiciones personales de cargos públicos incluso orgánicos. No tenía un pelo de tonto.

En aquellos años del estertor del tardofranquismo Antonio pertenecía al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico), organización todavía no radicalizada y que precisamente Antonio abandonó hacia el PCE cuando comenzaron a utilizar la violencia contra policías y militares. De los tiempos de aquella célula en mi Facultad recuerdo algunas anécdotas que implicaban, de alguna manera, a nuestro condíscipulo cartagenero Arturo Pérez-Reverte y a su mejor amiga de clase, Helena Hedilla, hija primogénita del falangista rebelde contra Franco, Manuel Hedilla, y en otras al tristemente célebre comandante Pardo Zancada, igualmente compañero de estudios, a raíz de su posterior aparición coprotagonista en el golpe militar del 23-F de 1981.

Luego, nuestro tercer encuentro se produce en Alicante en 1976, donde ambos residíamos ya por cuestiones de trabajo y, en su caso, de activismo político también. En mi calidad de redactor político del diario Información lo comienzo a frecuentar al ocupar él un cargo relevante en la estructura del PCE a nivel provincial, incluso regional, precisamente donde conoce a su esposa Elvira, leonesa, en 1978 en Valencia, para casarse ese mismo año. En su capilla ardiente destacaban hoy,  junto la corona de flores del Ayuntamiento de Alicante, otras de partidos políticos incluida la enviada desde el PSPV-PSOE.

Tras una intensa actividad política e ideológica, siempre desde una coherencia a prueba de bomba y una honestidad sin límites, nos volvemos a reencontrar siendo ya Antonio Arcos jefe del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Alicante al figurar yo como promotor y primer firmante de la solicitud para dedicar una calle de la ciudad al profesor Antonio Pino Romero, fundador y primer director de la Escuela Europea, también fallecido hace pocas semanas. 

Aunque la ex alcaldesa Sonia Castedo pasó del tema, mi amigo empujó todo lo que pudo un expediente ahora reactivado desde un Ayuntamiento gobernado por el tripartito de izquierdas (PSOE-IU-Compromís), con él ya en la UCI del hospital clínico-universitario de San Juan de Alicante los últimos treinta días de su fecunda y entregada vida a ideales y principios.

Antonio Arcos era de esas personas que no cambian nunca para bueno de la Humanidad. Buena gente de Murcia. No solamente era físicamente igual que el día que nos conocimos sino que tampoco varió ni un ápice su manera de ser y pensar. Nada sectario, demócrata como el que más, y comprometido con la izquierda desde una posición intelectual, ha muerto relativamente joven y enamorado otra vez. Enamorado de su nieta Paula que, en definitiva, va a ser quien más la echará de menos junto con sus hijos Laura, empleada en BMN, y Antonio, licenciado en Ciencias del Deporte, y su esposa Elvira Fernández compañera desde siempre en la política y el hogar, y hoy funcionaria de la Seguridad Social en activo.

En los próximos días, las cenizas de Antonio Arcos se mezclarán para siempre con la tierra murciana que le vió nacer, muy cerca de La Alberca, según su deseo expresado personalmente pese a una ausencia de casi medio siglo y para estar más cerca de su madre, igualmente desaparecida hace poco a la edad de 88 años; una desaparición que tanto le impactó y le afectó, pese a su edad, por su sentido de la familia (le sobreviven en Murcia cuatro hermanas) como comunidad permanente de afectos.

Descansa, Antonio, allá donde vais los justos aunque sean agnósticos incluso ateos.