lunes, 23 de julio de 2018

La defensa de Cámara impugna el recurso contra su absolución

MURCIA.- Los abogados defensores del exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara han impugnado el recurso que el fiscal Anticorrupción presentó contra la absolución de aquel y de dos exaltos cargos de Urbanismo por el convenio Nueva Condomina, acusándole de «ningunear» las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) que no eran favorables a sus tesis incriminatorias.

Así, el recurso presentado por los letrados Vicente Sanmartín y José María Caballero, al que ha tenido acceso el fiscal, omite las tres sentencias de la Sala de lo Contencioso del TSJ porque las mismas resolvían buena parte de las cuestiones que el fiscal, Juan Pablo Lozano, calificó de ilegales.
Se refieren así los defensores de Cámara a que esas sentencias respaldaron la legalidad de lo relacionado con el convenio urbanístico firmado por aquel y el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, para la construcción de un nuevo estadio para el equipo en la expansión norte de la ciudad.
En el recurso se critica la insistencia del fiscal Anticorrupción en mantener que las obras debían haber salido a concurso, ya que, se indica, una de las sentencias del TSJ, dictada en 2006, ya dejó claro que al derivarse de un convenio urbanístico la decisión que fuese la propia empresa de Samper la que acometiera los trabajos entraba dentro de la legalidad.
Afirman los letrados que es lógico que la magistrada que dictó la sentencia absolutoria, la titular del Juzgado de lo Penal número Cinco de Murcia, restara credibilidad a lo manifestado por el exconcejal de Urbanismo Ginés Navarro y por el exportavoz del Grupo Municipal Socialista en el ayuntamiento de Murcia José Salvador Fuentes Zorita, considerados como los principales testigos de la acusación, para los que pidieron deducción de testimonio por haber faltado, presuntamente, a la verdad.
Respecto del primero, el recurso afirma que no dijo la verdad, porque no se comprende que dijera que veía «cosas raras» en el convenio urbanístico y que en su momento y lo presentara y defendiera en el pleno municipal, la misma actitud de apoyo que mantuvo al presentar la modificación del plan general de urbanismo para hacer viables los proyectos de Samper.
Por otra parte, tachan de «parcial y subjetiva la opinión» de Lozano, lo que, según ellos, le lleva a denostar aquellos testimonios «que no interesan a su objetivo».
El escrito de impugnación del recurso no se olvida tampoco de replicar a «los intentos de desprestigiar» el testimonio de una periodista de la defensa en base a la relación que mantuvo con un letrado de la defensa muchos años después de escribir varios artículos periodísticos sobre el convenio, apreciación que, se lee, «pudiera ser calificada de machista».
Y añade que «si hablamos de relaciones», podía haber destacado que cuando el fiscal superior de entonces -en referencia a Manuel López Bernal- recogió la denuncia, su esposa era letrada del PSOE, partido que actuó en este caso como acusación particular.
También comentan que el fiscal que firma el recurso -Lozano- podía haberse referido a otra relación, la existente con un hermano suyo cuando este fue investigado en un procedimiento penal -del que salió sin acusación final alguna-, reprochándole que no advirtiera del parentesco a la instructora del caso hasta que el mismo fue llamado a declarar en condición de investigado.
El recurso pide que se desestima la apelación del fiscal, tras señalar que la sentencia combatida está plenamente justificada y motivada, «con un consistente argumento jurisprudencial» que lleva a la magistrada, tras la objetiva valoración de las pruebas aportadas al juicio, a dictar una resolución absolutoria.

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