lunes, 6 de agosto de 2018

La sanidad de Sánchez: la regala al inmigrante ilegal y la cobra al legal

MADRID.- La política sanitaria del Gobierno de Pedro Sánchez ha generado un agravio comparativo sin precedentes entre los inmigrantes que residen en España. El ejecutivo socialista exige a los grandes grupos de inmigrantes con permiso de residencia el pago de un seguro privado para la obtención y renovación de sus papeles mientras que los inmigrantes ilegales tienen derecho a la atención gratuita tras la aprobación del decreto ley 7/2018 del pasado 27 de julio, según incide Economía Digital.

La nueva ley de acceso universal al sistema nacional de salud garantiza a los inmigrantes sin papeles en España la obtención de cualquier servicio sanitario. “Las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española”, detalla el artículo 3 del Real-decreto del acceso al sistema de salud aprobado el 27 de julio pasado. 
Pero los inmigrantes que estén tramitado su permiso de residencia regular desde sus países o estén en proceso de renovación en España y no cuenten con trabajo por cuenta ajena deben pagar seguros privados como los de Sanitas o Adeslas, que han diseñado seguros específicos para este público. Los más baratos tienen una cuota de 36 euros mensuales y los más caros, para personas mayores de 65 años, alcanzan los 143 euros mensuales.
El Gobierno de Mariano Rajoy retiró la atención sanitaria gratuita a los inmigrantes sin papeles a través de un decreto ley de 2012. Con su aprobación, el ejecutivo anterior también comenzó a exigir el pago de seguros privados a estudiantes, investigadores, residentes con visado no lucrativo e, incluso, a ciudadanos comunitarios sin contrato de trabajo en España. Se trataba de un paquete de medidas para disminuir el gasto sanitario.
Hace más de una semana, el Gobierno de Pedro Sánchez eliminó la primera decisión, pero mantiene la segunda, con lo cual buena parte de los inmigrantes legales ahora estarán en desventaja comparativa con respecto a los ilegales.
Las oficinas extranjería, generalmente gestionadas por las delegaciones de Gobierno en cada comunidad autónoma, mantienen los requisitos de exigir seguro privado a los inmigrantes con permiso de residencia, según confirman los despachos de abogados especializados en estos trámites. 
Al menos hasta este viernes, la policía seguía informando de la necesidad de contar con “un seguro médico que cubra, durante todo el tiempo de su estancia en España, los gastos médicos y de repatriación asociados a un accidente o enfermedad repentina”.
Requisitos para renovar el permiso de residencia en España a investigadores y estudiantes, en el que se exige un seguro de salud privado, según la web de la Policía este viernes.
La empresa Seguros de Salud, que se dedica a la contratación de seguros privados para inmigrantes que necesitan para la obtención de sus permiso de residencia, informó a sus clientes que necesitan seguir pagando el seguro de salud, a pesar del decreto ley que otorga sanidad gratuita a los inmigrantes sin permiso de residencia. La empresa acudió a las oficinas de extranjería, donde le confirmaron que nada había cambiado en relación con los requisitos.
Los despachos que trabajan con la contratación de este tipo de seguros explican que los inmigrantes que deseen renovar su residencia legal también tienen que contar con el seguro privado.
“Se trata de un requisito que se exige no sólo a los inversores y empresarios, sino también a los estudiantes internacionales, que representan un número muy importante respecto al total. El que no pueda pagar un seguro privado de salud, entraría automáticamente en situación irregular”, explica el abogado Álex Rangel, del grupo Sí España, especializado en la regularización de inmigrantes latinoamericanos. “No sabemos si eso va a cambiar pero esa es la realidad hoy”, agrega el abogado.
Economía Digital ha contactado con el ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para conocer si mantendrá esta diferenciación de forma indefinida o si, por el contrario, dejará de exigir el pago de sanidad privada a los inmigrantes con permiso de residencia, sin obtener respuesta.

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