miércoles, 11 de abril de 2018

El heredero al trono de Arabia Saudí visita Madrid para firmar el contrato con 'Navantia'


MADRID.- El príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman, ha llegado este miércoles a Madrid para una visita de trabajo que incluirá, este jueves, un almuerzo en su honor ofrecido por los Reyes en el Palacio Real, y un encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para firmar acuerdos entre los dos Gobiernos, según distintas fuentes implicadas en la organización de la visita.

Bin Salman viaja a España después de una gira internacional que le ha llevado a estar tres semanas en Estados Unidos y dos días en París. Además de reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, el heredero saudí posó para una foto junto al primer ministro libanés, Saad Hariri, y al Rey de Marruecos, Mohamed VI.
En Madrid, se alojará en el Palacio del Pardo, una muestra de la deferencia que Gobierno y Casa Real quieren tener con su invitado, aunque no se trata de una visita de Estado.
Más problemas ha tenido para alojarse en hoteles de la capital la excelsa delegación que le acompaña con cerca de 600 personas, según informa el diario Expansión
De hecho, tendrán que repartirse en varios hoteles madrileños, entre ellos, el Eurostars o el Villa Magna. Este último se ha visto obligado a cerrar estos días para poder alojar a parte del séquito del príncipe saudí. 
 “Una delegación de Estado ha cerrado el hotel entre los días 10 y 12 de abril”, han informado en el hotel a los clientes que tratan de hacer una reserva estos días.

Recibido por Cospedal

El joven mandatario, de 32 años, ha llegado a las 14.30 horas en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde ha sido recibido por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Con ella mantendrá además una reunión de trabajo el jueves por la mañana en el Cuartel General del Ejército de Tierra.
Aunque no han dado detalles de los temas previsto a tratar en el encuentro, Arabia Saudí y España tienen pendiente desde hace dos años la firma de la venta de cinco corbetas que construirá la española Navantia en los astilleros de Ferrol y Cádiz. La operación está valorada en unos 2.000 millones de euros y las autoridades españolas esperan que quede formalizada en la visita del heredero saudí.
La agenda oficial de Bin Salman en Madrid comenzará el jueves a las 11.30, cuando será recibido en audiencia por el Rey en el Palacio de la Zarzuela. Después se desplazará al encuentro con Cospedal y acto seguido al Palacio Real.
Al almuerzo, donde no habrá discursos ni del príncipe saudí ni del Rey de España, está prevista la asistencia del presidente del Gobierno y de cuatro ministros: Alfonso Dastis (Exteriores), María Dolores de Cospedal (Defensa), Íñigo de la Serna (Fomento) y Álvaro Nadal (Energía).
También tienen previsto acudir los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García Escudero, y representantes empresariales, entre ellos el vicepresidente de la CEOE y presidente de Fomento del Trabajo, Joaquín Gay de Montellá.
A las 17.00 horas ha sido la reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que culminará con una firma de acuerdos entre los dos Gobiernos.

'Incarlopsa' no dispone del certificado 'Welfare Quality' de bienestar animal que dijo tener

TOLEDO.- Incarlopsa, empresa cárnica con sede en la localidad conquense de Tarancón no posee el  certificado europeo  Welfare Quality de bienestar animal tal y como había anunciado tras conocerse una sentencia del   Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha  (TSJCLM) que quitó la razón a la Junta de Castilla-La Mancha por expedientar a varios veterinarios que levantaron actas denunciando maltrato animal en el antiguo matadero porcino de Industrias Cárnicas Loriente Piqueras SA (Incarlopsa) y criticando que hubiera actuado a "dictado" de la cárnica, según eldiario.es.

Tras conocerse la polémica sentencia, Incarlopsa emitió un comunicado para defender  su "compromiso" con el bienestar animal y asegurar que cumple "en todo momento la normativa aplicable" situándolo además como una "prioridad". Para ello aseguraba estar en posesión del certificado Welfare Quality de bienestar animal que emite Aenor.
Hoy, ese comunicado ha sido retirado de su página web y según ha podido confirmar  eldiarioclm.es, Incarlopsa no posee el certificado que asegura el bienestar animal, el único oficial en España, según fuentes del IRTA. Este periódico no ha conseguido recabar, tras varios intentos, la versión de la empresa conquense.
Welfare Quality  es un sistema para evaluar "de una forma objetiva" el bienestar animal en granjas y mataderos, identificar las causas de un bienestar deficiente y asesorar para introducir mejoras. 
Así lo definen los técnicos del IRTA,   Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias  que depende de la Generalitat de Catalunya, que desarrollaron los correspondientes protocolos y asesoran a AENOR, encargado de su emisión. 
Se basa en  cuatro principios de bienestar animal relacionados con el buen alojamiento, la buena alimentación, la buena salud y el comportamiento apropiado además de identificarse 12 criterios de bienestar animal.
La Plataforma Stop Macrogranjas Pueblos Vivos que se opone a la instalación de grandes explotaciones porcinas en la provincia auspiciadas por esta empresa, ha comentado la noticia para criticar que  Incarlopsa siga "haciendo gala de sus malas artes en materia de bienestar animal. Su insistencia por aparentar que esta materia es una de sus mayores prioridades está cayendo en saco roto, los hechos van día a día demostrando lo contrario".

Colegios del Opus Dei segregados por sexo en Murcia se benefician de las subvenciones avaladas por el TC

MADRID.- Cerca de cien colegios siguen actualmente en España el modelo de educación diferenciada o segregada por sexos, la mayoría de ellos de inspiración cristiana o directamente pertenecientes a entidades vinculadas a la Iglesia católica, especialmente el Opus Dei.

La decisión del Tribunal Constitucional de avalar que los colegios que segregan por sexo a sus alumnos puedan percibir subvenciones públicas vuelve a poner de actualidad la controversia sobre este tipo de educación.
Además, pone fin a una polémica judicial que comenzó cuando la Junta de Andalucía decidió retirar las ayudas a varios centros concertados que segregaban por sexo, al entender que este modelo va en contra del principio constitucional de igualdad y no discriminación.
Los datos no oficiales apuntan a que, del centenar de colegios que apuestan por este modelo educativo en España, 67 mantienen conciertos con las administraciones.
Un tercio de los colegios que imparten educación diferenciada pertenecen a Fomento de Centros de Enseñanza, una institución educativa vinculada al Opus Dei, que tiene centros sobre todo en Madrid (7), Comunidad Valenciana (6), además de en Galicia y Andalucía (con 4 en cada una de estas comunidades); Aragón, Navarra, Asturias, Murcia y Castilla y León (2 en cada una) y uno en Cataluña y Cantabria.
También están vinculadas al Opus Dei el grupo Attendis, que cuenta con 21 centros escolares en Andalucía y Extremadura, así como la Institución Familiar de Educación, que tiene 13 colegios en Cataluña y Baleares; Camp Joliu de Tarragona; o el Grupo Educativo COAS, con nueve colegios concertados en el País Vasco y La Rioja.
Los defensores de la educación diferenciada (no usan el término segregada) esgrimen que el modelo está ampliamente extendido en países como Estados Unidos o Reino Unido, y aseguran que educar a niños y niñas por separado permite mejores resultados académicos de unos y otras, ya que se personaliza su educación en función de sus diferentes ritmos madurativos y de aprendizaje.
Además, consideran que, lejos de lo que consideran prejuicios de sus detractores, este tipo de educación redunda en una mayor igualdad entre sexos, ya que garantiza la igualdad de oportunidades entre niños y niñas partiendo de que las diferencias entre sexos son enriquecedoras y que lo que hay que eliminar son las discriminaciones.
Sin embargo, no todos piensan así y no hay consenso científico sobre la mejora de los resultados académicos, como ha constatado la propia OCDE.
Comunidades como Cantabria, Asturias y, sobre todo Andalucía, fueron las que llevaron más lejos sus objeciones a que este tipo de centros recibieran subvenciones públicas, y en 2012 el Tribunal Supremo se pronunció a su favor, avalando la decisión de la Junta de retirar las ayudas a varios centros andaluces.
No obstante, con la aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) el Tribunal Supremo tuvo que volver a pronunciarse ante nuevos recursos de los colegios y en esta ocasión sostuvo, sin esperar a que resolviera el Tribunal Constitucional que, de acuerdo a la ley, los centros tienen derecho a percibir las subvenciones.
El Constitucional ha ratificado esa doctrina al rechazar el recurso del PSOE contra la LOMCE, al avalar que se subvencione con dinero público a los colegios que segregan por sexos a sus alumnos y también otros aspectos de la norma, como la alternativa obligatoria a la asignatura de Religión.

La regulación de los precios de los alquileres llega este jueves al Congreso

MADRID.- El Pleno del Congreso debate este jueves una moción a propuesta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en la que exige la regulación de los precios de los alquileres con el fin de asegurar unas rentas asequibles.

La moción es consecuencia de la interpelación dirigida por la portavoz de En Comú, Lucía Martín, al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el pasado mes de marzo, y se produce justo una semana después de que la formación catalana llevara al Congreso una ley para abordar esta cuestión.
De esta forma, el debate servirá al grupo confederal para medir las fuerzas en el Pleno del Congreso de cara al debate de admisión a trámite de su proposición de ley. En todo caso, aún está pendiente si el Gobierno, como en otras ocasiones, presenta un veto a la iniciativa, aunque tal y como aseguraba Martín en su presentación, la ley no modifica los Presupuestos de modo alguno.
En el texto de la iniciativa que se someterá a votación este jueves, la formación catalana demanda al Gobierno regular los precios de los alquileres “como medida revisable en áreas urbanas con incrementos de precios abusivos contrastables” con el fin de “asegurar unas rentas asequibles”.
Asimismo, pide impulsar las reformas legislativas para volver a los cinco años de duración mínima de los contratos del alquiler y mejorar la protección de las personas inquilinas.
En Comú también se refiere al contenido del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, exigiendo al Gobierno aumentar su dotación en los próximos Presupuestos Generales del Estado “para que ninguna persona con necesidad residencial quede excluida de los programas de ayudas públicas”.
Durante la exposición de motivos de su moción, Martín reclama líneas de financiación en el citado plan para que las comunidades autónomas pudieran ampliar su parque público de alquiler mediante la compra de vivienda ya construida o la cesión de edificios por parte de grandes propietarios.
“Ambas medidas pueden llegar a ser más económicas que el fomento de la nueva construcción, y a la vez permitirían hacer frente a las operaciones especulativas en las que fondos de inversión compran edificios enteros a la espera de la rápida finalización de los contratos de los inquilinos”, asevera.

C's exige el desbloqueo inmediato del pago de las ayudas de alquiler a los afectados por los terremotos de Lorca

LORCA.- Ciudadanos ha exigido hoy tanto al Gobierno regional como al central el desbloqueo inmediato de los pagos de las ayudas al alquiler para los afectados por los seísmos de 2011 en Lorca. 

El portavoz local, Antonio Meca, ha denunciado que el Ejecutivo regional “se aprovecha del escaso peso específico del alcalde y de su actitud poco reivindicativa y nada exigente” para retrasar y eludir el pago de estas ayudas.
 “Nuestro equipo de Gobierno no ha sido capaz siquiera de enviar una carta exigiendo el pago inmediato de las deudas de alquiler, y lo que han hecho ha sido tapar con ingresos de las arcas municipales los repetidos incumplimientos del Gobierno regional, que suman ya 600.000 euros”, ha denunciado Meca.
En la última reunión de la Mesa Solidaria, Ciudadanos ha exigido al equipo de Gobierno “que lleve a cabo todas las actuaciones necesarias para desbloquear la situación de impago repetido por la CARM, y luche si complejos en la defensa de los intereses de los lorquinos por encima de  sus intereses partidistas”.

Víctor Martínez (PP): 'Algo huele muy mal en las desaladoras del 'programa Narbona' y queremos investigarlo'


CARTAGENA.- El Partido Popular ha pedido, esta mañana en la Asamblea Regional, la creación de una comisión de investigación sobre la adjudicación de la planta desaladora de Águilas y el posible desvío de fondos para financiaciar de forma irregular una campaña de publicidad sobre la desalación promovida por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

El portavoz del PP en la Asamblea, Víctor Martínez, ha afirmado esta mañana, en rueda de prensa, que algo huele muy mal en las desaladoras del 'programa Narbona' en referencia a la gestión, de la exministra de Medio Ambiente y actual presidenta del PSOE, del programa 'AGUA' y las investigaciones policiales, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que han puesto al descubierto una presunta financiación irregular de campañas publicitarias.
Víctor Martínez se ha referido a la utilización de 7,5 millones de euros destinados de forma irregular a publicitar las desaladoras, según las investigaciones policiales. Y ha añadido que el objeto de ésta actuación propagandística se produjo con el fin convencer a la opinión pública después de que Cristina Narbona derogara el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro.
Esta decisión fue fuertemente contestada, especialmente en el Levante y Andalucía y se intentó tapar con una campaña de publicidad en los medios utilizando los 7,5 millones de euros para contar las bondades de las desaladoras de Narbona, ha dicho Víctor Martínez.
En el caso de la Región de Murcia, el portavoz en el parlamento autonómico del PP se ha referido a la desaladora de Águilas, no solo tuvo un sobrecoste de 37 millones de euros sino que de forma irregular 1,3 millones, que no aparecen en ningún documento público, se destinaron a sufragar la publicidad, ha afirmado para añadir que ese dinero, tal y como reflejan las pesquisas policiales, se les exigió a los contratistas de forma irregular a través de un procedimiento que no estaba reglamentado. Se intentó comprar a la opinión pública billete sobre billete, ha dicho.
Víctor Martínez ha denunciado que en la desalinizadora de Águilas, había dinero para publicidad pero no para llevar las tuberías a los campos de nuestros agricultores. Y ha recordado que fue el Partido Popular el encargado de construir las canalizaciones para llevar el agua a los regantes de la zona.
Ha llegado el momento de saber la verdad porque la desaladora de Águilas es solo la punta del iceberg, ha afirmado el dirigente del PP para quien se demuestra que la derogación del trasvase del Ebro fue una decisión injusta, contraria a la opinión pública a la que se intentó comprar con el uso irregular de 7,5 millones de euros exigidos, según lo publicado, a los contratistas.
El portavoz del GPP ha mostrado su confianza en que PSOE y Ciudadanos estén a la altura, a la hora de apoyar la creación de la comisión de investigación solicitada por el PP, esperamos que el embudo político, social y judicial de la desaladora de Águilas sea del mismo tamaño y medida que el de la de Escombreras, en referencia a la comisión creada en el parlamento murciano.
Victor Martínez ha insistido en la necesidad de conocer la verdad, los ciudadanos, los agricultores quienes saber porqué sí había dinero para pagar anuncios y no para las tuberías. Y ha concluido que todo se hizo por detrás, sin ningún documento público.

Podemos defenderá la Ley de Lugares y Senderos de Memoria Democrática


MURCIA.- La diputada Regional de Podemos, María López ha explicado que Podemos ha elaborado una Ley para el conocimiento y la divulgación de nuestro patrimonio memorialístico "que nos ayude a conocer y comprender los hechos que acontecieron, así como la lucha a favor de las libertades cívicas y políticas".

María López ha presentado la Ley de Lugares y Senderos de Memoria Democrática de la Comunidad Autónoma Región de Murcia, donde ha estado acompañada de los integrantes de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica, como la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena Pepa Martínez y el representante del Ateneo Republicano de Murcia, Pepe Sánchez, que han colaborado en el diseño de dicha Ley.
López, ha recordado que Podemos Región de Murcia, presentó en la Asamblea Regional de Murcia, el 10 de Octubre de 2017 la Ley de Lugares y Senderos de Memoria Democrática de la Comunidad Autónoma Región de Murcia, con el la finalidad de que el Gobierno regional asuma las competencias que le corresponden en materia de Memoria Histórica Democrática, tal y como se ha realizado en comunidades vecinas siguiendo la recomendación de la Asamblea General de Naciones Unidas, para que nuestro país asuma medidas consistentes a favor de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición".
Así la diputada regional de Podemos, ha explicado que la Ley Estatal 52/2007 de 26 de diciembre "reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura y sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática".
Es precisamente esta última cuestión donde "al amparo de las competencias que la comunidad autónoma tiene en los ámbitos de patrimonio cultural, histórico, arqueológico, monumental, artístico y paisajístico, Podemos en colaboración con las asociaciones de memoria histórica presenta una Ley con fines didácticos, para que la ciudadanía en la Región pueda conocer la historia que hay detrás de lugares o monumentos emblemáticos, como el Castillo de Caravaca, la Cárcel de San Antón en Cartagena, la cárcel vieja de Murcia o la plaza de toros de Lorca, lugares que fueron enclaves de represión, y tortura durante la guerra civil y la dictadura franquista".
Así, María López ha manifestado que "desde Podemos esperamos que tanto PP y Ciudadanos, apoyen esta Ley cuando sea llevada a pleno, y que tengan la responsabilidad política y ética, para que vea la luz una Ley Regional, que se ha trabajado con las asociaciones memorialistas, colectivos sociales" y ha añadido que "entendemos que apelar al pasado para comprender el presente y afrontar el futuro es un signo de cultura política de las sociedades democráticas".

Podemos afirma que la protección del Mar Menor incrementa el prestigio de nuestros productos hortofrutícolas

CARTAGENA.- María Giménez, diputada regional, ha señalado que la comparecencia de Proexport en la Asamblea Regional ha servido para poner de manifiesto que lo que se ha trabajado hasta ahora para defender la laguna "repercute de manera muy positiva en la imagen de nuestros productos en mercados internacionales. 

Ahora sólo hace falta que el gobierno le de la importancia que se merece a la ley que debe gestionar todos sus usos para que veamos cómo aumentan los beneficios económicos derivados de respetar el medio ambiente y el entorno del Mar Menor".
Giménez ha explicado que los consumidores de los mercados internacionales "son cada vez más exigentes con los productos que compran en los supermercados. Por eso, que los murcianos lleven el sello de respeto al medio ambiente es sinónimo de un plus que nos va a hacer competir mejor con otros países".
Además, la diputada de Podemos ha insistido en que "el gobierno se debe poner las pilas con la ley integral. Necesitamos cuanto antes abordar la complejidad que tiene la legislación del Mar Menor. Nosotros vamos a aportar un documento con medidas y estrategias fundamentales".
Por último, María Giménez ha lamentado que haya partidos que estén intentando "colgarse medallas" con este tema, como Ciudadanos, "que han rechazado sorprendentemente aprobar en Comisión las directrices que los tres grupos de la oposición habíamos consensuado. El Mar Menor es un asunto demasiado grande como para hacer chapuzas y por tanto, esperemos que al final nos escuchen y nos pongamos todos a trabajar en las recomendaciones a enviar al gobierno".

El PP critica que "Diego Conesa busque solo la foto en las vías del tren para arañar un puñado de votos"

MURCIA.- La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Nuria Fuentes, ha criticado este miércoles la visita realizada anoche por el secretario general del PSRM, Diego Conesa, a las vías del tren con el único objetivo "de buscar una foto para arañar un puñado de votos".

Fuentes ha remarcado que "Diego Conesa sabe que la ejecución de las obras del soterramiento del AVE a su paso por Murcia son una realidad y no tienen marcha atrás, por lo que le molesta que se culminen". Esto, ha insistido "demuestra su intención manifiesta en que no se lleven a cabo dichas obras con único interés, el partidista, dejando atrás el de todos los murcianos".
Con esta actitud, ha dicho la portavoz 'popular', "el secretario general del PSRM ha quedado retratado en su instantánea de ayer en las vías; simplemente para provocar y enfrentar a todos los murcianos". 
Igualmente, ha lamentado que el máximo responsable de los socialistas en la Región cuestionara ayer en redes sociales la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las que ha dicho "solo realizan su trabajo, defendiendo la seguridad y la integridad de todos".
En este punto, Nuria Fuentes, ha recordado que "los murcianos no han olvidado los sabotajes, incidentes, y altercados en las obras de soterramiento de las vías llevados a cabo por una minoría pero que desafortunadamente ocurrieron", y ha puesto en valor que "gracias al PP se esté ejecutando la obra, porque se trata de una reivindicación histórica y una lucha de todos los murcianos, porque todos queremos la llegada de la Alta Velocidad cuanto antes a la Región".
Así, ha lamentado que se haya dado una imagen de personas paseando por la ciudad, donde junto a la placa del soterramiento aparece un lazo amarillo que "simboliza el apoyo al independentismo, a la separación, y a la violencia, en un claro apoyo a la ilegalidad y en esto el PP dirá siempre no; a la llegada del AVE y al soterramiento de las vías diremos siempre sí", ha aclarado.
En relación a la llegada del AVE a Beniel, mientras se ejecutan las obras del soterramiento, la portavoz del PP regional ha vuelto a insistir en que estudios técnicos y económicos demostraron la inviabilidad del proyecto porque "no se solucionaba el problema y encarecía la cuantía del mismo", por lo que ha pedido al PSRM y a Diego Conesa que, " deje de lado ese debate estéril, priorice la voluntad de todos los murcianos y que hagan política constructiva que beneficie a toda la Región".

C's da un toque de atención al Gobierno regional a cuenta del cumplimiento del acuerdo presupuestario

CARTAGENA.- Ciudadanos ha dado hoy un “toque de atención” al Gobierno regional a cuenta del grado de cumplimiento del acuerdo de presupuestos, en el que Ciudadanos consignó 150 millones en inversiones, a los que había que sumar el dinero que los murcianos ya se están ahorrando por la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

El portavoz regional, Miguel Sánchez, ha asegurado que “a día de hoy, vemos con cierta preocupación que no se está cumpliendo con todo lo prometido. Entendemos que el primer trimestre de aplicación del presupuesto es el más complicado, pero vemos con preocupación que hay partidas que ya deberían haberse aplicado o puesto en marcha si la voluntad del Gobierno es aplicarla”.
Sánchez ha incidido sobre todo en la partida prevista para la gratuidad de los libros de texto. “Lo que más nos preocupa es que la gratuidad de los libros de texto parece haberse encallado en la redacción del reglamento y en la aplicación del sistema de bancos de libros, cuando los 9,7 millones de euros estaban claramente destinados a su aplicación en una primera fase ya este mes de septiembre. Nos preocupa también que lancen globos sonda en los que hablan de 100 euros para FP y 150 para Primaria cuando la ley establece 160 y 175 euros respectivamente.. Queremos transmitir a los padres que no van a tener que pagar nada, porque para eso se ha hecho esta ley, y que si Educación se desvía mucho del espíritu de la ley en su aplicación reglamentaria o ejecución, nos tendrán enfrente”, ha explicado el portavoz naranja, quien también ha puesto el acento en el hecho de que esos 9,7 millones que C's consignó “se hayan desgajado en dos partidas. Pedimos explicaciones por este desglose y vamos a estar muy vigilantes para que el Gobierno regional no coja el dinero que se ha consignado para la gratuidad de los libros de texto y lo emplee en dotar otros conceptos”.
Miguel Sánchez ha advertido que “sobre todo no vamos a permitir que acaben haciendo pagar a los padres a través de las AMPAS o que los centros tengan que poner dinero de su mantenimiento general para completar el programa de gratuidad. Hay dinero suficiente para evitar estas situaciones, y ante todo pedimos al Gobierno regional que aclare ya de una vez cómo piensa aplicar sobre el terreno lo que consideró una ley básica y necesaria. Porque el trabajo no acaba al hacerse la foto”.
Ciudadanos también ha hecho referencia también a los tres millones para la primera fase de aplicación de la Enfermería Escolar, “presentes en el presupuesto regional, pero cuyo gasto no está autorizado entre otras cosas porque todavía no sabemos en qué colegios se va a aplicar en una primera fase”. 
Sánchez también ha puesto el foco en la partida de 1 millón de euros para el cheque formación de parados, “que no está bien definida”, o los 10,6 millones para reducir las listas de espera, de los que todavía no se ha autorizado ni dispuesto ni un euro”.
El toque de atención de C's se extiende también a la partida para apoyar a los autónomos a través de desgravaciones que sumarían tres millones de euros, que no aparece en la Cuenta General como tal y en algunos desajustes entre lo comprometido y lo finalmente consignado, “como ha ocurrido en el Plan de Reactivación Bibliotecas Públicas, que se dotó con 500.000 euros y ha sido reducido hasta 300.000 como previsión de gasto definitiva”..
Finalmente, Sánchez ha destacado que “hay cosas cumplidas o en trámite de aplicarse, como es el caso de la carrera profesional, la partida para la ZAL de Cartagena y la mejora de los polígonos industriales, las subvenciones para agricultura ecológica o el incremento de la partida para el Consejo de la Transparencia, entre otras”.
“Queremos que esta comparecencia sirva como toque de atención al Gobierno regional y como un recordatorio de que deben cumplir con el acuerdo que ha permitido a la Región contar con presupuestos, gracias a la responsabilidad y generosidad de Ciudadanos. Por lo que desde aquí les pido que nos clarifiquen las partidas que parecen haberse esfumado, corrijan aquéllas que han sufrido mermas o recortes y aceleren en la puesta en marcha de las que están pero no han arrancado todavía”, ha finalizado Sánchez.

'Cambiemos Murcia' exige la paralización urgente de las obras de entubamiento de la acequia menor de Villanueva


MURCIA.- Cambiemos Murcia ha exigido hoy la "paralización inmediata" de las obras de entubamiento que se están llevando a cabo desde el pasado lunes en la acequia menor de Villanueva de Beniaján, en el Carril de Los Veras, por el "gran impacto" que conllevarán en el entorno y en la red de regadíos de la zona.

La formación municipalista, a través de su vocal en la pedanía, María del Carmen Griñán, y del concejal Sergio Ramos, ha denunciado esta actuación y ha reclamado al responsable de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, Antonio Javier Navarro Corchón, que proceda a paralizar las obras.
Ramos, que ya solicitó en el primer Pleno de la legislatura una moratoria del entubamiento de acequias en el municipio, ha insistido en la "importante repercusión negativa" que ese tipo de actuaciones tiene sobre la huerta de Murcia y sus infraestructuras hidráulicas, que son patrimonio histórico.
Por eso, ha instado a Navarro Corchón a que informe de si las obras que se están acometiendo en Beniaján cuentan con los permisos del Ayuntamiento, al tiempo que ha solicitado una mayor protección de las acequias y azarbes como elementos que conforman la identidad medioambiental y cultural de Murcia.
"El equipo de Gobierno vende continuamente jornadas sobre protección de la huerta, pero a la hora de la verdad no pone trabas a que sus pedáneos siga destruyendo el patrimonio de todos los murcianos y las murcianas", ha concluido Ramos.

El Gobierno regional del lorquino López Miras debe 711.920,79 euros a la mesa solidaria, casi siete años después de los terremotos

LORCA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Navarro ha hecho balance de la última reunión de la mesa de la solidaridad con los damnificados por los terremotos, en la que se puso de manifiesto el incremento de la deuda que el Gobierno regional del lorquino López Miras mantiene, casi siete años después, y que alcanza los 711.920,79 euros. Respecto al trimestre anterior, la deuda aumentó en casi 37.000 euros.

Navarro lamenta que durante esta reunión, en la que se deba cuenta de los últimos tres meses de gestión de la mesa solidaria, el Partido Popular "como de costumbre" se esforzó más en "justificar lo injustificable", en relación a la tardanza y a unas cuentas que, según el edil, "son desoladoras".
Navarro denuncia que ya son 711.920,79 euros la cantidad que la mesa solidaria ha tenido que abonar a los afectados por los terremotos "porque la Comunidad Autónoma no hace frente a sus obligaciones".
Según el edil, para que la Mesa Solidaria haya podido mantener su actividad y, con ello, el PP local haya podido seguir encubriendo a la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Lorca ha tenido que ingresar de las cuentas municipales a esta mesa "600.000 euros a lo largo de todo este tiempo".
En los últimos tres meses, la Comunidad Autónoma ha abonado cero euros, siendo la primera vez que no abona nada en un periodo trimestral.
Navarro ha denunciado los motivos "inverosímiles" que Partido Popular lorquino dio para justificar esta falta de pago, y es que, según el equipo de gobierno, "están pendientes de firmar un "convenio" entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno Central que son los que están paralizando la llegada de esas ayudas".
Dicho "convenio", apunta Navarro, acabó en julio de 2017, por lo que "no han tenido tiempo de renovarlo en nueve meses, o no es cierto que ese sea el motivo de la tardanza en el pago".
Durante la reunión, Navarro exigió además el pago de las ayudas en alquiler aún pendientes. Para ello, instó a enviar a la Comunidad Autónoma y al Gobierno Central, una misiva exigiendo que se aplique el Real Decreto 6/2011 "hasta sus últimas consecuencias" para que se renueven tácitamente las ayudas al alquiler hasta que los desplazados puedan volver a sus viviendas.

La Región ganó 92 afiliados a la Seguridad Social cada día durante el primer trimestre

MURCIA.-La Región de Murcia ganó 8.280 afiliados de media a la Seguridad Social en los primeros tres meses del año, al pasar de los 557.043 con los que cerró diciembre de 2017 a los 565.323 contabilizados a la conclusión de marzo. De esta manera, se ganaron 92 nuevos trabajadores al día durante este periodo, con una subida acumulada del 1,48% en el total de afiliados. 

Dicho incremento está muy por encima del 0,22% de crecimiento medio en el conjunto del país durante el primer trimestre, lo que refleja que en el arranque del año la creación de actividad económica y de empleo ha sido más intensa en la Región, apoyada en la campaña de contratación de Semana Santa.
Esa tendencia también alcanza al ámbito de los autónomos, un colectivo cuyo número ha aumentado un 1,31% en la Región desde enero hasta marzo, frente al 0,80% de subida en España. En términos absolutos, hoy se registran 1.196 autónomos más que tres meses atrás, mientras que en el primer trimestre del año 2017 el crecimiento fue aproximadamente la mitad, concretamente de 573. 
Para el director general del SEF, Alejandro Zamora, «el primer trimestre ha dejado datos más que positivos, y esto nos indica que vamos por la senda adecuada y que el escenario económico de la Región es atractivo para las empresas. Hablamos de más de 8.000 nuevos cotizantes, de más de 8.000 personas que hoy contribuyen al mantenimiento del Estado de bienestar».
La cifra total de afiliados en la Región, de 565.323, se corresponde con los que se contabilizaban en el último trimestre del año 2008, cuando ya se empezaba a producir un descenso generalizado a causa de la crisis económica. El número de trabajadores llegó a descender hasta los 472.674 tras enero de 2014, y desde esa fecha la Región ha ganado 92.649 trabajadores. El techo se alcanzó en julio de 2007, cuando se rozaron los 600.000 afiliados.

'Proexport' admite que la agricultura afecta al Mar Menor pero pide saber en qué «proporción»

CARTAGENA.- El vicepresidente de Proexport, Javier Soto, admitió este miércoles en la Comisión Especial del Mar Menor que la agricultura del Campo de Cartagena ha «afectado» al ecosistema de la laguna, pero pidió a las autoridades que determinen el grado de responsabilidad de cada una de las actividades económicas.

«Ni los científicos se ponen de acuerdo en qué proporción», aseguró Soto durante su comparecencia en la Asamblea Regional, donde criticó el «desbarajuste» en la gestión de los salmueroductos y las autorizaciones para el uso de las desalobradoras, que ha achacado principalmente a los dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Tras afirmar que la agricultura es compatible con el buen estado de la laguna, el vicepresidente de Proexport apuntó que no cree que ninguno de sus asociados haya cometido ninguna irregularidad en la comarca, pero advirtió que «no amparan» ilegalidades y que el que haya actuado en contra de la ley «tendrá que ser consecuente con sus actos».
Para Soto, la Ley de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Mar Menor fue «precipitada» e «insuficiente» al centrar su mirada hacia la agricultura, pero ha reconocido que fue un «error» del sector agrario «no dejar claro que no estamos en contra de esta norma y que queremos cumplir la ley».
Por ello, reclamó a los dirigentes políticos que la futura Ley Integral del Mar Menor debe «regular todas las actividades económicas» vinculadas a la laguna e incluir obras declaradas de Interés General del Estado, como una red de salmueroductos y la desalobradora en San Pedro del Pinatar.
Tras admitir que el estado de la laguna «no ayuda a nuestra imagen» en el los clientes nacionales y extranjeros, Soto remarcó que las empresas agrícolas están sometidas a auditorías internas que, en caso de no superar, conllevan la suspensión de las ventas de sus productos.
Finalmente, el vicepresidente de Proexport advirtió de que la producción de la Región se puede trasladar a otras comunidades autónomas en el caso de cultivo de invernadero, pero ha añadido que es «imposible» que se pueda cultivar «al aire libre más allá de dos semanas» debido a las diferentes condiciones climáticas del sureste español respecto a otras provincias.
Desde los partidos, la diputada socialista Yolanda Fernández compartió con Soto la necesidad de ampliar la legislación a todas las actividades económicas del Mar Menor, mientras que la parlamentaria de Podemos María Giménez afirmó que su grupo apoya la actividad agraria.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Miguel López Morell resaltó el interés del sector agrario en cumplir la ley y participar en la mejora del ecosistema lagunar, mientras que el parlamentario del PP Jesús Cano recalcó que la agricultura es compatible con el Mar Menor.

La venta de viviendas subió casi un 22% en la Región en febrero

MURCIA.- La compraventa de viviendas en la Región de Murcia en el mes de febrero aumentó un 21,8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 1.235 operaciones, superior al crecimiento medio de España del 16,2 por ciento y el quinto mayor de España por comunidades, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por cada cien mil habitantes, en todo el país se registraron 113 compraventas de viviendas, cuatro menos en Murcia (109). En la Región, de las 1.235 operaciones de compraventa anotadas en febrero, un alto porcentaje se realizó sobre viviendas libres (1.039).
Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 208 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 1.027 estuvieron relacionadas con edificios usados.
Además de las compraventas, en el segundo mes del año se realizaron un total de 2.257 operaciones sobre viviendas, de las que 1.235 fueron compraventa, 340 fueron herencias, 61 donaciones, 3 permutas y 618 operaciones de otro tipo.
En total, en febrero se transmitieron en la Región 4.030 fincas urbanas a través de 2.140 compraventas, 552 herencias, 112 donaciones, 9 permutas y 1.217 operaciones de otro tipo. Y es que, además de las transacciones sobre viviendas, también hubo 260 sobre solares y 1.513 sobre urbanas de otro tipo.
Igualmente, se realizaron transmisiones sobre 1.066 fincas rústicas, entre las que se registraron 315 herencias, 439 compraventas, 45 donaciones, 8 permutas y 259 operaciones de otro tipo.
Con estos datos, y entre fincas rústicas y urbanas, en febrero se transmitieron en Murcia 5.096 fincas, lo que supone un aumento del 8,6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, frente al 7,9 por ciento en el conjunto del país. Este volumen de operaciones supone una media de 449 por cada cien mil habitantes, inferior a la media de España (437).

El fiscal rebaja su petición de pena para los acusados en el 'caso Valeo'

MURCIA.- El fiscal del 'caso Valeo', en el que se investiga la presunta venta fraudulenta de esta multinacional a una sociedad fantasma en 1994, con la intención presunta de no abonar los despidos de sus trabajadores, ha rebajado este miércoles su solicitud de condena, al situarla en seis meses de prisión, frente a los tres años que solicitaba inicialmente.

En esta nueva sesión de la vista oral, que dio comienzo en la Audiencia Provincial de Murcia hace algo más de un mes, el representante del ministerio público expuso que la causa ha sufrido demoras injustificadas, por lo que se debe aplicar a los tres acusados que se sientan en el banquillo la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificadas.
Fuentes judiciales explicaron que, por su parte, la acusación particular, ejercida en representación de los trabajadores, rebajó también sus solicitudes iniciales de condena, hasta dejarlas en dos años de cárcel.
El juicio se desarrolla solo frente a tres acusados, frente a los diez que en principio fueron encausados por estos hechos. Se trata de Antonio S.C., José Luis G. y Luis Ernesto E. Del resto de los imputados, cuatro han fallecido durante la instrucción del caso y a la espera del juicio, y otros dos están en paradero desconocido, aunque los hechos han sido declarados prescritos para ambos.
Otro, residente en Francia, presentó al inicio de la vista un parte médico en el que se indicaba que debido a su avanzada edad y sus dolencias no estaba en disposición de poder desplazarse.
Durante todo este tiempo, también han fallecido una treintena del centenar y medio de los trabajadores que se vieron afectados por la venta presuntamente fraudulenta de la empresa.

Los productos murcianos que vende 'Mercadona' ya han dejado 1.100 millones de euros en la Región

MURCIA.- Mercadona realizó compras a proveedores murcianos por valor de 1.103 millones de euros durante el año pasado, lo que supone un 18% más que el año anterior.

La cadena valenciana de supermercados tiene 13 interproveedores en Murcia y ha alcanzado acuerdos comerciales con más de 50 proveedores especialistas de la Región. Su actividad conjunta en esta comunidad autónoma genera 24.000 empleos directos e indirectos, informa la firma en un comunicado.
La inversión llevada a cabo por la compañía y los interproveedores en Murcia ascendió a 47,9 millones de euros en 2017. Destaca, entre otros, los 19,7 millones que el interproveedor Ultracongelados Virto destinó a la construcción de una nueva fábrica en el municipio de Santomera, con la creación 12 nuevos puestos de trabajo.
En la actualidad, Mercadona tiene un total de 64 tiendas en la Región de Murcia y una plantilla de más de 3.080 trabajadores. Todos ellos se benefician de su política laboral basada en la estabilidad, con contratos indefinidos desde el primer día, la conciliación, la formación continua y la promoción interna. El sueldo inicial ronda una media de 1.132 euros netos al mes, cifra que llega a 1.462 euros netos mensuales tras más de cuatro años en la empresa.
En materia de conciliación familiar y laboral, un total de 73 madres trabajadoras de Murcia optaron por alargar en 30 días los cuatro meses de baja maternal establecidos legalmente, mientras que 922 trabajadores disfrutaron de jornadas reducidas.
Respecto al modelo de supermercado, Mercadona cuenta con tres nuevas tiendas eficientes en Murcia: dos reformadas, una en el municipio de El Palmar y otra en Santomera, así como una nueva apertura en el municipio de Alcantarilla, que han supuesto una inversión de más de nueve millones de euros.
Estas tiendas, además de reducir el consumo energético, mejoran la experiencia de compra de sus clientes, introduciendo el concepto de 'frescos global' que implica mejoras en todas las secciones de frescos. Este nuevo modelo se irá implantando progresivamente en las tiendas de la Región durante los próximos años.
La firma también ha trabajado para adaptar las secciones de frescos a los gustos y hábitos de consumo de los murcianos, con la compra en 2017 de más de 712 toneladas de pescado fresco de las lonjas de Cartagena, Mazarrón y Águilas, 28.000 toneladas de patata de Cartagena a varios proveedores de patatas de la zona, más de 8.300 unidades de 'rollicos' de San Blas a la Asociación Asprodes de Lorca y más de 53.000 toneladas de tomates de Perichan en Mazarrón.
En la Región, la colaboración con organizaciones sociales se ha traducido en la donación de más de 219,3 toneladas a diferentes entidades mediante acciones sociales.

Absueltos dos directivos de 'Zincsa' acusados de un delito medioambiental

CARTAGENA.- La titular del juzgado de lo Penal nº 1 de Cartagena ha absuelto a dos directivos de Española de Zinc S.A. (Zincsa), que fueron enjuiciados como acusados de un delito contra el medio ambiente por los residuos de la actividad de hidrometalurgia desarrollada por la empresa, que quedaron, tras su venta, en dos parcelas de Torreciega.

En un comunicado, el TSJ señaló que en la sentencia se absuelve al expresidente de Zincsa y a un consejero delegado, encargado de la descontaminación, al considerar que no ha quedado acreditado que existiera una alteración grave para el equilibrio de los sistemas naturales y un riesgo grave para la salud de las personas, imputable a los acusados.
Al respecto, continúa el fallo, se han generado importantes dudas, pues, aunque las actas de Inspección hablan de indicios evidentes de grave riesgo para la salud humana y el ecosistema o de riesgo potencial, «lo cierto es que tales riesgos no se concretan», explica la resolución.
Además, añade que, si bien la mercantil no cumplió íntegramente con sus obligaciones de derribo, recogida de escombros y descontaminación, «una cosa es el incumplimiento de tales obligaciones contractuales» y otra «bien distinta» que la situación en que quedaron las fincas en el momento en que se abandonaron por la expiración del contrato de arrendamiento con la nueva propietaria de los terrenos.
Así, declara probado que los responsables de la mercantil iniciaron las tareas de demolición y descontaminación del suelo, si bien procedieron a entregar la posesión de los terrenos en julio de 2009 sin haber concluido los trabajos de desmantelamiento y demolición de la factoría, por lo que fueron detectadas por el Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental áreas de acumulación de residuos y vertederos.
El fallo señala que se «desconoce» si a la entrega de la posesión de los terrenos ya existían las deficiencias detectadas por la Comunidad Autónoma un año después del traspaso, como el abandono de residuos de diferente tipología a la intemperie, sin control y sin las medidas de seguridad para la protección del medioambiente, además de dos balsas que contenía residuo que debía considerarse como «muy peligroso y reactivo».
En sus conclusiones, el Ministerio Fiscal solicitó que se le impusiera a cada uno de los acusados la pena de 27 meses de prisión, una multa de 9.720 euros e inhabilitación especial para la dirección y de empresas en cuya actividad se generen o traten residuos por tiempo de 3 años.
La jueza recuerda que el derecho penal solo puede ser la última ratio, y «que no ha quedado acreditado» que en la fecha de entrega a la nueva propietaria, Quórum, los terrenos pudieran causar un «grave riesgo para el equilibrio de los recurso naturales o la salud de las personas» y «ni siquiera parece que estuvieran, a la fecha de las actas de la inspección de las que parte este procedimiento, en el mismo estado que en el año 2009».
La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, según el TSJ.

Navantia: cinco corbetas para Arabia Saudí por 2.000 millones


MADRID.- El Gobierno tiene todo preparado para firmar mañana un acuerdo de entendimiento con Arabia Saudí para la construcción y venta, tras dos años de retraso, de cinco corbetas de Navantia. Será el mayor pedido procedente del exterior recibido hasta la fecha por la empresa pública española, según recoge hoy Expansión.

La ocasión la brindará la visita entre hoy y mañana a España del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, de gira por Europa tras un viaje de tres semanas por Estados Unidos.
El príncipe tiene previsto reunirse mañana a media mañana con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, donde se celebrará un almuerzo en su honor. A las 17:00 horas firmará en La Moncloa junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el acuerdo que habilita la celebración del contrato con Navantia.

Almuerzo en La Zarzuela

La agenda de la Casa Real adelanta que, en el encuentro, "se firmarán varios acuerdos bilaterales entre los dos países". Fuentes gubernamentales indicaron a Expansión que entre los acuerdos figura el relacionado con las corbetas de Navantia. Ésta es la previsión del Ejecutivo, que prefiere mantener la cautela hasta el final, ya que el cliente saudí siempre puede cambiar de parecer a última hora.
La dimensión del contrato justifica en buena parte la expectación y las reservas con las que desde el Gobierno se ha acogido la visita de Bin Salman. Está valorado en 2.000 millones de euros y consiste en la construcción de cinco corbetas de tipo Avante 2200, parecidas a las que Navantia construyó para la Armada de Venezuela. El contrato viene acompañado, además, de la construcción de una base en Arabia Saudí y de la prestación de servicios de adiestramiento a los militares del país para la operación de estas embarcaciones.
Este último aspecto ha sido uno de los factores que ha retrasado la firma. Las fuentes consultadas explican que la ubicación de la base y el interés del Gobierno saudí por elevar el protagonismo de sus empresas en este proyecto han contribuido a los retrasos. Se da por hecho que, en las negociaciones entre ambos países, también han incidido otros aspectos como la marcha de las obras del AVE entre Medina y La Meca.
Los barcos serán construidos en las instalaciones de Navantia en la Bahía de Cádiz, en San Fernando, y supondrán un espaldarazo para la empresa, que se encuentra a la espera de otros importes contratos internacionales de mayor relevancia si cabe, como los de Australia, Canadá, India o Estados Unidos.
Con su gira europea, Bin Salman completará un periplo que le ha llevado a Estados Unidos, donde ha permanecido tres semanas en busca, entre otras cosas, de inversiones para su país y del estrechamiento de alianzas con la Administración Trump.
Bajo el brazo, el príncipe lleva la OPV de la petrolera estatal Aramco, cuya salida a Bolsa ha quedado retrasada hasta 2019. A la compañía se le asigna un valor cercano a los dos billones de dólares, y los planes de Bin Salman pasan por colocar un 5% para reducir la dependencia árabe del petróleo y captar inversiones con las que diversificar la economía del país.
Varias plazas bursátiles europeas se han mostrado interesadas en albergar la OPV de Aramco, sobre lo que el príncipe no ha dado más información. Otra de sus ambiciones, también incluida en la conocida como Vision 2030, es la de conformar el mayor fondo soberano de inversión del mundo.
Estas dos iniciativas ya han sido suficientes para que su viaje a Europa haya generado una gran expectación. Su llegada a España viene precedida por los encuentros entre Bin Salman y el presidente francés, Emmanuel Macron, en la que la defensa y la energía han sido los principales asuntos de la agenda.

Astillero chino

La empresa española naval que sí ha logrado concretar esta semana un pedido ha sido la gallega Gabadi. Ayer anunció la firma de un contrato con el astillero chino Jiangnan por cerca de 34 millones de euros para la construcción de tanques de gas natural licuado.
El contrato lo desarrollará durante el próximo año y medio la filial china de la empresa española, Gabadi Marine Engeneering, que desplazará a 70 trabajadores al país asiático.

Macron invita a los católicos a reforzar su presencia en la política y la sociedad francesas


PARÍS.- Para los obispos, fue un discurso que marcará un antes y un después en las relaciones entre el poder terrenal y el espiritual, un mensaje de respeto, admiración y comprensión hacia la religión católica poco habitual en boca de un presidente de la República laica. Para una parte de la izquierda, las palabras que Emmanuel Macron pronunció el lunes por la noche ante la conferencia episcopal, en París, son un torpedo contra la laicidad, el principio de separación entre las Iglesias y el Estado, consagrado en la venerada ley de 1905, que forma el núcleo de la identidad de la Francia moderna, tal como recoge El País.

El discurso puede leerse como una operación de seducción hacia los católicos, atrapados, dijo el presidente, entre quienes les "instrumentalizaban" y quienes "les ignoraban". Es decir, entre una derecha que les intentó movilizar contra iniciativas del antiguo presidente, el socialista François Hollande, como la legalización del matrimonio homosexual; y una izquierda laica y a veces anticlerical que se negaba a escucharles.
El presidente quiere reconstruir "el vínculo roto". Sin ceder en ningún punto en cuestiones como la inmigración o la bioética, animó a los católicos a contribuir al debate, pero con "cuestionamientos" más que "conminaciones". Y sin que la Iglesia renuncie a resultar incómoda, a ser "uno de estos puntos de referencia que no ceden al humor del tiempo".
Macron elogió la dedicación de los católicos franceses a la ayuda a los más necesitados y les animó a "hacer más todavía" implicándose en la política. “Por muy decepcionante que pueda ser para algunos, por muy árida que a veces sea para otros, necesita la energía de los comprometidos, vuestra energía". 
Al mismo tiempo, esbozó una teoría de laicidad que sirve para otras religiones, no sólo la católica, chocó con las lecturas más estrictas de la ley de 1905, y convocó para algunos el fantasma de una apertura de la República al islam.
Macron defendió que lo laico y lo sagrado no se oponen. Al contrario. "Considero que la laicidad ciertamente no tiene como función negar lo espiritual en nombre de lo temporal, ni desenraizar de nuestras sociedades la parte sagrada que nutre tanto a nuestros conciudadanos", dijo. 
Y puso el ejemplo del teniente coronel Arnaud Beltrame, un gendarme profundamente católico —pero también francmasón— que el 23 de marzo pasado sacrificó su vida al intercambiarse por una rehén durante un ataque terrorista en el sur de Francia.
Las palabras de Macron no sorprendieron a quienes le habían escuchado en septiembre ante las autoridades protestantes, o a quienes habían leído, en sus textos y entrevistas, su idea de la laicidad, o prestado atención a su iniciativa para remodelar el islam en Francia. Pero nunca las había articulado de manera tan clara como ante los obispos católicos. 
El portavoz de la Conferencia Espiscopal, Olivier Ribadeau Dumas, celebró el discurso como "un hito en las relaciones entre la Iglesia y el Estado". Para otros, socava en su esencia la laicidad y abre la puerta a mensajes similares hacia otras religiones.
"Esperamos a un presidente, escuchamos a un sub-cura", dijo Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierda La Francia Insumisa. El ex primer ministro Manuel Valls, y hoy aliado de Macron, avisó: "La laicidad es Francia, y sólo tiene un fundamento: la ley de 1905, la de la separación de las Iglesias y el Estado. La ley de 1905, toda la ley, nada más que la ley". La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, ve en las palabras de Macron un intento de "anestesiar" a los católicos para "atacar mañana la ley de 1905".
La laicidad de Macron se inspira en la de uno de sus maestros, el filósofo protestante Paul Ricoeur. Ricoeur abogaba por una "laicidad de apertura", en la que la neutralidad religiosa del Estado no fuese un obstáculo para la expresión, en convivencia o tensión, de la espiritualidad de sus ciudadanos. Lo contrario de esta laicidad abierta sería lo que Macron llamaba, en una entrevista en 2016, el laicismo, "una versión radical y extrema de la laicidad que se nutre de los miedos contemporáneos". 
"Hay que preservar como un tesoro la concepción liberal de la laicidad que ha permitido en este país que cada uno tenga derecho a creer o a no creer...", añadía. Todo estaba dicho.

Los españoles prefieren los productos frescos en tienda

MADRID.- El 50 % de los consumidores españoles que compran a través de Internet cualquier tipo de producto también ha adquirido alguna vez alimentos vía "online", lo que supone un crecimiento de 10 puntos respecto al año anterior, según un estudio sobre comercio electrónico publicado hoy.

El informe anual elaborado por el Observatorio para la evolución del comercio electrónico de alimentación, en el que participan la Universidad Complutense y la patronal de supermercados Asedas, apunta a que los frescos -carne, fruta, pan, pescado y verdura- siguen siendo un freno al aumento de este tipo de ventas.
De hecho, sólo un 2 % de los usuarios afirma utilizar únicamente Internet para realizar sus compras de alimentación, frente al 48 % que siempre acude a establecimientos físicos. "Se observa que hay más compra 'online', pero sin dejar de acudir físicamente a las tiendas, sobre todo para los frescos", ha defendido la directora del proyecto y profesora de la Universidad Complutense, María Puelles.
Su trabajo -en base a una encuesta realizada a medio millar de personas que afirman hacer compras por Internet- apunta a que los productos voluminosos y de carga son los más demandados por esta vía.
De hecho, de acuerdo con los autores del informe, apenas el 1 % de los encuestados utiliza únicamente plataformas puramente digitales -como Ulabox, Tudespensa, Lola Market o Deliberry- para hacer sus pedidos, y la mayoría recurre a las web de las cadenas físicas o compatibiliza ambas opciones.
El director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, ha destacado la amplia red de mercados, tiendas de barrio, supermercados e hipermercados que presenta España y ha recordado que el 85 % de sus compradores acude a estos establecimientos a pie.
Puelles, por su parte, ha augurado que la venta a través de la red seguirá incrementando su peso, y ha destacado la importancia que pueden tener en su desarrollo nuevas tecnologías como la realidad virtual para mejorar la experiencia.

Así crece el comercio 'online'

  • El perfil de quien compra productos de gran consumo -categoría que engloba alimentación, higiene personal y limpieza del hogar- por Internet es de una persona de entre 30 y 50 años, mayormente mujer, con ingresos mensuales de entre mil y 3.000 euros, con educación universitaria y un cargo medio en su empresa.
  • Según el estudio, la mayoría de los consumidores dedica entre 15 y 30 minutos a completar su cesta "online" frente a los 20-45 minutos de media que uno tarda en la tienda física, lo que supone un ahorro de hasta media hora que puede ser superior si se incluye el traslado hasta el punto de venta.
  • Los pedidos se suelen realizar durante la jornada laboral para "tener más tiempo de ocio" y tres de cada cuatro se completan desde el ordenador, aunque las tablets (16 %) y los móviles (8 %) crecen con fuerza. La confianza en el pago y en la cadena donde se realiza la compra, así como la rapidez en la entrega, son los criterios más valorados por el consumidor.

Podemos también pide en la Asamblea Regional que se declare BIC el pastel de carne murciano

CARTAGENA.- Podemos ha registrado una moción en la Asamblea Regional en la que insta al Ejecutivo murciano a que incoe el expediente de declaración de patrimonio etnográfico inmaterial, en la categoría de Bien de Interés Cultural, del pastel de carne.

La iniciativa ha señalado que este producto es un "patrimonio vivo" que se manifiesta "cada día" en el municipio de Murcia y en el resto de la Región, siendo "compartido y transmitido desde hace siglos".
El diputado de Podemos Andrés Pedreño ha incidido en la moción en que el pastel de carne es un "manjar lleno de simbolismo y fiesta" que procede una tradición, cuenta con una técnica propia de elaboración y conocimiento, así como tiene un sabor y aroma propio y característico que "lo hace inconfundible".
"El pastel de carne murciano es algo vivo cuya técnica de elaboración sigue utilizándose desde hace siglos, manteniendo el equilibrio entre la tradición y la innovación", ha apuntado el parlamentario de la formación morada.
Pedreño ha remarcado que esta "delicia gastronómica única en España" forma parte de las "señas de identidad como pueblo" en la Región.
Además, Podemos ha recordado que en las últimas semanas el grupo municipal de Ahora Murcia registró en la Consejería de Cultura, Turismo y Medio Ambiente el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural.
La concejal del Ayuntamiento de Murcia, perteneciente al grupo municipal Ahora Murcia, Ángeles Moreno Micol presentó hace unos días y a título personal una petición a la Consejería de Cultura para que tramitase el expediente de declaración de BIC del pastel de carne.
Desde la Consejería de Cultura indicaron que no se ha iniciado el proceso porque está pendiente de aclarar un problema administrativo que surgió a raíz de que Ahora Murcia enviara esta petición, que dos horas más tarde fue anulada por el mismo grupo municipal, y que un par de días después fue presentada de nuevo pero a título personal por la edil.
Ángeles Moreno Micol explicó que este proceso nada tiene que ver con desacuerdos dentro de la agrupación, sino que está relacionado con problemas de tipo administrativo.
La edil detalló que la primera petición fue enviada desde Ahora Murcia de forma física, "pero al ser una persona jurídica había que hacerlo de forma digital, por lo que se anuló la primera petición".
Además, aseguró que, "como estábamos en fiestas,  no tenía acceso a la firma digital del partido y queríamos presentar esta propuesta lo antes posible, envié la solicitud de incoación del proceso a título personal".

Madrid hace un 'remake' de la crisis en el Gobierno de Murcia

MADRID.- Un político que comete presuntas irregularidades, se declara inocente, se niega a dimitir, su partido le apoya y habla de acoso, su principal aliado primero le advierte y luego pide que se vaya, la oposición presenta moción de censura, su partido le deja caer para salvar el gobierno, el político finalmente dimite...

A la espera de conocer el desenlace, el guión de la crisis de gobierno en Murcia que se desarrolló entre el 2 de febrero y el 4 de abril de 2017 parece estarse repitiendo un año después en Madrid, con la principal diferencia de que Cristina Cifuentes no está investigada por ningún delito, pero con muchas similitudes en la gestión política del caso.
Dos meses transcurrieron entre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) de investigar al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, por el denominado caso Auditorio (2 de febrero de 2017) y su dimisión (4 de abril de 2017), y en ese tiempo se hicieron muchas declaraciones y se dieron muchos pasos políticos que ahora se están repitiendo casi milimétricamente en Madrid.
El origen de la crisis es distinto, ya que la posible imputación de Sánchez por el caso Auditorio -y posteriormente por el caso Púnica- estaba en el ambiente político desde hacía tiempo, mientras que las presuntas irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes se conocieron a través de una información de eldiario.es.
En el caso murciano, Sánchez reaccionó defendiendo su inocencia y el PP también, mientras que la oposición de PSOE y Podemos pedía la dimisión y Ciudadanos consideraba que había que esperar a una imputación formal.
En Madrid, las reacciones de los partidos políticos han sido idénticas, pero los pasos se han dado más rápido:
La oposición tardó cincuenta días en presentar una moción de censura en Murcia, mientras que en Madrid el PSOE la registró el 5 de abril, solo dos semanas después de la primera información de eldiario.es el 21 de marzo.
Si en el caso murciano fueron los plazos judiciales los que iban condicionando el desarrollo de la crisis, en Madrid han sido las sucesivas revelaciones periodísticas y la marcha de la investigación interna en la Universidad Rey Juan Carlos lo que marcaba el paso a los políticos.
Ciudadanos no se pronunció sobre el futuro de Pedro Antonio Sánchez hasta que el 20 de febrero fue citado a declarar como investigado; habían transcurrido dieciocho días desde la primera decisión del TSJM y fue entonces cuando el partido de Albert Rivera pidió la dimisión del presidente murciano.
En Madrid, después de apoyar la convocatoria de un pleno extraordinario de la Asamblea al que Cifuentes acudió para dar explicaciones y negar las irregularidades, Ciudadanos apostó por una comisión de investigación.
El 9 de abril, tras la sucesión de informaciones periodísticas y de testimonios de profesores de la universidad admitiendo irregularidades, Ciudadanos pidió la dimisión de Cifuentes. Igual que en Murcia, habían transcurrido dieciocho días.
Por ahora, el PP mantiene la misma actitud que hace un año: confía en la inocencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, le expresa todo su apoyo, descarta públicamente presentar un candidato alternativo como le pide Ciudadanos, aunque la dirección nacional acaba por encargarse formalmente de negociar con C's y de tomar la decisión definitiva.
En cuanto a la oposición, salvo el hecho de que la moción de censura se ha presentado con mucha más rapidez, el discurso es el mismo: el PSOE presenta candidato alternativo, Podemos le apoya, y ambos tratan de convencer a Ciudadanos de que no basta con cambiar a la persona que dirige el Gobierno de Madrid sino que hay que evitar que el PP siga gobernando.
Casi todo parece un "remake" acelerado de lo que ocurrió hace poco más de un año en Murcia; aquel caso duró dos meses y en este han transcurrido 21 días hasta ahora. Está por ver si el futuro político de Cristina Cifuentes es el mismo que el de Pedro Antonio Sánchez o a alguien se le ocurre un final alternativo.

Del tomate comunista al marxismo neoliberal


BRUSELAS.- Un fantasma rojo recorre Europa, el fantasma del kétchup de origen desconocido, de padre con nombre italiano y madre comunista china. Me despierto aterrado, acabo de leer un excelente ensayo escrito por el periodista francés Jean-Baptiste Malet titulado El Imperio del oro rojo y tengo pesadillas cada noche, barriles de tomate concentrado explotan y dejan todo rojo, pringoso y pestilente. Necesito tocar y comer un tomate de aquí, fresco, maduro, real. Voy a ello antes de narrar el rojo apocalipsis de mi sueño:

Plano uno. Almería. No somos ceniza ni polvo sino agua. El agua que vino de los confines del Universo en millones de meteoritos de hielo cuando la tierra era un erial caliente y vacío. Eso eres tú y yo y ese cesto de tomates tan rojos que acabas de coger. Agua fósil que llegó de muy lejos y luego se filtró por las entrañas de la tierra hasta acabar salobre en el mar, luego en la nube, después en el río, más tarde en este tomate y dentro de ti. Trituro un kilo de tomates maduros junto a dos buenas ramas de albahaca y cuelo muy despacio el puré resultante con dos trapos finos de muselina de seda. 

Aliño luego este agua casi transparente con tres gotas de vinagre de Jerez, un chorro de aceite de oliva y un poco de sal marina. Al fondo de ese agua dejo caer tres berberechos recién abiertos al vapor, dos dados de tomate limpio y unos brotes de corujas picantes. Todo aquello apenas es agua, pero en el corazón de su sabor esta todo lo bueno de la tierra y del mar de aquí al lado.

Plano dos. La pesadilla tomatera. El tomate chino es recogido a destajo en los campos de Sichuán, dos toneladas al día por persona, diez horas de trabajo, 20 € de salario medio al día. Tomates cultivados sin muchos miramientos en cuanto a polvitos venenosos. Los tomates en China se cultivan en miles de pequeñas parcelas y los agricultores pulverizan generosamente el pesticida que también utilizan para el algodón, el arroz o el girasol que cultivan al lado. Después todos esos tomates se mezclan en la gran fábrica de procesado así que su trazabilidad es complicada. La empresa transformadora que convierte la fruta en concentrado se llama Cofco Tunhe (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation), es la principal compañía procesadora y pertenece al Estado. Transforma 8 millones de toneladas y produce 250.000 toneladas / año de concentrado de tomate que luego vende a Kraft, Unilever, Heinz, Nestlé, Campbell, DelMonte, Pepsico, Ducros

La segundona es la compañía Chalkis, que produce 160.000 toneladas de tomate concentrado. Este grupo agroalimentario pertenece al Bingtuan, que es el conglomerado empresarial del ejército chino, y ha comprado empresas procesadoras de tomate francesas para luego cerrarlas y vender con esa marca tomate concentrado chino. Por ejemplo la antes prestigiosa marca francesa de tomates provenzal Le Cabanon o la prestigiosa y tradicional marca italiana Giaguaro reciben los barriles de triple concentrado de tomate chino, añaden agua y las reenvasan en latitas en las que pone made in Italy para un montón de marcas distintas. Además esas exportaciones de triple concentrado chino no pagan aranceles.

La cosa o el truco es así: si tú compras materia prima fuera orientada a su reexportación una vez procesada, la Unión Europea te perdona los impuestos porque se supone que eso mejora la competitividad de las industrias transformadoras europeas. El concepto legal se llama “régimen de perfeccionamiento activo”. Aunque esa práctica también está fastidiando a quienes producen esas materias primas dentro de la UE. ¡Tomateros de Badajoz, meleros de La Alcarria, a joderse, esto se llama globalización!. Se supone que ese producto cuya materia prima procede de China y es procesado en Europa, tiene como destino venderse fuera, pero: ¿de verdad no se vende dentro de la UE? 

Lo cierto es que sale de las fábricas europeas con un made in Italy o made in France ¿o made in Spain?, China no aparece por ningún lado pero la banderita italiana o francesa sí está en la lata. Lo alucinante es que esta práctica tramposa no es ilegal porque ha habido un “procesamiento de la materia prima”; tú coges un barril de triple concentrado de tomate, añades agua, lo envasas con tu marca y ya has “procesado” el producto originario. Además, los grandes procesadores-envasadores fabrican para las marcas más famosas de la gran distribución europea. Aparentemente, los consumidores podemos elegir entre una enorme variedad de marcas pero en realidad, dentro de la lata, lo que hay es el mismo producto; eso sí, las etiquetas de fuera son de lo más variado y colorista. Viva el capitalismo canalla.

¿Te gusta el kétchup? Dentro de un rato dejará de gustarte. La salsa kétchup se hace a base de tomate procesado y concentrado. Los principales fabricantes de concentrado son Estados Unidos, China e Italia (y muy por detrás van España y Turquía). Con el concentrado se comercia, se trafica, se especula en todo el mundo: va envasado en unos barriles azules de tamaño similar a los barriles de petróleo. El tomate concentrado está en toda nuestra comida: pizza, kétchup, salsas, platos preparados, platos congelados, sopas, conservas de todo tipo… de la paella a los garbanzos, de las albóndigas de lata al zumo de todos los aviones. El concentrado de tomate es uno de los ingredientes culinarios que puede decirse que es universal y se consume en todos los países y continentes sin excepción. Claro que los barriles de concentrado no son como el petróleo y caducan, el tomate se pone “viejo” o se estropea o se pudre y… lo ha adivinado Usted, entonces ese tomate se procesa y se envía a África donde nadie suele quejarse de que sea producto caducado o que apenas haya en la lata un 30% de tomate y que el resto sean féculas, soja, fibra u otras sustancias baratas. 

A este tomate de la peor calidad se le denomina Black Ink, tinta negra, porque hasta ha perdido su color rojo y es marrón oscuro tirando a pardo, así que se le añade colorante sintético rojo en cantidad y listo. Además en África la venta de salsa de tomate se suele hacer a granel, a cucharadas, la mayoría de la gente es pobre y no tiene ni para comprarse una latita. En Túnez, Libia, Ghana o Nigeria se han detectado partidas de miles de toneladas de este tomate adulterado, tomate basura. Y el que no se ha detectado se vende por ahí, en todos los mercados.

El neoliberalismo era esto. La mitad del kétchup de este mundo procede de triple concentrado de tomate chino, pero no puedes saber cuál sí y cuál no, para elegir con libertad soberana. Mucho del tomate que se vende como made in U.E no lo es y no lo pone en la etiqueta, ni tiene porqué, debido a esas fantasmagóricas leyes de la U.E. que convierten una materia prima exógena en otra cosa super autóctona con el sólo milagro de añadir agua del grifo. El oro rojo es una estupenda metáfora de la economía global en el siglo XXI. 

Por otra parte, y en paralelo, las más avanzadas escuelas de pensamiento neoliberal plagian las recetas marxistas y neomarxistas de la economía china como soluciones para flexibilizar o precarizar el mercado laboral o retrasar el apocalipsis ecológico y económico, y para evitar que la especie de los consumidores se extingan de la faz de la tierra, ya que la subespecie de los trabajadores se está extinguiendo sin remedio.

De nuevo la comida es política, el tomate de lata y sus circunstancias nos puede llevar a los gulag chinos en los que trabajan gratis cuatro millones de personas. Cada vez que hagas una pizza, unos espagueti o eches un chorro de kétchup en tu hamburguesa se muere un gatito. Cada vez que leas aquel capítulo de El Capital que habla de la plusvalía, un robot de la industria estará quitando el curro a uno de los tuyos, o a mil. Es lo que hay. 

La alimentación es negocio, la industria agroalimentaria mueve 3,2 billones de euros, y los que fabrican alimentos ya no son los míticos empresarios que comenzaron a hacer kétchup en 1890 como Henry John Heinz. Su compañía, ahora, fusionada con Kraft, pertenece a grises grupos de inversión especulativa como 3G Capital y Belkshire Hathaway pertenecientes a Warren Baffett, que es el segundo hombre más rico del mundo y que ahora fabrica el 59% de todo el kétchup del mundo. Su objetivo es ganar más pasta, no fabricar mejor kétchup.

Plano tres. Badajoz. Extremadura es una de las zonas de cultivo de tomate para industria más importante de España y suministra tomates cultivados según normativa de seguridad alimentaria europea con una trazabilidad total. Las marcas españolas que fabrican concentrado de tomate y salsas de tomate a partir de esa materia prima ofrecen a los consumidores productos seguros y de calidad. No se trata de decir que todos los alimentos cultivados y procesados en China son “malos” sino de tener la libertad como consumidores informados de elegir realmente un kétchup fabricado aquí con tomates de aquí o elegir cualquier otro. ¿No era la libertad de elección la base del capitalismo? 

Salto en el tiempo. Mediados de agosto, con diez o doce años, siesta obligada de la que siempre nos escapamos para ir al río a pescar y a bañarnos hasta casi las nueve. Somos niños salvajes requemados por el sol que volvemos con un hambre caníbal. Olor a tierra caliente y mojada bajo la parra. Avispas peleando contra niños, chicharras enloquecidas, brisa con olor a tabaco en flor. Una rebanada de pan y un tomate maduro y perfecto cortado por la mitad por mi abuelo, un chorro de aceite y sal. Nada más. Una delicia. Tal vez de verdad el sabor del paraíso, el maná, el fruto aquel del árbol de la ciencia, el origen de todos los pecados deliciosos de este mundo. Para los otros pecados, los amargos, vuelva al plano dos.

Merece la pena meterse en el rojo y pestilente universo alimentario mundial del estupendo trabajo de investigación de Jean-Baptiste Malet El imperio del oro rojo. Ed. Península 2018.


BBVA alimenta el optimismo: España rozará los 20 millones de ocupados en 2019

MADRID.- España vuelve a repetir el escenario de los últimos años: llega abril y las casas de análisis reconocen que la desaceleración de la economía va mucho más lento de lo que esperaban. Ahora es el turno del BBVA Research, que ha revisado en cuatro décimas al alza su previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,9%, publica El Confidencial

De este modo, la entidad se sitúa entre las firmas más optimistas respecto al ritmo de crecimiento de España este año. Para 2019 también ha revisado al alza su estimación hasta el 2,5%, dos décimas más. La relajación de la incertidumbre en Cataluña, el crecimiento de la demanda externa, el impulso fiscal de los Presupuestos y la caída de los tipos de interés de largo plazo están alentando un crecimiento económico más rápido de lo esperado.
Estos indicadores permiten a BBVA anticipar que la economía española mantendrá el ritmo alto de creación de empleo. La entidad anticipa que se incrementará el número de ocupados en 940.000 trabajadores en términos de EPA, lo que permitirá a España superar los 19,9 millones de trabajadores al final de 2019. 
Si se cumple esta previsión significará que España alcanzará el objetivo de los 20 millones de ocupados un año antes de lo esperado por el Gobierno. Las ganancias de productividad unidas a los estímulos cíclicos que benefician a España sostienen este buen desempeño del mercado laboral. En cualquier caso, todavía no se alcanzarían los niveles de empleo logrados antes de la crisis, ya que en el año 2007 se superaron los 20,7 millones de ocupados.
En concreto, el número de ocupados aumentará un 2,6% en 2018, la misma tasa que en 2017, y que en 2019 se moderará hasta el 2,3%, lo que supone una revisión al alza de la previsión en cuatro décimas. Este incremento del empleo permitirá rebajar la tasa de paro en el país hasta el 13,7% en 2019, su nivel más bajo desde el año 2008. 
Esto significa que en apenas dos años el desempleo caerá en tres puntos y medio, un proceso de corrección del paro muy intenso que llevará a la economía española por debajo de su tasa estructural histórica de desempleo, que tradicionalmente se ha situado en el entorno del 15%.
BBVA Research advierte que para mantener este ritmo de crecimiento del empleo será fundamental que los salarios no se disparen en los próximos trimestres. Hasta el momento, la subida salarial pactada por convenio se mantiene por encima del IPC pero muy lejos del crecimiento real del PIB (en el entorno del 1,5%), lo que permite anticipar un comportamiento moderado de los salarios. 
Para Rafael Doménech, responsable de Economías Desarrolladas de la entidad, "el incremento de la remuneración por asalariado no debería superar el entorno del 2% anual para que la tasa de paro se modere en línea con las previsiones presentadas".
Hace apenas siete meses, la mayor parte de las casas de análisis estimaba una ralentización inminente del crecimiento de la economía española, sin embargo, los datos publicados han contradicho este escenario. El PIB avanzó un 0,7% en el primer trimestre del año, la misma tasa que en el anterior. Ahora BBVA estima que el ritmo de avance en el segundo trimestre podría alcanzar el 0,8%, una décima más.
Este optimismo se sustenta principalmente en tres factores. El primero es la solidez de la demanda externa, que tira de las exportaciones y que contribuye a minimizar cualquier posible desaceleración de la demanda interna. El segundo es la caída de los tipos de interés de largo plazo en el mercado, que permite elevar la inversión y el consumo de las empresas y las familias. 
Y, por último, la política fiscal expansiva adoptada por el Gobierno, que eleva su contribución al PIB en detrimento de una corrección más rápida del PIB y la deuda. A falta del desarrollo definitivo de los Presupuestos Generales del Estado, BBVA Research anticipa que el déficit público cerrará el año en el 2,4%, dos décimas por encima del objetivo pactado con Bruselas. Además, el proyecto de PGE incluye medidas fiscales expansivas, lo que puede dificultar más el objetivo.

La "chapuza Lexnet" ya tiene castigo: España infringió la ley de protección de datos

MADRID.- Fue la mayor crisis a la que se enfrentó el Ministerio de Justicia durante los últimos años. El pasado verano, un fallo informático dejó inoperativo durante días el sistema LexNet. Además, el 27 de julio, un grave fallo de seguridad informática dejó al descubierto más de 11.000 documentos judiciales, parte del código fuente de la plataforma y de la Intranet del propio ministerio, recuerda El Confidencial

La gravedad no era poca cosa, ya que los profesionales del sector jurídico pudieron acceder incluso a documentos de terceras personas: bastaba con cambiar los IDs que identifican a cada usuario en la URL para acceder a la bandeja de entrada privada de otra persona y a los documentos de cada uno de los procesos judiciales que tenía en marcha.
Desde Justicia se intentó minimizar el impacto de aquel fallo, que muchos expertos jurídicos e informáticos calificaron de "chapuza Lexnet", que se prolongó durante varios días y contó con nuevos episodios
Además, el ministro Rafael Catalá aseguró en sede parlamentaria que la plataforma sólo dejó de ser segura un 0,75% del tiempo y que el problema fue resuelto sin que afectara a la seguridad de los usuarios o de los procesos judiciales. 
Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no opina lo mismo: la plataforma que costó más de 7 millones de euros de dinero público, que puso en entredicho a las empresas que la desarrollaron y que denunció al propio informático que ayudó a desvelar el fallo acaba de ser sancionada por incumplir la Ley de Protección de Datos.
En el expediente sancionador, la AEPD asegura que la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ), dependiente del Ministerio de Justicia, infringió el artículo 9.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que determina que "el responsable de un fichero (...) deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado".
No acaba ahí la cosa. Además, Justicia también infringió el artículo 10 de dicha ley, que le obliga al "secreto profesional respecto de los mismos [los datos personales] y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo".
Según la AEPD, por tanto, durante el grave fallo de seguridad de Lexnet "se difundieron datos personales que tenían unos usuarios y pudieron ser vistos por otros usuarios".
La vulneración de estos dos artículos le ha supuesto al Ministerio de Justicia la ejecución de una infracción grave, aunque no habrá sanción efectiva más allá de la publicación de este expediente, ya que la AEPD considera que Justicia "ha tomado las medidas adecuadas para evitar que se vuelva a producir el incidente de seguridad referido".
No es el único 'tirón de orejas' que la AEPD le da al Ministerio de Justicia. En el expediente sancionador también se recoge que "la versión de Lexnet que tenía la brecha de seguridad se puso en producción el 20 de julio a las 21:45h, se detuvo a las 15:15h del 27 de julio y se sustituyó por una nueva versión a las 16:25h", con lo que Lexnet funcionó durante más de una semana con un sistema informático vulnerable.
Además, los responsables de la plataforma no fueron precisamente rápidos, ya que el primer aviso de vulnerabilidad se produjo "mediante un mensaje privado a la cuenta de Twitter de Lexnet aproximadamente a las 02:00h (madrugada) del jueves 27 de julio de 2017" y luego "la misma persona [el letrado José Muelas] envió un mensaje público por Twitter aproximadamente a las 9:30h del mismo día en el que se manifestaba cómo explotar la vulnerabilidad del incidente".
Sin embargo, "el subdirector de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia fue informado de ello "entre las 10:30h y las 11h". A continuación, "entre las 11:30h y las 14h se realizaron verificaciones exhaustivas, para comprobar si el comportamiento era anómalo o un problema puntual de un único usuario". Finalmente, "a las 14h "se detiene el sistema” y “a las 16:20h el error de programación que produjo el incidente de seguridad está solucionado”.
En resumen, pasaron más de 9 horas desde que Lexnet recibió el primer aviso de vulnerabilidad hasta que lo abordó, y más de 14 horas hasta que el error se subsanó... para volver a fallar poco después.
Según la investigación recopilada por la AEPD, 284 usuarios accedieron a 692 buzones que no les pertenecían, realizando 1.438 visualizaciones de mensajes de forma no autorizada. De ellos, 74 usuarios accedieron a 79 buzones que no les pertenecían y consultaron 432 documentos de forma no autorizada.
Pero, ¿a qué tipo de información ajena se pudo acceder durante casi ocho días? Según la AEPD, "a las notificaciones practicadas, traslado de escritos, demandas, notificaciones, partes hospitalarios, etc., a las notificaciones ya aceptadas, a los acuses de recibo de los escritos presentados previamente por el usuario y a las notificaciones no practicadas en caso de buzones de procuradores".
Los tipos de cuenta que quedaron expuestas fueron "las correspondientes a los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales. Otras cuentas más sensibles", asegura la AEPD, "como las correspondientes a la Fiscalía, juzgados, fuerzas y cuerpos de seguridad, medicina legal, abogados del estado, servicios jurídicos de las CC.AA y Seguridad Social, no estaban afectadas por el incidente".
En total, durante ese periodo de tiempo se accedió "al 0,1% de los buzones de Lexnet, al 0,02% de los mensajes que se intercambian en un día, al 0,0001% de todos los mensajes que se han intercambiado en la plataforma Lexnet desde el inicio de su operación", aunque no se puede saber hasta qué punto los documentos vulnerados eran más o menos determinantes.
La cuestión, en cualquier caso, es evidente: pese a que el Ministerio de Justicia quitó hierro al asunto y el ministro Rafael Catalá aseguró en el Congreso que "el problema fue resuelto sin que afectara a la seguridad de los usuarios o de los procesos judiciales", lo cierto es que, según la AEPD, la cosa fue mucho más allá: el Gobierno infringió la Ley Orgánica de Protección de Datos y, según los expertos, Lexnet volverá a fallar antes o después.