domingo, 15 de julio de 2018

El PSOE de Murcia se viene arriba con el AVE por debajo


MURCIA.- Más de medio centenar de concejales, miembros de la ejecutiva municipal, pedáneos, portavoces y vocales del PSOE de Murcia se han reunido esta mañana en la sede del partido, en la calle Princesa, para recordar las numerosas mentiras del PP a nivel local, regional y nacional a los vecinos y vecinas y han manifestado su total confianza en que el AVE "llegue ahora ya sí soterrado", dando así la respuesta y solución a la ciudadanía que lo han venido reivindicado en los últimos meses y años.

El nuevo secretario general municipal, el tal José Antonio Serrano, ha recordado las decisiones anunciadas el pasado viernes por el delegado del Gobierno, Diego Conesa, sobre que el AVE llegará soterrado al Carmen a una cota de menos ocho metros en el segundo semestre de 2020, y que el paso a nivel de Santiago el Mayor estará abierto "el mayor tiempo posible y no cerrado durante dos años como pretendía el proyecto del PP con el consiguiente perjuicio para los vecinos y vecinas de la zona". 
Además, se ha referido también a que en unos días se licitarán los dos tramos pendientes del soterramiento: El Carmen-Barriomar y Barriomar-Nonduermas.
Al respecto, también ha remarcado que "esta nueva realidad contrasta con las promesas incumplidas del PP sobre la llegada del AVE a Murcia, que ha hecho más anuncios que estaciones tiene la vía", además ha criticado "las falsas expectativas que el Gobierno de López Miras ha creado con la llegada de la Alta Velocidad en agosto de este año, pero nunca ha contado la verdad sobre su puesta en funcionamiento, algo que ahora sabemos a través del propio Ministerio de Fomento".
Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández, ha aclarado que, en primer lugar, el PP "tardó tres años en aprobar el Plan de Reordenación Urbana de la zona afectada por las obras de soterramiento" y a continuación ha explicado que en 2012 se firmó una moción conjunta de los 29 concejales de la Corporación municipal que proponía garantizar que la llegada del AVE en ningún caso se produciría en superficie. En febrero de 2014 se celebra una de las grandes manifestaciones celebradas en Murcia con el PP a la cabeza de la pancarta en la que se leía "No al AVE en superficie". 
Sin embargo, el último proyecto del PP, y por ello, las concentraciones diarias en las vías, consistía en la llegada de la Alta Velocidad en superficie.
Hernández ha descrito las mociones, retrasos y cambios de parecer del PP a lo largo de estos últimos años, advirtiendo que ya "en 2014 el AVE debía estar en Murcia soterrado y aunque eso no ocurrió, no salió ningún dirigente popular a protestar, pero también se habló de que llegaría a finales de 2015, cuando el ex delegado del Gobierno anunció que se comería las uvas en la Puerta del Sol de Madrid, y también a finales de 2017. El PP carece de credibilidad, por eso creemos que esta Región se merece un Gobierno que no mienta, que no manipule, que resuelva los problemas y no los genere".
Finalmente, ha señalado las iniciativas aprobadas en la Asamblea Regional y en los ayuntamientos de Murcia y Cartagena donde se recogía el sentir vecinal en contra del Partido Popular, incluso "hasta hace poco el PP no pensaba como el PP" y ha añadido "nosotros no hemos cambiado de posición, los vecinos no han cambiado de posición, son los populares quienes cambian de postura sin explicar por qué".

El PP solicita nuevas unidades judiciales en la Región de Murcia para conseguir una justicia rápida y eficiente


CARTAGENA.- La diputada del Partido Popular en la Región de Murcia, Isabel M.ª Soler, ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que solicita la habilitación de los medios materiales y humanos para la puesta en marcha de nuevas unidades judiciales en la Región de Murcia reforzando los medios ya existentes para conseguir una justicia rápida y eficiente.

Concretamente, ha enumerado Soler, se precisan tres juzgados de Primera Instancia (uno en Cartagena y dos en Murcia), un juzgado Mixto en Molina de Segura y otro de lo Mercantil que cubra toda la Región, y ha recordado que Murcia cuenta con 121 unidades judiciales, de las que 83 superan su carga de trabajo y 31 lo duplican.
En este sentido ha explicado la diputada popular, la Región de Murcia es de las Comunidades que más asuntos judiciales ventila, de las que más asuntos pendientes tiene, y que cuenta con menos jueces, exactamente 10,9 por cada 1.000 habitantes.
Por ello, ha afirmado Soler, el refuerzo de los medios de la Justicia ha de ser una prioridad, porque de una Justicia rápida y eficiente depende la cohesión social y por ende, nuestro Estado del Bienestar.
Además, ha matizado la dirigente popular, la Justicia en España en pleno siglo XXI sigue siendo poco ágil y carece de los medios suficientes, por esta razón se precisan más jueces más recursos y avanzar en la senda tecnológica para que la justicia funcione como los ciudadanos necesitan.
Y es urgente un Plan Nacional de la Justicia que lleve al siglo XXI a uno de los tres poderes del Estado, un pacto duradero que siente las bases para el buen funcionamiento del sistema judicial como servicio público, que tiene el deber de atender en tiempo y forma las reclamaciones de los ciudadanos, ha dicho la dirigente popular.
Es por ello, que desde el grupo parlamentario regional del Partido Popular se insta al Gobierno de España a atender esta batería de necesidades para mejorar la calidad del servicio judicial a los ciudadanos de la Región de Murcia.

'Ahora Murcia' alerta de la temeridad del Ayuntamiento y del concejal Guillén por plantar amapolas californianas


MURCIA.- El Grupo Municipal Ahora Murcia denuncia la plantación de amapolas californianas en los jardines de Murcia, ya que esta especie figura en el catálogo español de especies exóticas invasoras.

Ahora Murcia señala la imprudencia del Ayuntamiento de Murcia y del concejal de Parques y Jardines al decidir la plantación de esta especie invasora, en detrimento de las variedades autóctonas y de la Huerta de Murcia.
La entidad remarca los efectos negativos de esta especie, reflejados por el Ministerio de Medio Ambiente, y que varían desde las alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas, y en los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa, hasta reducción o alteración por el espacio o los recursos.
Ahora Murcia alerta de la temeridad, ya que según el grupo municipal estas amapolas (Eschscholzia califórnica), conocidas también como Amapola de California, figuran en el catálogo español de especies exóticas invasoras del Ministerio de Medio Ambiente, y el Gobierno español alerta de sus nocivos efectos sobre el territorio donde se planten, ya que además resulta ser una especie de muy difícil control al ser hermafrodita, y como el propio Ayuntamiento indica "se replantan por sí mismos año tras año, ya que se implantan en el terreno".
Según el Ministerio los impactos y amenazas de esta especie son tan amplios que varían desde efectos en el hábitat tales como alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas, y en los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa, efectos sobre las demás especies como establecimiento de competencia, reducción o alteración por el espacio o los recursos, y facilitan el desarrollo de otras especies invasoras.
En el mismo sentido Ahora Murcia reprocha al equipo de Gobierno del PP, que ya haya comenzado a plantar esta especie invasora en el histórico y protegido Jardín de Floridablanca, que ostenta la condición de Bien de Interés Cultural con la categoría de jardín histórico, o lo que resulta más peligroso aún, en el delicado y emblemático Palmeral de Zaraiche en plena Huerta de Murcia, también protegido por el PGOU.
Desde Ahora Murcia critican el afán del Partido Popular en Murcia de buscar únicamente la foto y la propaganda, y si las flores que se plantan son vistosas o no, sin que parezca que le importe que sean especies invasoras y destructivas de los valores ambientales y de las especies de nuestra tierra.
En el mismo sentido, la edil de Ahora Murcia, Ángeles Micol señala que "ya hemos asistido al descontrol total de la especie invasiva Rabo de Gato que fue plantada en jardines, parterres y redondas del municipio por el Ayuntamiento, y que se ha extendido sin control alguno por toda la Huerta, y en especial por la zona norte de Murcia". 
Igualmente se pregunta "¿qué necesita el Partido Popular para entender los riesgos y el peligro que supone la plantación de especies exóticas e invasivas en una zona tan delicada como Murcia, que está rodeada por kilómetros de huerta muy propensa a la proliferación de estas especies, y que puede suponer la destrucción de nuestras variedades autóctonas?".
Ahora Murcia pide al Gobierno municipal que apueste por especies autóctonas de Murcia para decorar las zonas verdes, utilizando por ejemplo plantas aromáticas autóctonas como romero, lavanda, albahaca, etc., que además ayudan a repeler insectos tan molestos como los mosquitos.
Por último, el partido municipalista insta al concejal de Parques y Jardines, José Guillen, a que recapacite, entre en razón y ordene la retirada inmediata de las amapolas de California que se ya se han plantado en Murcia, y le reclama que desista de llevar a cabo más plantaciones de esta variedad, o de cualquier otra especie invasora. 
Ahora Murcia remarca que la política de jardinería urbana de esta Concejalía y de la subcontrata, resultan caóticas e incomprensibles, y desde la formación municipal se insta una vez más a que se informe de los criterios y políticas sobre parques y jardines que realiza el Ayuntamiento de la capital.

El Laboratorio Enológico del IMIDA en Jumilla cuenta con cinco nuevos métodos analíticos acreditados


JUMILLA.- El Laboratorio Enológico de Jumilla, perteneciente al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), suma cinco nuevos parámetros en su oferta de determinaciones acreditadas, tras la auditoría de reevaluación efectuada por la Entidad Nacional de Acreditación (Enac).

Con estas cinco últimas determinaciones (Grado Brix, Densidad relativa, Grado Baume, Masa volúmica y Grado alcohólico en potencia para mostos), el Laboratorio dispone actualmente de 20 métodos acreditados, lo que supone más del 80 por ciento del total de las analíticas que se realizan en él.
La evaluación positiva de la mencionada auditoría confirma que el Laboratorio Enológico de Jumilla mantiene la competencia técnica en su ámbito de trabajo desde 2014, año en el que obtuvo la acreditación de Enac como Laboratorio de Ensayos, según criterios recogidos en la Norma ISO 17025, para la realización de ensayos de productos agroalimentarios.
La existencia de un sistema de acuerdos internacionales que permite que los resultados de las entidades acreditadas sean aceptados más fácilmente por los mercados extranjeros, implica que informes de ensayos y certificados de análisis emitidos por el Laboratorio Enológico del IMIDA son reconocidos en el ámbito internacional, lo que contribuye a reducir los obstáculos técnicos y económicos asociados a la exportación de los vinos de la Región.

Medio Ambiente señaliza e instala una valla de seguridad en una zona de lodos en Los Nietos


MURCIA.- Un vallado de seguridad protege desde hoy una zona de lodos situada junto al puerto deportivo de Los Nietos tanto para evitar incidencias como para proteger el ecosistema. Esta actuación, desarrollada por la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, responde, por un lado, a un compromiso adquirido con los vecinos de esta zona del Mar Menor y, por otro, a la necesidad de proteger un refugio para especies acuáticas y aves protegidas como el fartet, el rascón europeo, el carricero común, el chorlitejo patinegro o la garceta común.

La instalación de esta valla de seguridad complementa el plan de limpieza de la zona situada en las inmediaciones de la pasarela de acceso a este puerto deportivo, desarrollada a finales del mes de mayo para retirar la vegetación flotante de la superficie del agua. Esta actuación fue aprobada por el grupo de trabajo de batimetría y sedimentos del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor y fue supervisada en todo momento por un equipo de científicos expertos en el fartet.
El director general de Medio Ambiente y Mar Menor, Antonio Luengo, visitó las actuaciones de instalación de este vallado de seguridad, que cuenta con el visto bueno tanto de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA) como de la Demarcación de Costas del Estado, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
"La recuperación total del Mar Menor implica un análisis pormenorizado de las necesidades de cada zona de cada playa para compatibilizar su uso y disfrute con la conservación del medio ambiente. En este caso, y ante la imposibilidad de retirar los lodos debido a que constituyen un ecosistema en el que habitan numerosas especies protegidas, los expertos y científicos decidieron que la mejor opción era mantener el estado natural de la zona y proceder a su vallado y señalización", señaló Antonio Luengo.
Las actuaciones, en concreto, han consistido en la instalación de 208 metros de valla divididos en dos tramos, uno a cada lado de la pasarela de acceso al club náutico de Los Nietos y a lo largo del frente de playa, de manera que la zona de fangos no suponga un riesgo. 
En concreto, la longitud de la valla en el lado oeste de la pasarela es de 129 metros, de los que 23 metros discurren de manera perpendicular a la línea de costa, mientras que en el lado este la longitud de la valla de seguridad es de 79 metros.
La valla está compuesta por postes de 1,5 metros hincados a una profundidad de 50 centímetros con una separación de 3 metros entre cada uno de ellos y unidos con tablones de madera para dar estabilidad y rigidez y prevenir así posibles vuelcos. 
Además, una vez anclados y unidos todos los postes se han colocado sendas cuerdas a una altura de 45 y 90 centímetros respectivamente.
Cada 50 metros, por último, se han instalado postes de tres metros, clavados a un metro de profundidad, en cuya parte alta se han colocado carteles de señalización resistentes a la intemperie con avisos de precaución.

José López (MC) advierte que Castejón podría favorecer la prescripción de la deuda de 'Hidrogea'


CARTAGENA.- El 6 de julio, el Gobierno local socialista anunció la reclamación a la empresa concesionaria del servicio de aguas, Hidrogea,de238.739 euros que, siempre según fuentes municipales, no se abonaron en la liquidación del ejercicio de 2013 y que se corresponden al saneamiento y a los contadores.

Asimismo, se informaba que la liquidación inicial, de 18 de julio de 2014, había obviado el informe del ingeniero de caminos municipal, que dejaba claro eldesequilibrio existente entre las tarifas de agua, saneamiento y contadores y que deberían haberse tenido en cuenta desde un primer momento.
Al día siguiente, D. Marcelo Correa Pérez-Cortés presentó un escrito a la Alcaldía alertando que la liquidación es insuficiente y que debe complementarse antes del día 18 de julio, fecha en la que podría prescribir este derecho, advirtiendo irregularidades en materia de contadores, mantenimiento, compra de agua y distintos sobrecostes.
En este contexto, el portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, ha anunciado que acudirá mañana a revisar el expediente de dicha Junta a la Secretaría Municipal porque "si los socialistas reclamandoscientos mil euros aHidrogea es porque lo han cocinado y el importe es mucho más. Ése es el cartagenerismo inteligente de Caostejón, el del apaño con la concesionaria".
El edil de MC ha explicado que "la liquidación de 2014, por más de 10 millones de euros, fue el resultado delapresiónde MCdesde la oposición, junto al trabajo de Marcelo Correa. El verano pasado, ya anunciamos desde el Gobierno que debíancompletarse ésa y otras liquidaciones. Lo que sucedió después ya se conoce. Hidrogea nos echó del Gobierno y los socialistas le aprobaron sus números violando la Ley y en perjuicio de los cartageneros".
López ha incidido en la situación del contrato, afirmando que "ni aquellas improvisadas liquidacionespactadas con el PPni el complementoqueahora anuncia el PSOEsirven para recuperar lo mucho que nos debe Hidrogea y que,fundado en informes municipales,calculamosen unos 40 millones de euros. Los mismos que estamos convencidos que recuperaremos con nuestro trabajo, aunque algunos intenten que prescriba".
El portavoz cartagenerista ha valorado la posible prescripción de la reclamación, aseverando que "quienes conocen las leyes saben que la prescripción de un delito es distinta de la de una liquidación fiscal. En este caso, podríamos estar ante un posible delito continuado que seguiría cometiéndose, por lo que no estaría prescrito".
López ha concluido reseñando que"mientras avanzamos en ese estudio penal y la reclamación de decenas de millones de euros, instamos a la alcaldesa a no seguir favoreciendo a Hidrogea y atender de modo inmediato los cálculos del Sr. Correa, que siempre se han mostrado fundados en la realidad y acertados en la reiteración incumplidora de la concesionaria. Si el miércoles no se ha reclamado esa cantidad, todos tendremos una nueva muestra de la complicidad de Caostejón y sus concejales con las concesionarias".

La Región ha ganado casi 27.000 afiliados a la Seguridad Social en el primer semestre

MURCIA.- La Región de Murcia ha ganado 26.695 nuevos trabajadores en el primer semestre del año, según se desprende de los datos de afiliación a la Seguridad Social a último día de junio publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En concreto, la Región ha pasado de los 553.848 afiliados con los que contaba tras diciembre de 2017 a los actuales 580.543, a último día de junio.

Este ritmo de creación de empleo ha sido superior en más de un punto al registrado de media en el conjunto del país. Así, la subida de afiliados en esos seis meses ha sido del 4,82 por ciento en la Región, mientras que en España el aumento acumulado es del 3,47 por ciento (al pasar de los 18.331.107 trabajadores a los 18.967.952).
La Región, que cuenta con el 3,06 por ciento de los afiliados totales del país, mantiene así una tendencia ascendente en la generación de puestos de trabajo que la sitúa en niveles de empleo de junio 2008, cuando la cifra total de afiliados era de 583.155. El 'techo' histórico de trabajadores se alcanzó en junio de 2017, con 594.918, por lo que la Región se encuentra actualmente a 14.375 afiliados de alcanzar ese récord.
El repunte de la afiliación experimentado en el primer semestre es más intenso que los registrados en los recientes años de recuperación económica y de empleo. Así, frente al 4,82 por ciento de subida de afiliación en 2018, la cifra fue del 4,61 por ciento más en el primer semestre de 2017, y del 3,66 por ciento en el primer semestre de 2016.
Por lo que respecta únicamente a afiliados al régimen de autónomos de la Seguridad Social, la cifra se ha incrementado en 2.408 trabajadores desde enero hasta junio, al pasar de los 97.061 a los 99.469. Se trata de una subida del 2,48 por ciento, que está por encima del incremento medio del 2,3 por ciento en el conjunto nacional. 
Otro de los factores que pone de manifiesto la estadística es que cada mes de 2018 está mejorando los datos de contratos indefinidos de su homólogo de 2017 y, de hecho, en el presente año se ha registrado el mes récord de contratación indefinida en la historia de la Región. Se trata del mes de mayo, que dejó un total de 9.379 nuevos contratos fijos a trabajadores.

Ciudadanos pide en el Congreso una normativa clara para regular los pisos de uso turístico

MURCIA.- Ciudadanos ha pedido en el Congreso de los Diputados la elaboración de una normativa nacional clara que regule los pisos de uso turístico, y que permita conciliar el desarrollo de esta actividad con una adecuada planificación urbanística y los derechos de los residentes. Esta petición se enmarca en una Proposición No de Ley contra el fenómeno de la turismofobia, que alcanzó su máxima expresión con una serie de actos vandálicos en verano de 2017 en Barcelona, de la mano de colectivos radicales, próximos a formaciones políticas como la Cup o ERC, y que han extendido sus acciones a Valencia y Palma de Mallorca.

 “Aunque por ahora la Región de Murcia no presenta este tipo de conductas, es necesario poner en marcha los mecanismos adecuados para evitarlos en el futuro. En la raíz de estas agresiones muchas veces está el abuso o las ilegalidades en el alquiler de pisos turísticos, y es por eso por lo que reclamamos una regulación clara sobre el sector”, ha afirmado el diputado naranja José Luis Martínez.
“En una región como la nuestra, en la que el turismo supone ya más del 10% del PIB y en la que los municipios costeros, desde San Pedro del Pinatar a mi Águilas natal concentran mucha de esta oferta de alquileres turísticos, esta normativa sería clave, ya que la actual regulación tanto nacional como autonómica presenta algunas lagunas que pueden aprovechar gente sin escrúpulos a la que no importe dañar al sector”, ha añadido Martínez.
El sector turístico representa el 11,5% del PIB y el 12% de la población ocupada en España, que el pasado año superó los 82 millones de visitantes, que se dejaron más de 86.000 millones de euros. 
“Estos datos deberían ser motivo suficiente para que todas las administraciones trabajaran por la protección y cuidado del turismo, y por ello desde Cs apostamos por un crecimiento respetuoso con el medioambiente, ligado a la calidad, a la cultura, a los congresos, generador de riqueza y sostenible”, considera el diputado naranja.
 “Los problemas de masificación turística o el fenómeno de los pisos turísticos ilegales no se resuelven con actos vandálicos, sino con adecuadas políticas públicas y la colaboración público-privada para desarrollar un turismo renovado, de calidad y sostenible”.
La PNL exige al Gobierno que adopte las medidas oportunas para poner fin a las campañas de turismofobia, así como intensificar la colaboración público-privado para abordar las externalidades negativas del turismo desde un marco constructivo y con soluciones reales. Finalmente, pide una una normativa nacional clara que regule los pisos de uso turístico que concilie el desarrollo de esta actividad con una adecuada planificación urbanística y los derechos de los residentes.

Podemos afirma que el gobierno del PP regional quiere "asfixiar" a la educación pública

MURCIA.- Óscar Urralburu, secretario general y portavoz parlamentario de Podemos, ha señalado que "poco" le ha importado la pública al PP mientras que "sufría durísimos recortes. Si bien, ha sido poner en cuestión algunos privilegios de la escuela privada-concertada y tirarse al monte. No son representantes de lo público sino de la especulación y de las puertas giratorias. Lo primero la pública".

Urralburu ha asegurado que la actitud de la Consejería de Educación es la de "arrinconar a la pública, marginarla, para montar un sistema privado a costa del erario público. Desmontan lo que es de todos para darle un suculento negocio a sus amiguetes. Negocio basado en un derecho fundamental como es la educación universal y gratuita".
Si el gobierno regional tuviera "decencia" tendría como tarea número uno la de "garantizar la gratuidad hasta las últimas etapas de enseñanza obligatoria y no la ampliación de los conciertos para la privada".
Según el portavoz parlamentario de Podemos, el Partido Popular ha discriminado la pública frente a la "privada-concertada que han duplicado su financiación frente a la década de recortes que viene sufriendo la escuela pública. El caso es que acabamos financiando la privada concertada como fuésemos el País Vasco o Navarra mientras que con la pública nos comportamos como si estuviésemos en Melilla. El PP quiere que la red de escuelas públicas acabe siendo una red subsidiaria de la privada-concertada".
Los datos son los que muestran cuál es el papel que ocupa la pública para el PP, ha dicho Óscar Urralburu, "este año el 30% del aumento del presupuesto se lo lleva la privada-concertada. Un gobierno a la altura de su gente no puede infrafinanciar lo público para beneficiar a lo privado. En todos los países que se ponen como ejemplo de educación de calidad la escuela pública representa más del 90% del sistema educativo (98% en Finlandia)".
Respecto a la libertad de elección, Óscar Urralburu ha incidido en que es un argumento "falso puesto que la privada-concertada no quiere respetar las reglas de lo público pero sí disfrutar del dinero de todos".

Manifestación contra las restricciones de acceso a Calnegre en la costa lorquina


LORCA.- Vecinos de la pedanía lorquina de Ramonete se han manifestado a primera hora de la mañana del domingo en contra del control de acceso a las playas del parque natural de Calnegre.

La protesta, en contra de lo que consideran una «privatización de las playas», ha pedido más aparcamientos, entrada libre hasta que se ocupen los disponibles y limpieza diaria del espacio natural en verano, así como un autobús gratuito que permita el acceso al mismo.
Los vecinos denuncian también el abandono de la pedanía de Ramonete por parte del Ayuntamiento de Lorca.
Si bien la jornada ha transcurrido con normalidad y los bañistas han podido llegar sin contratiempos a las calas, algunos manifestantes, una vez desconvocada la protesta, han colocado piedras en el camino para evitar el paso de los autobuses que han sido retiradas por los socorristas.
La concejal de Medio Ambiente, Saturnina Martínez, ha pedido «tranquilidad» a los vecinos, puesto que esta manifestación se da días después de que se produjeran graves actos vandálicos en las instalacciones que sirven de control del acceso a las playas de Calnegre.

El PSOE de Murcia hace piña para apoyar la decisión de Conesa sobre el soterramiento


MURCIA.- Medio centenar de concejales, miembros de la ejecutiva municipal, pedáneos, portavoces y vocales del PSOE de Murcia se han reunido esta mañana en la sede del partido, en la calle Princesa, para respaldar el anuncio del secretario general de que el AVE llegará soterrado en 2020.

El secretario general municipal, José Antonio Serrano, y la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández, han criticado «las falsas expectativas» del anterior gobierno.
Serrano ha recordado que el paso a nivel de Santiago el Mayor estará abierto «el mayor tiempo posible y no cerrado durante dos años como pretendía el proyecto del PP con el consiguiente perjuicio para los vecinos y vecinas de la zona».
Además, se ha referido también a que en unos días se licitarán los dos tramo pendientes del soterramiento: El Carmen-Barriomar y Barriomar-Nonduermas.
Al respecto, también ha remarcado que «esta nueva realidad contrasta con las promesas incumplidas del PP sobre la llegada del AVE a Murcia, que ha hecho más anuncios que estaciones tiene la vía», además ha criticado «las falsas expectativas que el Gobierno de López Miras ha creado con la llegada de la Alta Velocidad en agosto de este año, pero nunca ha contado la verdad sobre su puesta en funcionamiento, algo que ahora sabemos a través del propio Ministerio de Fomento».
Hernández criticó que el PP haya tardado tres años en aprobar el Plan de Reordenación Urbana de la zona afectada por las obras de soterramiento y señaló que en el año 2012 se firmó una moción conjunta de los 29 concejales de la Corporación municipal que proponía garantizar que la llegada del AVE, pero que «en ningún caso se produciría en superficie».
Recordó que en febrero de 2014 se celebra una de las grandes manifestaciones celebradas en Murcia con el PP a la cabeza de la pancarta en la que se leía «No al AVE en superficie».
Hernández ha descrito las mociones, retrasos y cambios de parecer del PP a lo largo de estos últimos años, advirtiendo que ya «en 2014 el AVE debía estar en Murcia soterrado y aunque eso no ocurrió, no salió ningún dirigente popular a protestar, pero también se habló de que llegaría a finales de 2015, cuando el ex delegado del Gobierno anunció que se comería las uvas en la Puerta del Sol de Madrid, y también a finales de 2017.
Y ha añadido: «Nosotros no hemos cambiado de posición, los vecinos no han cambiado de posición, son los populares quienes cambian de postura sin explicar por qué».

La Región, en alerta amarilla por calor y vientos fuertes en la costa

MURCIA.-La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido dos avisos amarillos por altas temperaturas y fenómenos costeros en la Región de Murcia.

De esta forma, ha establecido un aviso amarillo por temperaturas máximas de 38ºC en la Vega del Segura de 14.00 a 20.00 horas.
Además, la Aemet alerta de que el riesgo por incendios forestales es muy alto en toda la Región.
Asimismo, la Aemet ha establecido aviso de nivel amarillo por Fenómenos Costeros en el Campo de Cartagena y Mazarrón, desde las 20.00 horas hasta las 00.00 horas por viento del suroeste fuerza 6 a 7.
Desde 112 aconsejan alejarse lugares que puedan verse afectados por el oleaje; en el interior de viviendas asegurar puertas y ventanas y retirar todo aquello que pueda caer a la calle; y en el exterior alejarse de estructuras que puedan ser derribadas por el viento.

Nueve personas sin hogar han recibido atención en la calle en Murcia capital esta semana por parte del Servicio de Emergencia Móvil de Atención Social (SEMAS), dentro de la «Operación Calor» y de ellos siete son varones y dos mujeres, naturales de España -5-, Polonia -1-, Rumanía -1-, Argelia -1- y Guinea -1-.
La Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, que dirige Conchita Ruiz, intensifica la atención a las personas en riesgo de exclusión social con el objetivo de paliar las consecuencias físicas de la exposición al calor.
El dispositivo, que se realiza especialmente en torno al mediodía y por la tarde, proporciona a estas personas agua fresca, gorras, información y orientación sobre los recursos públicos a su disposición. Se encargan de llevar a cabo esta labor equipos de dos personas, integrados por una trabajadora social y un policía local.

Ciudadanos exige que se aclare si hubo presiones en los tribunales de Secundaria

MURCIA.- Ciudadanos exige a la Consejería de Educación que aclare si existió alguna directriz política a los tribunales que corregían los exámenes de la oposición al cuerpo docente de Secundaria, después de recoger cientos de quejas de opositores. 

«Queremos saber si se distribuyeron por parte de la Administración plantillas de corrección que pudieran estar en contradicción con los criterios publicados en la convocatoria», afirmó el sábado el diputado regional Juan José Molina.
El Partido Popular, por su parte, destacó el sábado la «apuesta firme y decidida» del presidente López Miras por la excelencia educativa y el éxito escolar con la finalidad de «asegurar el futuro de los jóvenes». 
Además, las mismas fuentes añadieron que se ha puesto en valor el programa de refuerzo escolar puesto en marcha por el Ejecutivo regional que se desarrolla desde el mes de abril y que abarca hasta julio como «una nueva estrategia para luchar contra el fracaso y el absentismo escolar».

El SEF pagará los salarios a setenta parados mientras reciben cursos de formación

MURCIA.- La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, a través del SEF, va a abonar durante un periodo de entre 9 y 12 meses el salario de casi 70 desempleados, la mayoría de ellos en situación de vulnerabilidad, mientras estos se forman y obtienen experiencia laboral en una entidad sin ánimo de lucro de la Región que trabaje con colectivos desfavorecidos.

De cara a ese objetivo, el SEF convoca, con una dotación de 850.000 euros, las subvenciones para que entidades sin ánimo de lucro desarrollen programas mixtos de empleo y que permitirán la contratación de desempleados. Las ayudas, que fueron publicadas en el Borm, pueden ser solicitadas hasta el 30 de julio. 
Estos programas arrancarán durante el otoño y serán de dos tipos: los dirigidos a parados menores de 25 años, y los destinados a desempleados de entre 25 y 54 años. Todos ellos conducirán a la obtención de un certificado de profesionalidad, dado que el perfil del participante es el de un desempleado con necesidades formativas.

Revuelta rural contra el 'Silicon Valley de los cerdos' en Castilla-La Mancha


MADRID.- Vas por la carretera, por mitad del campo, y un olor nauseabundo te obliga a subir a toda prisa las ventanillas. La escena, común al circular por Lleida o Huesca a causa de los purines, empieza a ser cada vez más frecuente en Castilla-La Mancha. En algunas provincias hay ya bastantes más cerdos que personas. En Cuenca concretamente el doble: 400.000 gorrinos frente a 200.000 habitantes censados. El 'boom' de las llamadas 'macrogranjas' de porcino llevaba años gestándose, pero se ha disparado en el último año, según relata www.elconfidencial.com.

Decenas de pueblos se han puesto en pie de guerra por los efectos medioambientales y sanitarios que pueden llegar a tener estas explotaciones. En cuestión de meses se han creado plataformas ciudadanas que organizan manifestaciones y concentraciones prácticamente cada semana. Ayuntamientos y particulares han contratado abogados para librar la 'guerra del cerdo' en los juzgados, tratando de frenar la llegada de nuevas explotaciones porcinas, especialmente en las áreas menos pobladas. Las nuevas granjas, de última generación, están casi totalmente mecanizadas y no necesitan apenas mano de obra.
Los vecinos acusan directamente al gobierno del socialista Emiliano García-Page. Recuerdan que, en junio de 2016, decidió incluir la ganadería intensiva en los planes de ayuda para la modernización de las estructuras agrarias, atrayendo las inversiones. 
Subrayan, además, las relaciones del PSOE regional con Industrias Cárnicas Loriente Piqueras S.A., más conocida como Incarlopsa. Se trata de la empresa que más factura de todo Castilla-La Mancha y uno de los grandes proveedores de Mercadona. En Tarancón —Cuenca— está su cuartel general y un matadero cuya ampliación se anunció el año pasado a bombo y platillo. Se invirtieron 40 millones de euros para crecer 16.520 metros cuadrados. Sacrifican casi 11.000 cerdos al día.
"Antes traían casi todos los animales de Castilla y León", dice Daniel González, ganadero y portavoz de la asociación conquense Pueblos Vivos. "Pero pactaron un plan con la Junta para criar en Castilla-La Mancha, sobre todo alrededor de Tarancón, en Cuenca. Así se ahorran costes de transporte y controlan su producto con explotaciones en las que son accionistas". 
Desde Incarlopsa rechazaron responder a las preguntas de El Confidencial, pero el propio consejero delegado, Clemente Loriente, admitió durante una entrevista con Radio Tarancón el verano pasado que su objetivo era tener, a medio plazo, entre un millón y un millón y medio de cerdos en cien kilómetros a la redonda del matadero para abastecer sus necesidades. 
"No veo cuál es el problema", dijo, argumentado que crearía puestos de trabajo e incrementaría las exportaciones a países como China o Rusia.
David Llorente, diputado de Podemos en las Cortes de Toledo, habla de "una trama de intercambio de favores" entre la Junta y la empresa cárnica. Se refiere a dos escándalos recientes. En marzo se supo que Incarlopsa había donado 400.000 euros a la Fundación Impulsa, una organización ligada al PSOE castellano-manchego. 
Días después trascendía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que condenaba al gobierno regional por apartar de su puesto en 2016 a dos veterinarios de la Consejería de Sanidad que habían denunciado reiteradamente el incumplimiento de la normativa de bienestar animal.
El fallo concluía que "la Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos". 
Page salió al paso pidiendo que "no se hable mal" de una de las actividades que más empleo genera en la región. "Hay empresas ejemplares que pueden cometer un error" al igual que "hay funcionarios que pueden cometer un error", comentó en comparecencias públicas.

Inhalando purines

Para entender por qué muchos vecinos se levantan contra la llegada de nuevas granjas de cerdos hay que irse hasta Albacete, a localidades como Bonete o Balsa de Ves, donde explotaciones ya a pleno rendimiento —destinadas a abastecer los mataderos de Levante— han revolucionado la vida de los vecinos. 

 Los purines, que hasta la fecha se almacenaban en balsas hasta que se rociaban en abanico sobre los campos de cultivo, ha generado problemas respiratorios y ahuyentado el turismo rural, una industria en la que muchas familias habían invertido sus ahorros. Los vecinos temen que se estén contaminando las capas freáticas y los suelos en muchos kilómetros a la redonda. Hablan de fiestas patronales arruinadas por la peste y de ancianas tomando el fresco con mascarilla.

Natividad Pérez, alcaldesa socialista de Balsa de Ves, recuerda la expectación que se generó cuando se anunció la inversión en 2006, que incluía una granja de 2.500 madres reproductoras —con sus respectivas camadas de lechones— y una planta de biogás. 

"En un pleno del Ayuntamiento apareció el tema. Vino un tipo de traje diciendo que iba a generar riqueza, trabajo, que el pueblo se iba a llenar de niños otra vez. Era un charlatán. Lo cierto es que ese día éramos 222 habitantes censados y ahora somos 136. Nos prometió repoblación y ha sido lo contrario. Dijo que iban a mejorar los caminos y ahora están destrozados, con boquetes, por el paso constante de camiones. De los 17 puestos de trabajo anunciados, se han creado solo cinco y uno de ellos se lo ha quedado la que entonces era la alcaldesa", dice.

Las granjas están ya tan mecanizadas que muchas —casi todas las de cebo— se mantienen con un solo empleado que controla todo a través de un ordenador. "Una sola persona puede estar manejando entre 4.000 y 5.000 cerdos tranquilamente. Como cada granja de cebo tiene dos ciclos y medio, se encarga él solo, en un año, de engordar a 12.000 gorrinos", razona González.

Incarlopsa no tiene granjas propias, pero en enero de 2012 creó una sociedad (ICPOR) a medias con una empresa soriana (Copiso). Actualmente, tienen 200 empleados y en 2017 facturaron 77 millones de euros, un 12% más que el año anterior. Prometen crear 3.000 empleos "a medio plazo" en toda Castilla-La Mancha. "Las granjas de última generación que promovemos dan trabajo a 60 personas entre empleos directos e indirectos", comentan en la compañía. "Los contratos son fijos indefinidos y priorizamos la contratación de vecinos. También generamos riqueza y dinamizamos la economía", abundan.

Inmaculada Lozano vive en Pozuelo (Albacete), a 1,7 kilómetros de los terrenos donde se proyecta levantar otra macrogranja. "Van a meter 51 naves en la misma finca. En total 140.000 gorrinos viviendo a la vez, en un pueblo de 500 habitantes. Lo primero que nos llama la atención es que estén tan cerca de las casas. El agua del pueblo está ya cerca de no ser potable y tememos que se contamine para siempre. Van a pasar 164 camiones a la semana y ya no es solo el olor, sino las partículas que vamos a estar inhalando y que provocan afecciones para la salud. El proyecto ni siquiera dice qué esperan hacer con los purines, solo que los van a repartir entre los agricultores. Estamos a 30 kilómetros de Albacete capital y muchos vivimos aquí por arraigo o para estar en un entorno. Si traen la granja, algunos acabarán marchándose".

Los purines son una mezcla de heces y orina de los cerdos, paja de la cama de los animales y restos de pienso. Todo arrastrado por agua y productos de limpieza. "Esta mezcla se fragmenta y se convierte en un auténtico aerosol respirable que emanan líquidos y gases como amoniaco o ácido sulfhídrico, además de la parte solida o materia particulada. Las partículas también pueden contener virus, bacterias, endotoxinas y hongos", dice Jesús Martínez Moratalla, un doctor de la zona que lleva tiempo alertando sobre los riesgos.

El aparato respiratorio, insiste, se convierte en la puerta de entrada de este aerosol. "Se pueden producir distintas patologías: inflamación de la vía aérea, alteración de la función pulmonar, asma bronquial, alveolitis alérgicas extrínsecas, fibrosis pulmonar, neumonías, cáncer… Hay estudios en los se evalúa la función pulmonar entre los vecinos de las granjas y se documenta mayor deterioro cuanto más cerca están a ellas", insiste. Las partículas pasan a la sangre y generan patologías en otros aparatos y órganos a largo plazo. Por si fuera poco, subraya el doctor, el uso masivo de antibióticos en estas granjas propicia la creación de bacterias multirresistentes.

Marcha atrás de la Junta

Desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha son conscientes de que la contestación hace tiempo que dejó de ser cosa de cuatro ecologistas. De hecho, están empezando a dar marcha atrás. "Hemos sido sensibles al movimiento que hay y, de hecho, es inminente la publicación de un decreto donde se duplica la distancia mínima de granjas y núcleos urbanos: se pasará de uno a dos kilómetros de las zonas habitadas", dice Agapito Portillo, viceconsejero de Medio Ambiente.

También van a limitar las subvenciones a las macrogranjas. "Damos preferencia a la agricultura ecológica, la ganadería extensiva, las pequeñas explotaciones y el ecoturismo". Portillo en todo caso rebaja la gravedad y subraya que las sensibilidades son muy distintas según a quién se le pregunte. "En un pueblo pueden estar en contra y en el de al lado están a favor porque crea empleo. Los requisitos son cada vez más exigentes para evitar los olores, que no se filtre nada al terreno, etcétera", insiste.

En general, la Junta defiende la importancia del sector porcino en la región y ofrece datos: un tercio de los jamones serranos que se producen en España proceden de la zona de Tarancón, entre Toledo y Cuenca. "No es solo Incarlopsa, sino que hay otros tres grandes mataderos y muchos secaderos. La industria cárnica da muchísimo dinero y necesita mano de obra. Es una fuente de riqueza tradicional en la zona", comenta Portillo. En su opinión, lo que está ocurriendo en la región no es diferente a lo que pasa en otras zonas de España. "Las granjas de porcino se están trasladando a sitios con menos concentración por una cuestión sanitaria, de aislamiento. En España está aumentando la exportación y hay demanda de terrenos para estos usos. La Junta no las promociona, pero tampoco las puede prohibir".

El cambio de postura de la Junta viene condicionado también por las resoluciones judiciales. "Hasta ahora están siendo favorables, aunque estamos ante una avalancha: el número de proyectos en tramitación es elevadísimo y el camino por los tribunales tarda entre uno y dos años”, dice Pablo Ayerza, abogado especializado en medio ambiente que actualmente lleva tres procedimientos contencioso administrativos contra granjas de porcino en la provincia de Cuenca.

"No se preocupan por los efectos secundarios", argumenta Ayerza. "Hay casos clamorosos como el de Almendros, donde quieren hacer una granja pegada a las ruinas de Segóbriga, uno de los yacimientos más visitados de España. Generalmente se autorizan las granjas sin que se llegue ni a explicar qué piensan hacer con los purines. Tampoco hay un estudio global, del impacto en conjunto. En muchos países europeos se están cerrando este tipo de industrias por los problemas que han generado: olores, insectos, enfermedades, contaminación...".

Las plataformas se quejan finalmente de que apenas hay controles, de que nadie vigila que se cumpla la normativa vigente. "Cuando nos reunimos con la Junta admiten, en privado, que no tienen recursos humanos para vigilar cómo se gestionan los purines", asegura Daniel González. "Lo suyo sería que entrase el Seprona, pero hay tantas granjas… La Unión Europea desde este año obliga a los agricultores a enterrar los purines a 20 centímetros con unas púas si quieren cobrar la PAC, pero la maquinaria para hacer eso es muy cara, de manera que se siguen rociando y nadie lo vigila".

Desde la Junta insisten en que la administración no está cruzada de brazos. "Hay un cuerpo de inspectores para las ayudas europeas. Siempre se podría vigilar más, claro, pero los controles existen". Y los responsables de ICPOR, por su parte, subrayan que los purines no son un residuo, sino "un subproducto ganadero" que tiene un valor como abono orgánico. "Además de aportar minerales a la tierra, le da la estructura que no le aportan los abonos inorgánicos", concluyen.

La figura del tutor MIR solo está desarrollada en siete comunidades autónomas pero no en Murcia

MADRID.- Diez años después de la entrada en vigor del Real Decreto 183/2008, que desarrolla la figura del tutor en Formación Sanitaria Especializada, solo siete comunidades lo han desarrollado con una normativa específica, según Redacción Médica.
Se trata de las siguientes: Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Extremadura, País Vasco, Canarias y Andalucía, que ha sido la última en incorporarse al club, hace escasamente dos meses. Otras autonomías, como Baleares o Asturias, afirman estar trabajando en el proyecto.

Sin embargo, hay una gran heterogeneidad en los incentivos que ofrecen a los médicos para involucrarse en la docencia de los MIR, según ha podido comprobar Redacción Médica al consultar con las Consejerías de Sanidad.

Cataluña y País Vasco son las únicas comunidades donde se ha regulado el incentivo económico.

Una encuesta de la Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada (Sefse-Areda) en 2015 señalaba que el 87 por ciento de los tutores MIR no recibían compensación económica por su labor.

Cataluña y País Vasco son las únicas comunidades donde se ha regulado este incentivo, individual y dependiente del número de residentes tutorizados y de las horas de tutorización.

Incentivos al tutor MIR
Entre aquellas que no han desarrollado el Real Decreto, Madrid ha establecido un procedimiento de acreditación “en el ámbito de la Atención Primaria” que ofrece, “entre otras, cuatro días libres al año con sustitución, entre un 10-15 por ciento de productividad variable vinculada al cumplimiento de objetivos docentes y compensación horaria por docencia”.

La compensación horaria es la medida más habitual entre las comunidades que han respondido a la consulta de este medio. La otra es el reconocimiento en baremos para los procesos selectivos. La liberación de tiempo específico para dedicar a formación también es frecuente.

Sin embargo, para el representante de Médicos Tutores y Docentes de la Organización Médica Colegial (OMC), Francesc Feliu, se trata de medidas insuficientes. “Se ha regulado que el tutor dedique 5 horas por mes para cada residente, pero la coletilla es importante: que sea en horario de trabajo”. Esto “choca con la presión asistencial que tiene todo médico que está ejerciendo”.

Méritos para la carrera profesional
El principal incentivo que debe regularse, según Feliu, es el reconocimiento y la visibilidad de las administraciones, “que nos repercuta en nuestra carrera profesional, que sea validado, que la acreditación que tenemos como tutor sea reconocida a nivel nacional”. Esto es, que la labor “nos bareme en todas partes” y no solo a nivel de la autonomía en la que uno ejerce.

Feliu: "El 50% de los tutores ha admitido que, al menos una vez, ha sopesado abandonar la tutorización".

La vocalía tiene año y medio de vida y “hasta el momento, he conseguido tener representante en 39 provincias”. Entre los objetivos está la realización de un registro de residentes, algo que muchas comunidades o no tienen o lo tienen de manera oficiosa.

El mazazo de las jubilaciones
Feliu considera que, aunque la figura del tutor también va a recibir “el mazazo de las jubilaciones”, este hecho está algo alejado ya que la mayoría de tutores son jóvenes, “entre los 40 y los 50 años”.

Más acuciante es el problema de las deserciones: en la encuesta de Sefse-Areda, “el 50 por ciento admitió que, al menos una vez, había sopesado la posibilidad de abandonar la tutorización”.

“Somos un colectivo que, si bien se nos ha colgado la etiqueta de imprescindible en el sistema MIR, no se nos ha dado el reconocimiento que creemos que debemos tener”, sostiene. “No tenemos los recursos ni los incentivos que nos merecemos”. 
Y concluye: “La tutorización es casi un trabajo altruista: somos tutores por vocación”.

'Navantia' ya suscribió tantas obras de reparación de gaseros como en el 2017

FERROL.- La división de Reparaciones de Navantia acelera de nuevo el paso en el mercado del sector gasista, en el que ya ha cerrado diez contratos. Siete de los cuales se corresponden con obras que ya han sido acometidas en los muelles y diques de las factorías de Ferrol y Fene durante los seis primeros meses de este año, mientras que otros tres son pedidos que se ejecutarán en los próximos meses, según La Voz de Galicia.

Navantia, que llegó a ostentar el liderazgo en el sector a nivel mundial, había ido cayendo puestos en los últimos años, hasta alcanzar el cuarto nivel, aunque siempre manteniéndose como primero de la fachada Atlántica. Durante el pasado año por las instalaciones de la ría pasaron un total de diez barcos gaseros, la misma cifra que ya está cerrada a estas alturas del ejercicio.
La recuperación del sector cobra especial trascendencia, debido a que es el mercado en el que está especializada la Navantia gallega y el que la ha convertido en un referente mundial. De hecho, únicamente una decena de factorías en todo el mundo llevan a cabo trabajos de reparación en los buques metaneros, que suelen ser obras que requieren tareas complejas y gran conocimiento del sector.
Además de la importancia que tiene en términos de empleo y ocupación, la reparación de barcos gaseros también tiene un impacto muy destacado en las cuentas del mencionado departamento de la empresa pública. De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, el 70 % de la facturación del departamento acumulada este año se corresponde con las obras de este tipo de buques. 
Sin embargo, en términos absolutos, han supuesto siete de los 20 mercantes que han recalado por los diques y muelles de la ría, es decir, poco más de un tercio del total. Esto da idea del peso económico que tienen este tipo de contratos en el conjunto de la actividad y de la marcha del mencionado departamento.

Balance similar
En la comparativa con el número de barcos que fueron reparados en el primer semestre de este año con respecto al anterior, cabe destacar que el balance es similar, ya que los seis primeros meses del 2017 fueron 21 los navíos que pasaron por estas instalaciones, aunque solo cuatro de esos fueron metaneros.
Actualmente, los responsables de la dirección de Reparaciones ya están negociando otros contratos también en el sector gasista, por lo que confían en superar ya durante el tercer trimestre del año la cifra de metaneros del pasado ejercicio.
Además de este tipo de navíos, en la ría ferrolana han recalado también petroleros, barcos de mercancías general, de transporte de pasajeros y quimiqueros, entre otros.
En estos momentos, desde ayer en el astillero ferrolano se encuentra un barco mercante sometiéndose a tareas de reparación y está previsto que un segundo recale en la antigua Bazán el próximo miércoles, día 18. La tarea del departamento, tanto en Ferrol como en Fene, implicará a unas 650 personas, tanto de la plantilla directa como de la auxiliar, según han confirmado fuentes del comité de empresa.
 
Curva ascendente
Navantia inició el año con unos niveles de actividad bastante flojos, algo que viene siendo un denominador común en los últimos ejercicios. Sin embargo, conforme fueron avanzando los meses, empezó a captar contratos, lo que le permitió repuntar la actividad. Las perspectivas que maneja para el segundo semestre del año son buenas, aunque sin perder de vista que es un mercado sujeto a muchas variables y en el que han irrumpido astilleros con políticas de precio agresivas.

Cuenta atrás a medio siglo de peajes

VALENCIA.- Apenas quedan diecisiete meses de peaje en la AP-7. Fin a casi medio siglo (cuarenta y ocho años) de rascarse los bolsillos para las ciudadanas y ciudadanos de Alicante, Castellón y València. Si un cambio de gobierno o de orientación en la política de transportes no lo enmienda de aquí a año y medio. El fin de la concesión, adjudicada durante el franquismo y prorrogada por tres gobiernos democráticos de distinto signo, ha sido reclamada durante años por numerosos colectivos sociales, la ciudadanía y partidos políticos con picos en las reivindicaciones que volvían cíclicamente a la actualidad cuando, por ejemplo, se producían accidentes mortales en las carreteras nacionales paralelas a la «calle Mayor» del Mediterráneo, publica el diario Levante

Aunque el proceso para revertir esta situación no es sencillo y queda un trabajo ingente por hacer. Además del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, en manos de Abertis al igual que la AP-4 Sevilla-Cádiz, también finaliza la concesión de la AP-1 Burgos-Armiñón, adjudicado a Itínere.
Al respecto, el Ministerio de Fomento confirmaba esta misma semana que exigirá a las concesionarias Abertis e Itínere, concesionarias de las tres autopistas que acaban su plazo de concesión este año y el que viene, que deberán entregarlas al Estado en «adecuado estado de conservación», además de estar obligadas a realizar las eventuales inversiones y actuaciones necesarias para garantizarlo, según confirmó el titular de Fomento, José Luis Ábalos, en su primera comparecencia parlamentaria para explicar las líneas maestras de su departamento.
Ábalos confirmó que Fomento realizará a las tres concesiones una «due dilligence», un estudio pormenorizado del estado en que se encuentran las tres autopistas «para determinar las actuaciones que debe llevar a cabo la actual concesionaria para que el estado de conservación de la vía previo a su entrega sea el adecuado». Una vez entregadas las autopistas, será el Estado con cargo a las arcas públicas, el que se encargue de su mantenimiento como en el resto de la red.
Las autopistas de peaje en el corredor mediterráneo son una herencia franquista que han perpetuado los sucesivos gobiernos democráticos. La sociedad Aumar (Autopistas del Mare Nostrum) logró la concesión de los tramos Salou (Tarragona)-Valencia y Valencia-Alicante por un plazo de 27 años (hasta 1998), el 23 de julio de 1971 y el 21 de diciembre de 1972, respectivamente. 
Un contrato que seguirá vigente hasta 2019 (así se alcanzarán 48 años de concesión), gracias a tres prórrogas que Aumar pactó sucesivamente con Gobiernos de la UCD (en 1981-1982 una prórroga de 6 y 4 años más, hasta 2004), del PSOE (en 1986 una prórroga por dos años más hasta 2006) y del PP (en 1997 por 13 años más, de 2006 hasta 2019). Las renegociaciones siempre se han aprovechado para reducir tarifas a cambio de mejorar y abarcar más tramos y ampliar los años de concesión. 
En la última renegociación, el artífice del acuerdo fue el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, quien pactó con Aumar (con el visto bueno de Aznar) la ampliación de la concesión por trece años más a cambio de una rebaja de tarifas del 30% y el 40% y una inversión de 5.000 millones de pesetas en «mejoras y nuevos enlaces (como el de Terra Mítica)». 
Las primeras autopistas españolas se construyeron en el Mediterráneo por recomendación del Banco Mundial en 1962. El Gobierno franquista adjudicó entre 1967 y 1975 a once concesionarios 17 tramos de autopistas en aplicación del Programa de autopistas nacionales españolas (PANE). Otro dictador, el general Primo de Rivera, ya lo intentó en 1928, al autorizar las primeras concesiones cuyas obras nunca se iniciaron.

Milans del Bosch llama a "hacer algo" para defender al rey en una carta al 'ABC'

MADRID.- "Dios salve al Rey". Es el título de la carta dirigida por Álvaro Milans del Bosch al diario ABC en la que hace un llamamiento a la población a "hacer algo" para "defender" al monarca Felipe VI, según recoge Público.

"Hay un plan y una estrategia de los socios y apoyos de Sánchez parara cargarse el sistema, y de paso al rey", señala en un artículo en la que carga duramente contra el actual presidente del Gobierno, contra Carmena y sus cambios en los nombres del callejero madrileño y contra el presidente de Catalunya, Quim Torrá.
El texto de Milans del Bosch señala que Felipe VI se ha quedado "solo" ante la "permanente sucesión de insultos, humillaciones y desprecios". Así mismo, llega a la conclusión de que aquellos que no confían en la monarquía ni en el sistema "odian a España".
Por lo que se refiere a Torra, califica la decisión del presidente de Catalunya de romper relaciones con la corona como una "chulería" y una "repugnante falta de respeto.
"Nos espera un bombardeo permanente de republicanismo sectario y radical", sentencia.
A la carta de Milans del Bosch hay que añadir un artículo de opinión de Hermann Tertsch, también publicado en el ABC, en el que descarga todo su odio contra el nuevo gobierno de Sánchez que, según él, es capaz de "auspiciar intencionadamente un enfrentamiento civil entre españoles".
Publicidad
El opinador de ultraderecha considera, además que Sánchez y su Ejecutivo han  declarado la guerra "contra amplias capas de la sociedad española".
"Parece que Sánchez y ese núcleo de ministras tienen diseñada su guerra civil retórica y virtual", zanja.

Moción de censura a Felipe VI de la izquierda radical y el independentismo

MADRID.- Tras la abdicación de Don Juan Carlos, el relevo de Felipe VI tenía visos de aire nuevo, de renovación y levantamiento de la Corona, de alejamiento, de lastres de acusaciones y conjeturas arrastradas durante años. Pero en realidad, en aquel entonces la pasta no había hecho más que empezar a cocerse. Felipe VI, en apenas cuatro años de reinado recién cumplidos, tiene por delante un escenario que no le permite cumplir con lo que soñó en voz alta durante su discurso de proclamación, ser el máximo representante de los españoles con los que «construir unidos el futuro», publica hoy La Razón.

La crisis de la coyuntura política entre los años 2015 y 2016 fue su primer reto, del que salió razonablemente airoso, y fió su sello de un Rey escrupulosamente ceñido a la Constitución, pero fruto de esa crisis y desmembramiento del bipartidismo por el auge de otros partidos minoritarios, el Monarca se encuentra actualmente rodeado por un puñado de partidos secesionistas que quieren deslegitimar a toda costa el sistema monárquico, un presidente en sus manos al condicionar el éxito de su pasada moción de censura al gobierno de Rajoy a sus votos y unas grabaciones que involucran a su padre, el Rey Don Juan Carlos, en el «caso Corinna», piezas que poco a poco van construyendo el cerco.
Ante esta situación, la pauta a seguir por la Corona es cautela y ninguna reacción oficial de momento. El periodo estival juega a su favor: los actos oficiales se reducen, por tanto la presencia pública del padre de Felipe VI también, lo que permite a la Casa mantenerse «a la espera» mientras se definen las propuestas políticas y la postura tanto del Ministerio de Hacienda como de la Audiencia Nacional respecto a las conversaciones de Villarejo con la empresaria alemana. Mientras tanto, va quedando patente cómo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se encuentra entre las cuerdas de la ofensiva de la izquierda más extremista, afanada en romper con la estabilidad del país en función de sus intereses, y Sánchez, que lidera un partido en esencia constitucionalista, tiene poco margen para defender a la más alta Institución del Estado y más molesta para los soberanismos una vez el Gobierno de Rajoy ha sido derrocado, ya que el principal sentido de su existencia es salvaguardar la unidad del país.
Porque los ataques a la Corona no son personalizados, no son contra Felipe VI, son contra su simbología. Independientemente de que haya habido personas dentro de la Corona que a veces han colocado en segundo plano la ejemplaridad intachable que exige la Institución, la finalidad de las continuas operaciones de descrédito es acabar con la cúspide del Estado. Y en esa situación la Casa del Rey hace pequeños «pinitos» de defensa. Primero fue la carta que –tras el encuentro del jefe del Estado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump– enviaron Torra, Puigdemont y Mas al Monarca exigiéndole que abanderara el diálogo y reprochándole haberse posicionado de parte de los ciudadanos que no quieren fragmentar la nación que él representa. Zarzuela respondió la misiva ciñéndose al artículo de la Constitución por el que Don Felipe refrenda las decisiones del Gobierno, y Sánchez en un conciliador tono manifestó públicamente que esa función no le corresponde al Rey.
Continuas reacciones sin aliento después de haberse maniatado erigiéndose como el artífice del diálogo con los secesionistas catalanes, tal y como evidenció su escasa reacción después del órdago lanzado por Torra a Don Felipe en los pasados juegos Mediterráneos de Tarragona: manifestó su ruptura con la Monarquía, aseguró que no invitaría al Rey a ningún acto organizado por la Generalitat y le regaló un libro en el que se reproducían imágenes sobre la actuación policial en el ilegal referéndum del pasado 1-O. Sánchez se reafirmó en su «mano tendida» al Gobierno catalán del sucesor de Puigdemont y se reunió con él posteriormente en La Moncloa.
Este Gobierno debilitado en su montaje Frankestein, sumado a la reciente encarcelación del cuñado de Don Felipe, Iñaki Urdangarín, propicia que la filtración de las grabaciones del ex comisario Villarejo publicadas en El Español y en Okdiario sean aprovechadas por los partidos republicanos para poner en un brete al Gobierno de Sánchez. El líder de IU, Alberto Garzón, insta a abrir en el Congreso una comisión de secretos oficiales para que forzar las comparecencias tanto del director del CNI, Félix Sanz Roldán, como de la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Esta última, para que detalle las acciones que su ministerio va a emprender «a la hora de investigar las posibles estructuras opacas al fisco» comprendidas en la grabación de Villarejo a la empresaria alemana.
Unidos Podemos no tardó en sumarse a esa ofensiva parlamentaria el pasado viernes al solicitar también la apertura de una comisión de investigación. La postura del partido morado ya quedó clara en boca del secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Rafael Mayoral, quien asegurara que las grabaciones son el reflejo de la «anomalía democrática» que, a su juicio, supone la «existencia de una institución que no está sometida ni a escrutinio popular ni a la tutela de los tribunales».

Las cosas que se tiran por la puerta entran por la ventana / Javier Pérez Royo *

El viejo Engels nos recordó en el Anti-Düring con la frase que da título a este artículo que los problemas que se dan por resueltos sin hacerles frente acaban volviendo a hacer acto de presencia. Y lo suelen acabar haciendo en el momento más inoportuno, cuando empiezan a torcerse las cosas.

En la Transición española se tiraron bastantes cosas por la puerta. Pero, sobre todo, una. Se pasó de la Dictadura a la Democracia con un “ejercicio limitado” del poder constituyente del pueblo español, al que se le impuso la Monarquía como un hecho consumado. Una Monarquía que había sido restaurada por el general Franco en 1947 con la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, primera de las Leyes Fundamentales sometida a referéndum.  

El príncipe Juan Carlos adquiriría la condición de Rey tras la muerte del dictador y sería él, con el concurso de algunas de las autoridades del Régimen, singularmente el presidente del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, y con el presidente Adolfo Suárez, el que dirigiría el proceso que hemos definido como la Transición.

La  restauración fue previa a e indisponible para el ejercicio del poder constituyente del pueblo español, es decir, fue previa a e indisponible para la democracia. Con ese equívoco en la relación entre Monarquía y Democracia se ha venido operando desde entonces. Porque hubo Restauración de la Monarquía fue posible la Democracia. Este es el mensaje que se transmitió entre 1977 y 1978 y que se confirmó tras el intento de golpe de Estado del 23F de 1981.

La Constitución de 1978 ha sido la primera de nuestra historia en la que han convivido el principio monárquico y el principio de legitimación democrática del poder. La Monarquía había sido incompatible a lo largo de toda nuestra historia con el principio de legitimidad propio del Estado Constitucional, la soberanía nacional o soberanía popular. 

Tras la afirmación de dicho principio en las Constituciones que iniciaron cada uno de los ciclos constitucionales: 1812, 1837, 1869 y 1931, venía la “reacción monárquica”, que o anulaba por completo dicho principio, como hicieron Fernando VII y el general Franco, o lo reconvertían en el principio “monárquico-constitucional”, como lo hicieron las Constituciones de 1845 y 1876. 

La historia constitucional de España ha sido una historia “reaccionaria”, la historia de las reacciones monárquicas frente a las expresiones del principio de legitimidad propio del Estado Constitucional.

La Constitución de 1978 es la primera en la que no ha sido necesaria la “reacción monárquica”, porque se alcanzó un compromiso en el proceso constituyente. Pero un compromiso en el que lo primero es la Monarquía y lo segundo la Democracia. La Monarquía es previa a e indisponible para la democracia española. A esa indisponibilidad responde la introducción de la cláusula de intangibilidad encubierta que supone el artículo 168 de la Constitución.

Aquí está la raíz de la irreformabilidad de la Constitución. El condicionamiento del principio de legitimidad democrática por el principio monárquico es el que imposibilita la activación del procedimiento de reforma de la Constitución. Podemos hacer reformas constitucionales que nos vienen impuestas desde fuera, desde la Unión Europea. Pero no podemos hacer reformas desde dentro. No sabemos siquiera cómo poder hacerlo.

Esa indisponibilidad de la Monarquía para la Democracia se ha traducido, además, en una parálisis de las Cortes Generales en lo que a la regulación de la Monarquía se refiere. Por eso, no se ha aprobado ni está previsto que se apruebe la ley orgánica prevista en el artículo 57.5 de la Constitución. Por eso se resolvió de manera anticonstitucional la abdicación del Rey Juan Carlos I. Por eso se definió “en fraude de constitución” el estatuto jurídico del Rey tras su abdicación.

Lo que se tiró por la puerta vuelve a entrar por la ventana. Y en un momento sumamente inoportuno. Los seres humanos hacemos la historia en condiciones independientes de nuestra voluntad, escribió Carlos Marx. Parece claro que, en este momento, con todos los problemas con los que tenemos que enfrentaremos, preferiríamos no tener que hacerlo también con la “Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado español”. Pero me temo que no nos va a quedar más remedio que hacerlo.


(*) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla


https://www.eldiario.es/autores/javier_perez_royo/ 

Sánchez y la guerra sucia / Hermann Tertsch *

Alonso Cuevillas, el abogado del prófugo por rebelión, sedición y malversación, Carles Puigdemont, le ha exigido abiertamente al Gobierno de Pedro Sánchez que «neutralice al partido Vox», única acusación particular presente contra los golpistas. Cuevillas recomienda al Gobierno de Sánchez que «utilice los mecanismos que tiene el Estado». Que si no logra convencer a Vox por las buenas, investigue a Vox para buscar elementos de coacción. 

Como ven, los aliados de Sánchez le creen capaz de todo lo que le creen capaz sus peores enemigos. Estos están convencidos de que el presidente y su gabinete extremista son capaces de cualquier cosa por lograr su permanencia en un poder conquistado de forma tan grotesca y anómala con sus 84 escaños. Capaces de todo, hasta de auspiciar intencionadamente un enfrentamiento civil entre españoles. Desde luego, es difícil negar que desde su llegada al poder parece cada vez más probable. 

El abogado Cuevillas recomienda sin pudor en RAC1 al gobierno que lance una «investigación prospectiva», ilegal, para obligar a Vox a abandonar el caso. Pide una guerra sucia para acabar con el único partido que se presentó como acusación particular contra el golpismo separatista catalán. Gracias a Vox, la justicia ha podido actuar como eficaz arma del Estado de Derecho. La inaudita demanda de Cuevillas se supo ayer. De momento, el Gobierno no ha rechazado la propuesta criminal. Y ya están tardando el PP y Ciudadanos en denunciar esta aberración y solidarizarse con Vox que ha hecho solo lo que también era su deber. Sepan que quien pone trampas en la cloaca a un partido se los puede poner a tres. 

España sufre un tsunami de frenesí sectario con decretos inauditos, nombramientos escalofriantes y proyectos de ley despreciables por parte de un gobierno que pretende poner patas arriba a la sociedad española. Y quiere hacerlo ya. Resulta aterrador el desprecio del gobierno hacia los intereses e inquietudes de todos aquellos españoles que creen en una sociedad abierta, democrática y razonable y no participar en la orgía revanchista, la manipulación informativa colosal y colectiva y la permanente sobredosis ideológica frentepopulista con la que al final quiere destruir, nadie se engañe, el marco legal existente de la monarquía parlamentaria.

Ya está claro que la presencia de algún político moderado en ese gobierno era una mera hoja de parra para esconder las vergüenzas de una tropa furiosa de ministras sectarias y agresivas. Que no tienen otro objetivo que producir anuncios de medidas y leyes, gestos y alardes ideológicos que satisfagan a los más radicales del izquierdismo comunista de Podemos. Al que tienen orden de disputar de aquí a 2020 los votos y el mensaje. 

Esta demencial deriva sectaria lleva al Gobierno socialista mucho más allá de la retórica radical porque ya ha tomado medidas que son una declaración de guerra contra amplias capas de la sociedad española. Solo así cabe interpretar su voladura del pacto educativo, el desprecio a todos los demás integrantes del mismo como la masiva operación de castigo contra la verdad, la libertad y la conciencia libre de los españoles que es la nueva Ley de Memoria Histórica. Ni los irresponsables ataques a combustibles y energías que ponen en peligro a sectores enteros de producción. 

O las grotescas medidas de control y experimentación social en las relaciones sexuales que liquidan los restos de igualdad ante la ley así como la presunción de inocencia. Parece que Sánchez y ese núcleo de ministras tienen diseñada su guerra civil retórica y virtual. Cuidado. Porque las palabras de Cuevillas revelan que sus socios consideran a Sánchez un aliado del golpismo tan capaz de violar las leyes como ellos en Cataluña con el permanente golpe de Estado. Y nada de eso es virtual.


(*) Periodista



https://www.abc.es/opinion/abci-sanchez-y-guerra-sucia-201807132132_noticia.html

La solución Conesa / Alberto Aguirre de Cárcer *


Camarillas suena en boca de toda una generación de murcianos como el Rosebud de Orson Welles en 'Ciudadano Kane'. Pero en lugar de remitir a la imagen de un trineo sobre la nieve, como símbolo de la infancia perdida, Camarillas evoca la imagen de un tren que nunca termina de llegar a su destino, como paradigma de un futuro de progreso que se le resiste a nuestra periférica Región. Camarillas, AVE y soterramiento de las vías se acercan y se alejan en el túnel de lo inalcanzable. 

Murcia en su eterno laberinto ferroviario. Un fracaso colectivo, con un veterano expresidente copando el medallero, después de tres décadas de espera para la supresión de las vías en Murcia y transcurridas casi dos desde la firma por Valcárcel en 2001 del Pacto del AVE para que llegase, nos dijeron, solo tres años después. 

Pero cuando ya no cabía imaginar más vueltas de tuerca, el delegado del Gobierno, Diego Conesa, trajo esta semana novedades relevantes: la puesta en servicio del AVE se retrasará hasta el segundo semestre de 2020 para evitar su entrada provisional en superficie, como estaba previsto hasta el reciente cambio de Gobierno, y para mantener abierto el paso a nivel de Santiago el Mayor el mayor tiempo posible. 

Otra demora más, aunque no se produce, como en ocasiones anteriores, por razones técnicas o presupuestarias, sino por una decisión política del líder de los socialistas, que ha dado prioridad a la movilidad de los vecinos del sur de la ciudad sobre los efectos económicos inmediatos que produciría la llegada cuanto antes del AVE por vía provisional en superficie. 

Una decisión política legítima de Diego Conesa, respaldada por el apoyo de Podemos y Ciudadanos en la Asamblea y el Ayuntamiento, que resuelve el conflicto vecinal pero que deja igual de abierta la fractura social. El delegado recibió el efusivo aplauso de la Plataforma Pro Soterramiento junto a sonoras protestas de los empresarios de Croem por no haber sido ni siquiera oídos antes de la toma de decisión y por las mismas razones por las que siempre criticaron, con las Cámaras y los colegios profesionales, los sucesivos retrasos de la alta velocidad. 

A juzgar por las reacciones de unos y otros, la 'solución Conesa' no es de suma cero. Sigue dejando vencedores y vencidos. Cambian las tornas, pero se perpetúa la brecha que hace de la Región una singularidad nacional: en ningún otro lugar del país se ha visto que la llegada de la alta velocidad provocara tanta crispación social. 

Conscientes de las otras consecuencias del enésimo retraso del AVE, el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y Diego Conesa han prometido que a partir de la próxima primavera se podrá llegar en tres horas a Madrid. Aún no saben ni cómo ni por dónde (probablemente con trenes híbridos). Lo prudente será, por tanto, dejar en suspenso toda expectativa hasta que el ministro Ábalos concrete esa promesa en su primera visita a Murcia en el mes de septiembre. 

También queda la promesa de acelerar los trámites y los trabajos del soterramiento, pero la realidad es que se sigue de momento con los mismos plazos. Al cabo de esta semana solo hay pues dos nuevas certezas:que el AVE no entrará en superficie provisionalmente, como exigían los vecinos afectados por las obras, y que su entrada en servicio comercial se retrasa cuanto menos más de un año. Ambas son lo suficientemente importantes como para tener sus consecuencias políticas. 

Aún no está claro quién gana y quién pierde a medio plazo con esta confrontación a cuenta del AVE. Tras el 'no' de Pedro Sánchez a aprobar en esta legislatura el nuevo modelo de financiación autonómica y las advertencias de Teresa Ribera, la apocalíptica ministra de «los días contados» para el diésel y los trasvases, los populares de López Miras se encuentran con el relato electoral prácticamente en bandeja. 

El PSOE se lo ha puesto más fácil accionando el freno de emergencia del AVE. El discurso de los socialistas también es previsible. El PP también se lo pone fácil con una gestión regional en materia ferroviaria que causa bochorno de tanto bandazo en dos décadas. Con independencia de lo que señalan las sondeos, espejismos demoscópicos cuando falta un año para las elecciones autonómicas, la pugna política es hoy solo cosa de dos: Fernando López Miras y Diego Conesa. 

Los demás aspirantes lo tienen más crudo. Podemos, porque el PSOE está relanzado y movilizando al electorado de izquierdas, y Ciudadanos, porque anda grogui desde la moción de censura, sin saber ni siquiera lo que en ocasiones vota en la Asamblea Regional. PSOE y PP, otra vez, frente a frente. Esta semana continuará la gresca.


(*) Periodista y director de La Verdad 


El AVE de Manolo Escobar / Ángel Montiel *


"No les podemos robar el balón porque no lo tienen". La frase es del ciezano José Antonio Camacho durante la retransmisión por Tele 5 del partido España-Rusia. Fernando López Miras ha calcado tan ingenioso hallazgo retórico tras el anuncio por el delegado del Gobierno, el socialista Diego Conesa, de que el AVE llegará a la capital de la Región cuando concluyan las obras del soterramiento, obviando la ´solución provisional´ de un adelanto en superficie: «El Gobierno de Pedro Sánchez nos roba el AVE que ya teníamos», dice el presidente de la Comunidad. 

¿Dónde estaba ese AVE? ¿Dónde ha estado durante la larga década en que los sucesivos Gobiernos del PP nos han anunciado su inminente llegada coincidiendo con las uvas de uno y otro año? Ah, que esta vez era cierto, que ya estaba a las puertas, que iba a realizar su primer trayecto el 30 de agosto, cambiando las uvas por los higos... No hay AVE que robar porque, parafraseando a Camacho, el Gobierno regional no lo tiene. Pero lo más evidente, y es a lo que López Miras no quiere hacer oídos, es que la gente no lo quiere. No lo quiere en superficie. No lo quiere partiendo en dos los barrios del sur. No lo quiere como solución provisional, a sabiendas de que lo provisional se eterniza. La gente lo quiere soterrado, tal y como está diseñado precisamente por el Gobierno del PP. ¿O es que no? 

El Gobierno popular ha tenido ocasión de apreciar ese rechazo: una movilización continuada, persistente, incansable, diaria, como nunca se ha dado en esta Región para cualquier otro problema. Y coronado este movimiento con una manifestación de 50.000 personas en pleno centro de la capital. Más una actitud colaborativa de los vecinos: AVE sí, pero soterrado. 

¿Cómo se puede despachar todo esto aludiendo al ´interés general de la sociedad murciana´? ¿Qué cosa es la sociedad murciana? ¿Sólo los estamentos que apoyan la posición del Gobierno? ¿La sociedad murciana se reduce a la CROEM y a ciertos colegios profesionales? ¿No son también sociedad murciana las asociaciones vecinales, los partidos políticos de la oposición que, en su conjunto, tanto en Murcia como en Cartagena y en la Asamblea Regional, suman más apoyos que el partido del Gobierno? 

No existe una Sociedad Murciana SA, sino una sociedad murciana plural, cuyo interés general nadie puede interpretar como si dispusiera del copyraid. La tópica acusación de que el PSOE pretende hundir a la Región es de niños: uno no entiende qué interés podría tener Diego Conesa en cargarse la Región, sobre todo cuando aspira a gobernarla. 

Más bien parece que López Miras pretende reproducir un marco en el que, una vez que su partido ha dejado de gobernar en España, puede por fin exhibir sus dotes reivindicativas. Su problema es que las reivindicaciones respecto al AVE han sido ya atendidas por el PSOE, que ha aceptado el riesgo de escuchar a los ciudadanos antes que a los estamentos, y más cuando éstos, en toda circunstancia, se muestran sistemáticamente comprensivos con el PP. 

Determinados políticos se hartan de decir que hay que salir a la calle y escuchar a la gente, pero salen cuando las calles están vacías; cuando están llenas, mandan a la Policía. El PP debería haber aprendido de la experiencia de la guerra de Irak. Cuando el personal se disocia de la política oficial, da igual que se apele a razones de Estado o a lo que desde el poder se decide que es mejor para los intereses generales. 

Y más cuando la gente no dice cosas raras; los vecinos del sur de la capital sólo piden que el AVE llegue soterrado, lo que curiosamente coincide con el proyecto del PP, pero éste, en vez de contemplar netamente ese deseo, ha pretendido adelantar el suceso en superficie. ¿A qué vienen las prisas después de doce años de retrasos por propia incompetencia en la gestión de gobierno, aunque en favor de López Miras sólo pueda atribuírsele una responsabilidad epigonal?

Murcia necesita el AVE para progresar. Bien. ¿Quiere esto decir que, después de una década de espera el drama se acentúa por añadir dos años más para garantizar que el tren del siglo XXI llegue a la Región en situación de máxima excelencia? Da la impresión de que la falsa alarma propagada desde San Esteban tiene otro origen: el riesgo de que los ciudadanos puedan constatar en la próxima primavera, justo antes de la fecha electoral, que es posible llegar a Madrid en tres horas a través de Camarillas (es decir, sin rodeos, el trazado natural) en un tren convencional tan cómodo como el AVE y mucho más barato. 

No veo a López Miras y a la plana mayor de CROEM manifestándose a diario en las vías bajo el lema «AVE en superficie, ya», aunque debieran hacerlo sólo por la curiosidad de visitar la zona alguna vez en sus vidas. Dice el presidente que la decisión del Gobierno nacional de eludir la llegada pronta en superficie no obedece a razones técnicas sino políticas, sin darse cuenta de que emite un elogio. Los políticos están para hacer política. Lo que él pretendía, contra viento y marea y contra la Plataforma Prosoterramiento, era inaugurar el AVE, de cualquier manera, un minuto antes de las elecciones. Política electoral en grado sumo. ¿Qué le reprocha, pues, a Conesa?

Hay una terea que corresponde al Gobierno regional, a CROEM y a todos los agentes sociales: controlar que el PSOE cumpla sus compromisos, es decir, que el soterramiento siga su curso, que las licitaciones de obras se sucedan de acuerdo a proyecto, que Camarillas deje de ser un tope... Nadie debe fiarse de que el PSOE cumpla, como tampoco antes acerca de que lo hiciera el PP. Mejor establecer el control sobre un diseño de sentido común que alentar protestas por la irrupción del AVE contra la gente realmente concernida por su infumable trazado.

A Manolo Escobar le robaron un carro que no tenía. A López Miras, un AVE que tampoco. Como diría Camacho, «no les podemos robar el balón porque no lo tienen». AVE soterrado cuanto antes. Ese debiera ser el lema común.



(*) Columnista