miércoles, 19 de diciembre de 2018

'Ahora Murcia' desvela que 'Emuasa' tiene una deuda pendiente de cobro de 6,5 millones de euros


MURCIA.- Ahora Murcia desvela que la empresa municipal Emuasa-Aguas de Murcia tiene una deuda pendiente de cobro de 6,5 millones de euros, y denuncia su opacidad respecto a esos impagos. 

El concejal Miguel Angel Alzamora explica que Ahora Murcia lleva solicitando a Emuasa información detallada sobre esa ingente deuda desde el pasado mes de abril, "y pese a la obligación legal que tienen de ofrecer toda la información a un concejal del Ayuntamiento, nos la están negando, vulnerando así nuestros derechos fundamentales. Si la empresa continúa sin proporcionar los datos que les venimos solicitando, acudiremos a Fiscalía".
El propósito de Ahora Murcia es disponer de los datos "acerca de quiénes son las personas, empresas, entidades., que tienen deuda con Emuasa, para conocer quiénes viven en barrios o zonas vulnerables del municipio, que se podrían beneficiar de medidas sociales También queremos saber si entre quienes deben a Emuasa esos 6,5 millones de euros se encuentran grandes deudores".
Alzamora se pregunta cuáles son los motivos por los que Emuasa niega una información a la que, de acuerdo a toda la legislación sobre los derechos políticos de los concejales de los ayuntamientos, tiene completo acceso. 
Así, entre otros, el artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que "los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o de la Junta de Gobierno, cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. Además, este derecho a la información es un derecho de cada concejal amparado por el artículo 23 de la Constitución, y su denegación infundada puede ser causa además de delito recogido en el artículo 542 del Código Penal".
Respecto a las deudas con Emuasa, Miguel Angel Alzamora señala que "una parte de ella corresponde a familias vulnerables del municipio, que no pueden hacer frente al elevado precio del agua en Murcia, el más alto de España". 
En 2015 fue aprobada una moción de Ahora Murcia para que el Ayuntamiento condonara su deuda con Emuasa a las familias vulnerables, algo que, como afirma Alzamora, "no se ha hecho".
En diciembre de 2017, la formación municipal presentó en el Pleno una moción para que se solucionase la situación de deuda con Aguas de Murcia de las familias con vulnerabilidad económica acreditada por Servicios Sociales y para que se garantizara su acceso al agua. "Esa moción", explica Alzamora, "la dejamos sobre la mesa porque los demás grupos políticos señalaron que esas cuestiones debían abordarse en el Consejo de Administración de Emuasa
Sin embargo, un año después, el problema no ha sido tratado en ese órgano. Por ese motivo, junto a las cifras que hemos conocido sobre la deuda con Emuasa, volvemos a llevar en forma de moción al Pleno la deuda con la empresa municipal de agua de las personas y familias vulnerables, y plantearemos de nuevo la necesidad de que las normas del Ayuntamiento recojan con garantías el cumplimiento de su derecho humano al agua".
Recuerda Alzamora que durante los últimos días el Gobierno municipal del PP "está anunciando que va a vigilar y proteger los derechos de los vecinos del barrio de La Paz, donde hay muchos vecinos afectados por la acumulación de deudas de agua, pero siguen siendo llevados a los juzgados por Emuasa, lo que pone en entredicho la anunciada protección de derechos".
El edil destaca que Emuasa dispone de un Fondo Social para cubrir el coste de la aplicación de una tarifa plana a familias que acrediten una situación de precariedad (vulnerabilidad) económica. Servicios Sociales actúa aquí como mero transmisor de informes a solicitud de Hidrogea (la parte privada de Emuasa). 
En el caso de que una familia tenga una deuda, la tarifa plana y, en consecuencia, el Fondo Social, no puede ser utilizado, ya que ese hecho se considera una causa directa de denegación.
"Pese a nuestra moción aprobada en 2015", señala, "no se ha condonado la deuda a estas familias, y se está reclamando la deuda judicialmente a otras muchas familias vulnerables. También se siguen produciendo situaciones en las que familias con deudas reclamadas judicialmente no pueden disponer de acceso al agua en sus domicilios ni acogerse, a la tarifa plana del Fondo Social de Emuasa, lo cual sigue suponiendo una anomalía que debería ser solucionada".
Ante esta grave situación, Ahora Murcia va a plantear de nuevo en el Pleno la necesidad de que el Ayuntamiento actúe para solucionar la situación de endeudamiento y cortes de agua que está generando Emuasa con personas y familias con vulnerabilidad económica y seguimos exigiendo una nueva normativa municipal, como aprobó el Pleno en junio de 2018 mediante una moción de Ahora Murcia, "de forma que se garantice en el municipio, entre otras cuestiones, el derecho humano al agua, que está siendo vulnerado sistemáticamente".

El Paseo de Alfonso X en Murcia reducirá un 50% el número de mesas en las terrazas

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia se comprometió a no incrementar las terrazas en el Paseo Alfonso X tras las obras de peatonalización y la propuesta existente, lejos de aumentar, ni siquiera de igualar, supone una reducción del 50% respecto a las existentes antes de la remodelación. 

En concreto, de 193 mesas instaladas anteriormente, se pasará a alrededor de un centenar, según se recoge en el borrador sobre el que trabaja la Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos.
La redistribución definitiva tendrá lugar en el plazo de seis meses, con la máxima de compatibilizar la ocupación del espacio con mesas y sillas con la instalación de ferias, la accesibilidad, el descanso vecinal y el respeto al derecho colectivo al paisaje urbano.
La primera autorización, aprobada el pasado viernes con carácter provisional, ha supuesto ya una reducción del 44% de la ocupación del espacio autorizado.
Esta autorización provisionalísima que ahora se ha concedido como medida transitoria se ha adoptado por las inminentes Fiestas de Navidad y Año Nuevo, la previsible afluencia de turistas, el período de vacaciones y la necesidad de ofrecer servicios a la actividad de ocio, logrando el equilibrio entre el interés público y el privado.


Local
Antes
Después
Diferencia

    

Heladería "SIRVENT" (*)
38
20
-18
-47%
 

Café-Bar "La Barra de la Torre"
8
8
0
0%
    

Restaurante "La Torre de Alfonso X"
10
8
-2
-20%
    

Café "Moderno"
10
10
0
0%
    

Cervecería "La Cueva de la Cerveza"
12
4
-8
-67%
    

Café-Bar "Rincón de las Anas"
16
8
-8
-50%
    

Heladería "CHAMBI"
27
14
-13
-48%
    

Café-Bar "La Alacena de las Claras"
24
6
-18
-75%
    

Café-Bar "Gran Vía"
40
15
-25
-63%
    

Goiko Grill
8
4
-4
-50%
    
  
193
97
-96
-50%
    

Local Cerrado Fachada 
Edificio Santa Anta
4
      
Disponen de autorización provisional Sirvent, La Torre de Alfonso X, Chambi, Gran Vía y Goiko

(*) Si obtiene autorización local colindante (si no=11)

C's Lorca pide explicaciones al alcalde por una comida de 'Limusa' con cargo a fondos públicos municipales

LORCA.- Ciudadanos ha pedido explicaciones al alcalde de Lorca por la celebración el pasado día 16 de una comida de Navidad a la que habían sido invitadas por el primer edil unas 300 personas, entre trabajadores y extrabajadores de la empresa municipal Limusa.

"Hemos tenido conocimiento de que este gasto irá con cargo a esta empresa municipal, por tanto se sufragará con dinero público, circunstancia que ha generado interrogantes en la opinión pública acerca de las razones de esta decisión del equipo de Gobierno", ha señalado el portavoz del grupo municipal naranja, Antonio Meca.
Ciudadanos ha pedido que se aclare por qué una empresa que acumula un déficit anual de más de 6 millones de euros, que cada año el Ayuntamiento aporta para cuadrar sus cuentas, se permita un gasto tan elevado en una actividad superflua.
También quiere conocer las razones por la que se paga la comida a los trabajadores de esta empresa pública y no se hace igualmente con los demás trabajadores municipales (Ayuntamiento, Sepor o Lorca Taller del Tiempo, entre otros).
El grupo municipal quiere conocer la cuantía de la factura de la comida, incluido el grupo musical que amenizó el evento, y "qué criterio se ha seguido para, después de muchos años de no celebrarse esta comida con cargo al erario público, se haya decidido recuperarla precisamente en época preelectoral", ha añadido el portavoz naranja.
El edil ha asegurado que "no vemos bien la desigualdad de trato entre los casi 900 trabajadores que tiene esta administración municipal y mucho menos que se utilice políticamente y con fines partidistas como propaganda electoral un acto como éste, con el dinero de todos los lorquinos".

PSOE-Murcia lleva al Pleno una moción para que la Junta de Hacendados cumpla el convenio y mantenga la red de riego tradicional de la Huerta

MURCIA.- El concejal socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Enrique Ayuso, considera muy necesario "realzar la imagen de espacio natural de gran valor histórico y ambiental, de sus productos y de su patrimonio" e insta al Ayuntamiento a limpiar de forma subsidiaria y luego pasar la factura a los propietarios de las tierras.

El Grupo Municipal Socialista elevará al Pleno de mañana jueves una moción para que se amplíe el convenio de colaboración suscrito con la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia en enero de 2016 y se incluya en el mismo la firme exigencia a la citada Junta del cumplimiento de sus competencias de mantenimiento y del cuidado de la red de riego tradicional, obligándose el Ayuntamiento a la limpieza subsidiaria en caso de no cumplirse lo acordado.
El concejal del PSOE Enrique Ayuso, quien defenderá esta propuesta ante la Corporación, recuerda que a lo largo del presente mandato el Ayuntamiento ha aprobado más de una veintena de mociones en defensa de la Huerta de Murcia presentadas por los distintos grupos con representación municipal. 
"Sin embargo, una percepción bastante generalizada es la debilidad de nuestro patrimonio agroecológico de la Huerta y, en especial, del mal estado de la red de riego tradicional en el que se sustenta", señala el edil socialista, quien citará en su exposición de mañana varias de las iniciativas puestas encima de la mesa.
Entre ellas figura la del PSOE del pasado mes de junio para la elaboración de un Plan de Ordenación Territorial con el fin de "realzar la imagen de la Huerta de Murcia, de sus productos y de su patrimonio".
Ayuso tiene presente también que desde enero de 2016 existe un convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Hacendados en cuyo apartado 1.6 se destaca como objetivo la mejora y la conservación del patrimonio hidráulico. 
Además, en el apartado 2 de dicho acuerdo se habla de la necesaria modernización de las redes de riego, las labores de mantenimiento y las de conservación. Este convenio establece igualmente la constitución de una comisión de seguimiento que celebrará reuniones trimestrales.
"No obstante, es un hecho constatable el abandono y la desidia que caracteriza la mayor parte de los cauces de nuestro riego tradicional, con falta de limpieza de los cauces, proliferación de cañas en sus límites, abundancia de plagas de roedores, etcétera. Es un abandono que, en muchas ocasiones, es perversamente utilizado para justificar la necesidad de entubamientos ante los riesgos para la salud de las personas que viven en el entorno", explica Ayuso.
"La red de riego histórica de la Huerta de Murcia todavía en funcionamiento, que ocupa más de 400 kilómetros de longitud en los límites del término municipal, debe concitar el objetivo de preservación e integración en los espacios circundantes y, además de su valor hidráulico funcional e histórico, tiene un potencial estructurante del territorio, tanto por su posibilidad de integración en espacios de uso público como por su papel como configurador del paisaje. Asimismo, tiene un gran valor ambiental para la vegetación, la fauna y el paisaje en general y por todo ello se requiere su preservación y potenciación", añade el concejal del PSOE.

Dinero público para la comunidad de regantes 'Arco Sur Mar Menor'

MURCIA.- El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, una subvención de 200.000 euros a la comunidad de regantes Arco Sur Mar Menor para la instalación de un sistema de desnitrificación de salmueras procedentes de la desalobración de aguas residuales regeneradas en la zona sur del Campo de Cartagena.

Esta comunidad de regantes es la única del entorno del Mar Menor que dispone de una planta desalobradora para el tratamiento de aguas residuales regeneradas. 
Además de contar con lisímetrosde pesada que facilitan el ajuste del riego y la fertilización, ha promovido y financiado diversos estudios y programas relacionados con el uso eficiente del agua y fertilizantes, el control de escorrentías superficiales y sobre la cuantificación de la descarga subterránea al Mar Menor del acuífero Cuaternario.

... y sigue la generación espontánea de genios en la UMU


MURCIA.- La Universidad de Murcia ha celebrado este miércoles el acto de toma de posesión de once cátedras y plazas de profesor titular. Los docentes prometieron o juraron su nuevo cargo en la galería de rectores del edificio de la Convalecencia en un acto presidido por el rector, José Luján. Tomaron posesión de sus nuevas plazas:

María Belén Linares Padierna, profesora titular de Tecnología de Alimentos.
Joaquín González Sánchez, catedrático de Química Física.
José María Almira Picazo, profesor titular de Matemática Aplicada.
María Asunción Morte Gómez, catedrática de Botánica.
Alejandro Franco Sánchez, profesor titular de Microbiología.
Manuela Pérez Gilabert, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular.
María de los Ángeles Hernández Prados, profesora titular de Teoría e Historia de la Educación.
Rocío Zamora Medina, profesora titular de Periodismo.
Francisco José Ortín Montero, profesor titular de Psicología Básica.
María del Pilar Aroca Tejedor, catedrática de Anatomía y Embriología Humana.
Teresa de Jesús Marqués Aguado, profesora titular de Filología Inglesa.

Declaración del Esparto como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial

CIEZA.- El pasado 12 de diciembre, se publicó en el BOE la resolución de la Dirección General de Bellas Artes por la que se incoa expediente de declaración del Esparto como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Ya en el 2014 el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) realizó un estudio específico sobre el esparto, considerando a Cieza como el enclave más importante por su vinculación con la fibra y, por haber sido el primer pueblo manufacturero de España entre los años 50-60, estudio que culminó con la publicación en 2016 del Plan de Salvaguarda de la Cultura del Esparto.
"El interés en declarar la Cultura del Esparto como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial viene justificado se afirma en la resolución- por la necesidad de proteger, en un contexto de globalización tecnológica y económica sin precedentes, gran parte de este patrimonio, aún vivo, pero que presenta un rápido deterioro, debido a la avanzada edad de las personas que aún pueden transmitir sus conocimientos".
En un marco geográfico más amplio, la protección de este patrimonio podría evitar la pérdida de conocimientos ancestrales pertenecientes a una cultura milenaria común a España, Marruecos, Argelia y Túnez, contribuyendo a la vez, a fijar en sus lugares de origen a poblaciones expuestas a los traumas del paro y de la emigración.
Desde el Museo del Esparto de Cieza (Centro de interpretación del Esparto y de su Industria) queremos mostrar nuestra satisfacción por este reconocimiento. Un reconocimiento que nos anima a seguir trabajando para que culmine con éxito la segunda parte de este proyecto de carácter internacional: que los oficios artesanales ligados a la cultura del esparto sean declarados como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

CCOO denuncia que el actual sistema de becas y ayudas compromete la igualdad de oportunidades y exige su reforma urgente

MURCIA.- La Federación de Enseñanza de CCOO reclama la reforma urgente del actual sistema de becas y ayudas, de manera que, junto a una reducción significativa de la cuantía de las tasas universitarias, sirva para eliminar las desigualdades de origen del alumnado en el acceso a la educación y se reoriente a la reducción del Abandono Educativo Temprano.

El sindicato denuncia que la precariedad del actual sistema de becas y ayudas al estudio atenta contra la igualdad de oportunidades y genera incertidumbre en el alumnado becario, tal y como ha venido denunciando en distintos foros, entre ellos el Consejo Escolar del Estado.
 Primero, porque se da a la beca el tratamiento de subvención finalista, es decir, que si no se aprueban más del 50% de los créditos, se debe devolver el importe recibido cuando no se disponen de recursos ni condiciones para hacerlo. 
En este sentido, CCOO defiende el carácter subjetivo de las ayudas para el alumnado y las familias, lo que implica anteponer los criterios económicos y sociales para su consecución frente a los puramente académicos.
En segundo lugar, el sindicato señala la incertidumbre que genera no saber qué cantidad se va a recibir, puesto que el cálculo de la parte variable de la beca está condicionado por factores que no se pueden conocer de antemano. 
Esto hace poco claro el proceso de asignación y distribución, pues sin la oportuna publicidad de los datos entre ellos el importe total a distribuir o el número de perceptores, por ejemplo, no hay forma posible de comprobar si las asignaciones se han hecho correctamente. 
De igual manera, se han producido situaciones en que el alumnado becario recibe el importe de la ayuda el último mes del curso, lo que supone una paradoja, ya que deben autofinanciarse durante todo el año. Existe también una falta de transparencia en el seguimiento de los recursos destinados a becas, ya que se han eliminado indicadores relevantes, como la cuantía media de la beca en función del tipo y la comparación con años anteriores.
Por último, CCOO denuncia la eliminación, en el caso de las enseñanzas no universitarias, de la posibilidad de ser beneficiario de una beca cuando el alumnado se matricula solo de las asignaturas que le quedan para terminar.
El sindicato recuerda, además, que el importe de las becas y ayudas no ha crecido de acuerdo con el PIB nominal, alejando a nuestro país del resto de la UE, y exige al Gobierno del PSOE que cumpla sus compromisos y reforme de manera urgente el actual sistema.

Podemos: "PP y Ciudadanos rechazan restituir el Instituto Regional de la Mujer"

CARTAGENA.- Así lo ha explicado la diputada regional de Podemos, Ángeles García Navarro, quien ha dicho que esta era una de las enmiendas que presentaba el grupo al articulado. Parece que no les interesa tener un organismo autónomo "encargado del diseño y la promoción de las condiciones que hagan posible la igualdad social de ambos sexos y el fomento de la plena participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social en la Región de Murcia. Instituto que además, se encargaría de la planificación y evaluación de estas políticas de igualdad".

García Navarro también ha contado que otra de las iniciativas de Podemos consistía en que las personas cuyos ingresos no superen un salario y medio mínimo interprofesional no tengan que pagar por beneficiarse del Servicio de Ayuda a Domicilio, salvo, que haya un patrimonio, excluida la vivienda habitual, superior a los 60.000 euros.
La diputada de Podemos ha relatado que actualmente este servicio atiende a personas dependientes a través de actuaciones "en el domicilio con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria. Los beneficiarios tienen que pagar este servicio, según tipo, coste y capacidad económica, determinado en función de la renta y el patrimonio de la persona solicitante".
Por eso, desde Podemos, "queríamos cambiar esos requisitos ya que el gobierno obliga a personas cuyos ingresos no superan los 400 euros mensuales a tener que abonar un mínimo de 20 euros. Esto está haciendo que personas beneficiarias renuncien a dicho servicio ante la imposibilidad de poder realizar dicho copago. Si bien, ni PP ni Ciudadanos son capaces de entender la situación de estas personas y prefieren seguir aplicando el rodillo".
En cultura, Ángeles García Navarro, ha contado que han sido rechazas las enmiendas destinas a dotar con medio millón de euros al Castillo de Mula, para presupuestar el plan director para la rehabilitación de la fortaleza. Y en Cartagena, 350.000 euros para el comenzar las excavaciones en el primer cuadrante del Anfiteatro de Cartagena.

El suicidio provoca la muerte de diez personas al día en España

GINEBRA/MADRID.- En España diez personas se suicidan al día, más de 3.000 al año. Y eso pasa desde hace 25 años con el silencio cómplice de la sociedad, pese a que tanto los expertos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) insisten en la necesidad de poner en marcha planes sanitarios que puedan prevenir estas muertes.

Unas muertes que se sitúan por encima de otras muchas como las que ocasionan los accidentes de tráfico y para cuya erradicación no se escatima en campañas, medios y formación. Como ejemplo, el gasto destinado a seguridad vial previsto para este año es de 766 millones, de los que 24 serán se dedicarán a actuaciones concretas con el objetivo de disminuir el número de víctimas.
Estos son los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE): Las muertes por suicidio han aumentado un 3,1 % en 2017 hasta las 3.679, mientras que las de accidentes de tráfico lo han hecho un 2,8 % hasta las 1.943.
Y parte de los más de 10.000 fallecimientos que se producen al año por ahogamiento, precipitaciones y accidentes de tráfico pueden esconder un suicidio detrás, advierten desde hace años los expertos en salud mental.
De las personas que se quitaron la vida el pasado año en España 2.718 eran hombres y 1.603 mujeres y, en ambos casos, la mayoría tenía entre 15 y 39 años. Y mientras aumentan estas cifras los expertos insisten en que hay que hablar del suicido, que es necesario denunciarlo, hacerlo visible y desmitificarlo, pero las autoridades sanitarias no actúan.
En 2017 murieron en España 424.523 personas. El 96 % lo hizo por causas naturales (la mayoría de las enfermedades) y el resto falleció por causas externas de las que la más común es el suicidio. 
El mismo día de su toma de posesión el pasado septiembre, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, se comprometió a continuar con el proyecto de su antecesora, Carmen Montón, de poner en marcha un Plan de prevención del suicidio que contemple una mayor atención a la salud mental e impulse la labor de los profesionales de Atención Primaria.
La Confederación Salud Mental España ha apoyado desde el primer momento esa iniciativa para abordar lo que a su juicio es “uno de los principales problemas de salud pública del país”. Inciden los expertos en que, en general, la conducta suicida se puede predecir, y por tanto también prevenir.
Y en que, para lograrlo, es imprescindible acabar con los mitos e ideas erróneas sobre el suicidio para facilitar la desestigmatización y culpabilización de la conducta suicida y facilitar que las personas con ideas suicidas pidan ayuda.
Para ello hace falta un abordaje transversal del suicidio y sensibilizar sobre su trascendencia, además de orientar a aquellas personas que puedan encontrarse en situaciones de riesgo, así como a sus familiares para puedan ayudarlas.
Los expertos también coinciden en que hablar de suicidios no provoca más muertes, sino que las previene. Niegan el efecto contagio e instan a los medios de comunicación a visibilizar el problema. 
Para aminorar las cifras de suicidios es imprescindible formar profesionales especializados en el trato de estos pacientes y crear una red de apoyo sanitaria.
Por ello, los expertos en salud mental reclaman desde hace años una decisión institucional similar a las adoptadas sobre los accidentes de tráfico o la violencia machista y recuerdan que su efectividad ya se ha constatado en países como Finlandia, Holanda o Irlanda.
Una eficacia que también han constatado en hospitales como el Sant Pau de Barcelona, el Universitario de Orense o en el 12 de Octubre de Madrid, que cuentan con dispositivos de seguimiento a potenciales suicidas o de prevención y tratamiento de la conducta suicida.
Más del 90 por ciento de los suicidios esconden detrás una enfermedad mental como la depresión, subrayan también los expertos, que insisten en que el denominador común de lo suicidas es que sufren tanto que prefieren morir a seguir viviendo.
Según la OMS el suicidio es el mayor problema de salud pública en Europa con una tasa de prevalencia de 12 suicidios por cada 100.000 personas. Y, sobre la posibilidad de prevenirlos, dice la OMS que con un protocolo sanitario se podrían controlar y evitar el fatal desenlace. Quizá sea hora de actuar.

El invierno será más lluvioso de lo normal en toda España

MADRID.- La estación invernal, que comenzará este viernes a las 23:23 hora peninsular, se prevé, en general, normal en cuanto a temperaturas y lluviosa en todo el país

El invierno, que comenzará el próximo 21 de diciembre, podría ser más lluvioso de lo normal, con precipitaciones por encima de la media en la Península y Baleares, y normal en cuanto a temperaturas, tras un otoño húmedo y muy cálido, el séptimo más cálido en 53 años y el quinto en lo que va de siglo, según ha pronosticado la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Delia Gutiérrez.
Durante la rueda de prensa estacional, ha señalado que no hay una tendencia clara respecto a las temperaturas y que se espera un invierno normal aunque, con “mucha precaución”, entre enero y marzo hay una “ligera” probabilidad de que sean algo más altas de lo normal.
Entre las causas, ha explicado que a nivel mundial se está observando el inicio de un episodio del fenómeno meteorológico El Niño, que se acentuará en los próximos meses y esto hará que las borrascas circulen hacia latitudes más bajas y lleguen así a la Península, al tiempo que su influencia en la estratosfera provoca, asimismo, un aumento de las lluvias.
Así, este invierno llegará después de un otoño muy cálido y húmedo. De hecho, el también portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha destacado que el trimestre septiembre-noviembre fue el séptimo más cálido desde 1965 y el quinto más caluroso en lo que va de siglo XXI.
Además, ha indicado que desde 2011 todos los otoños han tenido una temperatura superior a la media en el conjunto de España, lo que “constata” una “tendencia a otoños más cálidos“. Este año, la anomalía fue de 1 grado centígrado por encima de la media del periodo de referencia (15,8ºC), de modo que la media de este trimestre fue de 16,8ºC, provocada por el septiembre más cálido desde que hay registros y un octubre y noviembre “normales”.
En cuanto a lluvias el otoño tuvo un carácter húmedo, con un valor de 236 litros por metro cuadrado, que supone un 16 por ciento por encima del periodo 1981-2010, de modo que este ha sido el sexto otoño más lluvioso del siglo. 
La estación estuvo marcada por los contrastes, que resultó muy húmedo en la vertiente mediterránea, mientras que en el noroeste de la Península y en el Cantábrico el trimestre fue algo más seco de lo normal.

La firma de hipotecas sobre viviendas acelera su crecimiento en octubre al 20,4%

MADRID.- El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 30.356 el pasado mes de octubre, cifra un 20,4% superior a la del mismo mes de 2017, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este repunte interanual, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena siete meses de tasas positivas y amplía el aumento que registró en septiembre, que fue del 9,5%.

El INE recuerda que se trata de hipotecas procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, por lo que no se aprecia el impacto que pudo tener la sentencia del Tribunal Supremo, publicada el 18 de octubre, que establecía que los bancos y no el cliente debían abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
Este fallo fue rectificado por el Alto Tribunal el 6 de noviembre, pero en el periodo transcurrido entre ambas sentencias se registró una cierta paralización de las hipotecas concedidas por los bancos, según advirtieron entonces fuentes del sector.
De acuerdo con los datos difundidos hoy por el INE, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas creció un 4,6% respecto a octubre de 2017, hasta los 126.926 euros, mientras que el capital prestado subió un 25,9% en tasa interanual, hasta situarse en 3.852,9 millones de euros.
En tasa mensual (octubre sobre septiembre), las hipotecas sobre viviendas bajaron un 6,5%, mientras que el capital prestado retrocedió un 7,1%. En ambos casos se trata del menor descenso registrado en un mes de octubre en al menos cinco años.

Andalucía y Madrid, a la cabeza de las hipotecas sobre viviendas

Las comunidades con mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en octubre fueron Andalucía (5.984), Madrid (5.862) y Cataluña (5.808).
Las mayores tasas de variación anual se dieron en Navarra (+53,7%), Cataluña (+40,7%) y Aragón (+36,8%). Los únicos descensos interanuales en las hipotecas sobre viviendas correspondieron a La Rioja (-20,9%) y Baleares (-4,9%).
El tipo de interés medio para los préstamos hipotecarios sobre viviendas alcanzó el pasado mes de octubre el 2,63%, frente al 2,69% del mismo mes de 2017, con un plazo medio de 24 años.
El 60,4% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable, en contraste con el 39,6% que se firmó a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable se situó en el 2,43%, frente al 2,99% de las de tipo fijo.

Suben las fincas hipotecadas

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, durante el décimo mes del año se constituyeron 42.007 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de estas últimas se incluyen las viviendas), cifra que supone un incremento del 20,8% respecto a octubre de 2017.
El capital de los créditos hipotecarios concedidos subió un 13,9% respecto al mismo mes de 2017, hasta los 5.804,1 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas ascendió a 138.171 euros, un 5,8% menos.
El tipo de interés medio al inicio para el total de fincas se situó en el 2,57%, un 4,3% inferior al de octubre de 2017, con un plazo medio de 23 años. Para las hipotecas a tipo variable, que representan el 62,4% del total, el tipo de interés medio fue del 2,35% al inicio, mientras que se situó en el 3,06% para las de tipo fijo.

Cambio en las condiciones

En cuanto a las hipotecas con cambios registrales, sumaron 5.355 en octubre, un 25,3% menos que en el mismo mes de 2017. En viviendas, el número de hipotecas que modifican sus condiciones retrocedió un 16,7%.
Atendiendo a la clase de cambios en las condiciones, en octubre se produjeron 4.128 novaciones (o modificaciones producidas con la misma finalidad financiera), con un descenso interanual del 24%.
El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) bajó un 29,5%, mientras que el número de hipotecas en las que cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor) descendió un 29,8%.
De las 5.355 hipotecas que cambiaron sus condiciones el pasado mes de octubre, el 46,3% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.
Después del cambio de condiciones, el porcentaje de hipotecas a interés fijo subió desde el 10% al 15,1% y el de hipotecas a interés variable cayó del 88,7% al 83,4%.
El euríbor es el tipo al que se referencian la mayoría de las hipotecas a tipo variable tanto antes del cambio (76,4%) como después (77,5%).
Tras la modificación de condiciones, tanto el interés medio de los préstamos en las hipotecas a tipo fijo como a tipo variable bajó un punto.

La UE acuerda prohibir las cancelaciones de última hora de contratos en la cadena alimentaria

BRUSELAS.- Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado este miércoles un acuerdo para prohibir algunas prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, como las cancelaciones de última hora, los retrasos en los pagos de productos perecederos o los cambios unilaterales o retroactivos de los contratos.

También se prohibirán aquellas situaciones en las que se fuerza al proveedor a pagar por los productos desperdiciados y en las que se rechazan los contratos escritos. En total, la nueva normativa pone fin a 16 prácticas comerciales desleales en el bloque comunitario, mientras que otro grupo de ellas sólo se podrán ejecutar si se acuerdan de forma "clara e inequívoca" entre las partes involucradas.
Dentro de este segundo grupo se encuentran las devoluciones de productos alimentarios al proveedor, la obligación de que el comprador pague al proveedor para asegurar o mantener un acuerdo de suministro o los pagos por parte de proveedor al comprador a cambio de campañas de publicidad y promoción.
Este nuevo marco se aplicará a todos los actores de la cadena alimentaria con unos ingresos de al menos 350 millones de ingresos, aunque se imponen diferentes niveles de protección por debajo de ese umbral. En cualquier caso, las nuevas normas cubren a vendedores minoristas, procesadores de alimentos, vendedores mayoristas, cooperativas y organizaciones de productores e incluso a productores individuales.
Sin embargo, la directiva permite a los Estados miembros introducir un mayor enfoque por encima del umbral de 350 millones de euros de ingresos en su legislación nacional o adoptar medidas adicionales si lo desean.
Por otro lado, los socios comunitarios tendrán que crear o designar autoridades nacionales que estarán encargadas de hacer cumplir estas reglas. Estos organismos tendrán que tener la capacidad de imponer sanciones e iniciar investigaciones a raíz de denuncias. La confidencialidad de los denunciantes debe ser garantizada para evitar que se adopten medidas de contrapartida.
El acuerdo de este miércoles, además, introduce una cláusula de revisión en cuatro años, lo que significa que las disposiciones de la directiva serán evaluadas y revisadas si es necesario durante el próximo mandato del Parlamento Europeo.
La Comisión Europea ha destacado en un comunicado que las nuevas reglas con provocarán un incremento de los precios para los consumidores. De hecho, Bruselas ha asegurado que las organizaciones de consumidores alentaron la aprobación de estas normas para combatir los efectos perjudiciales que tienen sobre ellos las prácticas comerciales desleales.
"El acuerdo de hoy allana el camino de la primera ley comunitaria que aporta una protección significativa para todos los productores europeos, sus organizaciones y pequeños y medianos negocios. Ahora estarán protegidos ante todos los grandes operadores que actúan de manera desleal", ha celebrado el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan.
La nueva directiva debe ser ahora aprobada por el pleno del Parlamento Europeo y por el Consejo de la UE (los Estados miembros). Una vez se complete este procedimiento, las capitales tendrán que trasladar sus disposiciones a la legislación nacional 24 meses después de que entre en vigor.

Fomento propondrá la elaboración de una Ley de Movilidad Sostenible

MADRID.- El secretario de Estado de Infraestructuras, el murciano Pedro Saura, ha avanzado hoy que el Ministerio de Fomento propondrá elaborar una Ley de Movilidad Sostenible para dar rango de ley a los planes de infraestructuras de transporte, coordinar la actuación de las administraciones y obligarlas a ajustarse a las prioridades.

"Estamos en una fase muy preliminar, no puedo dar más detalles", ha dicho Saura en declaraciones a la prensa tras participar en unas jornadas organizadas por Expansión y Acciona.
Durante su intervención en el encuentro, ha explicado que en la agenda de Fomento está desarrollar una estrategia de movilidad sostenible, competitividad y conectividad y que ésta "debe acabar en una ley".
La movilidad urbana, ha subrayado, depende de ayuntamientos y comunidades, pero el ministerio es un actor muy importante "en las ciudades y en la relación entre ciudades".
"Tiene que haber una Ley de Movilidad Sostenible, queremos que el Parlamento avale las prioridades de inversión y de coordinación entre las administraciones. Es importante, porque en nuestro país ha habido muchos planes de infraestructuras de transporte que no sé si se han cumplido o no", ha afirmado Saura.
"¿Qué mejor que haya una ley donde el Parlamento ratifique esos planes y las administraciones se tengan que ajustar a esas prioridades?", se ha preguntado Saura, quien ha abogado también por elevar la seguridad en el transporte, para lo que ha considerado prioritaria la inversión en conservación y mantenimiento.
Por otra parte, ha insistido en que se priorizarán las inversiones en Cercanías y ha subrayado que en los próximos dos años, Adif Convencional invertirá más de 2.000 millones, porque uno de los retos es mejorar la eficacia, puntualidad y seguridad de este medio de transporte.
Mejorando la movilidad urbana, ha subrayado, se contribuye a hacer más accesible la vivienda así como a desbloquear cuellos de botella para la economía y los trabajadores.
Por otra parte, ha destacado que, por primera vez, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) realizará un análisis y evaluación de la inversión en infraestructuras en 2019.
"Necesitamos mejorar la planificación y ejecución de los proyectos para priorizar sólo aquellos con rentabilidad social y económica", ha señalado.
El secretario de Estado de Infraestructuras ha reiterado que el objetivo es que la inversión en infraestructuras crezca por encima del PIB nominal y ha explicado que actualmente está en el 2 % del PIB muy por debajo de lo razonable desde el punto de vista del mantenimiento.
"Elevar el gasto es un objetivo para 2019", según Saura, quien ha subrayado que el año que viene se podrían invertir unos 2.500 millones en carreteras vía presupuestos y colaboración público privada, dato que ya avanzó recientemente el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Los vecinos del entorno de la cabecera del Tajo aseguran que sus municipios se están despoblando

MADRID.- Una guerra se prolonga ya por cuatro décadas y en la que, según ambas partes, están resultando vencidos. Es la guerra del agua, y la fuente de discordia es el trasvase Tajo-Segura. Castilla-La Mancha y Murcia unidos por una tubería. Los municipios del entorno de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, en la provincia de Guadalajara, denuncian que los sucesivos Gobiernos de España han estado esquilmando el río para favorecer los intereses del Levante español, recoge hoy la COPE. 


El último trasvase autorizado ha sido este mes de diciembre, de 38 hectómetros cúbicos, pese a que la capacidad de los embalses de la cabecera no superan el 25%, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Un problema al que se unen las sequías periódicas, frecuentes en esta zona de la Península.
Sus consecuencias la padece José Antonio, que es propietario de una empresa naútica en Sacedón, a los pies de Entrepeñas. Asegura que su negocio siempre ha estado hipotecado a que haya o no agua: “Vivimos en una continua ruina. Entre los vecinos del pueblo se palpa la tensión, porque sin agua no tenemos futuro. Mis hijas se han tenido que ir fuera a buscar trabajo.”
Tampoco están las cosas fáciles en el Levante. Felipe tiene una pequeña plantación de cítricos y uva de mesa en la localidad murciana de Totana. La sequía de 2017 y la imposibilidad de que se autorizara un trasvase desde el Tajo, al no superar el caudal mínimo trasvasable, le obligó a abandonar una tercera parte de la plantación para mantener el resto. Aquello le obligó a despedir trabajadores: “Antes contábamos con unos 25 trabajadores, y nos tuvimos que quedar con 17. Yo conozco a mucha gente que se ha arruinado por la falta de agua. Es una ruina”
Y es que en el Levante llueve poco. Y cuando lo hace, a menudo es torrencial, de manera que no se puede embalsar. Por ello, para Javier, agricultor de hortalizas y arbolado en Elche, “el trasvase es la única fuente de agua que le llega para mantener las plantaciones”.
Si el problema de la falta de agua en el Levante está en el regadío, en la cabecera del Tajo está en la ausencia de turismo y la despoblación. José Antonio afirma que en 40 años el pueblo se ha ido despoblando: “En los inicios del trasvase llegaba cada domingo 40 autocares. Éramos el Benidorm de Madrid y, ahora, estamos solos. Apenas queda agua y no hay industria.”
Otro fenómeno que propicia la falta de recursos hídricos en ambos territorios es el abandono del campo. En Murcia, muchos optaron por trasladarse a Andalucía, a la zona de Almería o El Ejido. Numerosos agricultores se desprendieron del arbolado el pasado año. Meses después, recuerda Javier, “comenzó a llover, aunque para muchos fue demasiado tarde tras once meses de extrema sequía.”
Desde Castilla-La Mancha, la clase política aboga por que el Levante duplique el uso de las desaladoras. Algo a lo que el Gobierno de España se ha comprometido a realizar. Felipe y Javier consideran que la desalación debe servir de complemento pero no como sustituto del trasvase, ya que supondría elevar el precio del agua seis veces más, además de ser incompatible con algunas plantaciones como el cítrico. Para ambos, la solución definitiva pasa por invertir en infraestructuras hidráulicas que interconecten todas las cuencas del país.
Para José Antonio, es la falta de voluntad política la que impide dar solución al problema del agua. “Cuando los políticos visitan la zona, los vecinos nos damos cuenta de que el partido está por medio. El alcalde de Sacedón, por ejemplo, es del PSOE, y está presionando bien al Gobierno de España (ahora del mismo partido), pero me consta que las presiones de los de arriba le impiden ir más allá”.
De cara al futuro, José Antonio es pesimista. “Pese a que haya llovido en el Levante este otoño, se ha seguido derivando agua. La caducidad del trasvase lo veo lejos, porque ni siquiera se ha amortizado aún la infraestuctura después de 40 años. Iremos a peor.”

La UCO registra en Uruguay la casa del socio de Zaplana y tres sociedades de Cotino

MADRID.- La investigación contra Eduardo Zaplana por el presunto blanqueo durante años de 10,5 millones de euros procedentes del cobro de comisiones ilegales acaba de experimentar un nuevo salto. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazaron la semana pasada a Uruguay para registrar la vivienda del abogado Fernando Belhot, un experto en la creación de estructuras 'offshore' al que los investigadores sitúan en la estructura que supuestamente diseñó el exministro de Trabajo (2002-2004) y expresidente de la Comunidad Valenciana (1995-2002) para repatriar los fondos que tenía ocultos en el extranjero.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, la actuación de la UCO se centró en la búsqueda de documentación relacionada con dos sociedades instrumentales, Nysleny y Disfey, que fueron constituidas por Belhot y que en 2009 fueron compradas por Joaquín Barceló Llorens, el amigo de la infancia del cartagenero  Zaplana que está acusado en este mismo procedimiento de haber actuado como testaferro del exdirigente del PP para encubrir los bienes que supuestamente este había empezado adquirir en España para lavar su dinero. La mujer de Barceló, Felisa López González, habría jugado el mismo papel en la trama.
El registro en Uruguay se produjo el pasado jueves y, además de los agentes de la UCO, también estuvieron presentes la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, responsable del caso, así como el representante de la Fiscalía Anticorrupción, desplazados hasta el país sudamericano para supervisar esta nueva diligencia.
La incautación de documentos también afectó a otras tres sociedades creadas en Uruguay que están vinculadas a Vicente Cotino. Según la investigación, este donante ilegal confeso del PP habría pagado 10,5 millones de euros en comisiones a Zaplana por la adjudicación de licencias de ITV y autorizaciones para la construcción de parques eólicos. 
 Solo con las concesiones eólicas, Vicente Cotino —sobrino del expresidente de las Cortes autonómicas y ex director general de la Policía Nacional Juan Cotino— habría obtenido plusvalías superiores a los 40 millones de euros.
Como adelantó este diario, las tres sociedades del empresario valenciano en Uruguay que supuestamente están implicadas en el blanqueo de los fondos de Zaplana son Milbet SA, Parlawa SA y Vecanwell SA (transformada luego en Urbamed Project Management SA). Aunque fueron inscritas a nombre de Cotino, el juez sospecha que el exdirigente del PP era su verdadero beneficiario. 
Las tres estaban domiciliadas en la zona franca de Zonamérica, en Montevideo, que ofrece condiciones fiscales ventajosas para la instalación de redes 'offshore'. Belhot no habría tenido ninguna intervención en la gestión de estas otras sociedades.
El abogado uruguayo ya era un viejo conocido de la UCO. Durante la investigación del caso Lezo contra la red del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, los agentes detectaron que este alcanzó un acuerdo con Belhot y Zaplana para comercializar en España y Portugal en exclusiva los productos químicos de un fabricante alemán, Shieer, dedicado a elaborar sustancias para la depuración y oxigenación de aguas. Belhot y Zaplana mantuvieron reuniones con Pescanova y Agbar para ofrecer su mercancía.
Pese a que esos contactos quedaron al descubierto al levantarse el secreto del caso Lezo, Zaplana y Belhot habrían seguido reuniéndose hasta el mismo momento de la operación Erial, el pasado 22 de mayo, que se saldó con la detención del exministro de Trabajo. 
Los seguimientos y escuchas apuntan a que Zaplana y su socio uruguayo estuvieron trabajando en negocios y operaciones inmobiliarias hasta el último momento. La instructora del caso sostiene que esos movimientos formaban parte de las maniobras del exdirigente del PP para reintroducir en el circuito legal el dinero de las comisiones ilegales que había percibido dos décadas antes.
Fuentes cercanas a Belhot han negado a preguntas de este diario que este haya participado en ninguna operación de blanqueo de capitales y aseguran que todas las operaciones comerciales en que participó en España se efectuaron utilizando los cauces bancarios habituales y, por tanto, están perfectamente registradas. 
Las mismas fuentes aseguran que la operación Erial pilló a Belhot en Uruguay y este ya que se había ofrecido a declarar por escrito o por videoconferencia, por lo que aseguran que no era necesario que se desplazara hasta allí una comisión judicial para registrar su casa.
La ejecución de esta diligencia allana el futuro inmediato de Zaplana, que permanece en prisión provisional desde que fue detenido. Su defensa ha pedido en cuatro ocasiones su libertad alegando que no existe riesgo de fuga ni posibilidad de destrucción de pruebas y que, además, sufre una leucemia que se está viendo seriamente agravada por su estancia en la cárcel. Sin embargo, todas las solicitudes han sido rechazadas por la Justicia. Con todo, la defensa de Zaplana lo intentó por quinta vez esta semana. 
El lunes, solo cuatro días después de los registros en Uruguay, se celebró una vista en la que su defensa volvió a reclamar su puesta en libertad. Tras el viaje de la comisión judicial, el riesgo de destrucción de pruebas ha disminuido de forma considerable. Se espera que el dictamen se conozca en las próximas horas.

Los hosteleros de las zonas ZAS le declaran la guerra al Ayuntamiento de Valencia


VALENCIA.- La Asociación de Hostelería de Centro Histórico (Albarca), la Asociación por una Hostelería Responsable de Russafa (Al Balansí), la Asociación Vecinal y Empresarial de Ocio y Cultura Zona Xúquer, hosteleros de Juan Llorens y Woody, y representantes de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) han declarado "la guerra" al Ayuntamiento de València y particularmente a la concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano, ante la más que probable aprobación este jueves en el Pleno de las medidas definitivas en la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) del Carmen, según Levante-EMV

El documento prevé adelantar el cierre de las terrazas media hora (hasta las 00:30 en invierno y las 00:01 en verano) o no conceder más licencias para frenar la expansión de mesas y sillas. 
Los hosteleros agrupados en las cuatro zonas ZAS (Xúquer, Woody, Juan Llorens y El Carmen) o que se sienten amenazados (como los de Russafa), consideran que no solo hay que frenar las medidas definitivas propuestas para Ciutat Vellla (tras asegurar que ni siquiera las cautelares se llegaron a aplicar), sino que es el momento para revisar toda la normativa aprobada desde hace año (con más de 20 años en el caso de Xúquer) sobre las zonas acústicamente saturadas.
Por ello han presentado una carta al alcalde de València, Joan Ribó, y han desfilado hasta el ayuntamiento con chalecos amarillos, tratando de emular las multitudinarias marchas en Francia porque "es una forma en la que el pueblo reivindica sus derechos y nosotros reivindicamos los nuestros". 
"Estamos abiertos a cualquier movilización para frenar la aprobación de las medidas definitivas de la ZAS del Carmen", ha asegurado Jesús Ortega, presidente de Albarca y portavoz de todas las entidades convocantes. Sin tapujos ha asegurado que la iniciativa del ayuntamiento es ir a un enfrentamiento con el colectivo: "Esto es la guerra porque ahora mismo tenemos mucho que perder y vamos a ir a por todas".
"Ahora mismo, junto al recorte de terrazas que ya se está haciendo efectivo, supone el cierre y la desaparición de muchos puestos de trabajo y de muchas de las 150 pequeñas pymes de la hostelería. Supone que el segundo turno, en el que la gente se toma las copas y es un poco más productivo, desaparece totalmente en la zona centro. Suponen 120 horas menos de trabajo para la hostelería. Han de ser conscientes que este tipo de negocios es lo único que queda en Ciutat Vella, y damos trabajo a más del 50 % de gente que vive en el Carmen", argumentado Jesús Ortega.
Una de las cuestiones más repetidas por los hosteleros (fundamentalmente restaurantes) es que los vecinos de las zonas afectadas "están con nosotros y en contra de las medidas del Ayuntamiento". 
Y han advertido sobre otras consecuencias por adelantar media hora el cierre de terrazas: "La ZAS es una medida disuasoria que hace que la gente deje de venir al centro. Ni siquiera pueden venir a tomar una copa o terminar tranquilamente de cenar, porque se tendrán que levantar las mesas y con eso lo que se consigue es que se vayan a otras zonas. Nos va a tocar cerrar, nos va a tocar reducir personal y eso supone que la zona centro a la una de la noche se volverá a llenar de yonquis; de hecho está repuntando lo que tiene que ver con los yonkis y con gente no muy agradable".
Para los hosteleros su enfrentamiento con el Ayuntamiento tiene una responsable muy clara en la figura de la concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano. En sus carteles las siglas ZAS correspondían a "Zona Absurda Soriano". 
 "Con la concejalía de Medio Ambiente no hay ningún tipo de diálogo. De hecho con nosotros no se ha sentado a hablar. Es una decisión unilateral de la concejalía y de Pilar Soriano", ha asegurado Jesús Ortega, pese a las diferentes convocatorias de la Mesa del Ruido donde se han dado cita vecinos y hosteleros para intentar llegar a acuerdos.
Cuestionados los hosteleros qué medidas de conciliación proponían para evitar ruidos, han negado que ellos sean la fuente de los ruidos. 
 "¿Conciliar? Sí, haciendo un plan integral en el que se pongan encima de la mesa los problemas de los vecinos y la hostelería y, sobre todo, poner soluciones, no castigar siempre a la hostelería. Hay que conseguir medidas que reduzcan el tema del ruido sin que afecte a la hostelería, que no creo que es responsable de esos problemas".
La otra cuestión que ponen sobre la mesa los hosteleros afectados por las zonas ZAS es la necesidad, según convienen, de revisar la normativa actual. "Hay ZAS como las de Xúquer que llevan más de 20 años y creemos que es el momento de revisarlas y poner en positivo lo que es la hostelería", ha señalado Ortega. 
Junto al presidente de Albarca, también ha intervenido Héctor Nácher, representante hosteleros de Xúquer, quien considera al igual que sus compañeros de negocios que hay llegado el momento de modificar los criterios y limitaciones. 
"El problema se basa en cosas que no son, porque nosotros somos pequeños negocios, mientras que los problemas vienen de botellones, en macronegocios y creo que de los 200 comas etílicos de este año, el 90 por ciento vienen de botellones. El problema está en la calle y la policía debería actuar donde no se puede beber. Nosotros cumplimos las normas", ha enfatizado.
Nácher ha explicado que hoy iban a ir al Ayuntamiento a entregar entre 500 y 700 firmas de vecinos del barrio "que no están de acuerdo con la modificaciones que se han hecho de movilidad y cambio de terrazas en el barrio". 
"Nos afectan los cambios de direcciones de calles y la reducción de terrazas, pasando algunos de 10 mesas a solo una, con gran perjuicio para sus empleados y sus economías", ha señalado.

'Navantia' invertirá 400 millones para ser rentable y rejuvenecer su plantilla


FERROL.-Golpe de timón en Navantia para dejar atrás las aguas revueltas y situar a los astilleros públicos en la senda de la rentabilidad. El nuevo plan de futuro de Navantia, acordado entre la dirección y los sindicatos y validado ayer por el conjunto de los trabajadores, implicará unas inversiones cercanas a los 400 millones hasta el 2022, la salida anticipada de 2.200 de los 5.500 trabajadores de la empresa y la contratación de 1.658, el número más alto en las últimas décadas, según publica hoy La Voz de Galicia

En la ría ferrolana se prejubilarán alrededor de 900 trabajadores y serán contratados unos 700. La empresa se compromete a reponer el 75 % del empleo de forma indefinida.
Culmina así un proceso de casi dos años, iniciado por el Gobierno de Mariano Rajoy y finalizado por el de Pedro Sánchez, que supondrá un cambio de rumbo para la trayectoria de los astilleros públicos españoles.
La necesidad imperiosa de sanear financieramente la compañía -solo en el último año las pérdidas rondaron los 390 millones de euros-, junto con la elevada edad media de la plantilla, que supera los 55 años, hacía necesaria y urgente la aplicación de medidas para enderezar definitivamente el rumbo de la compañía naval.
La propuesta del programa estratégico para el período comprendido entre este año y el 2022 contó con los votos a favor de 2.682 trabajadores, mientras que otros 1.207 mostraron su rechazo. Además, se registraron 63 papeletas en blanco y 32 nulas. La participación rondó el 78 %.

Alta participación
En el astillero ferrolano, de un censo de 1.839 empleados, votaron 1.422, lo que sumó el 77,32 % de participación. Se depositaron 778 votos a favor, 586 en contra, 33 blancos y 25 nulos. En este astillero, la CIG y la sección sindical unitaria de la CGT se habían manifestado en contra, mientras que MAS apoyaba el plan estratégico pero rechazaba la propuesta de convenio. Pese a ganar el sí, fue la factoría de todo el grupo con un mayor porcentaje de sufragios negativos.
En el astillero de Fene votaron 176 trabajadores de los 226 que podían hacerlo, es decir, casi un 78 %. De estos, 111 se posicionaron a favor, y otros 60, en blanco. En el resto de los centros (Madrid, Puerto Real, Cádiz, San Fernando y Cartagena) también ganaron los votos favorables.
Está previsto que el programa estratégico sea firmado en Madrid mañana jueves entre la dirección y los sindicatos. Se cumplirían así los objetivos manifestados por la dirección de Navantia y su único accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de tener listo este acuerdo antes de que finalizase este año.
Como consecuencia de este plan, saldrán anticipadamente 2.200 trabajadores con 61 años cumplidos durante los cuatro años de ejecución del programa estratégico, es decir, hasta el 2022; y en ese mismo plazo se incorporarán, de forma escalonada, 1.658 jóvenes.
Además, por primera vez en la historia de los astilleros públicos españoles, todos los trabajadores, pertenezcan a la antigua rama civil o a la militar, se regirán por las mismas condiciones laborales, al haberse aprobado también un convenio colectivo único.

El camino hacia el astillero 4.0

La luz verde al plan estratégico implicará la modernización de las instalaciones y la materialización del astillero 4.0., para el que está anunciada una auténtica revolución en Ferrol, al pasar de construir en dique al aire libre a hacerlo en una grada cubierta.

Actualización salarial

Diferencias por años. El convenio único recoge alzas salariales de entre el 2,25 y el 3,75 % durante los cuatro años de ejecución del programa. Además, se plantean subidas adicionales ligadas a la reducción de pérdidas.

Censo de operarios

Nuevas contrataciones. De acuerdo con el programa estratégico, los nuevos contratos se llevarán a cabo de manera paulatina, de forma que en el 2019 se incorporarán 563 trabajadores; 546, en el 2020; 390, en el 2021, y 159, en el 2022. Si la empresa pública alcanza beneficios, la previsión de empleo puede ser superior.

Nuevas categorías

Unificación. Ha sido uno de los aspectos más polémicos del desarrollo de las negociaciones del plan, ya que al unificar los convenios de los trabajadores de la rama militar y la civil había que configurar un nuevo escalafón.

Jubilaciones

Condiciones. Dejarán la plantilla de forma anticipada aquellos que hayan cumplido 61 años, también de forma escalonada. Contarán con el 76 % del salario bruto, aunque irán percibiendo las cantidades que les correspondan por los ascensos profesionales y los trienios.

Navantia tiene en Ferrol y Fene su mayor plantilla, integrada por 2.065 personas, por lo que, habitualmente, la luz más potente se pone sobre los trabajadores de los astilleros gallegos cuando se producen votaciones en el conjunto de la empresa. 
Tras culminar el referendo, el presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán (CC.?OO.), admitió que «esperaba unos resultados mejores», aunque se manifestó contento porque el plan hubiese tenido el respaldo de la mayoría de los trabajadores. 
Galán entiende que es histórico, «por la cifra de inversión que se va a hacer y también por la cantidad de contrataciones». 
Aunque resaltó que «todo convenio es mejorable», quiso mandar un mensaje de optimismo. «Si vemos la foto fija que teníamos con la anterior dirección y la que tenemos ahora, se ve que antes no teníamos carga de trabajo y ahora sí; y las relaciones laborales eran nulas y ahora entendemos que esta dirección está actuando de buena fe», incidió. 
Además, puso en valor que no se haya dejado en la estacada a ningún centro, de los seis astilleros del grupo.
Al otro lado de la ría ferrolana, el presidente del comité de empresa de la antigua Astano, Jorge Prieto, también de Comisiones, se mostró muy satisfecho por los resultados de la votación. 
«Los trabajadores han hecho un acto de responsabilidad», subrayó. Además, considera que la mayoría de la plantilla entendió que, más allá de cuestiones particulares, se dirimía «el futuro de la empresa» y votaron en consecuencia. Aunque también entiende el recelo expresado por muchos empleados con respecto a condiciones del convenio que quedan por desarrollar, incidió en que todo el mundo «saldrá con condiciones conocidas y con garantías».
Por otro lado, también se pronunció ayer sobre la aprobación del plan el senador socialista ferrolano y candidato por su partido a la alcaldía de la urbe naval, Ángel Mato. «Do resultado de hoxe dependían milleiros de traballadores e auxiliares, e coa aprobación do plan industrial vaise abordar a situación financeira desta grande empresa pública, que necesita unha modernización industrial, rexuvenecer cadros de persoal e un redimensionamento das instalacións», afirmó. 
Además, anunció que el programa estratégico, sumado a las últimas contrataciones, «suporá para Navantia o contexto de estabilidade que necesita para a implantación dun novo modelo produtivo, a modernización das instalacións e a implantación das novas tecnoloxías» para dar un salto de calidad.

Mendoza trata ahora de colar su UCAM en Málaga tras los intentos fallidos en Alicante y Andorra al ser descubierto


MÁLAGA.- La Universidad Católica San Antonio de Murcia y el Comité Olímpico Español (COE) firmaron un protocolo de intenciones con el Ayuntamiento de Málaga para implantar en esta ciudad un nuevo centro privado de estudios universitarios. Mendoza trata así de colar su UCAM, ahora en Málaga,  tras los intentos fallidos en Alicante y Andorra pese a procesos muy avanzados en ambos casos.

Entre las titulaciones propuestas en el protocolo figuran once que podrían sumar 4.000 alumnos en su sexto año de funcionamiento, según los cálculos de la UCAM. Se trataría de los grados de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (en español y en inglés), Enfermería, Fisioterapia, Medicina (en español y en inglés), Nutrición Humana y Dietética, Odontología (en español y en inglés), Psicología y Terapia Ocupacional.
También se prevé la instalación de un centro de alta especialización profesional en el ámbito del deporte, la salud y la nutrición en el marco de un proyecto vinculado al COE, según informó este miércoles el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.
La aportación del COE consistiría en potenciar e impulsar la celebración de acciones conjuntas en Málaga que favorezcan la realización de actividades orientadas a mejorar los resultados de los deportistas españoles en competiciones nacionales e internacionales de máximo nivel.
El protocolo establece que la UCAM solicitará la concesión demanial de un terreno de 38.651 metros cuadrados, aportando una memoria y los documentos que se requieran para su tramitación en virtud de la legislación vigente.
La duración de la concesión sería de 35 años prorrogables por otros 35, se establecería un canon, salvo que se acredite fehacientemente que no hay utilidad económica para la fundación concesionaria, y habría un cronograma de la implantación de los edificios, entre otros puntos.
Francisco de La Torre, alcalde de Málaga, aseguró que "tenemos una gran esperanza e ilusión en que estos once grados con los cuales va a empezar este centro universitario en Málaga tengan un gran éxito".
De La Torre añadió que "son aspectos muy complementarios de lo que hace la Universidad de Málaga y queremos que la existencia de esta universidad privada estimule a la pública a ser mejor todavía".
Cabe señalar también las palabras de monseñor Jesús Catalá, obispo de Málaga, hacia este proyecto. "Esta idea siempre la he apoyado porque pienso que es algo muy bueno que da libertad de enseñanza, es una plataforma de evangelización y su presencia en Málaga es el inicio de una gran obra" apostilló monseñor Catalá presente en el acto.
El protocolo de intenciones está disponible en la web municipal de Málaga (www.malaga.eu) para su consulta.

La nueva Ciudad de la Justicia de Cartagena estará ubicada en el hospital Naval o la factoría de la Armada


CARTAGENA.-El Ministerio de Justicia contempla como posible ubicación de la Ciudad de la Justicia de Cartagena el hospital Naval o la factoría de subsistencias de la Armada, tras desestimar las inmediaciones del centro comercial cercano a la rambla de Benipila, Eroski

Funcionarios ministeriales visitaron este miércoles esos emplazamientos junto a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón; el delegado del Gobierno central en la región murciana, Diego Conesa; el presidente del Tribunal Superior de Justicia autonómico, Miguel Pasqual del Riquelme, y representantes del Colegio de Abogados de Cartagena.
Castejón anunció que convocó la Mesa de la Justicia el próximo 10 de enero para informar a los grupos políticos y a los agentes sociales los avances de los informes de Justicia y de las negociaciones con el Ministerio de Defensa.
Pasqual del Riquelme recordó que la nueva sede judicial es imprescindible para que el sistema «no colapse» y «este servicio público tenga las instalaciones que merece».  
Los abogados apuestan por la factoría de la Armada por su cercanía a su colegio, al de Procuradores, a los juzgados actuales y a la comandancia de la Guardia Civil.

C's lleva al Congreso el eventual traslado del archivo histórico de la Armada en Cartagena a Madrid

MADRID.- Ciudadanos ha elevado al Congreso de los Diputados el posible traslado a Madrid del archivo histórico que la Armada tiene en el Arsenal de Cartagena. La formación considera que la digitalización de los fondos que justificaría ese traslado «es un proyecto en el que ya trabaja el personal del Archivo Naval y que podría realizarse en Cartagena, lo que evitaría que al menos durante diez años los archivos permanecieran lejos de la Región, y supondría un gran déficit para la nuestra investigación histórica», según ha explicado el diputado José Luis Martínez.

Martínez y Garaulet han pedido al Ministerio de Defensa que aclare cuánto tiempo necesitaría para digitalizar esos documentos y si es posible, como historiadores e investigadores consideran, poder realizar esa labor de el propio Arsenal de Cartagena. «Queremos hacer consciente a Defensa del gran déficit en la labor investigadora de la Región que provocaría el traslado a Madrid de 17 kilómetros de estanterías llenas de cartas náuticas, misivas, legajos, órdenes reales, libros de galeras, derroteros españoles y extranjeros, libros de navegación, astronomía, faros y almanaques náuticos», ha destacado el diputado naranja. 
Entre los 25.000 metros cúbicos de documentos de distintas épocas que se conservan en buen estado y bien custodiados en un edificio del Arsenal hay unas tres mil cajas con los expedientes abiertos por el franquismo a civiles considerados republicanos o contrarios al régimen.

Aparecen pintadas de 'Nazis fuera' en la fachada de la segunda sede de 'Vox' en Murcia


MURCIA.- Vox Murcia ha denunciado el «ataque» que ha sufrido su segunda sede en Murcia, en la que han aparecido pintadas con el mensaje de 'Nazis fuera'. Los hechos ocurrieron este martes, sobre las 19.00 horas, cuando parte del equipo de Vox Murcia se disponía a desplazarse a la calle Almenara, que es donde se encuentra la segunda sede de Vox Murcia, y se percataron de este acto vandálico.

Vox Murcia ha hecho responsable de este ataque a Pablo Iglesias y a Podemos por «hacer un llamamiento, tras las elecciones andaluzas, a salir a las calles contra Vox».
«Desde que salió el líder de Podemos, Pablo Iglesias, anunciando la alerta antifascista es el segundo acto cobarde contra Vox en la Región, tras la agresión la semana pasada a dos afiliados en Lorca».
Estos sucesos «no nos van a atemorizar y no van a hacer que retrocedamos un paso en la defensa de los valores en los que creemos. Esto nos dan más ánimo para seguir avanzando y luchando por este gran proyecto que llevará a España a la liberación de una miseria política que da alas a las injusticias de nuestras calles», ha indicado el partido en un comunicado.

Los juzgados siguen dando la razón al Ayuntamiento de Santomera frente a la mercantil 'Arimesa'

MURCIA.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia ha rechazado el recurso de apelación presentado por la mercantil 'Arimesa' ante la primera resolución de este tribunal, que el pasado 4 de enero negó la suspensión cautelar de la orden de cierre aprobada por la Junta de Gobierno municipal de Santomera. 

A su vez, este órgano se hacía eco de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, que en enetro de 2015 ya ordenó la clausura total de la explotación minera por carecer de una licencia de actividad válida una cantera.
«Este fallo nos reafirma en que este Ayuntamiento lo único que ha hecho es cumplir estrictamente con la ley», dijo la alcaldesa, Inma Sánchez Roca, y el edil de Urbanismo, Joaquín Rubio, contra quienes Arimesa interpuso una querella por un presunto delito de prevaricación que también fue archivada, sin tener que llegar a declarar.

Arimesa dice que no pasa nada

Los empresa Arimesa asegura en un comunicado posterior que el contencioso con el Ayuntamiento de Santomera se mantiene porque los tribunales sólo avalan la denegación de la suspensión cautelar de la orden de cierre, a la espera de la concesión por parte del Ayuntamiento de la cédula de compatibilidad urbanística.
 "Quedamos a la espera de que el Ayuntamiento socialista cumpla con su obligación, ya que todas las instancias administrativas han dado los permisos necesarios a excepción del trámite administrativo obligatorio del Consistorio santomerano".
"La autorización para la legalización de la actividad de Arimesa ha superado todos los trámites administrativos autonómicos, incluidos los ambientales más exigentes, habiendo aportado informes de todo tipo sobre las posibles y teóricas afecciones de la actividad, y habiendo sido consultados todos los organismos con competencia en la materia, incluidos departamentos de otras Comunidades Autónomas. 
Solo el injustificado e injusto retraso municipal en la concesión de la preceptiva cédula de compatibilidad urbanística está impidiendo que una actividad legal pueda ejercerse", concluye la nota.

Confirman el procesamiento de Francisco José Peñalver en la pieza separada 'Casino' del 'caso Umbra'

MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de Francisco José Peñalver, hermano del exjefe de Planeamiento de esa ciudad Joaquín Peñalver, también investigado, contra el auto que acordó seguir contra él diligencias de la pieza separada Casino, del caso Umbra, por procedimiento abreviado. 

En un auto coincide con el instructor que dictó la resolución recurrida en que de esas investigaciones por presunta corrupción urbanística se deducen indicios racionales de la supuesta comisión de varios delitos.
Apuntan a la posibilidad de que el contrato de colaboración profesional suscrito en 2005 por el ingeniero Renato del Noce, investigado en el caso Umbra, con el despacho de arquitectos propiedad de Francisco José Peñalver y de su padre era supuestamente una forma soterrada de pagar favores al entonces jefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver.
Esa posibilidad quedó abierta en el auto que el juzgado de instrucción de Murcia que investiga ese caso dictó en noviembre de 2015 y ahora encuentra el respaldo de la Audiencia.
En su recurso, la defensa de Francisco José Peñalver alegó que los hechos que se atribuían a este eran atípicos, al no constar que esas actuaciones supusieran un beneficio directo para el hermano del recurrente.
Además, alegó que la conducta analizada tampoco sería constitutiva de un delito de cohecho, ya que no existe la entrega de dádiva, sino pago de servicios contratados y realmente prestados.
Al rechazar el recurso, el tribunal dice que la existencia de ese contrato de colaboración profesional con el despacho de arquitectos de la familia Peñalver "fue silenciada y solo salió a la luz tras los registros judiciales practicados en noviembre de 2012".
La sala no olvida señalar que los empleados de ese despacho declararon que nunca se reunieron con Del Noce, que ni siquiera conocían a los promotores del plan y que no fueron a Urbanismo.
A la Audiencia no se le escapa tampoco que el despacho percibió unos 92.000 euros, "importantes honorarios" si se tiene en cuenta que el contrato fue suscrito el 30 de junio de 2005 y solo 19 días después el plan parcial ya estaba aprobado inicialmente.
También comenta que "Joaquín Peñalver percibía pese a no tener declarada compatibilidad para el ejercicio profesional honorarios de Peñalver Arquitectos y Asociados en 2005, una forma subrepticia de participar en los beneficios de esa mercantil".
El auto concluye que será en el momento del juicio oral, dentro de los principios que lo regulan, entre los que destaca el de contradicción, y con la valoración de las pruebas que se practiquen, cuando los indicios apuntados queden confirmados o descartados.