domingo, 27 de febrero de 2022

El Tribunal Supremo de Nueva Zelanda confirma la impugnación de los mandatos de vacunación de la Policía y las Fuerzas de Defensa


WELLINGTON.- Un recurso del Tribunal Superior de Nueva Zelanda que cuestionaba la legalidad de las órdenes de vacunación contra el virus Covid-19 para los empleados de la Policía y las Fuerzas de Defensa ha sido confirmado, al determinar el tribunal que el mandato del gobierno es una incursión injustificada en la Carta de Derechos, según avanza el digital de la capital www.nzherald.co.nz

En una decisión hecha pública esta semana, el juez Francis Cooke determinó que ordenar a los policías de primera línea y al personal de Defensa que se vacunen o se enfrenten a la pérdida de su puesto de trabajo no era una infracción "razonablemente justificada" de la Carta de Derechos.

El abogado de los policías y del personal de Defensa en el centro de la demanda pide ahora que los trabajadores suspendidos vuelvan a sus puestos de trabajo inmediatamente, afirmando que muchos han prestado décadas de servicio a su comunidad y siguen comprometidos con su trabajo.

La impugnación, presentada por un grupo de empleados de las fuerzas de defensa y de la policía, cuestionaba la legalidad de dictar una orden en virtud de la Ley de Respuesta de Salud Pública Covid-19 para exigir la vacunación a los empleados de primera línea.
 

La impugnación fue apoyada por un grupo de 37 empleados afectados por el mandato, que presentaron declaraciones juradas por escrito al tribunal.

El ministro de Relaciones Laborales y Seguridad, Michael Wood, la subcomisaria de policía, Tania Kura, y el jefe de personal de las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelanda, el brigadier Matthew Weston, presentaron declaraciones juradas en defensa del mandato.

En la actualidad, 164 de los casi 15.700 miembros de la plantilla de la policía se vieron afectados por el mandato tras elegir no vacunarse. En el caso de las NZDF, el mandato afectó a 115 de sus 15.500 empleados.


El grupo se basó en dos aspectos de la Carta de Derechos: el derecho a rechazar un procedimiento médico y el derecho a la libertad religiosa.

En cuanto al argumento de la libertad religiosa, varios de los que presentaron alegaciones se refirieron a su objeción fundamental a tomar la vacuna de Pfizer, dado que se había probado con células derivadas de un feto humano.


El juez Cooke se mostró de acuerdo con la alegación, diciendo que "la obligación de recibir la vacuna a la que una persona se opone porque ha sido probada en células derivadas de un feto humano, potencialmente un feto abortado, implica una limitación a la manifestación de una creencia religiosa".
 

El juez Cooke estuvo de acuerdo con la demanda, diciendo que "una obligación de recibir la vacuna a la que una persona se opone porque ha sido probada en células derivadas de un feto humano, potencialmente un feto abortado, sí implica una limitación a la manifestación de una creencia religiosa."


Sin embargo, el juez Cooke no estuvo de acuerdo con las afirmaciones más amplias de los demandantes de que exigir la vacunación es incompatible con la posesión de creencias religiosas de forma más general.

"No acepto que una creencia en la integridad corporal y la autonomía personal de un individuo sea una creencia o práctica religiosa. Más bien me parece, en las circunstancias de este caso, que es una creencia en el concepto secular al que se refiere el artículo 11 de la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelanda."


El juez Cooke también se mostró de acuerdo con la afirmación de que el mandato vulneraba el derecho a rechazar un procedimiento médico.

El juez dijo que, aunque está claro que el gobierno no está obligando a los empleados de la Policía y de las NZDF a vacunarse contra su voluntad y que siguen teniendo derecho a negarse a la vacunación, el mandato presenta un elemento de presión.

"La presión asociada a la renuncia al empleo implica un límite al derecho a conservar ese empleo, que los principios anteriores sugieren que puede considerarse como un importante derecho o interés reconocido no sólo en el derecho interno, sino en los instrumentos internacionales", declaró el juez Cooke.

Pero al examinar las dos demandas, el juez Cooke también consideró si el mandato entraba o no en las definiciones establecidas en la Ley de Respuesta de Salud Pública Covid-19.

El tribunal aceptó que la vacunación tiene un importante efecto beneficioso para limitar las enfermedades graves, la hospitalización y la muerte, incluso con la variante Omicron. Sin embargo, era menos eficaz para reducir la infección y la transmisión de Omicron que en el caso de otras variantes de Covid-19.

"En esencia, la orden que ordenaba la vacunación del personal de la policía y de las NZDF se impuso para garantizar la continuidad de los servicios públicos, y para promover la confianza del público en esos servicios, más que para detener la propagación del Covid-19. De hecho, el asesoramiento sanitario proporcionado al gobierno fue que no se necesitaban más mandatos para restringir la propagación del Covid-19. No estoy convencido de que la continuidad de estos servicios se vea materialmente favorecida por la orden", dijo el juez.


"El Covid-19 supone claramente una amenaza para la continuidad de los servicios policiales y de la NZDF. Esto se debe a que la variante Omicron en particular es muy transmisible. Pero esa amenaza existe tanto para el personal vacunado como para el no vacunado. No estoy convencido de que la orden suponga una diferencia material, incluso debido a las pruebas de los expertos ante el tribunal sobre los efectos de la vacunación en Covid-19, incluyendo las variantes Delta y Omicron".

El juez Cooke desestimó otra alegación según la cual el mandato afectaría de forma desproporcionada a los maoríes.


En declaraciones a NZME, Matthew Hague, abogado de los demandantes, dijo que se debe permitir a los trabajadores afectados volver al trabajo.

Dijo que no ve por qué no se les permite volver sobre la base de que actualmente están todavía en un período de suspensión y porque la base de su despido fue el mandato que ahora ha sido anulado.

Dijo que en realidad aún no han sido despedidos, y que actualmente están en un periodo de "suspensión".

"En mi opinión, deberían poder volver inmediatamente al trabajo".

Los trabajadores de las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelanda fueron avisados de que serían despedidos el 1 de marzo y los de la Policía lo serían el 7 de marzo, dijo.

"Pidieron al tribunal que dictaminara que la orden era ilegal, lo que el tribunal ha hecho ahora, y lo que eso significa es que el aviso de despido que se ha dado a los trabajadores de la Policía y de las Fuerzas de Defensa ya no está en vigor, por lo que los trabajadores de la Policía y de las Fuerzas de Defensa deberían poder volver a trabajar".

"Creo que están comprometidos con su trabajo y se trata de personas que han trabajado durante décadas al servicio de su comunidad, que arriesgan su vida en el país y cuando se despliegan en operaciones en el extranjero. Muchos han recibido elogios y recompensas por su trabajo y su compromiso de servir a Nueva Zelanda".

"Los trabajadores afectados se sienten defraudados y traicionados por este Gobierno que intentó despedirlos de sus puestos de trabajo basándose en una orden ilegal o en una orden que ahora se ha considerado ilegal".

Dijo que no habría más procedimientos civiles.


El Gobierno responde a la sentencia

En dos declaraciones separadas pero idénticas este viernes, los portavoces tanto de la Policía como de las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelanda dijeron que cualquier medida para rescindir los contratos del personal como resultado de la orden de vacunación se suspenderá mientras la decisión es considerada por el gobierno.

"Como la decisión judicial acaba de ser publicada, nos tomaremos un tiempo para considerar la decisión. Nos comunicaremos con el personal sobre los próximos pasos", dijeron los dos portavoces.

"Mientras tanto, los despidos no procederán en este momento".

La orden de vacunación considerada ilegal por el tribunal exigía que todo el personal de primera línea de la Policía estuviera completamente vacunado antes del 1 de marzo, o se enfrentaría a la posibilidad de ser despedido.

El ministro de Relaciones Laborales y Seguridad, Michael Wood, también emitió un comunicado sobre la decisión, afirmando que el gobierno se tomará un tiempo para considerar la decisión y buscar asesoramiento sobre los próximos pasos.

"La sentencia deja claro que no cuestiona la eficacia de las vacunas ni el papel de los mandatos en sí, sino si estaban justificados específicamente para la continuidad de las actividades de la Policía y la Defensa", dijo el ministro.

"Las solicitudes de mandatos de vacunación procedían originalmente de la Policía y Defensa, por lo que antes de tomar cualquier decisión volveremos a ellos para evaluar las implicaciones para sus operaciones".

"En este momento no se procederá a ningún cese en Defensa y Policía. El personal afectado de Policía y Defensa está siendo avisado".

En un comunicado, el presidente de la Asociación de Policía, Chris Cahill, dijo que "nunca ha adoptado la posición de hacer un llamamiento médico o moral sobre las vacunas, pero sí apoya los mandatos respaldados por la ley".

"El tribunal ha aclarado ahora la situación legal del mandato de la Policía y lo ha considerado ilegal.

"Por lo tanto, la asociación pide que todos los agentes afectados por esta decisión sean reincorporados y vuelvan al trabajo tan pronto como sea posible.

"La asociación también cree que la sentencia tiene implicaciones para la política relativa a las vacunas para los empleados de la Policía que no son funcionarios. Tiene sentido que la política paralela que se aplica al personal que no es de plantilla se abandone ahora y que se permita a ese personal afectado volver a sus funciones.

"Aunque entendemos el entorno que llevó a los mandatos para la Policía, las circunstancias, incluyendo las altas tasas de vacunación de todo el personal de la Policía, el actual marco de respuesta para Omicron, y ahora la sentencia judicial, significan que es apropiado que todo el personal afectado vuelva al trabajo donde será bienvenido dadas las demandas sin precedentes de los recursos de la Policía."

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