jueves, 29 de noviembre de 2012

La recesión multiplica las deudas de empresas y familias con las CCAA

MADRID.- Lo  ‘normal’ es que las administraciones territoriales -comunidades y ayuntamientos- tarden mucho en pagar a sus proveedores. Pero lo que realmente es novedoso es que sean las familias y las empresas quienes acumulen cuantiosas deudas con la Administración. Y eso es, exactamente, lo que está sucediendo en la actualidad. Sin duda, por el deterioro de la renta disponible de los agentes económicos derivada de la recesión, dice hoy 'El Confidencial'.

Según los datos remitidos por los 17 gobiernos regionales a Hacienda, los derechos pendientes de cobro -lo que el sector privado debe a las haciendas autonómicas- han aumentado durante los primeros nueve meses de este año en 5.875 millones de euros. De esta cantidad, el 45% tiene que ver con retrasos en el pago de impuestos, y el resto procede de conceptos no estrictamente tributarios. 

Esta cifra, sin embargo, hay que minorarla debido a que las haciendas autonómicas han logrado recuperar 1.893 millones procedentes de ejercicios anteriores. En todo caso, las deudas rozan los 3.100 millones de euros. Andalucía es, con diferencia, la comunidad que cuenta con mayores dificultades para cobrar. La deuda de los andaluces con la Junta ha crecido en 1.275 millones de euros en lo que va de año, y a continuación se encuentra País Vasco (966 millones). Tan sólo en Canarias y La Rioja ha bajado algo, pero de forma irrelevante. En los dos casos por debajo de los 25 millones. 

Esta cantidad contrasta con la evolución de lo que adeudan las comunidades autónomas a sus proveedores, que está bajando de forma relevante. En concreto, y según Hacienda, las obligaciones pendientes de pago -lo que debe el sector público al privado- ha descendido en 5.816 millones hasta septiembre. En este caso, la variación tiene que ver con el Plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno, que ha supuesto un antes y un después. 

Las mejores regiones

Los datos aparecen en la ejecución mensual presupuestaria remitida por los gobiernos regionales a Hacienda, y ponen de manifiesto que tres comunidades -Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid- llevan el peso del proceso de puesta al día de sus pagos a proveedores. En los dos primeros casos, por encima de los 1.540 millones de euros, y en el tercero 1.237 millones. Por el contrario, y según Hacienda, las obligaciones pendientes de pago han crecido a lo largo de 2012 en tres regiones: Comunidad Valenciana (620 millones); Castilla y León (203 millones) y Murcia (111 millones), que han visto aumentar sus deudas pese al plan de pago a proveedores.

La información de Hacienda  es relevante porque supone la foto más actual -la información se hace pública de forma trimestral- sobre la liquidez de las comunidades autónomas, y revela que las obligaciones pendientes de pago de los gobiernos regionales asciende a 30 de septiembre a 12.988 millones de euros. La cantidad, como se ha dicho, representa un fuerte descenso respecto  a años anteriores gracias al plan de pago a proveedores.

El gran cambio estructural de la economía mundial / Ángel Tomás *

Ya se va tomado conciencia de que el actual sistema estructural de la economía mundial no tiene futuro. Es de una claridad meridiana que se va desintegrando de manera progresiva y creciente y que surgirá uno nuevo, que en nada se parecerá al que soportamos, destructor de un libre mercado que todos los políticos presumen defender maquillando la realidad y manejando un populismo vergonzoso y adormecedor, concediendo derechos individuales y colectivos que disimulan la pérdida de la libertad humana; cuando la triste realidad es que la única pretensión es conservar en su mano una política económica dirigista, que permita seguir ganando elecciones.

Durante demasiados años, en gran parte de los países más avanzados, se está soportando una mayoría de políticos y tecnócratas mediocres, oscuros y sin visión de futuro, que careciendo de la experiencia y conocimientos necesarios legislan compulsivamente, especialmente en España, haciendo un ordenamiento jurídico desenfrenado y de entramado complejísimo, que incapacita su aplicación y permite manejar la justicia restándole independencia; el peor servicio que puede hacerse a la democracia.

Una gestión política carente de eficacia, obsesionada con mantener sus posiciones personales, junto a unos mercados financieros que solo persiguen el lucro a toda costa, y sin que nadie sepa quién lo dirige o asume la responsabilidad; son los culpables del desastre económico mundial en que nos encontramos. Será necesario mucho tiempo para que una nueva estructura económica supere los desequilibrios provocados por tan pésima dirección y volvamos a un crecimiento discreto sostenido.

Los grandes errores cometidos han sido: 1. No respetar unos presupuestos equilibrados, gastando sin freno y despilfarrando en obras gigantescas, muchas de ellas no rentables, sin que los impuestos hicieran posible su cobertura; resultado, un endeudamiento insoportable, a un costo inasumible. 2. Una economía basada en sectores fáciles de impulsar, como la construcción, que superó varias veces la demanda despreciando la industrialización y la agricultura. 3. Un descontrol del sistema bancario con la concesión de créditos indiscriminados carentes de garantía, que ha desembocado en balances catastróficos, y soportando una morosidad creciente, que está obligando a inyectarles la tesorería perdida para hacer posible el crédito, si bien la posición de familias y empresas, endeudadas y en crisis también, lo dificulten. 4. La supresión o deterioro de los sistemas de supervisión tradicionales y de excelente resultado: los interventores y contadores de la Hacienda Pública. Se ha pasado al control político del Banco de España, del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que ha permitido el manejo del Tesoro Público y permitir, en determinados casos, operaciones de dudosa moralidad.

Nos encontramos en España y en otros muchos países, con unas actividades económicas casi paralizadas, unos sistemas de financiación carentes de fondos y con un endeudamiento con la banca exterior, que costará años retornar. La crisis bancaria ha provocado la desaparición de las cuarenta y seis cajas existentes, la crisis de algunos bancos y la nacionalización de Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y del Banco Valencia, los mayores participes que financiaron la irresponsable burbuja de la construcción.

Para que se produzca el cambio estructural mundial, que se autoimpondrá, como ha ocurrido históricamente tras las grandes crisis (recordemos la gran depresión de los años treinta), es necesario y urgente liberar a la economía, rehén de los dirigentes políticos. Es sabido que quien proporciona crecimiento y riqueza es la economía real, única capaz de asimilar el cambio por su experiencia, imaginación y trabajo, cualidades de las que generalmente carecen los dirigentes políticos.

Una renovada clase política debería concentrar la atención y los recursos en la reactivación económica, en vigilar el cumplimiento de los presupuestos, en rehabilitar los sistemas de control y supervisión restituyendo su autonomía, en revitalizar la firmeza e independencia de la justicia, y en dotar de recursos a la investigación y a la ciencia para poder ser competitivos y no perder el tren del futuro, de lo contrario seguiremos en regresión y saldremos de las instituciones económicas internacionales a las que tanto esfuerzo nos costó entrar.

El poco capital político de alta calidad con el que contamos, debe hacernos reaccionar buscando líderes auténticos, con sabiduría y experiencia probada, y unirnos todos a ellos para conseguir una economía limpia y en crecimiento sostenido. Solo así podremos asimilar e integrarnos al cambio profundo de estructura que irremediablemente va a producirse y que novará la decadente y dictatorial política económica que nos oprime.

(*) Economista y empresario

La Asamblea Regional da luz verde para crear la nueva radiotelevisión pública murciana

CARTAGENA.- La Asamblea Regional de Murcia ha dado luz verde, solo con los votos favorables de la mayoría absoluta del PP, a la nueva proposición de ley para gestionar la nueva radiotelevisión pública regional (RTVRM), y ha admitido tres de las 44 enmiendas parciales presentadas contra ella por la oposición.

Según ha defendido el diputado del PP Vicente Balibrea, la nueva normativa posibilitará la creación de una televisión pública "más barata, más representativa, más plural y más adaptada a las circunstancias actuales".
La ley apoyará al sector audiovisual murciano, ahondará en el pluralismo, simplificará la función de dirección del ente y dará más participación a la sociedad murciana a través de la composición de su consejo de administración, ha añadido.
La norma ha salido adelante con la incorporación de las siete enmiendas parciales a la normativa que presentó el PP, todas ellas aprobadas ayer en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, varias de ellas encaminadas a fomentar expresamente que la ley favorezca al sector audiovisual murciano.
La Cámara ha aprobado también una de las enmiendas del PSOE que pedía añadir un nuevo párrafo al artículo 1 para definir la función de servicio público de la nueva televisión como un "esencial de interés económico" para "atender las necesidades democráticas, sociales y culturales del conjunto de la población garantizando el acceso a la información".
También se ha admitido una enmienda socialista que detalla que la mayoría para designar los objetivos generales del mandato marco debe ser de dos tercios de la Cámara regional.
Por último, se ha aprobado una de las seis enmiendas planteadas por IU-V, relacionada con la obligación del ente de fomentar la producción audiovisual murciana y el desarrollo del sector en la Región.
El diputado socialista Francisco Oñate ha lamentado que no se hayan admitido otras enmiendas presentadas por su grupo centradas en "garantizar el desarrollo del sector audiovisual murciano" y dirigidas a desarrollar garantías democráticas para evitar la "manipulación que se ha venido haciendo hasta ahora de los servicios informativos".
Tampoco se han aprobado las encaminadas a fomentar la imparcialidad política del ente para que su dirección pueda trascender a las legislaturas, ni las relacionadas con el mantenimiento de la emisora de radio Onda Regional de Murcia.
Las enmiendas presentadas por IU-V que no han sido aprobadas se centraban en pedir que no se concrete en la proposición de ley el modelo de gestión de los servicios de radio y televisión y en exigir "la pluralidad del consejo de administración" del ente.
IU-V también había presentado enmiendas destinadas a mejorar la pluralidad y la imparcialidad de la televisión pública, y no apoyará la creación de una que solo sirva para dar voz al Gobierno autonómico, según el diputado José Antonio Pujante.

Murcia aplica a "rajatabla" la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares

MADRID.- Murcia, La Rioja, Extremadura, Canarias, Cantabria, Aragón, Baleares, Castilla-la Mancha y Madrid aplican la reforma sanitaria del Gobierno a rajatabla, "e incluso algunas han ido más allá", según un informe de Médicos del Mundo que, tras realizar un mapa sobre la aplicación de la retirada la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares en las distintas comunidades autónomas, denuncia el caos existente tres meses después de la entrada en vigor. 

   Por el contrario, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Asturias rechazan su aplicación, "llegando algunos a ejercer acciones legales contra el mismo", y en la práctica, han dispuesto las herramientas necesarias para asegurar la asistencia al colectivo inmigrante excluido en todas las circunstancias. El resto de comunidades aplican la norma pero han articulado procedimientos de atención a las personas excluidas más allá de los mínimos establecidos.
   La organización utiliza los colores del semáforo (rojo, verde y amarillo) para calificar el estado de su implantación, --tanto desde el posicionamiento político como en la práctica diaria--, siendo el rojo el que indica las CCAA que mejor aplican mejor la reforma que solo asegura a este colectivo la atención de emergencia, a menores y embarazadas.
   Aragón, Baleares, Castilla-la Mancha y Madrid son las comunidades donde casos más graves de inasistencia se han recogido, aunque se han registrado casos de denegación de atención sanitaria en todas las comunidades, incluso en las calificadas como de color verde, si bien habitualmente en ellas la disposición a solucionarlos es favorable.
   Los ejemplos recopilados van desde el enfermo crónico al que se reclama el pago por diálisis (Aragón), hasta situaciones de falta de tratamiento post-quirúrgico (Castilla-La Mancha), pasando por la denegación de atención a una mujer con un embarazo de alto riesgo (Canarias) o la negación de atención a un inmigrante empadronado al que se le impide la tramitación de la tarjeta sanitaria (Baleares).
   Entre lo más llamativo, se observa que mientras algunos gobiernos autonómicos empezaron a rechazar a personas migrantes en sus sistemas sanitarios ya desde mayo de 2012 - cuatro meses antes de la entrada en vigor de la norma-, otros han otorgado al personal administrativo en lugar de al sanitario la potestad de decidir lo que es o lo que no es urgencia.
   Del mismo modo, sólo 6 comunidades autónomas -Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid y Valencia- han aprobado algún documento con ese fin (circular informativa, instrucción, comunicado o carta a los profesionales sanitarios). Aunque, en loa mayoría los procedimientos administrativos son muy complejos, otros contemplan afirmaciones sin entrar en su regulación, y, algunos de los que regulan las actuaciones, tienen carácter provisional.
   "A toda esta situación de heterogeneidad se une la diversidad de las diferentes autonomías a la hora de formalizar la aplicación práctica del RDL", destacan desde la organización, quien califica el contenido del RD de "vago" lo que ha formantazo la "informalidad en su desarrollo y genera desigualdad" tanto entre distintas comunidades autónomas cómo entre los diferentes centros sanitarios dentro de las mismas.
   Dejando a un lado el "caos" que ha provocado su implantación, Médicos del Mundo denuncia que esta reforma colisiona con la Constitución y con los Estatutos de Autonomía de algunas comunidades autónomas. Además, "supone una vulneración del derecho humano a la salud y de su reflejo en instrumentos internacionales suscritos por España, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y una falta de seguimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud".
   En cuanto el informe, la organización advierte de que los casos a los que han tenido acceso las entidades que trabajan en este ámbito no suponen el total de los casos existentes, "puesto que muchos de ellos se retraen de pedir ayuda por desconfianza, miedo o desconocimiento de sus derechos, lo que hace imposible determinar el alcance real de la vulneración del derecho a la salud que se está produciendo en España".
   Respecto al desenlace de los casos analizados, destaca que, "si bien gran parte de las derivaciones de estos casos se han resuelto positivamente, las personas que consiguen ser atendidas no tienen cubierta la medicación que precisan, por lo que dado el elevado coste -especialmente de los tratamientos para enfermedades crónicas- y la ausencia de recursos económicos por parte de este colectivo existe un riesgo real de falta de seguimiento de los tratamientos prescritos".

BMN reduce de 10 a 7 los miembros de su consejo de administración

MADRID.- El consejo de administración de Banco Mare Nostrum (BMN) ha reducido sus miembros de diez a siete, tal y como había acordado en su Junta General de accionistas informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el órgano rector de la entidad formada por la integración de Caja Murcia, Caixa Penedès, CajaGranada y Sa Nostra ha aceptado las renuncias de Ignacio Ezquiaga Domínguez, José Manuel Jódar Martínez, Luis González Ruiz y Albert Vancells Noguer como miembros de su Comisión Ejecutiva.
Igualmente, también se ha aceptado la renuncia presentada por Fernando Alzamora Carbonell como vocal y secretario del consejo de administración y miembro y secretario de la Comisión Ejecutiva.
Asimismo, se han aprobado los nombramientos de Miguel Angel Cabello Jurado como secretario del consejo de administración y de la Comisión Ejecutiva y de Joaquín Cánovas Páez como miembro de la Comisión Ejecutiva.