lunes, 23 de abril de 2018

El hospital 'Morales Meseguer' abrió con un centenar de sanitarios hace 25 años y tiene ya 2.300 profesionales

MURCIA.- El hospital 'Morales Meseguer', de Murcia, da hoy servicio en 27 especialidades, además de Atención Primaria con Medicina de Familia, Pediatría y Salud Bucodental. En sus 25 años de existencia ha multiplicado por cinco su actividad quirúrgica programada con 11.907 intervenciones hasta la fecha, frente a las 2.664 que se realizaron en 1994. La actividad en primeras consultas ha pasado de 36.840 consultas en 1994 a 140.617 en 2018.

 Si a esas primeras consultas se suman las revisiones, el total asciende a 367.977 consultas. El número de camas casi se ha multiplicado por siete, desde las 59 de 1994 a las 394 camas con las que cuenta actualmente. Subrayó igualmente, «el esfuerzo» en investigación que se realiza, con la participación de sus profesionales en 266 ensayos clínicos y más de 450 estudios.
El trabajo de sus profesionales durante todos estos años ha sido recompensado con diversos reconocimientos, siendo incluido en siete ocasiones en los premios Top 20 en la categoría 'Mejor hospital del territorio español'. 
También reconocido en la categoría 'Mejor Hospital General' en los premios Benchmark para la excelencia, así como primer premio Profesor Barea, en la modalidad 'Clubes de Hospitales' de la Fundación Signo.
El Morales Meseguer es el hospital de referencia del área de salud VI, que está constituida por 17 zonas básicas de salud y atiende a una población de 246.620 usuarios de tarjeta sanitaria de Abanilla, Alguazas, Archena, Ceutí, Fortuna, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Molina de Segura Norte, Este y Sur y Cabezo de Torres (Murcia). 
A ello hay que sumar los de la zona centro de Murcia y los de los barrios de El Ranero, Santa María de Gracia, Santiago y Zaraiche, Vistalegre y Zarandona.

Renta 2017: ¿Cómo tributa el rescate del plan de pensiones?

MADRID.- Durante toda la vida laboral, el plan de pensiones es de las pocas cosas que provocan una sonrisa a la hora de hacer la declaración porque las aportaciones son de las escasas cosas que deducen directamente.

Pero los planes de pensiones se convierten en un disgusto fiscal en el momento de rescatarlos. Porque no es cierto que las aportaciones a planes de pensiones estén exentas de tributar como algunos piensan, lo que ocurre es que se difiere su tributación hasta el momento del rescate. Y es entonces cuando llega el susto. 
En principio, los planes de pensiones están pensados para ser rescatados en el momento en que el contribuyente se jubila. Pero durante la crisis, el Gobierno ha modificado la ley en varias ocasiones para ser algo más flexibles con la liquidez de este tipo de ahorro. 
En la actualidad es posible rescatar el plan de pensiones en casos de especial vulnerabilidad del contribuyente como invalidez, desempleo de larga duración, enfermedad grave, defunción del contribuyente en cuyo caso los herederos pueden rescatarlo, o desahucio de la vivienda habitual.
Además, en reforma del IRPF de 2015 Gobierno aprobó una modificación legal, cuyo reglamento acaba de ser aprobado, para permitir que las aportaciones realizadas antes de 2015 puedan ser rescatadas, sin ninguno de los requerimientos anteriores, pasados 10 años. Es decir, en 2025.

Son rentas del trabajo

Pero sea cual sea el motivo del rescate, el tratamiento fiscal es el mismo. Todo el dinero rescatado de un plan de pensiones se considera o, al menos, se trata como si fuera un rendimiento del trabajo y tr ibuta el tipo marginal del contribuyente, entre el 19% y el 45%.
Por lo tanto, rescatar un fondo de pensiones de una sola vez puede significar que la factura fiscal sea más alta que toda la rentabilidad obtenida a lo largo de la vida del fondo. 
Y es que si un contribuyente declara 25.000 euros anuales y tiene en el plan de pensiones un fondo de 80.000 euros que decide rescatar de golpe, su base imponible ascenderá hasta los 105.000 euros en un año, en el que pasará de tributar un 16% de tipo efectivo de IRPF a un 34%.

Rescatarlo de golpe, penaliza

Con estos datos, la opción de jubilarse y rescatar de golpe todo lo aportado al plan de pensiones es la menos aconsejable. Para atenuar el impacto fiscal, lo mejor es rescatarlo en forma de renta recibiendo cantidades periódicas o esporádicamente según le interese.
También se puede hacer una fórmula mixta parte en capital y parte en renta. Esta fórmula es especialmente aconsejable para aquellos contribuyentes que hubieran realizado aportaciones a un plan de pensiones antes del 1 de enero de 2007, puesto que para ellos todavía sigue vigente la ley anterior según la cual se aplica una reducción del 40% a las cantidades rescatadas de un plan de pensiones en forma de capital. De esta forma solo se paga el 60% de impuestos y no el 100%.

El año de la jubilación, no es el mejor para recuperar el ahorro

Para poder acceder a este trato fiscal excepcional, el contribuyente que se haya jubilado en 2017 tiene que rescatar el plan de pensiones o parte de él en forma de capital durante los tres años posteriores a la jubilación o al motivo por el que lo rescata.
La premisa no es valadí. En el caso que el motivo del rescate sea la jubilación, conviene darse un plazo y no rescatar el plan en mismo año de esa contingencia. Puesto que ese año todavía habrá ingresado parte de su sueldo y la cuantía a consignar en la declaración como rentas del trabajo será más alta que en años venideros cuando como pensionista sus ingresos por “rentas del trabajo” que así se considera también la pensión serán seguro más bajos.

Presupuestos 2018: cómo afectarán a la pensión del autónomo

MADRID.- Las pensiones de los trabajadores autónomos son, en líneas generales, la más reducidas del grueso de los pensionistas.  De hecho, la pensión media del autónomo alcanza los 646,30 euros mensuales según establece la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) y 720,09 euros conforme a lo aportado por el Ministerio de Empleo, una cifra limitada, según recoge infoautonomos.eleconomista.es.

Estas cifras son motivo de reivindicaciones por parte del colectivo y tienen que ver con el incremento de la pensiones contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 aún a falta de aprobación y puesta en marcha.
¿A cuánto asciende ese incremento en la pensión del autónomo?
Desde la asesoría online de Infoautónomos analizamos la subida y las razones por las que las prestaciones por jubilación de los autónomos son tan estrechas.
El pasado verano nos hacíamos eco de que las intenciones del Gobierno pasaban por un incremento anual en las pensiones del 0,25%, el mínimo establecido por ley. Esta subida básica se mantendría hasta el año 2022 pero las peticiones populares ha obligado al ejecutivo a dar un giro de tuerca en las Cuentas Públicas de 2018 y finalmente el incremento será mayor de lo esperado.
La partida presupuestaria para estas prestaciones sociales alcanza 127.110 millones, un 3,5%  más que en 2017, periodo en que el aumento de las pensiones fue de apenas 0,25%.
El porcentaje de incremento de las pensiones en 2018 queda establecido de la siguiente forma:
  • 3% de incremento en las pensiones mínimas y no contributivas
  • 2% para las pensiones de viudedad
  • 1.5% para pensiones por debajo de 700 euros mensuales
  • 1% para pensiones entre 700 y 800 euros mensuales
Como ya hemos indicado, la pensión media del autónomo no alcanza los 700 euros, por tanto, según lo indicado con anterioridad,  el incremento estimado para estas pensiones es del 1,5% . Este aumento revalorizará diez euros mensuales la cuantía de la pensión.
Sin embargo, la subida se queda corta; una gran parte de los autónomos seguirán cobrando una pensión tan estrecha que no alcanza los 735 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Si tomamos como referencia la aportación de UPTA,  la pensión media del autónomo pasará de los 646,30 euros actuales a 655,99 euros.
El menor de los incrementos previstos, el del 1% se aplicará sobre las pensiones entre 700 y 800 euros.
La pensión media del autónomo varía entre los 640 y 720 euros en función de la fuente de información y el periodo establecido.
Sin embargo, en lo que no hay variación es en la brecha existente entre la pensión del autónomo y el asalariado que llega a ser de 500 euros.  Esta diferencia abismal es uno de los principales motivos por lo que el trabajador por cuenta propia continúa cotizando tras alcanzar la edad de jubilación en lo que se conoce como jubilación activa.
La falta de un sistema de cotización ajustado a los ingresos reales da lugar a que el 80% de los autónomos esté cotizando, hoy por hoy, por la base mínima lo que redunda en unas coberturas sociales muy limitadas, especialmente la pensión del autónomo que es irriosoria si  el trabajador siempre ha cotizado por la base mínima.
Desde Infoautónomos recomendamos optar por cotizaciones superiores a la mínima cuando los resultados de la actividad económica lo permitan y muy fundamentalmente conforme el autónomo se aproxime a la edad de jubilación.

'Adif' instala un muro a centímetros de las viviendas en Murcia para la llegada del AVE

MADRID.- El Administrador de Infraestructuras, Adif, ha empezado ya la instalación del muro para aislar las obras del soterramiento y de la polémica llegada de la alta velocidad a Murcia. Un proyecto -el de la llegada de la alta velocidad a la Estación de Murcia del Carmen- que se encuentra en la Audiencia Nacional, ya que podría afectar a los “derechos fundamentales” de los vecinos: por el ruido, por que el sur de la ciudad se queda aislado -tan solo comunicado con el resto de Murcia a través de una pasarela- y porque las pantallas de metacrilato del muro se han instalado a centímetros de las viviendas, como atestiguan fotos a las que ha tenido acceso El Independiente, así como otras imágenes que ya pululan por las redes.

La historia del muro estaba cantada: los postes llevan instalados desde el verano pasado, pero la empresa dependiente de Fomento no se había atrevido a colocar las pantallas por los disturbios, cortes de vía, cargas policiales con heridos y detenidos que se produjeron en otoño del año pasado. El soterramiento es una reivindicación histórica de la popular Plataforma Pro Soterramiento, capaz de movilizar a miles de vecinos: Adif confirmó que soterraría cinco kilómetros precisamente en otoño, al calor de las protestas.
Sin embargo, la plataforma quiere que el AVE se quede en Beniel (frontera con Alicante, a 10 kilómetros) durante los como mínimo dos años que durará la obra y el PP murciano quiere que llegue hasta la capital antes de las elecciones municipales de 2019: 100.000 vecinos de siete humildes barrios (Nonduermas, Barriomar, Pío X, Santiago El Mayor, la Ermita del Rosario, Barrio El Progreso y Patiño) se quedarán aislados, sin los (peligrosos) pasos a nivel que había antes para acceder al otro lado de las vías.
El muro se ha colocado deprisa y corriendo, quizás porque las autoridades temen que se reanuden las quejas. “Hacen un trabajo que podría hacerse de día”, cuenta por teléfono Dolores Sánchez Bopan, que vive en un edificio junto a las vías y a la que le cuesta dormir por el ruido. 
A esta vecina, que tiene el muro a seis metros de su puerta, la molesta que la pasarela peatonal que se ha instalado permite ver el interior de su casa. “Los trabajadores se apoyan en la barandilla y miran a través de nuestras ventanas. El otro día varios sorprendieron a la hija de los vecinos de arriba, que estaba estudiando”, advierte Sánchez Bopan.
La prensa local apenas ha mencionado la cercanía entre el muro y las viviendas. Curiosamente, uno de los pocos medios en reportar el asunto estos días ha sido El Periódico de Cataluña. “Si no puede entrar a su casa de frente, entre de lado”, cuenta que le dijo Adif un vecino al periódico catalán.
A nivel técnico, es complicado que el AVE llegue a tiempo en Murcia. Adif mintió a la UE sobre la Declaración de Impacto Ambiental, algo que la empresa pública -que ha remitido un escrito tanto a este medio como al resto de cabeceras murcianas- niega de plano. 
Todo se dirimirá por la vía judicial. Además, los servicios de Cercanías se verán perturbados por la llegada del AVE a la ciudad huertana. Los Cercanías entre Murcia y Alicante tienen cuatro millones de usuarios.

Las tres grandes fusiones que podría buscar Banco Sabadell

LONDRES.- "Sabadell es, por encima de todo, un banco con un débil balance, diez años después de la crisis financiera y cuatro años después del inicio de la recuperación en España". Así comienza un amplio informe dedicado por los analistas de Bank of America Merrill Lynch a estudiar las perspectivas de futuro de Banco Sabadell, entidad cuyas acciones recomiendan vender a los inversores, según el corresponsal en Londres de Expansión.

Tres son los problemas principales que Merrill Lynch ve en la entidad de origen catalán con sede en Alicante. El primero es que una porción significativa de su capital está aparcada en su filial británica TSB, y ve difícil que el regulador de Reino Unido pueda permitir repatriar ese dinero en caso de que Sabadell lo necesite en España. 
El segundo es que los fondos propios en España están hinchados gracias a los activos fiscales diferidos (créditos ante Hacienda). 
El tercero es el elevado volumen de activos problemáticos (créditos morosos y propiedades embargadas) del grupo, que el informe sitúa en un 11,1% sobre el total del balance. "Sabadell todavía necesita limpiar 14.900 millones de euros en activos problemáticos, más otros 7.400 millones que ahora están en el esquema de protección de activos de la CAM que vence en 2021", señala la nota.
Si Sabadell quiere acometer ese saneamiento en solitario para dejar su ratio de activos tóxicos por debajo del 5% en 2020, necesitaría provisionar 800 millones de euros más de lo previsto, estima Merrill. Cuando venza la garantía que ahora da el Gobierno a los activos de la CAM (firma comprada por Sabadell durante la crisis), podrían hacer falta otros 1.100 millones en capital.
Una potencial vía para que Sabadell enderece el balance sin dañar su estrategia de crecimiento es la búsqueda de fusiones y adquisiciones, según Merrill. "Los directivos de Sabadell tienen una amplia trayectoria de adquisiciones. En los últimos diez años, el banco ha multiplicado el tamaño de su balance a través de compras, con dos grandes acuerdos: CAM en 2012 y TSB en 2015".  
Aunque Josep Oliu, presidente de Sabadell, dijo la semana pasada que el banco no está buscando operaciones, el informe de Merrill contempla potenciales compras en los tres principales mercados donde está presente el banco: España, Reino Unido y México. "Hoy, Sabadell lleva encima la carga de un plataforma de pequeña escala en Reino Unido (cuota de mercado del 1-2% y rentabilidad sobre el capital del 4%), y de un negocio de baja rentabilidad en España por el actual entorno de tipos. 
Al mismo tiempo, los gestores está invirtiendo para crecer en México (ahora mismo, supone un 2% de los préstamos)".
En España, los analistas en Londres de la firma estadounidense hacen los números sobre las potenciales combinaciones de Sabadell con entidades de menor tamaño: Bankinter, Unicaja, Liberbank, Abanca y Kutxabank. La hipótesis de estos cálculos es que Sabadell realiza la compra a precios de mercado, pagando con acciones de nueva emisión.
Su conclusión es que la absorción de la entidad gallega Abanca sería la que potencialmente más impulsaría el beneficio por acción de Sabadell, un 32% sobre lo previsto en 2019, asumiendo unos ahorros de costes del 40% sobre la base de gastos de la entidad adquirida. Para realizar la integración, Sabadell debería ampliar capital en 3.300 millones de euros.
Con los mismos parámetros, una adquisición de Bankinter elevaría el resultado por título en un 28%, tras ampliar capital en 7.600 millones y con unas sinergias del 40%. Una transacción con Kutxabank subiría un 25% el beneficio de Sabadell, con Unicaja un 19%, con Ibercaja un 17% y con Liberbank un 14%.
En Reino Unido, el informe realiza un ejercicio muy similar, aunque refleja el posible impacto en beneficios sin incluir los posibles ahorros de costes. En ese mercado, la operación más rentable para Sabadell sería la adquisición de OneSavings Bank, que elevaría el beneficio por acción del banco español en un 12% tras ampliar capital en 1.100 millones de euros. 
La siguiente opción más atractiva sería Virgin Money (impacto favorable en resultados por título del 8%). Por detrás quedan Close Brothers (6%), Paragon (5%), CYBG (3%) y Metro Bank (-13%). En este país, Merrill destaca que este fin de semana se completa la integración de los sistemas de TSB con los de Sabadell, lo que permitirá acelerar los ahorros de costes y liberar recursos para posibles nuevas operaciones.
Otros analistas como Ian Gordon, de Investec, apuestan por Virgin Money como nuevo objetivo británico de Sabadell.
En México, el examen de Merrill se circunscribe a una potencial fusión de la filial de Sabadell con Inbursa, Banregio o Bajio. En caso de comprar Inbursa, el beneficio por acción de Sabadell subiría un 11%, mientras que el avance sería del 10% con Bajio y del 5% con Banregio.
"Las fusiones y adquisiciones pueden ser una de las vías para que Sabadell resuelva sus desequilibrios y logre sus objetivos de crecimiento", concluye Merrill.
Los diversos escenarios para Sabadell pergeñados por Merrill Lynch se suman a los realizados en las últimas semanas por otros bancos de Wall Street, anticipando una nueva etapa de fusiones en el sector financiero español. 
En un informe reciente, Goldman Sachs considera que Sabadell y Unicaja son posibles objetivos de compra para los principales bancos del mercado como Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia.  
JPMorgan por su parte, concluye en otra nota que Liberbank y Unicaja podrían ser entidades atractivas para BBVA.

Los padres de Marta, la niña yeclana con cáncer óseo: “Nos han hecho ir a Murcia para nada”


YECLA.- Más de lo mismo. La postura de la Consejería de Sanidad respecto al caso de Marta, la niña yeclana de 10 años afectada por un cáncer óseo, no ha variado un ápice. El pasado viernes, los padres de Marta se reunían con el director de Sanidad del Servicio Murciano de Salud, quien les confirmaba que el problema no es económico “pero que los profesionales del Servicio de Oncología Pediátrica de La Arrixaca ya no ven efectivo ningún tratamiento para Marta y por tanto desde su departamento no pueden derivarla para recibir tratamiento en la Clínica Universidad de Navarra”, publica hoy elperiodicodeyecla.com.

El razonamiento que dan a los padres para la negativa es la diferencia de criterios de los facultativos de Murcia y Pamplona. “Aquí no quieren hacer nada y la solución que nos dan es sentarnos a esperar”, explicaba Pepi Villalba, madre de Marta, que sigue defendiendo que la terapia de la clínica privada ya ha dado a la niña “tranquilidad. 
Los dolores han desaparecido. Es lo único que puede ampliar su esperanza de vida, o al menos darle mejor calidad de vida, reduciéndole el dolor hasta el punto de no tomar ya ningún calmante después de recibir un primer ciclo de intraalterial”.
La familia no descarta emprender acciones judiciales contra la Consejería de Sanidad, pero el tratamiento médico no puede esperar a que la Justicia se pronuncie por lo que Pepi anuncia que están organizando una colecta entre los vecinos para seguir con el tratamiento en Pamplona. “Queremos abrir una cuenta. No sabemos si lo haremos con una asociación o nosotros mismos. Todo que esté claro y que sea para el beneficio de Marta. Cuando lo tengamos listo lo anunciaremos”.
El propio consejero de Sanidad, Manuel Villegas, en declaraciones a Onda Cero ha asegurado que comprende la lucha que tiene la familia, “pero nadie nos dice que esto científicamente vaya a algún sitio o que le vamos a infligir más dolor a la niña”.
También explicó que los médicos de Navarra “tendrán su punto de vista. Nosotros nos tenemos que basar en la evidencias, en lo que dicen las guías y no tanto en la decisión de un grupo médico particular”.
Respecto a la lucha de la familia por salvar la vida de Marta, Villegas aseguró que “yo entiendo a la familia, pero hay que comprender que diariamente en oncología estamos sometidos a estas situaciones. Este tipo de enfermedades desgraciadamente a veces acaban regular y esto es el pan de cada día. A veces la agresividad no es lo mejor. En algunos caso la enfermedad no es curable”.

La recuperación económica no llega a la escuela pública pero sí a la concertada con Murcia a la cabeza

MADRID.- Por segundo año consecutivo, el gasto público en enseñanza concertada marcó un récord. En 2016, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, las Administraciones educativas gastaron en concierto 6.055 millones de euros, casi 140 más que en 2015 y la cifra más alta de la serie histórica que arranca en 1992, según la Cadena SER. 

Con respecto a 2009, el año en el que ha habido más inversión educativa en España, el gasto en concertada ha subido en casi 165 millones de euros. Si hacemos la comparación con 2012 - cuando el Partido Popular llegó al Gobierno - ha aumentado en 346, 6 millones (un 6,11%).
La enseñanza pública, sin embargo, aún sigue por debajo de los niveles precrisis: en 2016 se alcanzaron los 41.500 millones, 6.400 millones menos que en 2009. Con respecto a 2012 la inversión en educación pública supera ya en 753 millones la que había entonces aunque sigue muy lejos de sus mejores años.
A las cifras de inversión hay que añadir que el número de alumnos entre 2009 y 2016 ha aumentado en la enseñanza pública en 493.449 (un 9,85%). En los centros privados - que incluye concertados y no concertados - ha subido en 176. 165 (7,2%).
El sociólogo de la Educación, José Saturnino Martínez, ve en estas cifras el reflejo de una apuesta ideológica especialmente en algunas comunidades autónomas: "Está aumentando la concertada en comunidades como Madrid que están dando más facilidades para que se abran plazas en la concertada y hay una visión de la pública más como subsidiaria de la iniciativa privada en educación".
Madrid y Murcia son las comunidades donde más ha aumentado el gasto en conciertos en los últimos siete años, aunque en 2016 la subida fue generalizada. Solo bajó a la inversión en este tipo de centros en Castilla-La Mancha respecto al año anterior.

Vivir o trabajar con cerdos aumenta ahora en la Región el riesgo de muerte humana por cisticercosis

MADRID.- Los investigadores del Instituto de Salud Carlos III han publicado un estudio que pone el foco en la cisticercosis, una infección causada por quistes larvales de una tenia de cerdo que no solo sigue existiendo en España, sino que no recibe la suficiente atención en Europa y, en el caso concreto de nuestro país, parece que el riesgo de tenerla se está elevando. Por ahora, Murcia, Navarra y Madrid son las comunidades españolas donde más casos se detectan.

La cisticercosis se considera la causa prevenible más frecuente de epilepsia en todo el mundo. En Europa, los casos se han vuelto más comunes en los últimos años debido a los viajes y movimientos migratorios desde países donde la tenia es endémica. En España, no existe un sistema de vigilancia para controlar la cisticercosis humana.
El trabajo del Instituto de Salud Carlos III analiza casos atendidos en hospitales españoles entre 1997 y 2014, detectando un aumento de los mismos fundamentalmente en la década entre 1998 y 2008.
Los seres humanos pueden contraer cisticercosis por ingestión de huevos del parásito emitidos con las heces de personas infestadas, por vía fecal-oral, o por autoinfestación a partir de la ruptura de los segmentos en que se divide el cuerpo de las larvas adultas alojados en el intestino del mismo hospedador. 
El embrión liberado del huevo penetra la pared del intestino y es transportado por los vasos sanguíneos a cualquier lugar del cuerpo. La ubicación definitiva suele ser preferentemente el tejido cerebral, aunque también pueden ubicarse en tejido subcutáneo o en órganos como hígado, riñones y ojo.
Es importante su presencia en el sistema nervioso central, con fuertes dolores de cabeza, desorientación y, en los casos graves, convulsiones, parcial pérdida de la memoria y hasta la muerte. El tratamiento médico, siempre y cuando no se requiera cirugía, se realiza con medicamentos antiparasitarios.

La Junta de Castilla-La Mancha pide explicaciones al PP de Murcia por la supuesta trama corrupta del agua

TOLEDO.- El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha pedido explicaciones sobre una supuesta trama de agua en Murcia, donde el Partido Popular habría colaborado para que una constructora obtuviera un beneficio de 600 millones de euros en la desaladora de Escombreras (Cartagena), y que se ha conocido tras un extenso informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

A este respecto, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que de ser cierto este "pelotazo" es una "cuestión muy grave" a la que "habrá que dar respuesta porque es dinero público".
Según el consejero, esto pone de manifiesto que con el agua "se ha hecho negocio, que muchas veces no han sido transparentes sino turbios, y que no se han beneficiado el conjunto de los ciudadanos sino unos pocos".
Por ello, ha insistido en pedir que se den "todos los datos posibles para saber qué ocurrió" y que si hay responsabilidades que se depuren y se "reconozcan" por parte de quien haya formado parte de este presunto fraude.

La ciudad de Murcia lidera el aumento porcentual de pernoctaciones de extranjeros junto con Palma de Mallorca

MURCIA.- El auge de la conectividad aérea «a precios contenidos», destacan desde Exceltur, ha permitido que se multipliquen las opciones de viaje por parte de turistas extranjeros a destinos urbanos como el que representa la ciudad de Murcia. 

Así lo reflejan las estadísticas de pernoctaciones en los dos primeros meses del año que maneja dicha organización, a partir de la encuesta de ocupación hotelera del INE. 
En ese sentido, los establecimientos murcianos son los que más crecen porcentualmente en España, con un subida del 23,5% en comparación con el ejercicio anterior, la misma tasa de incremento que registran los alojamientos de Palma de Mallorca.
El despegue de los llamados 'short breaks' a ciudades en el interior es una tendencia en auge que ayuda a destinos como el de la capital de la Región, que en la actual foto fija supera en crecimiento porcentual a La Coruña (22%), Valencia (20,1%) y Sevilla (13,7%).

Los extranjeros compraron el 18,8% de las viviendas vendidas en la Región en 2017

MADRID.- Los extranjeros compraron el año pasado el 18,8% de las viviendas que se vendieron en la Región de Murcia, mientras que en el conjunto de España la demanda foránea alcanzó el 13,1%, según el Anuario Inmobiliario del Colegio de Registradores correspondiente al pasado ejercicio.

Las comunidades autónomas con mayor peso de compra por parte de extranjeros, que coinciden con las de mayor actividad turística, fueron Canarias, con un 31,4%, seguidas de Baleares (31,3%); Comunidad Valenciana (26%); Murcia (18,8%); Andalucía (13,8%) y Cataluña (12,9%).
En términos absolutos, dado el crecimiento del volumen de operaciones, los extranjeros superaron las 61.000 compras de vivienda en el último año en el conjunto de España, frente a las poco más de 53.000 de 2016.
Casi el 7% de las hipotecas sobre vivienda suscritas en España en 2017 fueron firmadas por extranjeros, más de 21.000 préstamos, según el Colegio de Registradores.
La hipoteca media solicitada por este segmento de la población fue de 128.452 euros, una cantidad que superó en un 1,5% a la del año anterior y que se situó por encima de los 117.243 euros que pidieron de media los españoles para este mismo fin.
Las comunidades autónomas con más hipotecas firmadas por foráneos fueron Cataluña (con el 20,2% del total); Comunidad Valenciana (19,2%); Andalucía (17,4%) y Comunidad de Madrid (14,4%).
En cuanto al importe medio de estos préstamos, los más elevados se solicitaron en Baleares, con 244.148 euros, Comunidad de Madrid (155.070 euros); Cataluña (143.143 euros) y Andalucía (141.699 euros).
Por países de procedencia, los rumanos fueron los que más porcentaje de hipotecas sobre vivienda contrataron en relación con el total de las formalizadas por extranjeros, con un 11,6%; seguidos por los británicos (9,3%); chinos (8,4%); italianos (5,8%); franceses (4,6%); marroquíes (4,2%) y alemanes (4%).
Por lo que respecta a los importes medios, los alemanes solicitaron las cantidades más elevadas, con 234.102 euros, seguidos de los noruegos (217.981 euros); daneses (192.990 euros), holandeses (181.429 euros); suecos (171.394 euros), británicos (166.968 euros) y franceses (153.987 euros).

La Región junto a otras CC AA liderará el crecimiento español durante 2018, según BBVA

MADRID.- La Región de Murcia, Madrid, Aragón, País Vasco y Baleares liderarán el crecimiento de España en 2018, con un aumento de sus economías superior al 3%, según las estimaciones de BBVA Research, que apunta a que la mejora del entorno exterior, que potencia las exportaciones de bienes, es una de las principales claves de la revisión al alza del crecimiento de España, hasta el 2,9%.

Las revisiones en la contabilidad regional, que introducen una aceleración en las comunidades del Cantábrico (Asturias, Cantabria, Aragón y País Vasco), el impacto de la incertidumbre en Cataluña, una política monetaria que continúa siendo laxa y una política fiscal que será algo más expansiva, contribuyen también a justificar el aumento de las expectativas de crecimiento de las distintas comunidades autónomas.
La mejora del sector exterior es la principal clave para la revisión al alza del crecimiento en España en 2018. Según el Observatorio Regional de BBVA Research, las regiones más favorecidas por esta situación son la Región de Murcia (+0,8 puntos porcentuales), Asturias, Aragón y Madrid (+0,7 puntos) y la Comunidad Valenciana (+0,6 puntos).
Junto con las cinco comunidades que más crecerán, figuran asimismo, con una tasa del 3%, Cantabria, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana y Asturias. 
Igualando el crecimiento medio del conjunto de España (2,9%), aparecen Canarias y Castilla-La Mancha. El resto de comunidades crecerán por debajo: Andalucía (2,7%), Castilla y León (2,5%), Cataluña (2,5%), Extremadura (2,7%) y La Rioja (2,6%).
De cara al próximo año, cuando se espera un crecimiento del PIB del 2,5%, las previsiones de la entidad financiera apuntan a que el liderazgo del crecimiento virará en mayor medida hacia el norte peninsular, gracias a la aceleración de las exportaciones y el menor impulso del turismo y la demanda interna.

Aumentos salariales en algunas CCAA

Por otro lado, la gran creación de empleo en los últimos dos años y las perspectivas de evolución favorable del mercado de trabajo pueden comenzar a traducirse en aumentos salariales en algunas comunidades. Esto podría deberse a la fuerte reducción de la tasa de paro en ciertas regiones, que podría comenzar a mostrar una falta de empleados cualificados en el sector industrial (especialmente en comunidades del Norte, como Navarra) o en servicios turísticos (por ejemplo, en Baleares).
La desaceleración de la demanda interna, ya anunciada en trimestres anteriores, afectará al turismo nacional. La Región de Murcia, Andalucia, Comunidad Valenciana y Cataluña, además de Galicia y Madrid, serán las comunidades que más se resientan por esta situación, ya que al efecto propio de su demanda interna cabe añadir el que se pueda generar por ser los principales destinos de estos viajeros turísticos.
Sin embargo, los anuncios de una política fiscal más expansiva podrían compensar en parte lo anterior, «lo que podría reforzarse si se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018», según apunta BBVA. Esto podría ser especialmente positivo para aquellas comunidades autónomas donde el sector público tiene un mayor peso en la economía, como es el caso de Extremadura, Castilla y León o Castilla-La Mancha, indicó el economista jefe de BBVA Research, Miguel Cardoso.
Por otro lado, la aprobación de los PGE también puede favorecer a las comunidades autónomas que cumplieron su objetivo de déficit, lo que podría impulsar la inversión en el País Vasco, Navarra, Canarias y Baleares.
Tal y como avanzaba BBVA Research en el 'Observatorio Regional' correspondiente al cuarto trimestre de 2017, la tensión política en Cataluña se tradujo de inmediato en un estancamiento en la demanda interna. «El efecto de la incertidumbre, sin embargo, ha estado acotado a algunos sectores como el turismo y el comercio, y estuvo limitado en el tiempo», sostiene Miguel Cardoso. 
Por otro lado, los efectos se están notando sobre todo en Cataluña y afecta en menor medida a aquellas economías más dependientes de esta región.
Aunque la incertidumbre se mantiene elevada, Cardoso destaca que los indicadores apuntan a que tanto en Cataluña como el resto de España el crecimiento continúa mostrando un buen ritmo durante el primer trimestre de 2018.

La Oposición habla de «clientelismo» y duda de la «regeneración» del PP de López Miras

CARTAGENA.- Los tres grupos de la oposición en la Asamblea Regional -PSRM, Podemos y C's- cargaron este lunes contra el Partido Popular al hilo de la denuncia de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia sobre la desaladora de Escombreras. Así, el portavoz y vicesecretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, aseguró que el escrito del Ministerio Público confirma lo que los socialistas llevan denunciando desde que se inició esta investigación.

«Detrás del agua para todos se escondía otro caso de corrupción. Esto demuestra que el PP ha hecho negocio con el agua, que no le importan las necesidades hídricas de la Región de Murcia, y que su única intención es beneficiarse económicamente de este bien escaso, y lo que es más grave, a costa del bolsillo de los murcianos y murcianas», señaló.
«No quieren firmar el Pacto Regional del Agua, que ya está más que listo, porque así podrán seguir con sus trapicheos, haciendo política con el agua y sacando rédito a costa de empobrecer a la ciudadanía de la Región de Murcia», añadió.
En su opinión, «el Gobierno de López Miras es cómplice de esta trama, ya que ha permanecido impasible y, no solo no ha colaborado con la justicia para aclarar los hechos, sino que, además, ha defendido lo indefendible en el mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas».
«Y ahora, con sus cambios en el Gobierno, vuelve a los tiempos de Valcárcel, que es el mayor responsable de toda esta trama que nos está costando a los murcianos y murcianas más de 600 millones de euros», comentó.
Lucas recordó que «la desaladora de Escombreras fue el proyecto estrella de Valcárcel y del modelo de crecimiento del PP, basado en la especulación con el suelo y la construcción».
«Este es uno más de los innumerables casos de corrupción que el PP ha traído a la Región de Murcia, lo que ha supuesto también el desprestigio de sus instituciones», concluyó.

En la misma línea, desde Podemos Región de Murcia consideraron que Escombreras fue un «regalo de 600 millones de dinero público de Valcárcel a una constructora amiga». Óscar Urralburu, portavoz parlamentario y secretario general de formación morada en la Región, aseguró que el Partido Popular hizo con la desaladora de Escombreras «lo que mejor se le da: regalar dinero de todos los murcianos y murcianas a sus amiguetes, con el añadido, de que engañaron a toda la Región en general y a los agricultores en particular, al decir que era para solucionar los problemas del campo». 
«Una mentira tras otra por la que esperemos que paguen sus responsables», apostillaron.
Urralburu aseguró que nos encontramos otra vez con «la vergüenza de Escombreras en la Fiscalía». 
«Se demuestra que el Partido Popular ha dejado campar a sus anchas a la prevaricación, al cohecho, a las mordidas, a los sobres, a las cestas, a la apropiación indebida o al tráfico de influencias, unos términos que ya nos suenan habituales cuando hablamos del Partido Popular en esta Región», señaló en sus acusaciones.
Subrayó, asimismo, que «la desaladora no se construyó ni para los agricultores ni para el consumo humano, se hizo para justificar los desarrollos urbanísticos del pelotazo y para saquear las arcas públicas. Ahora se ha convertido en uno de nuestros puntos negros».
«Fueron Valcárcel y Cerdá quienes diseñaron el entramado de Escombreras y esperamos que la Justicia actúe contra los que han regalado dinero de todos y todas a empresarios amigos», insistió. Es indignante, concluyó Urralburu, «que el PP entregase como aval a la propia Comunidad Autónoma y que esto haya supuesto que las empresas privadas nunca tuvieran ningún riesgo en el negocio, sólo beneficios; es escándalo de clientelismo y despilfarro de dinero público».

Por su parte, Ciudadanos advirtió este lunes al presidente López Miras de que el caso de la desaladora de Escombreras «puede acabar con un nuevo imputado sentado en el Consejo de Gobierno». Así lo manifestó el portavoz regional, Miguel Sánchez, que consideró que la investigación de la Fiscalía confirma lo ya avisado a través de la Comisión de Investigación que tuvo lugar el pasado mes de marzo.
«Nos preocupa especialmente el hecho de que nuestro hoy consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, fuera miembro del Consejo de Gobierno, como consejero de Presidencia y portavoz, en el momento en el que tuvieron lugar dichas 'maniobras concienzudamente pensadas entre todos los intervinientes», señaló Sánchez.
«Ya advertimos del ruinoso negocio de la desaladora, y en las conclusiones de la comisión de investigación quedó claro que se sorteó la legalidad vigente y se apunta a una clara responsabilidad de Valcárcel y Cerdá, que ahora vemos que podría extenderse todavía más y acabar manchando al actual Gobierno regional», añadió el portavoz naranja.
Sánchez consideró que el quebranto económico «es comparable a los ERE de Andalucía, ya que estamos hablando de 600 millones de euros. La desaladora de Escombreras supuso para las arcas públicas tener que pagar más de 600 millones de euros por comprar a plazos una instalación que costó 111 millones, a lo que se suman obligaciones de pago por su mantenimiento que nos hipotecan casi de por vida».
Sánchez también mostró su preocupación por el hecho de que el presidente López Miras «haya visto echado por tierra su supuesto intento de desvincularse del pasado y de una gestión del PP que oscila entre pésima y directamente bajo sospecha de corrupción. De un plumazo, la Fiscalía acaba de invalidar todo ese postureo de regeneración al señalar a uno de los máximos responsables del Gobierno que aprobó la supuesta trama de la desaladora de Escombreras».
«Nadie da nada a cambio de nada. Nos preocupa que esto solo sea la punta del iceberg y que la corrupción llegara a niveles más profundos y a instancias más altas que las que por ahora están ya imputadas en este asunto», finalizó el portavoz regional de Ciudadanos.

El PP se remite a su código ético para tomar «las decisiones que correspondan en cada momento»


MURCIA.- «El PP de López Miras es ejemplar», dijo tajantemente la portavoz del PP regional, Nuria Fuentes, para exigir a Ciudadanos «la misma ejemplaridad y que se posicione ante la trama socialista de la desaladora de Águilas, así como que valore el presunto tráfico de influencias de la concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, Moreno Micol».

«El presidente López Miras jamás tendrá en su Ejecutivo un consejero imputado por la desaladora de Escombreras», dijo Fuentes para subrayar que «tomaremos las decisiones que correspondan en cada momento, según el código ético aprobado recientemente en el último Congreso regional del partido», insistió.
«Es intención del PP y del Ejecutivo del presidente López Miras esclarecer cuanto antes lo ocurrido con la desaladora de Escombreras», insistió Fuentes, quien remarcó que «actuaremos con contundencia y con la máxima colaboración con la Justicia, como venimos haciendo».
Fuentes hizo de nuevo referencia al código ético del partido definiéndolo como «riguroso» y del que dijo «va más allá de la responsabilidad judicial» pero, matizó «siempre respetando el principio de presunción de inocencia y evitando linchamientos públicos que no son propios de un Estado de Derecho». 
Por eso, reiteró «en el caso que fuera necesario, tal y como se muestra en esta etapa liderada por nuestro presidente Fernando López Miras, se aplicará el código ético».
«El Gobierno regional desde el primer momento en que se requirió información de esta infraestructura la envió a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea Regional para aportarla a la Comisión de investigación de la desalinizadora de Escombreras», recordó Fuentes para insistir que «desde el PP y del Ejecutivo autonómico pedimos máxima celeridad a la Justicia para que todo se aclare cuanto antes por el interés de todos los murcianos».
En relación a las críticas vertidas por Ciudadanos la portavoz 'popular' dijo que «sus palabras aportarían más credibilidad si utilizasen la misma vara de medir para todos». Al respecto, señaló «que es evidente que no lo hacen, y los murcianos se están dando cuenta que al partido naranja solo le preocupa la corrupción del Partido Popular». 
«Esta preocupación la manifiestan con la única intención de arañar un puñado de votos; un ejemplo reciente es el escándalo de la concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, donde todavía no han abierto la boca; silencio y complicidad absoluta en este tema», lamentó.
Igualmente, pidió a Ciudadanos que «apoye la comisión de investigación de la desaladora de Águilas que construyó el PSOE de Zapatero, solicitada por el PP en la Asamblea Regional, y que lo haga con la misma celeridad que apoyó en su momento que se constituyera la de Escombreras». 
«Ciudadanos utiliza política de lupa para dañar al PP y por el contrario parece que tienen miopía cuando la corrupción política afecta a otros partidos», concluyó.

C's: «El quebranto económico de Escombreras es comparable a los ERE de Andalucía»

MURCIA.- Ciudadanos advirtió este lunes al presidente López Miras de que el caso de la desaladora de Escombreras «puede acabar con un nuevo imputado sentado en el Consejo de Gobierno». Así lo manifestó el portavoz regional, Miguel Sánchez, que consideró que la investigación de la Fiscalía confirma lo ya avisado a través de la Comisión de Investigación que tuvo lugar el pasado mes de marzo.

«Nos preocupa especialmente el hecho de que nuestro hoy consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, fuera miembro del Consejo de Gobierno, como consejero de Presidencia y portavoz, en el momento en el que tuvieron lugar dichas 'maniobras concienzudamente pensadas entre todos los intervinientes», señaló Sánchez.
«Ya advertimos del ruinoso negocio de la desaladora, y en las conclusiones de la comisión de investigación quedó claro que se sorteó la legalidad vigente y se apunta a una clara responsabilidad de Valcárcel y Cerdá, que ahora vemos que podría extenderse todavía más y acabar manchando al actual Gobierno regional», añadió el portavoz naranja.
Sánchez consideró que el quebranto económico «es comparable a los ERE de Andalucía, ya que estamos hablando de 600 millones de euros. La desaladora de Escombreras supuso para las arcas públicas tener que pagar más de 600 millones de euros por comprar a plazos una instalación que costó 111 millones, a lo que se suman obligaciones de pago por su mantenimiento que nos hipotecan casi de por vida».
Sánchez también mostró su preocupación por el hecho de que el presidente López Miras «haya visto echado por tierra su supuesto intento de desvincularse del pasado y de una gestión del PP que oscila entre pésima y directamente bajo sospecha de corrupción. De un plumazo, la Fiscalía acaba de invalidar todo ese postureo de regeneración al señalar a uno de los máximos responsables del Gobierno que aprobó la supuesta trama de la desaladora de Escombreras».
«Nadie da nada a cambio de nada. Nos preocupa que esto solo sea la punta del iceberg y que la corrupción llegara a niveles más profundos y a instancias más altas que las que por ahora están ya imputadas en este asunto», finalizó el portavoz regional de Ciudadanos.

Los rusos descubren el mueble español

MADRID.- El mercado del mueble de estilo en Rusia, absorbido hasta la fecha casi en exclusiva por el diseño italiano, descubre ahora las excelencias de la oferta española. La delicada situación económica que atraviesa Rusia, debida en gran parte a las sanciones, invita a explorar otras posibilidades para decorar y amueblar, no sólo los hogares, sino también los espacios oficiales, comerciales, empresariales y de ocio, según el corresponsal de Abc en Moscú. 

Los estudios de decoración rusos, las tiendas y, en general, los profesionales del mundo de la decoración no querían saber de otras marcas que no fueran Fendi, Minotti, B&B o cualquier otra italiana de prestigio. Pero ahora empiezan a descubrir que las marcas españolas ofrecen no menos calidad, diseños originales y precios más competitivos.
Esta tendencia se lleva notando desde hace unos años y se ha manifestado como nunca antes durante la 57 edición de La Semana del Diseño de Milán o Salone del Mobile di Milano, que cerró sus puertas ayer domingo tras seis intensos días de feria. Se trata del certamen más importante del año en lo que al mueble se refiere.
Han estado presentes 58 empresas españolas presentado sus novedades y, según los organizadores, el Salone del Mobile ha sido visitado durante la pasada semana por 434.509 personas procedentes de 188 países, lo que ha supuesto un aumento con respecto a 2017 de un 26%. 
Muchos de esos visitantes, como cada año, llegaron de Rusia, pero esta vez para prestar una mayor atención a los expositores españoles de mueble moderno, los segundos más numerosos tras los italianos. El mueble clásico español ya se cotiza en Rusia desde hace tiempo y hacía falta que se abriera paso el de diseño.
Prácticamente todos los expositores patrios han constatado una presencia de visitantes rusos este año mucho mayor de lo habitual. Muchos de ellos han recibido encargos directamente en el stand para entidades financieras rusas, cadenas de cafeterías, aeropuertos y otros establecimientos. Hubo quien quiso llevarse las muestras expuestas al finalizar la feria.
De esta forma, el mueble español aumenta su presencia en el mundo, factor que pone de manifiesto su recuperación después de la crisis. Más del 60% de las empresas españolas que fabrican muebles los venden en el extranjero. Van a parar fundamentalmente a países europeos y Estados Unidos, pero cada vez más se venden en Rusia.
El Salone del Mobile es el principal escaparate mundial en tendencias y moda hábitat. De ahí que constituya un punto de encuentro obligatorio para profesionales a la hora de ponerse al día sobre las novedades existentes. Bajo la marca Mueble de España, se ha ofrecido una enorme variedad de estilos: moderno, vanguardista, de lujo y clásico.

Murcia, tercera comunidad más incumplidora con sus proveedores en febrero

MADRID.- El período medio de pago a proveedores (PMP) del conjunto de las autonomías se ha situado en febrero en 15,70 días, 0,70 días menos que en enero, aunque la Región de Murcia, Cantabria y la Comunidad Valenciana superan esta media e incumplen el plazo de 30 días establecido por ley.

Según informó este lunes el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Cantabria registró un plazo medio de 57,84 días; seguida de la Comunidad Valenciana, con 35,03 y de Murcia, 34,54, pero, al igual que en meses anteriores, ninguna comunidad ha superado el plazo de pago de 60 días.
Los 15,70 días que tardaron las autonomías en pagar sus facturas suponen un incremento en 2,20 días en la ratio de operaciones pagadas, que pasan de 10,77 a 12,97 días, así como a la disminución de 3,29 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, que pasó de 21,57 a 18,18 días.
En relación con el PMP global, la cifra supone el segundo mejor dato publicado desde el inicio de la serie (septiembre de 2014), tan sólo superior al de diciembre, y por decimoquinto mes consecutivo -diciembre de 2016-, se sitúa por debajo de los 30 días, el plazo máximo de pago a proveedores establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
Por lo que respecta a la deuda comercial de las comunidades autónomas, se ha reducido en 143,12 millones de euros, tras una bajada del 2,71 por ciento con respecto al mes anterior, situándose en 5.142,19 millones de euros, lo que equivale al 0,42 por ciento del PIB nacional.
En conjunto, desde 2012 y hasta febrero de 2018, las catorce autonomías que suscribieron un plan de ajuste han reducido su deuda comercial, en términos homogéneos, un 81,63 por ciento.
En febrero, además, se ha alcanzado el menor volumen de deuda comercial comunicado desde el inicio de la publicación de la serie, en septiembre de 2014.
También se ha producido una reducción de la deuda no financiera, en 261,10 millones de euros, lo que supone una reducción del 2,67 % con respecto al mes anterior y se sitúa en 9.501,56 millones, equivalente al 0,83 por ciento del PIB nacional, sin considerar al País Vasco.
Al igual que en el caso de la deuda comercial, el dato supone el menor volumen de deuda no financiera comunicada desde el inicio de la serie.
Por lo que respecta a las corporaciones locales, las entidades de cesión presentan un periodo medio de pago a proveedores de 67,57 días, lo que supone un aumento sobre enero de algo más de 9 días.
Además, de las 147 entidades que han presentado información, 110 cumplen con el PMP en febrero, lo que quiere decir que el 73,34 % presentan en ese mes un PMP igual o inferior a 30 días, añade Hacienda.
Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo (superior a 60 días) y que representan al 14 % de las que presentan información del subsector, el Periodo Medio de Pago se sitúa en los 13,94 días, «confirmando la estabilidad histórica» del PMP en los 13-15 días«.
De las principales ciudades, solo Sevilla tiene un plazo medio superior a 60 días y, junto con Palma de Mallorca, supera los 30 días. Valencia está en 5,92 días.
Los siguientes cuadros recogen, por comunidades autónomas y por principales ciudades, el periodo medio de pago a proveedores, detallado por la ratio de operaciones pagadas en febrero, las que están pendientes de pago y la media del pago a proveedores (PMP).

Cifran en más de un millón de euros los daños del sabotaje en las obras del AVE en Murcia

MADRID.- Los actos vandálicos producidos en la zona de obras del soterramiento del AVE en Murcia hasta principios de noviembre del año pasado provocaron daños por un importe de un 1.00.158 euros, en su mayor parte destinados a reparar el cerramiento de la línea, que sufrió varios desperfectos.

Así figura en una respuesta del Gobierno a una pregunta del PP, del pasado 6 de noviembre de 2017, referida a los daños producidos durante esos días en las obras del AVE de la capital murciana.
El Gobierno informa de que para la reparación del cerramiento de la línea, como consecuencia de los desperfectos causados en el mismo por actos vandálicos, se destinaron un total de 835.000 euros, IVA incluido.
El resto, 323.000 euros, se corresponden con los daños materiales en las pantallas acústicas y maquinaria de las obras en ejecución, por lo que el total de daños supera los 1,1 millones de euros.

El aeropuerto de Corvera sigue viviendo su peculiar culebrón

MADRID.- El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia sigue viviendo su peculiar culebrón. Después de que el Gobierno regional adjudicara su concesión a Aena, el anterior concesionario (liderado por Sacyr) ha reclamado al Ejecutivo murciano un pago de 518,50 millones por liquidar el contrato de obra pública para la construcción de la instalación, revela hoy el digital https://www.vozpopuli.com.

La compañía que preside Manuel Manrique ha exigido esta cantidad en concepto de liquidación del contrato de concesión a través de un escrito remitido al Gobierno regional el pasado mes de enero, según detalla el grupo en su informe anual de 2017.
Del importe total que reclama, 258,6 millones corresponden a los importes acreditados de las inversiones y costes en los que Sacyr asegura haber incurrido para la construcción del aeropuerto. Otros 35 millones se piden en concepto de sobrecostes y los 224,82 millones restantes, por lucro cesante, esto es, por lo que Sacyr estima que ha dejado de ganar por la anulación del contrato.
De esta forma, el importe que la constructora reclama a Murcia es similar al monto de 555 millones de euros por el que hace una década, en marzo de 2017, se adjudicó el contrato de construcción y posterior explotación durante cuarenta años del nuevo aeropuerto internacional de la región.

Pendientes del Supremo

Independientemente de la respuesta del Gobierno regional, el futuro del aeropuerto murciano está también pendiente de una resolución del Tribunal Supremo, al que la anterior concesionaria recurrió diversas decisiones de la Administración autonómica que supusieron la resolución del contrato con la anterior concesionaria.
En el caso de que el Alto Tribunal diera la razón al grupo liderado por Sacyr, la situación del nuevo aeropuerto se complicaría, toda vez que el Gobierno murciano decidió en su día relicitar la concesión, que fue a parar a Aena (participada al 51% por el Estado) que, por otra parte, fue la única que presentó una propuesta.
La intención del gestor aeroportuario que preside Jaime García-Legaz es poner en marcha la infraestructura antes de que finalice el presente ejercicio.
Fuentes de Sacyr se remitieron a lo referido en el informe anual de la compañía acerca de este asunto y declinaron realizar comentarios al respecto.

Cinco años de conflicto

El contencioso entre la constructora y la Comunidad murciana tiene su origen en 2013, cuando el Gobierno regional dicta una orden para resolver el contrato con Sacyr alegando incumplimiento de la fecha de apertura al tráfico. 
A pesar de abrir negociaciones y registrarse avances en cuanto a la construcción y concesión de autorizaciones del aeródromo, la Comunidad finalmente se quedó con el aeropuerto e inició el procedimiento de liquidación del contrato en marzo de 2016.
El nuevo aeropuerto de Murcia se encuentra muy próximo al de San Javier (apenas media hora en automóvil) y también cercano a otra de las infraestructuras de la red de Aena como es el aeropuerto de Alicante, cuyo rendimiento en los últimos años en lo que se refiere a la evolución del número de pasajeros ha sido espectacular.

Rota será un cuartel estratégico de la UE tras el ‘Brexit’

MADRID.- Rota ya es la mayor base de la Armada española y, probablemente, de la US Navy en el sur de Europa. Tras el Brexit, en marzo próximo, se convertirá también en uno de los cinco cuarteles generales estratégicos (OHQ) de la UE, en sustitución de Northwood (Reino Unido), lo que supondrá una inversión de 1,5 millones y la incorporación de unos 50 militares europeos. Rota aspira también a relevar a Northwood al mando de operación Atalanta de lucha contra la piratería, según revela hoy El País.

El ejercicio Milex 18, que se desarrolla desde el pasado 13 abril hasta el próximo miércoles, servirá para certificar a Rota como cuartel general operacional de la UE, listo en todo momento para ejercer el mando de cualquier misión u operación en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD).
Nadie duda de que Rota superará con creces el examen ya que la base naval, que alberga cuatro destructores lanzamisiles estadounidenses y el cuartel general de la Flota española, está preparada para misiones más exigentes que las “no ejecutivas” a las que se limita la UE. Coincidiendo con este ejercicio, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, junto a una amplia delegación de diplomáticos y representantes militares de la UE y la OTAN visitará este lunes la base.
Con su designación, Rota se sumará a otros cuatro cuarteles generales que ya tiene la UE: París (Francia), Postdam (Alemania), Larissa (Grecia) y Roma (Italia). Y sustituirá a Northwood, cuando Reino Unido salga de la Unión. Estos cuarteles están a mitad de camino entre el Estado Mayor de la UE, en Bruselas, y al mando de la fuerza en el teatro de operaciones.
Defensa estima en 1,5 millones la inversión necesaria para acomodar el nuevo cuartel general, en el que trabajarán 95 militares, la mitad españoles y el resto de los 26 países socios. Gran parte del coste lo pagará la UE, según las fuentes consultadas.
Pero España no quiere que Rota sea un cuartel general solo sobre el papel o inactivo y pretende que herede de Northwood el mando de la Operación Atalanta de lucha contra la piratería, que desde 2009 desarrolla la UE en el Cuerno de África.
Esta aspiración tropieza, sin embargo, con la competencia de Italia, que quiere llevarse el mando de Atalanta a Roma, desde donde se dirige la Operación Sophia de lucha contra el tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo central. El argumento italiano es que agrupar las dos misiones en un mismo cuartel general facilita las sinergias y ahorra costes. Justo lo contrario de lo que argumentó en su momento para oponerse a que Sophia se dirigiera desde Northwood.
Consciente de que la batalla no está ganada, España se ha buscado un poderoso aliado. Según adelantó Abc, Cospedal y su homóloga francesa, Florence Parly, remitieron el pasado 28 de marzo a la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, una carta en la que presentaban la candidatura conjunta de Rota, que asumiría el mando de la EUNavfor Somalia, y la base francesa de Brest, que se haría cargo del Centro de Seguridad Marítima del Centro de África (MSCHOA). Este centro, también ubicado en Northwood, vigila permanentemente el tráfico marítimo desde el golfo de Adén hacia el mar Rojo.
España considera que tiene argumentos sobrados para reclamar el mando de la Operación Atalanta. No solo fue uno de los más firmes impulsores de su puesta en marcha, sino que ha sido el único país que ha mantenido una presencia permanente en el teatro de operaciones, con la participación de 37 buques de la Armada y 31 destacamentos del Ejército del Aire durante la última décda. Actualmente, España aporta el buque de aprovisionamiento Patiño y un avión de patrulla marítima P3 Orion desplegado en Yibuti.
Más allá de la Operación Atalanta, España es el único país que ha participado en todas las operaciones de la UE y en este momento es su mayor contribuyente: un 30% de todos los efectivos de las misiones militares europeas son españoles.
La base de Rota tiene, además, acreditada su “eficacía, experiencia, accesibilidad, seguridad y garantía de disponibilidad”, en palabras del jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Fernando Alejandre.
Los expertos coinciden en que el traslado a Rota del mando de la operación Atalanta sería lo más lógico desde el punto de vista militar y lo más justo desde el punto de vista político. Pero el Ministerio de Defensa no se fía y por eso ha buscado la complicidad de Francia y el apoyo de Alemania. La última palabra la dirá, previsiblamente en mayo, la italiana Mogherini.

La banca analiza instalar oficinas multimarca en zonas rurales

MADRID.- El proceso de cierre de oficinas es imparable. No así el del recorte de las plantillas de las entidades financieras. Eso es al menos lo que aseguran tanto en el sector financiero como entre los supervisores bancarios. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, reiteró el pasado día 10 de abril en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, que España cuenta “con muchas oficinas en comparación con Europa”, razón por la que el proceso de cierres debe seguir. Durante el pasado año entre bancos y antiguas cajas de ahorros clausuraron 1.379 oficinas al situar su número total en 27.320 locales, según datos que publica hoy Cinco Días.

Nada que ver, no obstante, con los 4.286 cerrojazos que se dieron en 2013, el mayor de la historia. En total, desde que se inició la crisis financiera en 2008 hasta 2017 la red comercial del sector se ha reducido de media un 40%, aunque si solo se analiza el de las entidades asociadas a CECA el porcentaje se eleva a un 44,5%.
Pero las tendencias han ido variando a lo largo de la década de crisis. Así, mientras que inicialmente, el declive de las cajas de ahorros, con sus necesidades de ayudas públicas, desembocaron en una fuerte reestructuración de estas instituciones, ahora son los bancos los que están desprendiéndose de un mayor número de locales. El pasado año los bancos asociados a la AEB prescindieron de 734 agencias, para situar su número en España en 15.074. En el caso de las antiguas cajas los cierres ascendieron a 645 oficinas al contar en diciembre de 2017 con 12.246 oficinas.
En cuanto a las plantillas, el goteo de salidas se mantiene en el sector desde 2009, aunque, como es lógico se va atenuando, aunque el recorte de empleo sigue siendo significativo. En 2017 salieron 4.019 empleados entre bancos y antiguas cajas, número bastante inferior a los 8.551 trabajadores que tuvieron que abandonar sus puestos en 2016, o a los 18.443 que salieron en 2013, el mayor número de la historia como consecuencia del ajuste sufrido en las cajas.
Pero al contrario de lo que pasa en el cierre de oficinas, el goteo de salidas en las entidades asociadas a la CECA siguen siendo superiores. En 2017 dejaron su trabajo en estas firmas 2.398 personas, para situar el número de empleados en 72.344. Mientras que la cifra de despidos se reduce a 1.621 si se analizan solo los bancos de la AEB. 
En conjunto, la plantilla de bancos y excajas ha disminuido un 31,6% en el sector desde 2008, aunque el porcentaje se eleva al 39,3% si únicamente se tiene en cuenta a las firmas adheridas a CECA. Solo en 2017, el recorte de plantilla se sitúa en un 2,1%, que se eleva a un 3,2% en el caso de las asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
Varias fuentes financieras aseguran que tras estos drásticos recortes, “las salidas seguirán, pero serán mucho más moderadas”. Fuentes sindicales, de hecho, mantienen que “la fusión de las redes de Santander y Popular supondrá también salidas de empleados, pero estamos convencidos de que serán inferiores a ajustes anteriores”. 
La razón, la firma que preside Ana Botín no quiere cerrar demasiadas oficinas urbanas. Además, está embarcada en un proyecto para crear sucursales mucho más grandes, que necesitan más empleados por agencia.
Un estudio del BCE señala que en España el número medio de empleados por sucursal es de 6,5, frente a los 13,1 del conjunto de Europa. Por cierto, Santander ha comenzado a fusionar unas 200 sucursales suyas con las de Popular. 
Fuentes sindicales aseguran que esta iniciativa se debe a que una gran parte de estas oficinas estaban prácticamente al lado, y lo que ha hecho la entidad que preside Ana Botín es trasladar a los trabajadores de Popular a la agencia de Santander, pero con sus ordenadores y con sus clientes. 
“Aún no es una unión de redes por su fusión. En el caso actual los empleados de Popular y Santander pueden compartir local, pero no clientes”, explican estas fuentes.
Volviendo al tema inicial, este cierre masivo de oficinas en la última década ha provocado que 1,3 millones de españoles de zonas rurales, según datos de 2016, hayan sido excluidos financieramente al no tener oficinas bancarias en su zona de residencia. 
Las últimas estadísticas del Banco de España indicaban que hasta un 70% de los pueblos de menos de 100 habitantes, y más de la mitad de los pequeños municipios de todo el país ya no tienen sucursal en sus territorios.
Esta exclusión financiera ha logrado sensibilizar a las entidades, o puede que haya sido por alguna recomendación de los supervisores, pero lo cierto es que en el sector se ha abierto un debate para buscar vías de colaboración entre el conjunto de los bancos. Una de las ideas es crear oficinas multimarca en las zonas rurales, aquellas donde no hay sucursales para que el cliente pueda realizar su operativa.
El proyecto pasaría por compartir locales, pero cada entidad se turnaría en días de la semana. Esta iniciativa, gestada entre los bancos de la AEB, o por lo menos comentada por esta asociación, no sería la única fórmula de colaboración que analiza la banca.
Compartir centros tecnológicos, incubadoras y aceleradoras fintech, crear una tarjeta de crédito común, o plataformas como ocurrió con la aplicación de pequeños pagos inmediatos Bizum o con la fusión de los tres medios de pago existentes hasta ahora (Servired, 4B y Euro 6000), forman parte de este debate abierto para estrechar la colaboración en el sector financiero, que permitirá ahorrar costes.

La banca vendió 50.758 millones en ladrillo tóxico a los fondos en el 2017

BARCELONA.- España lideró el año pasado la venta de carteras de hipotecas morosas en Europa, con la venta de créditos con un valor nominal de 50.758 millones de euros (de los 104.000 millones que se traspasaron en toda Europa), según el estudio sobre el inmobiliario problemático elaborado por la consultora Evercore que recoge La Vanguardia

En el 2017 el Santander, con la venta del ladrillo del Popular a Blackstone por 30.000 millones de euros, y BBVA, con la venta de una cartera de 13.000 millones a Cerberus, se situaron entre los cinco mayores vendedores de Europa. “Es previsible que este año y el que viene volvamos a ser líderes en la venta de inmuebles adjudicados e hipotecas morosas” señala Íñigo Laspiur, director de Finanzas Corporativas de la consultora CBRE. “Ahora mismo ya hay carteras en venta por más de 8.000 millones”.
Durante los primeros años de la crisis financiera, fueron las entidades de Irlanda y Gran Bretaña quienes lideraron la venta de activos inmobiliarios adjudicados, pero ahora han tomado el relevo los bancos españoles e italianos (líderes en operaciones en el primer trimestre de este año). “La regulación del BCE, que dispara las provisiones y sobre todo las directrices contables que les obliga a aumentar las dotaciones de capital, están acelerando las ventas de los activos tóxicos”, señala Laspiur. Las ventas, además, se ven impulsadas por la recuperación del mercado inmobiliario y por el alto nivel de provisiones que ya han realizado los bancos. “En la mayoría de ventas las entidades bancarias ya ganan dinero, o al menos no pierden”.
Laspiur explica que a esto contribuye que los fondos están aceptando precios más altos por el ladrillo tóxico español: si en el 2013, cuando la Sareb empezó las primeras ventas en bloque, exigían retornos del 15% anual para comprar los activos, ahora las rentabilidades han bajado hasta apenas el 8% cuando compran créditos hipotecarios sobre inmuebles de calidad.
Las ventas de carteras de activos, por su gran tamaño, están en manos de muy pocas entidades. “Solo Blackstone, Cerberus, Apollo y Lone Star pujan por carteras de más de 5.000 millones de euros, mientras que en operaciones más pequeñas están también muy activas firmas como Bain Capital, Oaktree o el Deutsche Bank”, señaló Laspiur. Esta falta de competencia permite a los fondos comprar inmuebles a un precio muy por debajo del de mercado. “No es sólo por una cuestión de tamaño –añade–. Los fondos asumen el riesgo de gestionar las deudas (con una negociación con el deudor o en los tribunales) para acceder a la propiedad del inmueble. Es un proceso sofisticado, que atrae a pocas empresas”. Para las entidades financieras, sin embargo, “la venta de activos adjudicados y créditos morosos en grandes paquetes les permite acelerar su saneamiento y liberar recursos, porque vendiéndolos uno a uno tardarían años”.
Laspiur señala que el 2017 marcó un punto de inflexión en la estrategia de los bancos de desinvertir en el ladrillo. “Antes se estaban haciendo operaciones pequeñas. Sareb, por ejemplo, el más activo, ha hecho más de 30 ventas, seguido por el Sabadell, CaixaBank y Bankia. El año pasado, sin embargo, Santander y BBVA crearon un vehículo (una sociedad) al que aportaron sus activos malos, y lo vendieron quedándose una participación minoritaria, lo que les permite a la vez desconsolidar los activos y retener parte de la propiedad para beneficiarse de las subidas de precios que está viviendo el mercado inmobiliario”, señala Laspiur. “Es una fórmula muy buena, y creo que vamos a ver más operaciones este año”. A su juicio, serán la Sareb, CaixaBank y Sabadell las entidades que van a liderar las ventas del ladrillo este año.
En conjunto, las entidades financieras del sur de Europa concentran ahora el grueso de los inmuebles adjudicados y créditos morosos de Europa, según los datos de la consultora Evercore, que prevé que este año se cierren operaciones por valor de unos 80.000 millones, con España de nuevo a la cabeza (en estos momentos supone el 78% de las carteras en venta en Europa, según la consultora). España, recuerda Íñigo Laspiur, empezó la limpieza del ladrillo de las entidades financieras en el 2013, tarde respecto a los países anglosajones, pero antes que Italia o Grecia, que apenas han empezado. “Los grandes fondos miran al sur”, señala. Los italianos Monte de Paschi y Banca Marche estuvieron ya el año pasado entre los vendedores más activos, mientras que en Grecia los cuatro grandes bancos están bajo presión de las autoridades comunitarias para acelerar su saneamiento.
El banco malo español o Sareb es el mayor propietario de Europa de activos tóxicos, según Evercore, con unos activos adjudicados por 75.000 millones, por delante del de Irlanda (le quedan 27.000 millones) y Reino Unido (20.000). Los bancos más afectados son italianos (Intesa San Paolo, Unicredito, Atlante Fund y Monte dei Paschi) y griegos (Pireus y Alpha). En España es el Sabadell, con activos adjudicados y créditos morosos de 14.000 millones, que tras los saneamientos son apenas 4.000.

La UDEF desvela una trama del agua en Murcia: el PP 'regaló' 600 millones a ACS

MADRID.- ACS se alió con el Partido Popular de Murcia para dar un pelotazo de 600 millones de euros con la desaladora de Escombreras (Cartagena). El dinero debía salir de las arcas de la comunidad autónoma. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha concluido en un extenso informe de más de 200 páginas que altos cargos del Gobierno murciano, directivos de la constructora, empresarios locales y varios bufetes de abogados amañaron la adjudicación de la planta y cargaron luego sus deudas a los presupuestos regionales, utilizando por el camino contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y una larga lista de irregularidades contables.

El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, fue remitido el pasado enero al Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia, que desde hace dos años investigaba en secreto la tramitación de la planta en el llamado caso La Sal
Según los expertos en delitos económicos de la policía, hasta 32 personas habrían colaborado en un presunto fraude que reproduce el esquema del proyecto Castor, por el que ACS reclamó en los tribunales al Gobierno de Mariano Rajoy 1.350 millones de euros. 
Entre los implicados, se encuentran el exconsejero de Agricultura y Agua del PP Antonio Cerdá (2007-2015) y una decena de empleados de ACS y su filial Cobra. El grueso de las decisiones bajo sospecha se adoptó durante el mandato del expresidente Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), actual vicepresidente del Parlamento Europeo.
Por un lado, los investigadores sostienen que ACS y el Gobierno regional se habrían concertado para licitar la instalación al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. En lugar de sacar a concurso las obras y la gestión, el Gobierno del PP hizo el camino inverso. Primero, la compañía que preside Florentino Pérez pagó 1,1 millones de euros en presuntas facturas ficticias para aliarse con inversores locales que pretendían construir una desalinizadora que paliara el déficit hídrico de la región. 
Fruto de esa alianza, ACS constituyó el 25 de enero de 2006 la mercantil Desaladora de Escombreras SA, con el 100% de las acciones en su poder. Las obras costarían 111 millones de euros —aunque documentos internos las cifraron inicialmente en 24,6 millones, cuatro veces menos— y las ejecutarían filiales de la propia cotizada.
Menos de un mes después, el 17 de febrero de 2006, el Gobierno de Valcárcel creó la empresa pública Hidronostrum SA y la autorizó para que adquiriera el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras SA, convirtiéndose ya a partir de ese momento en un proyecto participado mayoritariamente por la Administración. 
El Ejecutivo murciano cedió el suelo en el que se levantaría la infraestructura. La compra de las acciones, que no contó con el aval de la Intervención ni de los servicios jurídicos regionales, provocó que la Comunidad asumiera en ese instante todas las cargas a las que se había comprometido ACS previamente. 
Entre ellas, un contrato que obligaba a abonar a la constructora y a los socios locales el arrendamiento de la planta y su producción hasta 2034. También tenía que comprar las instalaciones cuando concluyera ese periodo.
La UDEF ha concluido ahora que, en realidad, el proceso estuvo diseñado desde el principio para que la Administración entrara en el proyecto cuando ACS y el resto de inversores privados ya se habían repartido las ganancias. Correos electrónicos hallados en registros demostrarían que, al menos desde diciembre de 2005, cargos del PP en puestos clave conocían las operaciones de la constructora y comunicaron a la parte privada que la Administración asumiría todas las cargas en el último instante, como ocurrió finalmente con la compra del 51% de ACS. 
 “Se creó la empresa Desaladora de Escombreras SA a sabiendas de que sería participada por empresas públicas, las cuales estaban al corriente y además eran esenciales en el modelo de negocio, al sufragar este por completo, liberando a la parte privada de los costes y riesgos de la operación”, sostienen los investigadores.
Entre la información intervenida en bufetes involucrados, hay contratos en los que la constructora y los socios locales cierran acuerdos con Hidronostrum SA y desarrollan los efectos de la entrada de esa mercantil en Desaladora de Escombreras SA. Lo sorprendente es que esos documentos fueron redactados al menos ocho días antes de que el Gobierno del PP anunciara la creación de la empresa pública y permitiera a esta comprar el 51% en poder de ACS.
En uno de esos acuerdos previo a la entrada del capital público, Desaladora de Escombreras SA pactó con una filial de la constructora —es decir, ACS consigo misma— que la explotación de la planta duraría 25 años y que si la primera resolvía anticipadamente el acuerdo, debería abonar el importe de todo el periodo. Cuando la Administración llegó a la infraestructura, asumió automáticamente esa cláusula.
Fueron bufetes privados los que confeccionaron semanas antes de la constitución de Hidronostrum SA todo un calendario de firmas que incluía hasta 15 contratos —la mayoría con fechas falsas— que permitirían a la constructora y a los inversores asegurarse ganancias millonarias con la ayuda de los responsables públicos. 
“Los contratos más gravosos para la Administración pública se firmaron cuando las empresas participantes eran privadas”, señala la UDEF. “Tal y como acabó llevándose a cabo, todo el coste y el riesgo del mismo iba a ser asumido por la parte pública, dejando a la parte privada exenta de costes y a merced de obtener todos los beneficios posibles del modelo establecido”.
Ya con la Administración pública dentro del proyecto, el Gobierno del PP siguió colaborando con los intereses de los promotores privados. Banesto aceptó financiar la obra, pero reclamó garantías. El Ejecutivo murciano salió de nuevo al rescate de ACS y presentó todos los avales en solitario. Envió una 'comfort letter' al banco en la que “asumía como propias las obligaciones de pago” que correspondieran a Desaladora de Escombreras SA y “se obligaba a aportar” a esa sociedad “los fondos que fuesen en cada momento necesarios” para abonar esos compromisos.  
La UDEF ha descubierto que la carta fue redactada por directivos de ACS a comienzos de 2006 y que el Gobierno murciano únicamente la envió al banco. Ningún gestor público se opuso. De hecho, se evitó que la Intervención se pronunciara sobre este compromiso multimillonario. A cambio, el Ejecutivo regional solicitó informes a abogados externos que, por supuesto, respaldaron la presentación de los avales.
La presunta trama siguió operando en los años siguientes. A pesar de que en 2010 Desaladora de Escombreras SA ya atravesaba por graves problemas financieros que eran “causa de disolución” y que la compañía de Florentino Pérez buscaba salir de la sociedad como fuera, el Ejecutivo del PP decidió comprarle su 49%. 
“Así, se producirá la paradoja de que, mientras las empresas privadas tratan a toda costa de desvincularse de la operación de la planta desaladora, las empresas públicas tratarán de manera insistente de hacerse en exclusiva con la totalidad del negocio”.
Poco después de salir del proyecto, ACS denunció en los tribunales al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos. La constructora reclama a la Administración los fondos que debía recibir hasta 2034, según los acuerdos que ella misma se había otorgado. 
Solo invirtió 1,1 millones de euros para entrar en el negocio, pero si salen adelante sus reivindicaciones, podría recibir 600 millones, cosechando una rentabilidad récord del 60.000%. Las revelaciones de la UDEF pueden frustrar ahora esas exigencias si se demuestra que toda la operación se basa en una cadena de engaños.
Los expertos en delitos económicos no entran en los motivos que pudieron llevar a los cargos políticos del PP a mirar reiteradamente para otro lado —un hipotético delito de cohecho ya habría prescrito—, pero apuntan que la infraestructura fue utilizada para impulsar 26 convenios urbanísticos en pleno 'boom' inmobiliario. 
Ante los informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que negaba la disponibilidad de agua para construir más viviendas, el Ejecutivo de Valcárcel recurrió a la producción extra de esta desaladora para recalificar más de 180 millones de metros cuadrados de suelo en los que se proyectaron hasta 250.000 casas.
El informe de la UDEF supone un salto en el caso La Sal. La instructora del procedimiento, la jueza María del Mar Azuar, acordó el 7 de marzo imputar a varios de los 32 implicados en la tramitación del proyecto. 
Tendrán que pasar por su tribunal el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá; los exgerentes del EPA Amalio Garrido y José Manuel Ferrer; el abogado que representó a este organismo público, Antonio Arnaldos; los directivos del grupo ACS Alfonso Aguirre Díaz Guadarmino y Eugenio Llorente, y los empresarios locales Juan Martínez Martínez, José Carvajal Conesa, Tomás Bourchert Muñoz, Juan Jódar Martínez y Miguel Caballero Sandoval, siempre según El Confidencial.

'Sacyr' reclama a la Comunidad Autónoma 518 millones por liquidar el contrato del aeródromo de Corvera

MADRID.- Sacyr (empresa de la que el empresario alhameño Tomás Fuertes es uno de los inversores de referencia y más importantes) reclama a la Comunidad Autónoma de Murcia un importe de 518,50 millones de euros por la resolución del contrato de concesión del nuevo aeropuerto internacional de la Región, una infraestructura que la Comunidad recientemente readjudicó Aena a través de un concurso público.

La compañía que preside Manuel Manrique ha exigido esta cantidad en concepto de liquidación del contrato de concesión a través de un escrito remitido al Gobierno regional el pasado mes de enero, según detalla el grupo en su informe anual de 2017.
Del importe total que reclama, 258,6 millones corresponden a los "importes acreditados" de las inversiones y costes en los que Sacyr asegura haber incurrido para la construcción del aeropuerto.
Otros 35 millones se piden en concepto de sobrecostes y los 224,82 millones restantes, por lucro cesante, esto es, por lo que Sacyr estima que ha dejado de ganar por la anulación del contrato.
De esta forma, el importe que la constructora reclama a Murcia es similar al monto de 555 millones de euros por el que hace una década se adjudicó el contrato de construcción y posterior explotación durante cuarenta años del nuevo aeropuerto internacional de la Región.
El contrato, pese a su resolución y la readjudicación del aeródromo a Aena, está aún pendiente de que concluya el proceso judicial en que está inmerso.
En concreto, Sacyr indica que están abiertos 19 recursos contencioso administrativos contra el Gobierno de Murcia y dos contra la Agencia de Seguridad Aérea. Además, aún no se ha resuelto el recurso de casación que elevó ante el Tribunal Supremo.
El contencioso entre la constructora y la Comunidad murciana tiene su origen en 2013, cuando el Gobierno regional dicta una orden para resolver el contrato con Sacyr alegando incumplimiento de la fecha de apertura al tráfico.
A pesar de abrir negociaciones y registrarse avances en cuanto a la construcción y concesión de autorizaciones del aeródromo, la Comunidad finalmente se quedó con el aeropuerto e inició el procedimiento de liquidación del contrato en marzo de 2016.
Sacyr asegura que, aunque aún no ha recibido de Murcia una valoración de las inversiones realizadas en el aeródromo para poder "alegar lo que corresponda", el pasado 17 de enero presentó un escrito en el que pide al Gobierno regional que dicte resolución por la que "le reconozca el importe de 518,50 millones de euros en concepto de liquidación del contrato".